CAMPOS DEL RÍO.- El grupo inmobilario "Trampolín" ha anunciado, mediante requerimiento notarial, a los portavoces del PSOE y el PP en el Ayuntamiento de Campos del Río, Miguel Navarro y Miguel Buendía, el inicio inminente de acciones judiciales de responsabilidad civil patrimonial, además de en otras jurisdicciones que fueran competentes, por extensión contra los mismos como personas físicas, y aquellas otras personas o entes jurídicos que les asesorasen por escrito o verbalmente. Precisamente esta tarde, el Ayuntamiento iba a celebrar un pleno municipal para pronunciarse sobre los proyectos urbanísticos de "Trampolín" aprobados inicialmente y ahora en espera de una decisión más definitiva tras el pronunciamiento al respecto de la dirección general de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Murcia, pero ha sido pospuesto para el mes de junio mientras se obtienen los correspondientes dictámenes jurídicos de la Dirección General de Administración Local.
En el citado requerimiento se justifica la posición de "Trampolín" concretamente "por la responsabilidad directa, incluyendo culpa u omisión en el cometido de sus funciones, al haber habido dejación, tanto en la competencia como en la resolución de las recusaciones cruzadas entre ambas formaciones politicas, dado el tiempo transcurrido sin resolver".
También les anuncia que "igualmente se presentarán demandas de responsabilidad civil patrimonial contra las personas fisicas de dichos representantes politicos por los daños y perjuicios producidos en la demora administrativa y politica de las decisiones que, si se hubieran tomado en su tiempo adecuado y reglado de contestación y resolución, no hubieran producido los siguientes daños: responsabiliad civil patrimonial directa, mas lucro cesante y daño emergente, ascendiente a la suma de 75.000.000 millones de euros".
Se les da un plazo de una semana para responder a este requerimiento y por tanto a la resolución que se ajuste a la legalidad de las modificaciones puntuales de las normas subsidiarias de Campos del Río, presentadas en su día por "Trampolín", y todavía sin resolver por culpa de recusaciones y acuerdos plenarios que las ultimen.
En el requerimiento se les anuncia también haber apoderado y facultado ya al letrado Diego de Ramón para que les pueda demandar por presuntas responsabilidades de desviación de poder intencionada y quebranto de la normativa de tramite y resolución administrativa.
Finalmente les pide se tenga en cuenta lo resuelto por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº 1 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en procedimiento abierto sobre Derechos Fundamentales, instado por el Grupo Municipal Popular, en cuanto a las referencias judiciales de posibles responsabilidades patrimoniales ya que afecta este cumplimiento de trámite, por unos perjuicios gravísimos, a terceras personas, compradores de buena fe, además de ciudadanos europeos con la protección jurídica de la Unión Europea.
4 comentarios:
O sea, que ellos hacen su negocio vendiendo casas sin ninguna autorización para vender y ahora los culpables y los que deben pagar los perjuicios son otros. Así también negocio yo.
Un juez teme un posible «perjuicio masivo» a compradores de casas de Trampolin Hills en Campos del Río
Las sombras se extienden sobre el mayor proyecto urbanístico del valle de Ricote, con 2.575 viviendas y un campo de golf, y sobre el futuro de la inversión realizada por cientos de particulares que han venido adquiriendo esos inmuebles desde hace dos años.
Un juez acaba de advertir, en un auto dictado con una contundencia y una claridad poco usuales, de que el resort que promueve Trampolin Hills en Campos del Río sigue estando muy en el aire y que ello podría acabar ocasionando un posible «perjuicio masivo a particulares».
La alerta cursada por el citado magistrado, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro García, se recoge en el auto dictado el pasado lunes, día 12, al que La Verdad ha tenido acceso.
Con esta resolución, el juez admite a trámite la demanda presentada por el Grupo Municipal del PP en Campos del Río, que denunciaba que el alcalde de la localidad, el socialista Miguel Navarro, había cubierto el trámite de aprobación de unas modificaciones del plan parcial de Trampolin Hills sin permitirles votar en Pleno, y recurriendo a considerarlo como una mera «toma de razón» o información verbal sobre las exigencias que había impuesto la Comunidad Autónoma.
El alcalde habría optado por esa postura para evitar tener que someter nuevamente a votación el proyecto, al ser consciente de que el PSOE no tendría mayoría suficiente para sacarlo adelante por cuanto él mismo, y otro edil socialista, hubieran tenido que abstenerse de votar por haber tenido en otra época intereses personales en el proyecto.
El PP estimó que esa estrategia del alcalde violaba el principio de participación en asuntos públicos, contenido en el artículo 23 en relación con el artículo 6 de la Constitución, e interpuso la demanda que ahora ha sido admitida a trámite.
Más que un asunto formal
En el auto de admisión, el juez Miñarro ha ido, sin embargo, bastante más lejos de lo que el propio PP podía llegar a imaginar. Así, señala que la privación de un derecho al PP va, en este caso, más allá de los aspectos «meramente formales», y pasa a relatar que «hay indicios en el expediente de que la actuación política municipal tiene un importante calado material, derivado de la ingente actuación urbanística proyectada y de las imprevisibles consecuencias que pudieran derivarse para multitud de terceros de no aprobarse definitivamente el instrumento urbanizador proyectado»; esto es, de no superar la urbanización todos los trámites administrativo.
Y a continuación hace la primera advertencia seria: «Al parecer -alerta el juez- han sido vendidas propiedades a particulares sin las debidas autorizaciones administrativas». La venta de viviendas de ese resort ha sido confirmada en repetidas ocasiones por los propios promotores, que han admitido que las 2.575 casas están prácticamente vendidas desde hace meses.
Derechos de los clientes
Por estas razones, el magistrado considera que la oposición tiene derecho a voz y voto en el Pleno y, con ello, «a conocer e intervenir en la tutela de los derechos de terceros compradores, para el caso de que definitivamente la urbanización no llegara a autorizarse, e incluso, en caso extremo, exigir la paralización inmediata de las obras que pudieran estar ejecutándose, hasta que cuente con las autorizaciones pertinentes».
El aviso más contundente al Ayuntamiento lo hace el juez cuando apunta a que, « de producirse, en hipótesis, un perjuicio masivo a particulares, la responsabilidad patrimonial de la Administración [local] sería evidente por tolerar el Ayuntamiento (no sólo el Grupo de Gobierno) la construcción y venta de propiedades a particulares, de forma ostensible y con abundantísima publicidad sin la pertinente autorización administrativa previa».
Lo que el magistrado viene a denunciar es que el Consistorio ha estado haciendo la vista gorda al permitir que se estuviesen vendiendo cientos de viviendas sin los permisos pertinentes. Y que, en esas circunstancias, si llegara a producirse un perjuicio para los compradores, el municipio tendría que responder económicamente por ello.
Por la vía de los hechos
El concluyente auto del juez Miñarro finaliza señalando que la participación del PP en estos asuntos es obligada, «no fuera a ser que la construcción del resort por la vía de hecho llegara a un estado de culminación que hiciera inviable, social y económicamente, su demolición por muchas ilegalidades que pudieran haberse cometido».
(De "La Verdad")
La promotora afirma que los 50 millones entregados a cuenta están avalados
No habrá perjuicio para los compradores de una vivienda en Trampolin Hills de Campos del Río. Así lo garantiza el consejero delegado y portavoz de la promotora, Juan Francisco Canales, que asegura que todo el dinero entregado a cuenta por sus clientes, unos 50 millones de euros (8.300 millones de pesetas) están avalados, lo que permitirá a los compradores recuperar el dinero si el proyecto no saliese adelante.
El portavoz de la firma arremetió ayer contra el alcalde de Campos del Río, Miguel Navarro, a quien acusó de no otorgar «por miedo» el permiso provisional al resort (el último paso municipal antes de la aprobación definitiva, que debe ser concedida por la Comunidad Autónoma). «Esto tendría que estar resuelto desde hace ya mucho tiempo, porque el alcalde fue recusado por Miguel Buendía (el jefe de la oposición), pero el secretario municipal ha informado de que no hay razón para que Navarro no vote este proyecto».
Canales considera que el alcalde puede estar incumpliendo el contrato firmado con Trampolin cuando suscribieron el convenio urbanístico, y que por ello puede incurrir en responsabilidad patrimonial, por lo que amenazó con pedir el embargo del patrimonio del alcalde y del Consistorio.
La empresa niega además haberse precipitado en la venta de las viviendas, ya que afirma que la Ley del Suelo permite hacerlo cuando hay una aprobación inicial del proyecto y un convenio urbanístico suscrito. Se quejó de que este proceso está dañando la imagen de la firma.
(De "La Verdad")
El proyecto más ambicioso del municipio, y también el más polémico
Era el proyecto más ambicioso de Campos del Río. Más de 2.500 viviendas de lujo y un campo de golf. Trampolin Hills Golf Resort quería triplicar los habitantes del municipio y llevar hasta el interior la fiebre del ladrillo. Pero el proyecto ha estado salpicado de polémica y de acusaciones de corrupción. Todo estalló en noviembre de 2005, cuando tuvo que dimitir la edil socialista Josefa Martínez por haber votado a favor de la recalificación de los terrenos a pesar de tener en ellos intereses personales.
El primer paso hacia Trampolin Hills Golf Resort se dio el 1 de septiembre de 2004. La ex concejal Josefa Martínez, junto a su madre y cuatro hermanos, vendieron a El Trampolín S.L. 992.392 metros cuadrados de El Barril de Abajo, unos terrenos que habían recibido como herencia de su padre. El 5 de noviembre de 2004, El Trampolín S.L. solicitó al Ayuntamiento la modificación concreta de las Normas Subsidiarias Municipales en la zona del Barril de Abajo, para convertir el terreno en suelo urbanizable.
El 26 de mayode 2005, el Pleno aprobó, en sesión extraordinaria, tanto el convenio urbanístico como el avance de modificación de las Normas Subsidiarias Municipales. Lo que, dicho en términos más coloquiales, significaba el primer paso hacia la recalificación de los terrenos.
Mientras se desarrollaban todos estos trámites, la empresa empezó a construir cuatro casas piloto. Se solicitaron licencias de obras provisionales para estas cinco construcciones, que fueron denegadas el 3 de diciembre de 2004 por la Junta de Gobierno Local. Hubo denuncias del Seprona y el Ayuntamiento contra la empresa. Luego las licencias fueron otorgadas.
A su vez, el PP denunció al ya ex alcalde, Ricardo Valverde, por prevaricación. El culebrón se ha mantenido desde entonces. En enero de este año, el actual alcalde, Miguel Navarro, intentó convencer al PP para aprobar el convenio urbanístico. Con todo en el aire, la empresa reconoce que casi todas las viviendas «están vendidas». En abril, el presidente de Trampolín, Antonio Martínez, criticó con dureza a la Dirección General de Urbanismo por los retrasos.
(De "La Verdad")
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