MADRID.- La economía española respira de nuevo con la fuerza de un atleta.
España está a un pequeño salto de abandonar la estrecha tutela que ha
mantenido Bruselas desde que las administraciones públicas comenzaron a
sumar números rojos. La nueva bonanza económica trae consigo una
recaudación récord. Las autonomías reciben más recursos que nunca del desvencijado sistema de financiación.
Pese a ello, se quejan de que este modelo es insuficiente y presenta
muchas carencias afloradas en la crisis.
Es el momento de abordar su
reforma. Es un proyecto que enfrenta a muchos, sobrecoge a algunos y
aburre a otros. Pero su importancia es vital para el correcto
funcionamiento de los hospitales, colegios públicos y dependencia en
todo el territorio español, según publica El País.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas no es más que
la fórmula por la cual se reparte el dinero obtenido por algunos
impuestos cedidos a estas administraciones (el 50% del IRPF, 50% del IVA
y el 58% de los impuestos especiales) para que puedan prestar los
servicios públicos básicos (sanidad, educación, servicios sociales y
dependencia) y ejercer otras competencias que algunas han asumido (como
la justicia o la policía autonómica, por ejemplo).
El actual sistema de financiación se puso en marcha en 2009 y se tenía
que haber revisado en 2014. El Gobierno de Rajoy lo ha aplazado con
múltiples excusas: la crisis económica, la catalana…
Desde entonces, los
barones autonómicos reclaman al Gobierno central que aborde la reforma.
Lastrados por los recortes que protagonizaron la Gran Recesión y con
las nuevas restricciones legales que les impiden gastar más —la Ley de
Estabilidad aprobada en 2012 consagró la austeridad en las cuentas
públicas—, los presidentes autonómicos claman por un modelo que les aporte más dinero
para mejorar los servicios públicos que prestan o recuperar algunos de
los que tuvieron que suprimir en lo peor de la crisis.
Este año
ingresarán algo más de 105.000 millones de euros de ese sistema, la
mayor cantidad de la historia. Los barones aducen que aún no han
recuperado el nivel de calidad de servicios públicos previo a la crisis
porque, entre otros motivos, el gasto sanitario y la dependencia son
crecientes por el envejecimiento de la población.
16.000 millones de déficit
La recaudación ligada al ladrillo
tampoco se ha recuperado y, seguramente nunca lo hará. Los expertos
convocados por Montoro para la reforma del sistema de financiación
calcularon que la bolsa común necesitaba de unos 16.000 millones
adicionales para que las autonomías pudieran prestar la misma calidad de
servicios que antes de la Gran Recesión. Hacienda recuerda que ese
cálculo fue elaborado con datos de 2015 y que desde entonces los
recursos han engordado en cerca de 20.000 millones de euros.
La competencia entre las comunidades por conseguir un euro más es feroz.
Existen bloques de territorios que defienden determinados criterios que
les benefician: dar más importancia a la población envejecida, hacerlo
con la que está en edad escolar, ponderar mejor la dispersión geográfica
o la insularidad o calcular mejor el coste fijo de los servicios. Abrir
la financiación autonómica es iniciar una batalla política entre 15
enemigos (País Vasco y Navarra tienen su propio sistema).
En realidad,
son 16 rivales porque el Ministerio de Hacienda también libra su propio
combate contra el conjunto de las comunidades.
En este contexto, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda que más
tiempo ha ocupado esa cartera, quiere impulsar la reforma del sistema de
financiación con una triple propuesta. Por un lado pretende abordar una
reforma tributaria de los impuestos que dependen de las comunidades;
por otro pretende simplificar el actual sistema que es “complejo, opaco y
con problemas de equidad y eficiencia”, en palabras de los expertos que
recibieron el encargo de presentar una propuesta para revisar el
sistema.
Y por último, y quizá el elemento más importante, es que
estudia cómo aligerar la pesada carga de la deuda que acumulan las
comunidades.
Vayamos por partes. Una de las cuestiones que más preocupa a los dirigentes regionales
es la deuda pública de sus administraciones, que les pega un bocado en
sus gastos al tener que pagar intereses y que les obliga a obtener
recursos adicionales para saldar los vencimientos que se van
produciendo.
En 2012 se desató la peor tormenta del último periodo de
crisis. Los mercados financieros cerraron el grifo a las comunidades,
que acumulaban déficits insostenibles. Las autonomías no encontraban
quien les prestase dinero para financiar sus deudas. En ese momento, el
Ejecutivo puso en marcha el plan de pago a proveedores, una línea de
crédito en condiciones ventajosas para que las autonomías pudieran
liquidar las facturas que tenían en los cajones. A este mecanismo le
sucedió el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), otra línea de crédito con
bajos tipos de interés, para que las comunidades hicieran frente a los
vencimientos de la deuda que tenían con los bancos y pagaran otras
facturas pendientes.
En los últimos seis años, las autonomías han tomado prestados más de 231.000 millones de euros de
estos fondos ofrecidos por el Estado central. Dos de cada tres euros
que deben son con la Administración central.
Así se entiende el debate
suscitado entre los presidentes regionales que, como el valenciano Ximo
Puig, reclaman una quita de esta deuda. Achacan ese pasivo financiero a
que están peor financiadas que el resto. Por eso, dicen, el Estado
debería compensarles.
Otras autonomías, como Madrid, Galicia o Andalucía, rechazan la
condonación total de la deuda porque aducen que ellas han gestionado
mejor y se han endeudado menos. Con la quita resultarían menos
favorecidas que las más hipotecadas.
Frente a cada argumento en un sentido u otro, existe una réplica. Es
un debate interminable. Por eso, Montoro busca un camino intermedio que
contente a todos: planea una reestructuración de la deuda autonómica,
que permita ampliar los plazos de devolución y reducir, al mismo tiempo,
los intereses para rebajar la carga financiera que tienen que soportar
las autonomías.
La idea es aplazar a unos 50 años la deuda que mantienen
con el Estado. Incluso se plantean un periodo de carencia para que en
los próximos años las autonomías no tengan que amortizar esos
compromisos. Sería una deuda casi perpetua.
Según explican fuentes gubernamentales, Cataluña tiene que hacer
frente a unos vencimientos de unos 5.400 millones de euros este año. Si
se retrasan esas letras, se dejaría un espacio presupuestario para que
las comunidades puedan aprovechar para aumentar su gasto social o las
inversiones, precisan en el ministerio.
La cuestión es cómo hacerlo sin
“agravios”. No es lo mismo cambiar las condiciones de los 70.909
millones que debe Cataluña o los 53.756 que tiene comprometidos con el
Estado la Comunidad Valenciana que los 4.728 que suma Madrid. Pero eso,
dicen en las oficinas del ministerio ubicado en la calle de Alcalá, se
resolverá tras una negociación política. No obstante, aclaran que habrá
que determinar qué parte de ese pasivo financiero corresponde con una
infrafinanciación real y cuál con despilfarro o mala gestión. Porque hay
de todo.
“Es el momento de debatir sobre qué debemos hacer con las deudas
acumuladas. Eso es lo que toca repensar”, aseguró el ministro esta
semana en el Congreso. De esta forma, el Ejecutivo central soluciona dos
problemas.
Por un lado alivia la deuda autonómica y satisface las
reclamaciones de comunidades como la Valenciana o Cataluña, que son las
que más deben. Y por otro, presenta este elemento como un cebo o
compensación para concitar el mayor consenso en torno al nuevo sistema
de financiación. Cada vez que se ha reformado un nuevo modelo, los
sucesivos gobiernos han tenido que poner dinero sobre la mesa para
contentar a todas las autonomías.
En esta ocasión, el Ejecutivo no
dispone de nuevos recursos que ofrecer, más allá del alza de recaudación
que proporciona el crecimiento económico. Así que para invitar a las
autonomías a sumarse al nuevo acuerdo de financiación les ofrece
reestructurar su deuda.
Además, explican fuentes gubernamentales, aunque el Ejecutivo pusiera
más dinero, las comunidades no podrían gastarlo porque la regla de
gasto –uno de los corsés de la Ley de Estabilidad, que limita el aumento
del gasto público— se lo impediría y les obligaría a amortizar deuda. Y
como la mayor parte de esa deuda es con el Estado, en realidad el
Gobierno estaría poniendo dinero en las comunidades para que volviera a
él.
Por eso Montoro ha lanzado esta reflexión esta semana: “No tiene
sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en
Educación, Sanidad o protección social lo que planteemos en paralelo es
que el Estado se financie con intereses por la deuda contraídas con el
mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no”.
Otro de los aspectos del sistema de financiación tiene que ver con la
estructura del modelo en sí. El actual sistema es complejo, poco
transparente y poco equitativo. Cuenta con cinco fondos que lo hacen aún
más inaccesible. Uno garantiza la financiación de los servicios
esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). Este fondo está
dotado con el 75% de los recursos del sistema.
Funciona bastante bien y
reparte de forma equitativa los recursos en función de las necesidades
de gasto, que vienen determinadas por la población ajustada: la
población total corregida con unos indicadores para tener en cuenta el
peso de los niños en edad escolar, los mayores, la dispersión geográfica
o la superficie de cada territorio, que influyen de forma decisiva en
el gasto público.
“Es muy importante que el sistema de financiación
garantice en todas las comunidades un mismo nivel de servicios públicos,
sobre todo teniendo en cuenta que sigue habiendo una gran distancia en
el nivel de riqueza de nuestras comunidades”, dijo Montoro en el
Congreso.
Una de las críticas que los expertos convocados por Hacienda y las
comunidades para que esbozaran el proyecto para reformar el sistema es
que existen grandes diferencias en financiación entre las comunidades.
Existen casi 30 puntos de distancia entre el índice de financiación por
habitante de la Comunidad Valenciana, la peor financiada, y Cantabria,
la mejor tratada por el sistema.
La mayor parte de esas diferencias
provienen de los fondos complementarios del sistema, el de suficiencia
–para financiar las competencias no homogéneas—; el de cooperación –que
favorece a las más pobres—; y el fondo de competitividad –favorable a
las más ricas, como Cataluña—. Pocos entienden cómo funcionan y cómo se
distribuyen. La mayoría de expertos admiten que estos son los fondos de
cierre del sistema: los instrumentos con los que los sucesivos Gobiernos
han introducido los acuerdos políticos alcanzados con las comunidades
para que aceptaran cada uno de los nuevos sistemas.
También está el
fondo de compensación interterritorial, que trata de cerrar la brecha en
nivel de renta entre las autonomías más pobres y las más prósperas, que
se nutre del Estado central y es marginal al sistema.
El plan de Montoro es simplificar este modelo creando un gran fondo
de garantía de servicios públicos, similar al que existe ahora pero que
financie también la dependencia. Y refundir el resto de fondos en uno
solo. Además, pretende impulsar un fondo de convergencia para reducir la
brecha en renta entre las regiones pobres y las más prósperas, una
diferencia que se ha mantenido igual en los últimos 50 años, explican
fuentes gubernamentales.
La idea es que se pueda reducir la distancia
con más apoyo para los territorios que están menos desarrollados. A
Montoro le inquietan los agravios que surgen durante los debates de
financiación cuando los territorios ricos acusan a los menos avanzados
de subvencionarlos. Por eso, defiende la creación de un fondo financiado
por personas, es decir por el Estado central, no por territorios.
La tercera propuesta de Montoro para reformar el sistema consiste en
una reforma tributaria de los impuestos autonómicos. En este tercer
brazo se incluiría una armonización de los tributos, como el de
sucesiones y donaciones o el de actos jurídicos documentados.
Actualmente existe una gran diferencia entre lo que se paga entre
territorios. Madrid, gobernada por el PP que ha hecho bandera de la
bajada de impuestos, es la que mantiene los más bajos. Por eso, es
acusada de competencia desleal por parte de otras autonomías entre las
que están Andalucía, con impuestos más elevados. El Gobierno pretende
establecer unos límites por debajo de los cuales no se podrían bajar
esos impuestos pero tampoco subirlos. De esta forma daría cierta
uniformidad.
Impuestos verdes
En el mismo ámbito, Montoro pretende abordar la imposición
medioambiental. Aduce que existen multitud de impuestos verdes en las
comunidades, desde la depuración de aguas, a las bolsas de basura, o
diferentes tasas por tipos de contaminación. Su plan consiste en
armonizar estas figuras tributarias para que no exista una maraña de
impuestos en cada territorio con una regulación diferente en cada caso.
El ministro se muestra remiso a crear nuevos impuestos o subir más los
existentes, por eso se muestra reacio a aumentar más los gravámenes
sobre el diésel, como reclaman los organismos internacionales. Tampoco
es favorable, en principio, a que las comunidades puedan subir el IVA de
forma colegiada, como han propuesto los expertos para la reforma de la
financiación.
En definitiva, el sistema ideado por Montoro se basa en los ejes
fundamentales del informe elaborado por los expertos. Trata de
garantizar la mayor igualdad en la financiación de los servicios
esenciales. Aumenta la responsabilidad fiscal de las autonomías para que
financien con sus excedentes los servicios complementarios.
Y plantea
un fondo externo al sistema para reducir la brecha de riqueza entre los
territorios. “Buscamos un sistema de financiación estable, que se
fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad,
transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos que prestan las comunidades”.
De
esta forma resumió Montoro su plan. Ahora solo hace falta que la
negociación política no convierta el documento en un nuevo Frankenstein,
como muchos de los expertos denominan al sistema actual.
