Los hechos históricos son contumaces. Por más que se quieran deformar, la realidad acaba imponiéndose con la fuerza de la documentación.
El 15 de agosto de los corrientes nos sorprendía Antonio Botías –intitulado Cronista Oficial de Murcia- con un suelto en el periódico La Verdad, repleto de inexactitudes, cuyo afán –además de demostrar su ignorancia supina- era rescatar el respaldo republicano al inventor del autogiro. Comienza señalando que en 1935 se había editado un sello postal en homenaje a Juan de la Cierva, añadiendo de su pluma: “El ministro de Bellas Artes en ese instante tampoco parecía muy de derechas: era de la CNT y los de Hacienda y Comunicaciones de Izquierda Republicana”. El sello se editó en junio de 1935 sobre un grabado de José López Sánchez-Toda. En esa fecha formaban gobierno las derechas en una coalición del Partido Radical, dirigido por Alejandro Lerroux, de significación reaccionaria) y la CEDA de Gil Robles, un partido homologable al de Engelbert Dollfus, que en marzo de 1933 había acabado con la democracia en Austria, en lo que se conoce como austrofascismo.
En España el gobierno radical-cedista, que se corresponde con el denominado Bienio Negro, alentó una etapa de contrarreformas y de extrema represión contra las organizaciones obreras. Sorprende que Botías incluya en este gabinete a ministros de la CNT y de Izquierda Republicana, cuyas organizaciones estaban perseguidas, con miles de militantes en las cárceles. La Cartera de [Instrucción Pública y] Bellas Artes la desempeñó Joaquín Dualde Gómez, la de Hacienda, Joaquín Chapaprieta Torregosa y la de Comunicaciones Luis Lucia Lucia, todos ellos adscritos a la CEDA. Una simple visita a Google hubiera sacado de la oscuridad al cronista, esperamos que desnortado y no malintencionado.
La siguiente incursión del improvisado investigador del pasado –suspendería la ESO con seguridad- es en la historia local. Se refiere gobierno municipal de José Musso y Blanc, que tomó posesión de la alcaldía el 16 de noviembre de 1934. El ministro de la Gobernación –el radical Joaquín de Pablo-Blanco Torres-, en un episodio más de represión contra las organizaciones de izquierda, había suspendido el Ayuntamiento democrático
elegido el 12 de abril de 1931, “por acción u omisión” en los sucesos de octubre de aquel año. Es decir, la respuesta defensiva de la izquierda a la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA ante el temor a la repetición de los sucesos de Austria.
La remoción del poder municipal de la capital murciana fue un acto de fuerza, rodeado de las oportunas medidas coactivas: “Desde las primeras horas de la tarde fueron grandes las precauciones que se adoptaron, estando todas las puertas de acceso al Municipio tomadas por fuerzas de Asalto, al mando del capitán señor Delgado y del teniente señor Sánchez Carmona. / También había gran cantidad de fuerzas de policía al mando del comisario señor Pujante y fuerzas de la guardia municipal al mando del teniente señor Campoy. / Por orden gubernativa se cacheaba a todas las personas que intentaban entrar al Ayuntamiento, incluso a los concejales salientes y a algunos periodistas” (Levante Agrario, 17 de noviembre de 1934).
De este modo tomó posesión la Comisión Gestora impuesta desde Madrid en sustitución del Ayuntamiento democrático. El evento se rodeó de la oportuna parafernalia, estando totalmente ocupadas las tribunas por elementos afiliados a Acción Popular (partido integrado en la CEDA) y radicales: “En las puertas de acceso al salón de sesiones fueron colocadas parejas de Asalto armadas de tercerolas, y en el interior se hallaban el capitán y teniente de Asalto y algunos policías”.
La gestora quedó integrada por 25 concejales radicales y 20 de Acción Popular. En aquel trance Musso –de filiación radical- fue nombrado alcalde. En sus palabras de toma de posesión dejó constancia de su talante represor: “… procederé con toda energía contra aquellos funcionarios que se interpongan en la labor que intentamos desarrollar. Si alguno en cualquier momento intentase ponerse enfrente de nosotros, aplicaremos inexorablemente la Ley”. La gestión de Musso se caracterizó por la instrucción de expedientes a los funcionarios de izquierdas. Entre otros, a dos guardias municipales “… por no haber quitado un letrero que decía ¡Abajo Lerroux y Gil Robles!”. Su labor puede seguirse, entre otras obras, en las de José Antonio Ayala (Murcia en la II República) y Carmen González Martínez y Encarna Nicolás Marín, “Actitudes políticas y resultados electorales en Murcia durante la Segunda República”).
El 30 de enero de 1935 la Corporación así formada rescató el acuerdo de concederle una calle al ingeniero Cierva. Un acuerdo adoptado en septiembre de 1930 por un Consistorio nada democrático, bajo la égida de una dictadura.
El triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 llevó a Musso por el camino de la conspiración contra el régimen legalmente constiuido. El 2 de diciembre de aquel año fue procesado por su implicación en el levantamiento militar contra la República. Un juicio contra la “Cabeza de la Quinta Columna”. Según el fiscal, desde el 16 de febrero de 1936 venía dedicándose junto con otros elementos, “… a una labor intensa de agitación sistemática con la finalidad de promover actitudes conducentes a la sustitución de las instituciones estatales recurriendo a la violencia. A tal efecto mantenían reuniones encaminadas a la producción del resultado subversivo, celebraban reuniones en el convento de las Oblatas, realizaban repartos de armas en el Paseo del Malecón, provocaban constantemente a las organizaciones republicanas y obreras, y manifestaban reiteradamente su resolución de producirse violentamente contra la legalidad republicana y contra la totalidad de orden jurídico emanado de la voluntad popular libremente expresada, y facilitaban medios económicos a la causa de la rebeldía en gestación” (El Liberal, 3 de diciembre de 1936). Los testigos señalaron las relaciones políticas de la familia Musso: “… fueron de la Cierva, y ahora fascistas”. El tribunal de justicia que lo juzgó, con todas las garantías procesales, lo condenó a la pena capital. En la sentencia, dictada el 13 de diciembre de 1936, se señalaba que era “… dirigente en Murcia de uno de los partidos políticos de derecha que impulsaron e impulsan el alzamiento en armas de gran mayoría de nuestro Ejército para derrocar el Régimen Republicano establecido en nuestra Constitución e implantar otro de dictadura y terror” (Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA GENERAL, 1067, Exp. 4, fol. 409v).
De Musso y su gestora emanaron los supuestos “honores republicanos a De la Cierva”. Dicho lo anterior nos queda invitar a nuestras clases a tan ínclito representante de tal despropósito histórico, confiando en que se aplicará en las mismas.
(*) Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia
