MURCIA.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, sostiene en su Exposición Razonada, remitida al Tribunal Superior de Justicia como resumen de su investigación, que «hay prueba al menos indiciaria de que el actual alcalde [Juan Martínez Andreo], no sólo era perfectamente consciente de que existía ese acuerdo entre Morales y otras personas para el cobro de la comisión de 3,6 millones de euros.A su juicio, ya lo tenía que saber siendo concejal de Obras Públicas, y además así se lo confirmó a Emiliano Ovide en la reunión que tuvieron en el Parador de Albacete cuando Andreo aspiraba a ser alcalde, sino que también ha querido cobrar él mismo toda o parte de la misma comisión cuando, según el propio Emiliano, así trascendió en la citada reunión».
Tal y como publicó La Verdad, basándose en las diligencias judiciales de la Operación Tótem, la juez ofrece más datos al respecto y señala, asimismo, que «existe además una conversación telefónica de Martínez Andreo con Juan Francisco Casanova -uno de sus concejales-, en la que hablan de quedar con Pablo Maceira como representante de los 'gallegos', y que se van a repartir 'algo' sólo entre ellos dos, que no se lo deben comunicar a nadie, ni siquiera a sus propias mujeres, y que debe quedar claro a los 'gallegos' que Morales 'debe quedar fuera, desmarcarse total de él'».
La investigación judicial apunta a que el asunto no se quedó en esta primera conversación entre munícipe y concejal, ya que éste último, el citado Casanova, «fue el que contactó con Pablo Maceiras [mano derecha del promotor gallego] para enfocar el pago de la comisión, desviándola a los intereses del propio Casanova y de Martínez Andreo», tal y como expone la juez María Asunción Navarro. Este contacto telefónico se produjo en agosto del 2007 y también fue grabado por los agentes de la UCO.
Casanova habría actuado, siempre según la juez, «como representante de Martínez Andreo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras», quien además se habría mostrado dispuesto a apartar al ex alcalde Morales del trato y en darle la comisión a Martínez Andreo, «ya que éste tenía una posición política mejor al ser el actual alcalde y para que se aprobase cuanto antes el Plan General, que ya estaba casi a punto». El concejal Casanova, como el propio Martínez Andreo, fue detenido cuando estalló la Operación Tótem contra la corrupción.
María Asunción Navarro también hace constar que, en sus declaraciones, Martínez Andreo y Casanova no pudieron «dar una explicación coherente al contenido de tal conversación, cayendo ambos en contradicciones que demuestran que ocultan la realidad de su contenido, por lo que es perfectamente posible que ya hayan 'solicitado' o 'aceptado' el cobro de la comisión ilegal».
Valcárcel no responde
«No tengo nada más que decir». El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, declinó con esta fórmula hacer cualquier tipo de declaración relacionada con la información que publicó La Verdad en relación con el intento de Martínez Andreo de cobrar tres millones de euros de comisión que pretendía por su parte cobrar el ex alcalde, Juan Morales, en el marco de los convenios urbanísticos que investiga la operación Tótem.
Después de asistir a la inauguración del Centro de Investigación Biomédica en Cartagena, y de contestar a las preguntas de los medios de comunicación sobre el complejo, los periodistas quisieron conocer la opinión del presidente de la Comunidad sobre la información extraida del sumario del caso Tótem, a lo que el jefe del Ejecutivo respondió: «No tengo nada más que decir».
Nota de sus abogados
El gabinete de abogados González Franci hizo el siguiente comunicado: «En primer lugar, y ya de entrada, significar que el contenido de la noticia hace referencia a una interpretación muy personal y discutible que, sobre una llamada telefónica sesgada, el medio atribuye a la Jueza Instructora de Totana, añadiendo significativamente que «no se ha acreditado que el actual alcalde popular llegase a recibir ninguna cantidad», cuestión, ésta sí, esencial, como conclusión de la investigación.
En segundo lugar, debe destacarse que el contenido y referencias al Excmo. Alcalde de Totana en el cuerpo de la información publicada es a todas luces incierta y tendenciosa, y de las mismas se desprende un trasfondo eminentemente político, absolutamente ajeno a la verdad procesal que en nada afecta a D. José Martínez Andreo, como se demostrará en cuanto se levante el secreto sumarial.
Por lo demás, dicha supuesta imputación debería, de ser cierta, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 118 de la LECRIM, haberse puesto en conocimiento del interesado «inmediatamente», circunstancia que no se ha producido toda vez que el Sr. Martínez Andreo, a día de hoy, no se está imputado en el procedimiento seguido ante el TSJ de Murcia.
De lo anterior se desprende que la información es categóricamente falsa y, per se, pudiera constituir la comisión de un delito de revelación de secretos por estar declarada secreta la investigación ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana y, a este respecto, hacemos oportuna reserva de acciones -sin perjuicio de su persecución de oficio- contra los criminalmente responsables a título de autores o partícipes de dicha información.
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