MURCIA.- Al menos cinco posibles delitos de cohecho. Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem, según "La Verdad".Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.
Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.
Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona.
En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara.
Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.
A nombre de su ex esposa
La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.
Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros.
Pagos en metálico por unos 330.000 euros
La investigación por el caso Tótem ha permitido demostrar que el ex alcalde de Totana y diputado Juan Morales hizo entre los años 2004 y 2008 diversos desembolsos de dinero en metálico, por importe de 313.000 euros (más de 50 millones de pesetas), que le sirvieron para abonar una parte de la compra de un piso junto a la avenida Juan Carlos I de Murcia (dio 60.000 euros «en tres fajos de billetes nuevos de 200 euros; incluso con el fajín puesto»); para comprarle un Seat León a su hijo (18.000 euros), o para enviar 7.900 euros a Brasil.
Además, se le encontraron otros 55.000 euros en billetes de 200 en el piso de su novia brasileña. Pero la operación que más sospechas ha despertado entre los investigadores, y que ha puesto en una situación delicada a un empleado de Cajamurcia en Totana, es la que le llevó el 27 de febrero del 2007 a llamar a esa persona y, pese a ser las diez de la noche, a decirle que quería hacer un ingreso de 45.000 euros, que portaba en billetes de 500 euros.
Como la entidad, lógicamente, estaba cerrada a esas horas, el empleado de la caja le hizo un recibo de su puño y letra y al día siguiente los metió en la cuenta de Morales, repartidos en tres ingresos diferentes, como asegura que le había pedido el entonces alcalde. Después le expidió a Morales un cheque por importe de 41.000 euros.
En su Exposición Razonada, que resume el resultado de todas sus investigaciones, la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, señala que el hecho de que Morales requiriese que los 45.000 euros se ingresasen en tres partes, y que después se le expidiese un cheque, «no puede tener otra finalidad que dificultar el conocimiento del origen real de tal cantidad de dinero».
La juez, además, señala que ésta «es una operativa claramente sospechosa», pese a lo cual el empleado de banca «no dio ninguna cuenta a sus superiores, como debiera haber hecho en tanto que sujeto obligado y sometido por ellos a la muy exigente normativa de prevención de blanqueo de capitales».
En el mismo sentido, el informe patrimonial sobre Morales, emitido por expertos fiscales, indica que el entonces alcalde «habría recibido aportaciones de dinero, del que no se puede especificar la procedencia».
En su declaración ante el TSJ, Morales no sólo ha negado haber recibido dinero ilícito, sino que a las preguntas sobre el origen de esas cantidades respondía, indignado, que «proceden de mi trabajo como concejal, como alcalde y como autónomo, a través de la gestoría, desde el año 1988».
Según "La Opinión", en los diversos registros realizados durante los primeros días de la operación Tótem, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encontraron varios contratos firmados por testaferros con diversas empresas cuya finalidad, supuestamente, era garantizar el cobro de comisiones por la recalificación y la compra-venta de terrenos.
En uno de ellos, la comisión solicitada asciende hasta los cinco millones de euros, mientras que hay otro que habla de nueve millones de euros. A ellos hay que sumarle el millón de euros que, supuestamente, correspondería a Morales por su participación en la operación con el grupo inmobiliario gallego Nuaria.
Según la investigación, la comisión de cinco millones de euros se refiere a una operación con la empresa totanera Visanfer -cuyos responsables fueron también detenidos- por la recalificación de unos terrenos ubicados en una zona protegida de Sierra Espuña. Así se desprende de uno de los documentos intervenidos en el domicilio de la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los primeros días de la operación Tótem.
Los agentes de la Guardia Civil encontraron un documento en el que figuraba la firma de María del Carmen y la del representante de la empresa Visanfer. Según los investigadores, este documento es una solicitud de comisiones similar al encontrado en el caso de la operación urbanística con el grupo Nuaria o a otro encontrado en la cartera del anterior abogado municipal, Javier Cegarra. "Detrás de este documento se encuentra Juan Morales -afirma la Fiscalía-, el cual utiliza a su esposa para firmarlo".
Esta supuesta operación fue negada de forma insistente por Morales durante su comparecencia, el pasado diez de abril, ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. En aquel momento, el ex alcalde señaló que la finca a la que hace referencia el documento "está enclavada en el parque regional de Sierra Espuña, donde está absolutamente prohibida cualquier actuación urbanística".
Durante esta comparecencia, el fiscal mostró otro documento a Morales en el que, según los investigadores, "se está reconociendo tras las operaciones matemáticas una comisión de nueve millones de euros". En esta ocasión, el supuesto contrato para garantizarse el cobro de la comisión se hacía con la empresa Frutas Guadalentín y en él figura la firma de Juan Antonio Álvarez Moreno, administrador de la sociedad Deitania Trading S.L. y que fue detenido tres días después de la declaración de Morales ante el TSJ como presunto testaferro del ex alcalde de Totana.
Falso intercambio cultural con Brasil
Entre tan graves acusaciones de corrupción surge un hecho más propio de una película de Pajares y Esteso. Lo investigadores se hicieron con dos certificados, expedidos en papel oficial del Ayuntamiento de Totana y firmados por el alcalde Juan Morales, invitando a dos ciudadanas brasileñas a viajar a España, en el marco de unas supuestas jornadas de «intercambio turístico y cultural» entre Totana y Brasil.
La sorpresa surgió cuando la concejal de Cultura de Totana, Ana Belén García, confirmó en sede judicial que Totana no tiene intercambio cultural alguno con Brasil.
Morales reconoció en el TSJ que había firmado esos documentos para facilitar el viaje a España de una amiga brasileña, C.R.D., de la que dice no recordar cómo la conoció, y de una conocida de ésta.
Por otra parte, Morales presentó un parte médico de baja por depresión ante los servicios de la Asamblea regional, lo cual le imposibilita por prescripción facultativa para ejercer sus funciones como parlamentario.
Juan Morales mantiene su acta de diputado por consejo de su abogado desde que se destapó la Operación Totem, y la sigue manteniendo porque le confiere el estatus de aforado. Esto le permitió no declarar ante la juez de Totana que instruyó el caso y sí hacerlo recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia. El magistrado instructor de la causa, Julián Pérez Templado, le fijó una fianza de 200.000 euros.
Se ignora cuánto tiempo estará de baja médica Juan Morales quien, por otra parte, no acude a la Asamblea regional desde que estalló el escándalo en Totana. El Partido Popular lo expulsó de su grupo y ahora está adscrito al Grupo Mixto.
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