martes, 21 de febrero de 2017

MC solicitará en el Pleno de Cartagena se investiguen las actuaciones desarrolladas desde 2006 para la adquisición de la finca del Hotel Peninsular

CARTAGENA.- El Grupo municipal MC presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, que se celebrará el jueves 23 de febrero, una moción para que se constituya una comisión de investigación que estudia las actuaciones y omisiones realizadas desde el año 2006 relativas al suelo de uso dotacional administrativo que circunda el edificio de San Miguel, y en particular la adquisición por expropiación de la finca donde se ubicaba el Hotel Peninsular, acordada en la Junta de Gobierno Local el 29 de diciembre del pasado año. 

De este modo, la propuesta que presentará el portavoz del Grupo municipal, Francisco Calderón, tendrá entre sus objetivos el estudio de la relación y comparación con las adquisiciones del resto de los edificios y parcelas afectadas por su clasificación en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH).
El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de adquirir la finca situada en la Calle Cuatro Santos, consumaba la expropiación de la finca iniciada más de diez años atrás, por decreto de 5 de julio de 2006 del entonces concejal de Urbanismo, Agustín Guillen, del PP.
Este inmueble, clasificado en el PEOPCH con un uso dotacional administrativo, fue adquirido al patrimonio municipal por la cantidad de 505.609 €, según informe de valoración emitido por técnico municipal, de 22 de diciembre de 2016.
Calderón ha asegurado que "se trata de uno de los dos inmuebles que estaban pendientes de incorporación al patrimonio municipal desde que en 2006 el PEOPCH destinara toda la manzana que circunda el edificio administrativo de San Miguel a uso dotacional administrativo, siendo demolidos todos los que fueron adquiridos con anterioridad".
Asimismo, el portavoz del Grupo municipal MC ha recordado que días después de esta adquisición se publicó en prensa que un candidato de la lista de MC a las elecciones municipales, en concreto el número 12, era propietario del inmueble, y diversos partidos han sembrado dudas sobre que esta operación pudiera beneficiarle.
"En concreto, primero se habló de ilegalidad por incompatibilidad de los concejales de MC, después de la falta de un informe preceptivo y en fechas posteriores de la excesiva rapidez con que se cerró la operación, hasta derivar en diversas noticias relativas a las quejas de los sindicatos por no resultar consultados o a las dudas sobre la valoración del inmueble efectuada por técnicos municipales", ha añadido Calderón.
"Con el paso de los días", ha continuado Francisco Calderón, "las iniciales acusaciones relativas a la incompatibilidad o la falta de informes fueron desapareciendo, las quejas de los sindicatos han sido desmentidas por los dirigentes de éstos, y ya no se habla de ilegalidades, sino de 'vertiginosos trámites' y 'ocultación'".
El portavoz del Grupo municipal MC ha señalado que la controversia mediática y el uso político de un acto administrativo, en este caso una expropiación, "ha podido generar en los cartageneros dudas e incertidumbres que deben ser aclaradas para salvaguardar a la institución, a quienes han actuado en el expediente y para dejar claro cuál ha sido la actuación del Gobierno en este procedimiento administrativo".
Calderón ha subrayado que "es saludable huir del oscurantismo de otras etapas y con el ánimo de que los ciudadanos puedan tener un conocimiento pleno de esta operación, promovemos la constitución de una comisión de investigación". 
"Además, por responsabilidad, estamos en la obligación de hacerlo, para posibilitar una verdadera fiscalización de la actuación, huyendo de la política del rumor, y para impedir que la imagen de los funcionarios actuantes en el expediente pueda quedar en entredicho por la crítica política", ha concluido Francisco Calderón.
Por todo ello, el Grupo municipal MC, a pesar de que el primer día que se preguntó por esta expropiación el propio alcalde, José López, compareció ante los medios y ofreció todas las explicaciones, y que con posterioridad los grupos de la oposición, algunos varias veces, han revisado los expedientes y obtenido copias, considera que debe erradicarse toda sombra de duda en relación con la actuación municipal.

El PSOE propone que se reúna la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto para acabar con los aforamientos

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Joaquín López Pagán, explicó que el PSOE ha propuesto hoy que se convoque con carácter excepcional, el próximo miércoles, la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía para que decida sobre la reforma inmediata del Estatuto en los artículos relativos a los aforamientos de altos cargos del Gobierno y diputados de la Asamblea Regional, a fin de acabar con los privilegios actuales.

Esta misma propuesta la realizó el PSOE en febrero de 2016 y fue rechazada por el PP, "que tiene hoy imputado al presidente del Gobierno regional, quien disfruta del privilegio por estar aforado y que es preciso eliminar".
López Pagán indicó que PSOE, Podemos y C's han valorado esta mañana, asimismo, paralizar el trabajo iniciado desde el principio de la legislatura para en la Comisión para la reforma del Estatuto en tanto se resuelve la situación del presidente, Pedro Antonio Sánchez.
 "Creemos que es un acuerdo adecuado en el momento institucional que estamos viviendo en la Región de Murcia".
El viceportavoz socialista agregó que ahora "cabe esperar que el presidente se retrate y veamos si están por la labor de que la decencia, la ausencia de privilegios en política y la transparencia primen o siguen protegiendo a una persona imputada por corrupción política", concluyó.

'Ahora Murcia' llevará al Pleno municipal una petición de «dimisión inmediata» de Sánchez

MURCIA.- El Grupo Municipal Ahora Murcia en el Ayuntamiento de Murcia presentó este martes una moción de urgencia, para su debate y aprobación en el Pleno del próximo jueves, en la que pide «la dimisión inmediata» del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, tras ser citado para declarar como imputado en el marco del 'caso Auditorio' para esclarecer cuatro presuntos delitos.

Dicha solicitud se realiza «en virtud de lo recogido en el artículo 54 de la Ley 7/2016, de 18 de mayo, de reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del acuerdo de investidura alcanzado con el partido C's, así como con sus propias palabras, recogidas en diferentes medios de comunicación».
En ella se considera, además, que «un presidente imputado y con otra imputación en ciernes está inhabilitado para dirigir el Gobierno regional y gestionar los intereses de los murcianos y murcianas».
En la moción, presentada por la portavoz de este grupo en el Consistorio, Alicia Morales, se señala así que Sánchez, además de encontrarse presuntamente implicado en el 'caso Auditorio, «está actualmente envuelto en otro caso de presunta corrupción, el 'caso Púnica'» y también se vio relacionado con «el 'caso Pasarela', primer caso archivado por la aplicación de la 'Ley Berlusconi' en España».
«Los numerosos casos de corrupción del Partido Popular y la imputación de Pedro Antonio Sánchez, junto a la imputación de la consejera de Agricultura Adela Martínez-Cachá por el 'caso Guardería' han abocado al Gobierno regional a la crisis institucional más grave en la historia democrática de la Región», concluyen desde Ahora Murcia.

El fiscal general del Estado decide mañana entre la continuidad o el relevo de López Bernal

MADRID.- El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, enfrenta mañana miércoles su primer gran desafío al frente de esta institución con la discusión en el seno del Consejo Fiscal de una treintena de nombramientos entre los que se encuentran los más sensibles de la carrera, como son las jefaturas en la Fiscalía Anticorrupción y en la de la Audiencia Nacional. Los nombres que más suenan son el de Manuel Moix para el puesto que dejó vacante el pasado octubre Antonio Salinas y los de Jesús Caballero o Jesús Alonso para la jefatura que lleva dos mandatos ocupando Javier Zaragoza.

El Consejo es de carácter consultivo y la propuesta de nombramiento la realiza el fiscal general al Consejo de Ministros, que es el aprueba en último término los nombramientos. El nuevo fiscal general, según fuentes consultadas en la Fiscalía General del Estado, tratará de que sus propuestas al Gobierno dispongan del respaldo de al menos un grupo de los vocales electos del Consejo, de los que seis han sido elegidos con el apoyo de la conservadora Asociación de Fiscales y los otros tres con el de la Unión Progresista de Fiscales.
Entre los siete aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción el nombre que ha ganado más fuerza en las últimas semanas es el del actual fiscal en el Supremo Manuel Moix, que era fiscal superior de Madrid cuando este departamento presentó la querella por la que se inició la causa por el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.
Entre los candidatos mejor posicionados también está el actual miembro de la Secretaría General Técnica Alejandro Luzón, de dilatada experiencia en Anticorrupción y conocido por ser el representante del Ministerio Público en la causa en la que se investiga la salida a bolsa de Bankia y el juicio por las 'tarjetas black.
Este departamento, de especial importancia por llevar casi todas las causas contra la corrupción que afectan a responsables políticos, estuvo ocupado durante trece años y hasta el pasado mes de octubre por Antonio Salinas, que se ha jubilado, y desde entonces ejerce en funciones Belén Suárez.
Suárez es precisamente una de las dos mujeres que aspiran dirigir Anticorrupción junto con María Teresa Gálvez, quien dentro de este departamento es una de las fiscales adscrita al 'caso Púnica', El resto de aspirantes son el también fiscal Anticorrupción Antonio Romeral -fiscal del caso de los 'papeles de Bárcenas-, José Miguel Alonso -caso SGAE- , y el habitual de casos de carácter económico Carlos Alba.
A la dirigir la Fiscalía de la Audiencia Nacional no aspira ninguna mujer. Ha solicitado la plaza el actual fiscal jefe Javier Zaragoza, que aspira a un tercer mandato, si bien las 'quinielas' dan por casi seguro su relevo al frente de este departamento en favor de otros candidatos, como podrían ser el actual teniente fiscal y portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales Jesús Alonso o el actual el fiscal superior de Madrid Jesús Caballero, quien ejerció en la Audiencia hace más de una década.
También aspiran a este puesto el número dos en la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda y el fiscal del Tribunal Supremo y miembro destacado del Foro Judicial Independiente (FJI) Salvador Viada, si bien ambos parecen tener menos posibilidades de acceder al cargo.
Este último también ha presentado su candidatura para presidir la Fiscalía Antidroga y la de Medioambiente y Urbanismo y en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General. La primera de estas plazas única se la disputa con su actual titular, José Ramón Noreña; mientras que para el segundo departamento se han presentado otros tres candidatos.
La renovación también afecta a departamentos de relevancia son las jefaturas en cinco comunidades autónomas, además de plazas en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
La Orden publicada en el BOE establece diferentes años de experiencia para presentarse a los diferentes puestos vacantes, que van desde los veinte años para los fiscales de Sala y las jefaturas de las fiscalías especiales, pasando por los 15 años de experiencia para los fiscales jefe en comunidades autónomas hasta los 10 años que se exigen para ser fiscal jefe provincial.
Se han convocado, concretamente, las plazas de fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales y también las jefaturas en las fiscalías especiales de Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Tribunal Supremo -dos plazas--, Audiencia Nacional, Antidroga y en la fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
También se renovarán plazas en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, en Antidroga, Anticorrupción, la Audiencia Nacional -3 nuevas plazas para este departamento-- y en las jefaturas y para teniente fiscal de las comunidades autónoma, Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja,País Vasco, Galicia, Cantabria y Murcia.
En este último caso, el foco habrá que ponerlo en una posible renovación por Maza del actual fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que es quien ha solicitado la imputación del presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, en el denominado 'caso Auditorio', y todo ello en medio de la polémica suscitada tras conocerse que la Fiscalía se posicionó en contra de investigar también a Sánchez en la trama Púnica pese a que las dos fiscales adscritas sí veían motivos.
El resto de plazas convocadas son para fiscal jefe en Zamora, Lérida, Tarragona, Almería, Cádiz, Gerona, Salamanca y Zaragoza.

Tamayo, ¿otro alcalde del PP corrupto en Cieza?

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha removido el último de los obstáculos que se interponían entre el banquillo de los acusados y el exalcalde del PP en Cieza, Antonio Tamayo, y otros tres sospechoso en un supuesto asunto de corrupción urbanística: el denominado "caso Benís", según adelanta La Verdad.

Las diligencias se abrieron hace casi diez años, a raíz de una denuncia de Izquierda Unida (IU), que descubrió que en el expediente municipal que servía para tramitar una urbanización de 5.200 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel de lujo se habían incorporado unos terrenos que eran propiedad de la hermana del entonces concejal de Urbanismo. Cuando los ediles de IU reclamaron la información oficial para tratar de comprobar en qué circunstancia se habían recalificado esas parcelas, responsables municipales habrían procedido a sustituir un plano por otro, presuntamente falsificado, con la aparente voluntad de ocultar que el plan parcial beneficiaba a la hermana del responsable de Urbanismo.
Hace cuatro años, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cieza, que coordinaba la investigación sobre el "caso Benís", consideró concluidas las diligencias y dictó auto de procedimiento abreviado –el equivalente al auto de procesamiento–, con el que acusaba formalmente al ya exalcalde popular Antonio Tamayo; al secretario municipal del Ayuntamiento de Cieza, Bartolomé Buendía; al aparejador del mismo Consistorio, Juan Buitrago, y al promotor del convenio urbanístico que dio origen a las actuaciones, Renán Teresa, propietario del grupo Dignitas SL.
Los afectados por la resolución presentaron recursos de reforma ante el propio juzgado, que fueron sucesivamente desestimados, y más tarde de apelación ante la Audiencia Provincial, lo que ha provocado que el camino hacia el juicio no se haya visto expedito hasta ahora, cuatro años más tarde.
Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, no existe ya obstáculo alguno que impida al Juzgado de Instrucción nº 3 de Cieza ordenar la apertura de juicio oral, sobre todo porque dan por hecho que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular formularán acusación contra los procesados, dice La Verdad.

La nueva ley integral anticorrupción de C's marcará la línea roja en la apertura de juicio oral

MADRID.- El Congreso ha dado hoy luz verde a la tramitación de una iniciativa de Ciudadanos para impulsar una Ley integral contra la corrupción, que incluya, entre otras medidas, la protección de los denunciantes y la prohibición de los indultos por delitos de corrupción.

A falta de la votación final, todas las fuerzas políticas, salvo el PNV, se han mostrado favorables durante el debate parlamentario a la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque también la mayor parte ha afeado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su "afán de protagonismo" y tratar siempre de colgarse una "medalla".
Reproches que le han hecho por presentar esta iniciativa en solitario y querer "boicotear" los trabajos de la subcomisión sobre corrupción, cuya creación fue aprobada el pasado 2 de febrero.
Rivera, que ha salido a defender esta propuesta en el pleno del Congreso, al que han acudido como invitados representantes de la Plataforma por la Honestidad, ha insistido en el mensaje de que el objetivo de esta ley "es proteger a los héroes y no a los villanos".
Y lo va a hacer afrontando varios de los puntos "débiles" por donde "siempre" aparece la corrupción, ha subrayado.
La proposición de ley que defiende la formación naranja en el Congreso fija la «inhabilitación o suspensión de cargo público, desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento».
Según publica 'El Mundo' en su edición digital, cuestionados por esta contradicción, al fijar un momento de dimisión de los políticos en los pactos de investidura y otro en esta propuesta de ley, fuentes de Ciudadanos señalan a ese diario que «la ley se aplica a todo el mundo, una vez esté aprobada. Y los acuerdos que firmamos tienen que cumplirse, porque para eso son acuerdos y se han firmado».
Esto es, consideran, desde su punto de vista, que los pactos firmados deben prevalecer en esos casos concretos: «Es una cuestión del acuerdo que se firme y de los puntos que acuerde cada parte. Lógicamente, si hay un acuerdo, tiene que cumplirse».

Tres exconcejales de Molina de Segura reclaman al juez su reincorporación a Ciudadanos

MOLINA DE SEGURA.- Un juzgado de Molina de Segura estudiará este miércoles las medidas cautelares solicitadas por vulneración de derechos fundamentales por los tres concejales de Ciudadanos expulsados del partido por facilitar con su voto la alcaldía al PSOE en el pleno del 29 de marzo de 2016 en ese ayuntamiento.

Ciudadanos facilitó con sus votos que en la cuarta ciudad más poblada de la Región de Murcia no siguiera gobernando el PP, la lista más votada, tras la imputación judicial del alcalde, Eduardo Contreras, por un presunto delito de prevaricación en un caso de supuesta corrupción urbanística, tras lo que el PSOE gobierna en coalición con Cambiemos-Podemos y Ganar-IU-UP.
Los demandantes son Estanislao Vidal Pujante, Trinidad Romero Sánchez y Alberto Aguilar Zarco, a los que defiende el letrado Francisco Luis Valdés-Albistur.
En la demanda, los tres sostienen que su expulsión viola derechos fundamentales al no haberse respetado las garantías debidas, por lo que solicitan al juzgado que acuerde como medidas cautelares que se dejen en suspenso las resoluciones del Comité Ejecutivo, ratificadas por la Comisión de Garantías, por las que se acordó su expulsión de C's.
Así mismo, se solicita que sean rehabilitados "con carácter inmediato" en su condición de militantes y afiliados del partido "con todos los derechos y deberes correspondientes y que les hubieran correspondido desde la fecha en la que fueron dados de baja, el 1 de abril de 2016".
Finalmente, reclaman al juez que se comunique al Ayuntamiento y a la Dirección General de Administración Local del Gobierno autonómico de Murcia el contenido de la resolución judicial.
En la demanda se solicita igualmente a la autoridad judicial que se declare que en la expulsión se produjo una vulneración de derechos fundamentales, en particular, de los de asociación y participación en la vida pública.
Además, estiman que se habría vulnerado el de defensa, al no serles admitidas algunas pruebas, y la presunción de inocencia, al tiempo que no se les permitió tener acceso al expediente disciplinario.
Sobre este extremo, los responsables de C's alegaron que "al tratarse de una información interna del partido, que es de estricta confidencialidad", no estaban obligados a ello, consideración que es rechazada con rotundidad por los demandantes.

La Asamblea Regional debatirá una postura común sobre financiación autónomica

CARTAGENA.- La Asamblea Regional celebrará un pleno monográfico, previsto para el próximo 2 de marzo, para intentar que los partidos acuerden una postura común de la Región de Murcia en la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

Así lo decidió este martes la Junta de Portavoces con el apoyo del PP y Ciudadanos, en el que está prevista la intervención inicial de un miembro del Gobierno regional, que no se ha especificado, y la posterior réplica de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, que deberán presentar sus propuestas de resolución a lo largo de la sesión plenaria matinal.
Tras un receso, el pleno continuará por la tarde con las diferentes réplicas de los representantes del Gobierno regional y de los grupos para, finalmente, debatir y votar las propuestas que plantean los diferentes partidos.
En caso de que se llegue a un acuerdo, el dictamen que se apruebe será remitido al Gobierno regional y al economista y profesor de la Universidad de Murcia José Carlos Sánchez de la Vega, que será el representante de la Región de Murcia en el comité de expertos que debatirá el nuevo sistema de financiación autonómica.
Además, la Junta de Portavoces ha ratificado la decisión de la oposición de que el próximo miércoles, 1 de marzo, se convoque la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía, cuyo objetivo es debatir la reforma exprés de los dos artículos para suprimir los aforamientos a los miembros del Consejo de Gobierno y a los diputados autonómicos.
En esa misma jornada intervendrá ante la Comisión de Economía el interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, para informar sobre la Cuenta General de 2014, que se producirá una semana después de que haya hecho lo mismo en la Cámara con el informe de 2013.
Un día antes, el martes 28 de febrero, comparecerán ante la Comisión Especial del Mar Menor el catedrático de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, y el profesor de Ecología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve.

La Plataforma Anti-Corrupción de la Región convoca una manifestación en Murcia este domingo

MURCIA.- La Plataforma Anti-Corrupción de la Región de Murcia ha convocado una manifestación el próximo domingo, 5 de marzo, a las 12.00 horas en la ciudad de Murcia para protestar "contra los casos de corrupción que asolan al Gobierno regional", según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.

En concreto, la Plataforma cívica ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía de la Región, personas individuales y demás colectivos de la sociedad civil, a acudir a la manifestación que transcurrirá concretamente entre la Glorieta de España y el Palacio de San Esteban, de Murcia.
La manifestación, que empezará a las 12.00 horas, "quiere empezar y acabar en dos sitios significativos de la corrupción", según la Plataforma, que precisa que comenzará frente al Ayuntamiento de Murcia "para recordar los casos de corrupción que han afectado a la anterior corporación municipal de la capital, caso 'Umbra' y caso 'Jet' del ex alcalde Miguel Ángel Cámara".
Asimismo, explica que la manifestación finalizará en la sede del Gobierno regional, el Palacio de San Esteban, "lugar donde se aferra al sillón el actual presidente regional recientemente imputado por el caso Auditorio".
En este sentido, la Plataforma ha pedido que los manifestantes "respeten el carácter apartidista de la manifestación", de forma que la organización no quiere "ni banderas ni pancartas de partidos, pero sí del resto de colectivos civiles". 
La Plataforma Anti-Corrupción recuerda que es un colectivo "cívico, apartidista, cansado ya de tanta corrupción".
Critica que la corrupción "es un fenómeno que desgraciadamente ha devenido en estructural en la Región" y "tiene repercusiones directas sobre nuestros derechos como ciudadanos". Por ejemplo, lamenta que "mientras se pierden millones de euros por la corrupción, según la CNMV más de 40.000 millones de euros en los últimos años, el Estado del Bienestar se ve castigado sistemáticamente recortando partidas de los presupuestos públicos".
A su juicio, la Región de Murcia "necesita medidas de amplio calado para erradicar la corrupción de las instituciones". Y es que, añade, "más de la mitad de los ayuntamientos en esta Región han estado bajo la sospecha de corrupción política durante los últimos años, varios representantes públicos se han visto salpicados por casos de corrupción, como el caso 'Púnica', caso 'Auditorio', caso 'Guardería', 'Umbra', 'Novo Carthago', y un largo etcétera".
"La Región de Murcia ya no aguanta más, la imagen de nuestra comunidad está siendo manchada por unos políticos que sólo se preocupan de mantener su sillón a costa de todos", ha aseverado la Plataforma.
En su opinión, la investigación del actual presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, "ha sido la gota que ha colmado el vaso". Por eso, llama a toda la ciudadanía y colectivos de la sociedad civil de la Región "a secundar esta manifestación y pedir el fin de la corrupción política en nuestra región y que los políticos asuman sus responsabilidades políticas, además de las judiciales".

El PSOE pide a Sánchez que dimita y a C's que cumpla su palabra

MADRID.- El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, instó este martes al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a cumplir con su palabra de que dimitiría si resultaba imputado, y también a Ciudadanos, que puso esta condición para dar apoyo a su Gobierno.

"Corresponde que cada uno cumpla con su palabra. Pedro Antonio Sánchez tiene que hacerlo y Ciudadanos también", dijo en una entrevista en Antena 3, en la que ha opinado que la situación del presidente murciano afecta también al pacto firmado entre PP y Ciudadanos en el ámbito nacional, para apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
Jiménez recordó al PP que "hay que tener una respuesta en términos éticos ante este tipo de procesos", y le avisó también de que "señalar al PSOE como autor de los males del señor Sánchez es un exceso".
A su modo de ver, está claro que Sánchez va a tener que dar explicaciones ante la Justicia y ante eso tiene que haber "una respuesta política". "Tiene que darse un paso a un lado y esperar a que se resuelva el proceso y entendíamos que eso era lo que iba a pasar en Murcia", dijo Jiménez.
Pedro Antonio Sánchez tendrá que declarar el próximo 6 de marzo como investigado en el 'caso Auditorio' por las irregularidades en las obras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esta localidad, pero el PP defiende que no tiene por qué dimitir de su cargo.

C's recuerda a Sánchez que Bascuñana y Cámara ya tuvieron que dimitir para que el PP gobernara

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Miguel Sánchez, envió este mediodía una carta al presidente regional Pedro Antonio Sánchez pidiendo reunirse con él la semana que viene para "hacerle recapacitar y que busque un sustituto".

Sánchez, que afirmó que éste es un momento para "estar serenos", espera que el presidente "tenga altitud de miras y sea generoso, que se aparte". Por ese motivo explicó que enviarán una misiva a Sánchez por si "se enroca" para que recapacite el Partido Popular y designe un candidato alternativo.
En referencia a las declaraciones que hizo este martes la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, sobre que el presidente solo dimitiría si se abre juicio oral, el portavoz de la formación naranja considera que la consejera "se equivoca". 
"La consejera ha intentado retorcer la realidad e intentar confundir con el concepto imputado e investigado, que es absolutamente lo mismo. Le pedimos a la consejera que esté a lo que está", añadió.
Insistió en que dicha reunión se debe celebrar porque "está en juego la estabilidad de la Región; no nos podemos poner nerviosos. Ayer pedimos su dimisión y ahora queremos hablar con él para que busque un sustituto".
Finalmente, recordó que Ciudadanos es "el partido de la regeneración" y que para que el PP pudiera gobernar en la Comunidad primero tuvieron que apartarse el que era delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana o el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

Podemos se cita con C's para abordar una posible una moción de censura

MURCIA.- Podemos conversará en las próximas horas con Ciudadanos para avanzar en la línea de la moción de censura que planteó el secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, este lunes en rueda de prensa tras conocer que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el caso 'Auditorio' el próximo 6 de marzo.

Urralburu también dejó claro que la formación morada no aceptará un cambio de candidato del PP, ya que "es el partido de la corrupción".
Por ello, considera que Ciudadanos "tendrá que reflexionar y ver si están dispuestos a esa moción de censura y si no lo están pues les haremos responsables de toda la corrupción en la Región".
Así, informó de que ya ha entrado en contacto por teléfono con el secretario general del PSOE en la Región, Rafael González Tovar, así como con el coordinador de IU y están viendo la respuesta social y a partir de ahí anunció que hablará con Ciudadanos "en las próximas horas" e intentará ponerse también en contacto con el resto de grupos políticos.

Cartagena reclama cinco balnearios en Los Urrutias, Punta Brava y Estrella de Mar

CARTAGENA.-El concejal de Descentralización de Cartagena, Juan Pedro Torralba, ha mantenido una reunión este martes con el jefe de la Demarcación de Costas, Andrés Martínez, en la que le ha reclamado la instalación de cinco balnearios en diferentes playas del Mar Menor.

En concreto, la petición incluye dos en Los Urrutias, dos en Punta Brava y uno en la urbanización Estrella de Mar. Su instalación tiene como objetivo mejorar las condiciones del baño, ya que se trata de pasarelas de madera que salen de primera línea de playa y desembocan directamente en el mar.
Torralba ha solicitado también la construcción de un paseo marítimo en Los Urrutias, así como el acondicionamiento de que ya existe en Los Nietos.
En este sentido, el concejal y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, han anunciado que ya se han puesto en contacto con los diputados y senadores con el objetivo de impulsar una iniciativa, tanto en el Congreso y el Senado, para instar al Gobierno de España a desarrollar un plan integral que incluya ambos paseos marítimos.
El edil ha destacado la buena predisposición tanto de la Demarcación de Costas como del personal de la Comunidad Autónoma.

Los estibadores presentan un nuevo preaviso de huelga

MADRID.-Los sindicatos de estibadores han presentado un nuevo preaviso de huelga para nueve jornadas alternas a partir del 6 de marzo que se hará efectivo si el Consejo de Ministros aprueba el próximo viernes sin modificaciones el real decreto-ley de reforma del sector de la estiba.

Las dos partes, que han mantenido hoy su primera reunión después de la desconvocatoria de los paros y del aplazamiento en una semana de la aprobación del real decreto-ley, volverán a verse mañana, miércoles, primero cada una de ellas con el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, y posteriormente todos juntos, ha explicado hoy el responsable de la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya.
Las jornadas de huelga, de producirse, se desarrollarán durante tres semanas a razón de tres días alternos por semana y, al igual que los anteriores, que fueron desconvocados, en horas también alternas.
Los sindicatos de estibadores han convocado un calendario de huelgas en los puertos, que contempla nueve días de paros parciales a partir del próximo 6 marzo que, al estar programados en días alternos, se extenderán durante tres semanas.
Así lo anunció Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, al término de la reunión mantenida con la patronal y el mediador designado por el Gobierno.
El nuevo calendario de huelga arrancaría el próximo lunes 6 de marzo, y contempla nueve días (los lunes, los miércoles y los viernes de tres semanas consecutivas) de paros parciales, esto es, que tendrían lugar en las horas impares.
La convocatoria no supone una nueva ruptura de las negociaciones que, de hecho, continúan mañana miércoles. Con los paros, los sindicatos exigen al Gobierno que no apruebe la reforma de la estiba en el Consejo de Ministros de este viernes, tal como tiene previsto el Ministerio de Fomento, sino que la posponga hasta que haya un acuerdo con el sector. Asimismo, con la nueva huelga los estibadores reclaman que el Gobierno vuelva a estar representado en la mesa de negociación.
En este sentido, Goya trasladó la sorpresa de los sindicatos por el hecho de que el Ministerio de Empleo, el Departamento inicialmente asignado por el Ejecutivo para mediar, haya a su vez delegado este papel en el presidente del Consejo Económico y Social (CES).
"En la reunión, el mediador ha confirmado que su papel es sólo mediar y además ha trasladado la intención del Ministerio de Fomento de aprobar la reforma este viernes", explicó el representante de Coordinadora tras la reunión. "Ante eso, nuestra única forma de defendernos es presentando un nuevo preaviso de huelga", añadió.

Fernando Urruticoechea nuevo interventor del Ayuntamiento de Torre-Pacheco

ORIHUELA.- El interventor titular del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea, abandonará su puesto de trabajo en la ciudad y se trasladará a la localidad murciana de Torre Pacheco, donde ha obtenido la plaza tras un concurso al que se presentó por la "persecución constante" a la que asegura que fue sometido en Orihuela por parte del equipo de gobierno, según ha asegurado al diario Información.

El funcionario está de baja laboral desde el pasado verano, por lo que está por ver si se reincorporará a su puesto antes de que sea efectivo el traslado, a principios de abril.
La resolución se publicó ayer y significa que la plaza de Intervención en el Ayuntamiento de Orihuela quedará vacante hasta a abril de 2018, cuando se cubra mediante un concurso público, que se celebrará a finales de este año.
"Me han forzado a irme", añade. 

Lo cierto es que la relación entre el interventor y el Ayuntamiento ha sido muy tensa desde principios de legislatura. Desde el equipo de gobierno han criticado que su labor entorpecía la gestión económica, mientras que éste ha denunciado numerosos reparos de ilegalidad y que trataban de poner trabas a su trabajo de fiscalización.

Albert Rivera: "Sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un Gobierno del PP"

MADRID.-El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al PP de Murcia que, en la reunión que le va a solicitar la formación naranja en la Región, proponga un candidato para sustituir al presidente del Ejecutivo autonómico, Pedro Antonio Sánchez, ahora que ha sido imputado, porque "sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un Gobierno del PP".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Rivera ha expresado todo su apoyo al portavoz regional de C's, Miguel Sánchez, que "está haciendo una gran labor" pidiéndole al presidente autonómico que "cumpla su palabra". 
En este sentido, ha recordado que él mismo dijo públicamente que si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le imputaba en relación con el caso Auditorio, como finalmente ha ocurrido, dimitiría.
El líder de la formación naranja se ha referido al encuentro que Miguel Sánchez pedirá al presidente de Murcia la próxima semana para que "recapacite y busque un candidato alternativo". 
"Nos parece que lo razonable es que el partido que ha ganado las elecciones proponga a alguien que no esté imputado y que se pueda mantener la estabilidad en la comunidad autónoma", ha manifestado.
Rivera espera que el PP acceda a esa reunión "en los próximos días" y explique cuál es su posición al respecto, "más allá de las declaraciones contradictorias" de los últimos días. "Las he escuchado de todos los colores: si es corrupción, si no lo es, si es juicio oral, si es imputado...", ha indicado.
En su opinión, "sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un Gobierno del PP" en Murcia. "Vamos a esperar a esa reunión y, mientras tanto, pedir que se cumplan los acuerdos", ha subrayado, recordando el acuerdo anticorrupción firmado por PP y C's y que permitió la investidura de Sánchez. 
Dicho pacto prevé "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
Cuando le han preguntado si su partido apoyaría una moción de censura en el caso de que el PP no presentase candidato alternativo, Rivera ha reiterado que Ciudadanos va a esperar al resultado de la reunión, que será "decisiva e importante", para ver "si van a cumplir o no van a cumplir y cuándo piensan cumplir".
"El pacto de investidura depende del cumplimiento de todos los puntos y este es el punto número uno. Nosotros condicionamos el acuerdo de investidura a que el PP cumpla el acuerdo y proponga un candidato alternativo", ha insistido.

Los estibadores anuncian movilizaciones "a nivel mundial" si no hay acuerdo en España

ALGECIRAS.- El coordinador del Consejo Internacional de Estibadores (IDC, por sus siglas en inglés), Jordi Aragunde, ha pedido al Gobierno español un "diálogo franco" en el conflicto de la estiba y ha dicho que habrá movilizaciones "a nivel mundial" en caso de que el decreto se apruebe sin consenso.

Aragunde ha participado en un encuentro celebrado en Algeciras (Cádiz) de representantes de delegaciones de IDC en el que estibadores de varios países han escenificado su apoyo a los trabajadores españoles del sector en sus reivindicaciones.
Ha explicado que esperan un "diálogo franco y sincero" y no "una tapadera", para poder decir que "se ha negociado y no se ha podido llegar a una modificación real".
Considera que las negociaciones entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de la estiba en España, con el Gobierno deben derivar en "un consenso que mantenga las condiciones del trabajador y el alto índice de productividad de los puertos, que se supera año tras año".
Según Aragunde, la "línea roja" en la negociación entre los sindicatos y la patronal para la reforma del sector de la estiba es "mantener la situación de los trabajadores aunque se modifique el convenio. No queremos despidos".
La elección de Algeciras para este encuentro se debe a que en su puerto trabajan 1.800 de los alrededor de 6.500 estibadores del país.
El coordinador general de IDC ha lamentado la situación actual, en la que "hay una amenaza semana tras semana de que el Gobierno apruebe el decreto", lo que ha generado "manifestaciones en embajadas de España en todo el mundo", al tiempo que considera que "no es lógico" que "hablen de negociación cuando por detrás están amenazando con sanciones por incumplir la sentencia europea".
En cuanto a las movilizaciones, que esta semana fueron suspendidas, ha señalado que llegarán "si no hay acuerdo y el viernes se aprueba el decreto" por el Consejo de Gobierno.
Si se aprueba el decreto sin acuerdo, se producirán, según Aragunde, movilizaciones "a nivel europeo y mundial" y "si las navieras plantean desviar el tráfico a otros puertos como Marsella o Tánger, tenemos acuerdos para que los estibadores de esos puertos nos apoyen. El nivel de acción será el nivel de reacción", ha subrayado.
"En Bélgica se ha modificado el sector aceptando un registro de trabajadores como el que no quieren aplicar aquí. Desde Puertos del Estado nos han estado boicoteando", ha denunciado.
En ese sentido, ha recordado que las grandes empresas como APM, Hanjin y Hutchinson, que controlan el 80% del tráfico, "optan por este modelo".

El alcalde de Cartagena pide a la oposición que espere al 6 de marzo para pedir la dimisión de PAS

CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, ha pedido hoy a la oposición que espere a que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, declare ante el TSJ por el caso Auditorio para exigir su dimisión porque "no hay necesidad de que la Región resuene en el resto de España por algo que no nos gusta".

En declaraciones a los medios, López ha exigido "seriedad" y "respeto" a PSOE, Podemos y Ciudadanos, para que se "siga trabajando de manera normal" hasta que Sánchez preste declaración y ha apuntado que, una vez comparezca ante el TSJ, que los grupos de la oposición "digan lo que tienen que hacer".

"No merecemos estar en prensa todos los días con lo mismo", ha apuntado el regidor antes de recordar a la oposición que tienen la opción de presentar una moción de censura para cambiar al presidente murciano "sin necesidad de esperar a ningún juego, salva o estrambote".

"Qué necesidad tenemos de hacer ruido, que resuene en el resto de España, que nos vuelvan a pintar la cara y que aparezcamos en los telediarios por algo que no nos gusta y sin saber todavía si son tirios o troyanos", ha afirmado.

"Yo voy a ser el primero que le voy a pedir que dimita si la imputación queda clara", ha apostillado antes de concluir que la Comunidad Autónoma no necesita "estar diez días en todos los telediarios".

El juez del TSJ rectifica su auto y cita a PAS como investigado por los cuatro delitos

MURCIA.-El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso 'Auditorio', Julián Pérez-Templado, ha emitido este martes un nuevo auto para aclarar los delitos por los que cita al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el próximo 6 de marzo en calidad de investigado. El magistrado afirma que la rectificación se debe "a un error material" en su escrito del lunes. 

Se trata, concretamente, de los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en referencia al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de la sobras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.
En el primer auto, que trascendió este lunes, el instructor de la causa acordaba, en su parte dispositiva, incoar diligencias previas para averiguar la comisión de un posible delito de prevaricación administrativa, únicamente.
En este segundo auto, el juez ya hace referencia a los cuatro delitos por los que se envió la exposición razonada desde el Juzgado nº 1 de Lorca a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcian (TSJRM).
Pérez-Templado inicia así las diligencias en las que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
El juez solicita también en el auto comunicar al secretario municipal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que certifique y remita testimonio literal de todos aquellos documentos que conforman el expediente de Liquidación de Obra del Teatro-Auditorio Municipal.
Así como al Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca "para que remita a la mayor urgencia copia de las actuaciones que se hayan realizado o estén previstas en la pieza separada que tramita sobre los fondos de la subvención otorgada por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras relacionada con el Teatro-Auditorio", unido a las actuaciones el informe presentado por la representación procesal de Pedro Antonio Sánchez.
Cabe recordar que a principios de mes ya se dictó un auto en el que se acordaba declarar la competencia de la Sala Civil y Penal del TSJMU para la instrucción, y en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado Pedro Antonio Sánchez, en relación con los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
Asimismo, extendía la competencia de la Sala para instruir y, en su caso, enjuiciar respecto de aquellas otras personas ya investigadas por los mismos hechos.

Ciudadanos pide una reunión a Sánchez para convencerle de que dimita

MURCIA.-El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha anunciado que este martes que solicitará al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, una reunión la próxima semana para pedirle que dimita y que su partido proponga un candidato alternativo que le sustituya, tras ser citado a declarar como investigado por el conocido como caso Auditorio.

Sánchez, quien ha dicho que "no es el momento" de hablar de moción de censura ha declarado tras la petición de Podemos. Lo que espera Sánchez es que el presidente, en esa reunión, "recapacite y entre en razón", para lo cual propone como "solución" que encuentre un candidato alternativo que le sustituya al frente del gobierno regional, porque lo que sí tiene claro Ciudadanos es que Pedro Antonio Sánchez debe dimitir porque tras su citación se incumple el pacto de investidura.
En declaraciones a los medios, el portavoz de la formación naranja ha explicado que, tras hablar ayer por teléfono con el presidente murciano, ha decidido enviarle una misiva para, "sin traumas, con serenidad y transparencia", buscar una salida, mostrándose convencido de que el PP "no va a poner en jaque la estabilidad" de la Región.
Sánchez ha declarado que hoy, "más serenos" tras la citación a declarar como investigado del presidente murciano, han decidido adoptar esta postura porque cree que hay "gente suficientemente preparada" en el grupo parlamentario popular para asumir la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
Al ser inquirido por el anuncio de la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, que ha dicho que Sánchez no dimitirá hasta que no se abra juicio oral, el portavoz de Ciudadanos ha contestado que, "en caso de que se enroque, intentaremos convencerle".
"Está imputado, pero por encima de todo está la estabilidad de la Región de Murcia", ha afirmado Sánchez.
El dirigente de Ciudadanos ha criticado que Arroyo esté "intentando hacer trampas al solitario y retorciendo la realidad", cuando el acuerdo de investidura firmado por ambos partidos estipula que el presidente debe dimitir cuando sea imputado.
Sánchez ha vuelto a insistir en que el presidente murciano dijo que se apartaría si era imputado por el caso Auditorio, y ha recordado que la Ley de la Transparencia contempla la dimisión de los cargos investigados por casos de corrupción.

Podemos impulsa una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos

CARTAGENA.-Óscar Urralburu ha asegurado que el aforamiento está permitiendo a Pedro Antonio Sánchez dilatar el tiempo y "alargar el momento de sentarse en el banquillo", por ello y ante la "grave crisis institucional y de gobierno de la Región de Murcia" con el presidente y la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá imputados por corrupción, la "prioridad de los grupos parlamentarios en la Asamblea debe ser eliminar los privilegios que otorga el aforamiento para que ningún político pueda esconderse de la Justicia detrás de su escaño o de su puesto en el Consejo de Gobierno. Debe ser el fin de los privilegios para salvar a presuntos delincuentes de pasar por los juzgados".

Por ello, el portavoz parlamentario lo ha planteado en la comisión que trabaja para la reforma del Estatuto. Urralburu ha explicado que esta comisión "no puede seguir trabajando con normalidad hasta que no se aborde la reforma urgente de los dos artículos que atañen a los aforamientos. No podemos esperar a que acabe la legislatura y haya nuevo estatuto para enfrentarnos a este asunto. Además, los cuatro grupos parlamentarios y el propio presidente en su discurso de investidura, llevábamos esta propuesta como cabeza de cartel".
Según Óscar Urralburu, tanto Partido Socialista como Ciudadanos están de acuerdo, ya que han comprendido que "ningún político puede estar por encima de cualquier otro ciudadano. Debemos ser ejemplo y no ser unos privilegiados frente a la Justicia. Los tiempos de los políticos en los tribunales deben ser iguales al de resto de personas".
De hecho, ha añadido Urralburu, sin estos aforamientos "no estaríamos inmersos en este escándalo judicial de Pedro Antonio Sánchez. Fue en 2015 cuando la Fiscalía presentó la querella y desde entonces lo único que ha pasado es que Pedro Antonio Sánchez se ha protegido, se ha agarrado a su aforamiento para no dar la cara y provocar la mayor crisis institucional de la Región de Murcia. Ahora estamos pagando el precio en contra de los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas".
Por todo esto, Óscar Urralburu, portavoz parlamentario de Podemos ha incidido en que no tiene sentido "continuar sentados en una comisión que no actúa sobre los problemas más graves de la Región, sino que sirve a los intereses de un presidente y un PP que buscan ganar tiempo y hacérnoslo perder a todos".

Un concejal del PP de Molina insinúa que PAS debe dimitir

MOLINA DE SEGURA.- Un concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en su perfil de la red social Twitter un mensaje que rompe la unidad que el partido, tanto en la Región como en la dirección nacional, está mostrando en su apoyo a Pedro Antonio Sánchez.

Miguel Rodríguez deja entrever con su mensaje que el presidente del partido debería dimitir para cumplir la ley vigente y dar ejemplo.

En ningún momento cita al presidente de la Comunidad Autónoma en su mensaje, aunque el contexto en el que se publica, solo un día después de que el juez haya citado al presidente a declarar como investigado (lo que hasta el reciente cambio de la ley suponía estar imputado), deja patente que se trata de un mensaje al líder de su partido. 

Los afectos personales deben dejar paso a la accion politica, a la coherencia, a satisfacer lo exigido por las leyes y a la

El fiscal general irá al Congreso y el ministro al Senado para explicar si hubo presiones para no imputar a PAS por la Púnica

MADRID.- El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerá en el Congreso a petición del PSOE y C's después de las denuncias de supuestas presiones políticas para no imputar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica, además de al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

La Mesa, según han informado fuentes parlamentarias, ha dado luz verde a la solicitud del grupo socialista y de Ciudadanos para que Maza acudiera a la Cámara a raíz de que la Fiscalía se opusiera a la investigación de Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso.
El órgano de Gobierno de la Cámara Baja ha rechazado la petición de Podemos para que compareciera Maza al circunscribir el motivo de su petición a la situación concreta de Sánchez y Sanz cuando, según han aclarado las mismas fuentes, la Fiscalía, como otras instituciones, no están sometidas al control parlamentario y sólo pueden acudir a la Cámara por cuestiones genéricas.
Y por eso, los socialistas pidieron la comparecencia urgente de Maza para que diera cuenta de los criterios de la FGE sobre la "persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos".
De manera similar, Ciudadanos reformuló su pregunta, ceñida inicialmente a los casos de Sánchez y Sanz, para demandar explicaciones a la Fiscalía por sus requisitos para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público "haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica".
Estas cuestiones servirán al PSOE y a la formación naranja para preguntar a Maza por su decisión de oponerse a abrir una investigación a Pedro Antonio Sánchez al considerar que éste no incurrió en responsabilidad penal alguna por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, ya que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.
Sin embargo, la Mesa del Senado ha rechazado finalmente la comparecencia del fiscal general del Estado, reclamada por Unidos Podemos y Compromís, pero sí lo hará el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a petición del PSOE.
Mientras la Mesa del Congreso sí ha acordado admitir la petición de comparecencia de Maza planteada por varios grupos parlamentarios, en la Cámara Alta el requerimiento ha sido rechazado por razones reglamentarias, según ha explicado su vicepresidente, Pedro Sanz.
"No procede el control al fiscal general de acuerdo con el Reglamento y por tanto comparecerá el ministro de Justicia, pero no el fiscal", ha informado Sanz al término de la reunión de la Mesa.
No es la primera vez que se produce esta circunstancia, tal y como ha recordado el vicepresidente, porque el criterio marcado desde los servicios jurídicos de la institución es que el fiscal general sólo puede aportar información con carácter general.
Para procedimientos concretos, como es la investigación del caso Púnica, el ministro "cubre perfectamente la petición de los grupos parlamentarios", ha considerado Pedro Sanz.
El portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, había solicitado que acudiera a la Cámara Alta el titular de Justicia, Rafael Català, para informar de las "anomalías que él mismo ha denunciado en la actuación de la Fiscalía" en relación con el presidente de Murcia.
En cuanto a la petición desestimada había sido formulada por el senador de Compromís Carles Mulet, quien preguntó al Gobierno si dentro de sus competencias había dado "alguna instrucción" a la Fiscalía General del Estado para que se opusiera a investigar a Pedro Antonio Sánchez por el caso Púnica.

Catalá cree que "no es el momento" de pedir la dimisión de PAS

MADRID.-El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado hoy que "no es el momento" de pedir responsabilidades políticas al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta vinculación en el caso Auditorio y ha pedido "prudencia y mesura" hasta que haya evidencias de que ha podido cometer delito.

Catalá ha dejado claro que la comparecencia el próximo 6 de marzo del presidente de Murcia como investigado en el presunto caso de corrupción urbanística es un ejemplo de que "todos somos iguales ante la ley y estamos obligados a rendir cuentas".
Pedro Antonio Sánchez deberá responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su presunta implicación en el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que investiga prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la adjudicación de las obras de un auditorio en el citado municipio.
Al respecto, Catalá cree que "si existe una sospecha hay que comparecer" pero que todavía no se puede solicitar la dimisión de Sánchez puesto que aún no existen "conclusiones firmes" sobre su vinculación al citado caso. El momento sería la apertura de juicio oral y no antes, ha insistido.
Catalá ha hecho hincapié en la necesidad de evitar "la presunta culpabilidad anticipada que tanto daño hace" y de la que existen "suficientes antecedentes recientes".
"Cualquiera que tiene una anticipación de condena y responsabilidad sufre un desprestigio personal y patrimonial", ha puntualizado el ministro al tiempo que se ha preguntado: "¿Quién le restituye el daño infligido?".
El titular de Justicia ha añadido que el Partido Popular es coherente con esa posición y que "nadie puede tener dudas sobre el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en este sentido".
Por ello, a su juicio, no debería verse comprometido el pacto nacional entre PP y Ciudadanos, como también ha afirmado minutos antes del encuentro el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien ha aseverado que se trata de un asunto que compete al ámbito regional del Murcia y en el que además Pedro Antonio Sánchez no ha cometido corrupción alguna.

El Gobierno regional recuerda que PAS dimitirá "solo si se le abre juicio oral"

MURCIA.-La portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha afirmado este martes que el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, "no está imputado formalmente" en el caso Auditorio y que la "línea roja" en la que considera que tendría que dimitir es "si se le abre juicio oral".

En declaraciones a la Cadena Ser, Arroyo ha recordado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió el término "imputado" por "investigado" para "delimitar bien las fases del proceso penal", y ahora se habla de "investigado" y "encausado", que es cuando se abre juicio oral "y donde todos los partidos ponen la línea roja".
De este modo, ha defendido que Sánchez no está incumpliendo su palabra por no dimitir de su cargo después de que este lunes el juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le citase a declarar como investigado.
Arroyo ha detallado que el pacto de gobierno con Ciudadanos habla de dimisión de los cargos cuando se les impute algún delito de corrupción política, y en este caso entienden que Sánchez "no está imputado formalmente, está citado para poder declarar y aclararlo todo".
"Ponemos la línea roja, como el resto de partidos, en la apertura del juicio oral, nunca en el derecho que tienen los ciudadanos de asistir junto a su abogado para dar explicaciones", ha puntualizado.
Dejando clara esa interpretación --que es "la que hacen todos los partidos en sus estatutos", ha dicho-- ha asegurado que Sánchez cumplirá el acuerdo con Ciudadanos. Según ha dicho, Sánchez es "es un presidente de palabra, que cumple con la ley y con su palabra" y además ha defendido la presunción de inocencia que es "la principal garantía para cualquier persona en un Estado de Derecho".
Además, la portavoz ha remarcado que el hoy presidente regional lleva desde 2013 intentando ir a dar explicaciones sobre este caso, durante la fase de diligencias y también, desde que comenzó esta legislatura, en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea Regional pero PSOE y Podemos, partidos que le acusan ante los tribunales, "no le han dejado todavía". 
"Ahora es cuando Pedro Antonio Sánchez tiene la oportunidad de ir a declarar para ir a aclararlo todo", ha añadido.
En cuanto a la Ley de Transparencia de la Región, que prevé dimisiones cuando haya imputaciones por corrupción, incluida la prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), ha respondido que esa ley "no habla de obligación jurídica", porque dice que la persona imputada "entenderá" que no puede seguir en el cargo. "Dice 'entenderá', no 'deberá'", ha justificado Arroyo, defendiendo por lo tanto que la decisión de dimitir queda a criterio del imputado.
Para la portavoz del Gobierno regional, en el caso Auditorio "no se habla de corrupción política" porque nadie ha puesto en duda que "todo el dinero está en la inversión de la obra, el auditorio de Puerto Lumbreras, y lo que puede haber es un "error en un procedimiento administrativo", así que ha pedido "ser justos, por el bien de todos".

El PP destaca que la supresión de entes públicos ha supuesto un ahorro de 33,4 millones de euros

CARTAGENA.-El diputado del grupo parlamentario Popular, Fernando López Miras ha destacado, tras escuchar al Interventor general desgranar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2013 ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, los 33,4 millones de euros de ahorro que ha supuesto la reducción de entes públicos, una reestructuración que valora positivamente el Tribunal de Cuentas en su informe con la eliminación de 49 organismos.

De los datos del año 2013, el diputado popular se ha detenido también en la reducción del gasto público en 1,5% y ha puesto en valor el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica que permitieron afrontar el pago de cientos de facturas con los proveedores y así mantener puestos de trabajo, ha dicho para recodar que ambos iniciativas proceden de un gobierno del Partido Popular.
López Miras ha incidido en que el único límite para el cumplimiento de los planes de ajuste por parte del Gobierno regional fue garantizar las políticas sociales, la sanidad y la educación. El camino era el correcto, ha afirmado.
Asimismo ha apuntado al perjudicial sistema de financiación autonómica aprobado por Zapatero el año 2009 como el culpable del aumento del déficit ya que la Región de Murcia recibe 250 millones euros menos de media al año que el resto de comunidades autónomas. Un sistema precario que nos perjudica, ha dicho.
En cuanto al funcionamiento del Sistema Murciano de Salud, el diputado popular comparte el criterio del Interventor general de la Comunidad Autónoma para que mantenga la naturaleza jurídica actual ya que por sus peculiaridades debe seguir el modelo actual, el más adecuado para su funcionamiento.
Fernando López Miras se ha mostrado partidario de adoptar medidas para acompasar el debate de la cuenta general en el tiempo, ya que considera un desfase temporal analizar en el año 2017 la Cuenta General del año 2013.

La imposible moción de censura / Ángel Montiel *

Que Pedro Antonio Sánchez sería llamado por el TSJ a declarar como ´investigado´ en el caso Auditorio no supone ninguna sorpresa. Es un trámite previsto desde el mismo momento en que dicho tribunal aceptó considerar la remisión de la jueza de Lorca que investigó el asunto. Por tanto, la única novedad es que se van cumpliendo los plazos. 

Ocurre que, con la convocatoria a declarar el próximo 6 de marzo, el presidente adquiere formalmente la condición de ´imputado´ según la denominación que regía antes de que el Gobierno de su partido decidiera cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer desaparecer esa figura, que mientras tanto fue incluida en el pacto de investidura del PP murciano con Ciudadanos: todo político ´imputado´ en un caso de corrupción, tanto si dispone de responsabilidades institucionales como orgánicas, ha de ser separado de su cargo. Hoy no hay imputados, sino investigados, que es el caso de PAS en este momento. Pero la equivalencia es incontestable. Según el pacto PP-C's, la citación del TSJ al presidente establece el momento crítico en que debiera producirse la dimisión de éste según lo pactado.

El argumentario PAS.
Pero en política no todo es tan nítido. En primer lugar, desde el Gobierno se sugirió que el pacto aludía a la ´corrupción política´, y el presidente no admite que en el caso Auditorio se diera ese supuesto, sino que, en todo caso, pudieron producirse ´irregularidades administrativas´. Recordemos que este matiz ya fue señalado, al poco de la firma del pacto de investidura, por el diputado y alcalde de Lorca, Francisco Jódar, advirtiendo así desde el principio, como acaba de reiterar, que no bastaría una imputación, sino que ésta tendría que referirse a delitos relacionados con la corrupción, y el PP siguió afinando al respecto, tratando de definir la corrupción en el hecho de ´meter la mano´ en la caja pública, es decir, en el cohecho. Eso por un lado: para el Gobierno, por muchos delitos que la investigación en el juzgado ordinario de Lorca se le atribuyan a PAS, no hay caso de corrupción mientras no haya indicios de cohecho.

Pero hay otra segunda vía de escape, esta más enfocada al proceso que estamos viviendo. El presidente ha admitido que podría dimitir cuando se produzca el equivalente a una ´imputación efectiva´, es decir, cuando los jueces instructores decidan, si lo deciden, enviarlo al banquillo. Ahí es donde, tanto San Esteban como los distintos portavoces del PP nacional que estos días se han pronunciado al respecto, establecen la línea roja definitiva. Un presidente de Comunidad no irá, como tal, al banquillo. Pero están dispuestos a soportar todas las presiones que intenten precipitar la dimisión antes de llegar a ese punto del trayecto.


Por tanto, la mirada, ayer, no se posaba tanto en el presidente de la Comunidad, que estaba cantado que sería llamado a declarar, como sobre Ciudadanos, partido al que le tocaba pronunciarse, llegada esta circunstancia, acerca de la interpretación del pacto firmado con PAS. Y Ciudadanos no parecía tener dudas: el presidente debe dimitir ya, dado que ha alcanzado la condición de ´investigado´, es decir, de ´imputado´, según el compromiso adquirido en el punto número uno del pacto de investidura.

¿Qué moción?
Bien, pero ahora ¿qué? Si el presidente, acogiéndose a los matices de su argumentario, decide, como es obvio que ha resuelto, que no se propone dimitir y, de momento, cuenta con el apoyo de su partido hasta en boca del presidente nacional, Rajoy, interpelado ayer enmedio de sus relaciones internacionales ¿qué tocaría hacer a Ciudadanos? Se supone que recabar los medios para que caiga contra su voluntad. ¿Y de qué mecanismos dispone Ciudadanos para llevar a cabo su propósito? No le bastaría retirar cualquier tipo de apoyo parlamentario al PP, pues el Gobierno puede desenvolverse hasta final de año y más allá con los Presupuestos que precisamente Ciudadanos contribuyó a apoyar. ¿Entonces? Queda la opción terminal, la activación de la ´opción de oro´: la moción de censura. Pero este es un callejón sin salida.

Oposición incompatible.
Ha sido Podemos el primer partido que se han lanzado en plancha a solicitar ese recurso. Pero para que se observe la inviabilidad de lo que propone basta escuchar a Ciudadanos, que exige al PP que promueva a otro candidato de la bancada popular. Ambas opciones son incompatibles. Podemos apoyaría cualquier cambio que suponga sacar al PP del poder, pero esto sólo podría ocurrir si Ciudadanos estuviera dispuesto a concertar con ellos el apoyo a un presidente que no fuera del PP. 

Esta posibilidad aparece muy lejana, en primer lugar desde la perspectiva del propio Podemos, y menos después de Vistalegre 2: el partido de Iglesias, por mucho que el estamento murciano se adscribiera a la corriente errojonista, no va a dar oxígeno al PSOE, aunque retóricamente lo insinúe sólo para poner en contradicción a los demás, a sabiendas de que Ciudadanos, también tras su conversión al liberalismo estricto en su último congreso, no querrá cambiar el color del Gobierno. 

El PSOE, enmedio de los dos, espera el milagro de que le caiga la breva, pero incluso en último extremo tendría que proponer a otro candidato para la presidencia distinto a su actual líder, pues ni Ciudadanos y, ni mucho menos Podemos, estarían dispuestos a regalar el poder a un político que ya está amortizado hasta en su propio partido como es el caso de González Tovar.

En resumen: Podemos insta a la moción de censura, pero no admitiría a un nuevo presidente del PP, que es justo lo que sugiere Ciudadanos: quitar a PAS para poner a otro de su misma bancada. El PSOE, por su parte, no votará a favor ni se abstendrá para sustituir a PAS por otro candidato del PP y tampoco admitiría a un presidente de cualquiera de los otros dos partidos, pues se supone que es la primera fuerza de la oposición, y le tocaría gobernar si se diera el caso de una coalición de los grupos que se sitúan frente al popular.

La moción bis.
Cabe una fórmula distinta, es decir, no para la promoción de un nuevo Gobierno que concluya la legislatura, sino para que convoque de inmediato unas nuevas elecciones autonómicas. Los tres grupos de la oposición podrían concertar una moción de censura para elegir a un nuevo presidente (desde el líder de Ciudadanos hasta Rosa Peñalver, al frente de la Asamblea Regional) con el compromiso firmado de que convoque nuevas elecciones para lo que, en principio, habría que esperar seis meses con un Gobierno provisional, una experiencia insólita en una Región como Murcia, donde no es seguro que se produjera una participación por encima de un tercio del censo en una convocatoria extraordinaria, y donde al rescoldo de la nueva Ley Electoral no dejarían de aparecer nuevos partidos, como el soterrado de Alberto Garre, que vendrían a trastocar el estatus.

Por lo demás, ninguno de los partidos con representación parlamentaria está en su mejor momento para enfrentarse a las urnas: el PSOE, sin líder nacional y con el regional cuestionado; Ciudadanos... Ciudadanos está como está; y en cuanto a Podemos, tal vez no sería una buena idea por parte de su líder regional, Urralburu, facilitar al aparato de Iglesias la sustitución en peso de la lista electoral que encabezó en 2015. Y quién sabe si el partido más favorecido en tal caso no sería el PP, victimizado por la inestabilidad política a que daría lugar el ´juego´ de los partidos de la oposición que, incapaces de ponerse de acuerdo, echarían suerte en las urnas como hace una y otra vez la clase política catalana con los resultados conocidos.

En definitiva, la oposición se activará durante esta fase de la encrucijada judicial de PAS, pero éste resistirá a sabiendas de que, por mucho que lo insinúen, los respectivos portavoces no van a conseguir acordar una fórmula consistente para desbancarlo del poder mientras cuente con el respaldo de su partido, cuyos activistas, por cierto, siguen recabando avales estos días para convertirlo en unos días en el nuevo presidente regional de la organización.


(*) Columnista



El fatuo PAS, una marioneta sin futuro político / Vizconde de la Vera Cruz *

Este muchacho del Bajo Guadalentín siempre me pareció un caradura y un enfermo de la estética polìtica fatua porque desde muy pequeño decía que quería ser como Suárez aunque comenzó con mal pié. 

En Granada, donde no terminó en la Universidad estudio alguno (nunca lo ha acreditado documentalmente, ¿miente pues?), fundó una asociación de estudiantes murcianos que terminó en fracaso porque sus integrantes huyeron a otra idéntica en cuanto descubrieron el nivel ¡que nivel Maribel!, del sujeto. Por algo los más ilustrados lumbrerenses le llaman cariñosamente 'El Cebollino' y te certifican que lo único que ha hecho bueno en su vida es pegar un buen 'braguetazo' con la hija de un promotor de Antequera, una magnífica chica andaluza profesora de Infantil.

Como canta mucho en directo -las gentes del PP de la ciudad de Murcia hablan con desprecio en privado sobre el bajo nivel de representación alcanzada por la Región con este charlatán encorbatado, pero bien cebado en su pueblo, básicamente los 'valcarcelistas' convictos y confesos- son muchos los ciudadanos atentos que se preguntan cómo semejante farsante ha llegado a San Esteban y quien le ha despejado el camino desde la más que humilde Puerto Lumbreras, donde la mata da lo que da, que no es mucho desde que se independizó formalmente de Lorca en 1958, con la lógica excepción histórica de aquel alcalde franquista, Juan García Caballero, que dió más que la talla de buen político en la riada catastrófica de 1973.

Yo tengo algunas respuestas porque todo se fraguó precisamente en Lorca donde otros nobles como yo fueron los primeros en hablarme de este 'descubrimiento' del PP en el último agujero del tercermundismo murciano, sin querer ofender a nadie con lo constatable mediante la estadística neutral. De allí ha salido esta prenda, un bocazas, tras años de vender humo y promesas para no cumplir de esta especie de mago amateur de la política, muy localista y pretencioso.

El gran mentor de este pueblerino ejerciente es otro pueblerino de mayor rango con título universitario y oposición clásica: el teniente-coronel auditor del Ejército y actual alcalde de Lorca, Francisco Jódar. Luego otro nota como PAS, el huertanico Ramón Luis Valcárcel, lo probó en la Comunidad Autónoma y tras medirle el hambre lo devolvió a Puerto Lumbreras para foguearlo dentro de sus propios parámetros de moralidad política que este alumno aventajado en la trampa, el trapicheo político y la pillería ramplona pronto interiorizó a la vista de las secuenciales revelaciones, menos mal, del PSOE local, que nunca aceptó un pacto de silencio a cambio de migajas, baratijas y cacahuetes del buhonero de pacotilla. 

La salida natural fue el caso del duplex, el del prescrito 'Pasarela' y el 'caso Auditorio' con el que PAS compra la sucesión del líder en San Esteban, el siempre vacante 'delfinato' y, dentro de pocos días veremos como en el mismo paquete entraba la presidencia regional del PP, una vez que Valcárcel vive tranquilo en su nuevo hogar de Bruselas y ha abandonado la penitencia de la carne trémula y tiene bula por Cuaresma para la otra... porque hasta el rabo todo es toro y, en ocasiones, siempre queda ubre tersa amigo. Por eso está más inspirado políticamente que nunca aunque su nivel siga siendo el que era a la vista de la retórica, huera y hueca, en la redacción de sus propuestas a la Eurocámara tras su paso por el Comité de las Regiones, incluido el rídiculo hecho en la capital de Ucrania al acudir invitado literalmente por bandidos y mafiosos, luego laminados por Estados Unidos por presión alemana y polaca.

No es cierto el argumento de esta marioneta que es PAS (para evitar que otros levanten las alfombras de Valcárcel) de que salió absuelto de otros procedimientos. Otra falacia más de la casa al igual que con las facturas de los inventados pagos por el duplex a un promotor local (nunca las presentó ante el juez que lo dejó escapar y que pronto veremos como se comporta ante este garrulo de nuevo) ahora tampoco aparece el dinero europeo sobre el Auditorio inconcluso pero certificado como acabado sin estarlo, tal como se puede verificar sobre el terreno e hizo el todavía fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal, para convencerse de lo que iban a contarle concienciados ciudadanos. Esta visita y sus derivaciones tal vez le cueste el cargo en las próximas horas por perseguir de oficio varios presuntos delitos de PAS, sin encomendarse más que a su conciencia y deber de hostigar a supuestos facinerosos.

¿Dónde está ese dinero? Ahora dice PAS que lo va a explicar en sede judicial ante el magistrado instructor designado por la Sala pero ya veremos que nueva mentira nos aguarda del rufian político. Porque en el 'caso Púnica' estaba dispuesto a invertir en mejorar reputación por miedo a que el entónces presidente Garre consiguiese meterle al consejero Juan Carlos Ruíz como 'delfín' y Valcárcel no pudiese impedirlo desde fuera por sus malas relaciones con la Cospedal. PAS acudió a su amiga del alma, Pilar Barreiro, para conjurar el peligro con la misma empresa contratada por Ruíz y utilizada por la alcaldesa de Cartagena. ¿A cambio de más dinero público que su rival interno? La Guardia Civil cree que PAS estaba dispuesto a todo por su más que demostrada falta de escrúpulos políticos de tiempo.

Como todo tipo sin oficio conocido y desarrollado, estamos ante una lacra por suerte de político profesional que hará de todo con tal de no tener que abandonar la política en la que se ha acostumbrado a vivir sin capacidad de gestión pública ante su falta de formación - el único diploma que exhibe de un centro privado es de asistencia y pagado- y dispuesto a llevarse por delante a todo el que haga falta para tratar de salvarse él en solitario y seguir residiendo como un rey en La Ladera, en un chalé de lujo, ¿pagado por quién y a cambio de qué?. Buena pregunta para la que indago respuesta ante el silencio hermético de mi amigo interesado en que dure que dure aunque no llegue o no llene.

Ahí está el abandono a su suerte de los funcionarios municipales de Puerto Lumbreras comiéndose el marrón ante la jueza de Lorca en el 'caso Auditorio' o el desgaste político del oscuro ministro Catalá (alto funcionario de la Administración central como TAC que es) por hacerle caso a este chiquilicuatre tan pesado que le ha visitado en su Ministerio de Justicia para pedirle que presione a la Fiscalía y luego fotografiarse con él para alimentar la fatuidad política que le puede por encima de la prudencia porque no ha leido a Maquiavelo ni tampoco lo entendería si es que sabe quien es. La prudencia no es virtud del osado y PAS se caracteriza por ser un metepatas y más que un atrevido al querer torear en plazas de 1ª sin haber pasado de banderillo subalterno de Valcárcel.

O el embarazo en que ha metido al Fiscal General y ex magistrado de lo Penal en el Tribunal Supremo, señor Maza Martín, con tal de encontrar aliados coyunturales que le ayuden a perpetuarse en esos delirios de grandeza que aconsejan darse una vuelta por varios expertos en salud mental para diagnosticar el grado y riesgo de una psicopatía del poder que le lleva a dilatar los tiempos a ver si escampa antes de que descargue la inevitable tormenta.  Lo hizo con el duplex, en Pasarela, en Auditorio y, sin suerte, en Púnica al menos que se la jueguen Catalá y Maza por este jactancioso a petición del PP, que creo no será finalmente el caso visto que este niño se ha meado en la cama del partido.

Aunque mi conspicuo amigo Adrián cree a pié juntillas que PAS se queda en San Esteban por esta vez debido finalmente a la traición de un determinado diputado regional de C's, yo creo que, por el 'principio de Peter', en Madrid le han visto el peligro al tontucio de Murcia y le van a dar una 'salida' con la ayuda inestimable de Ciudadanos y de la plataforma murciana anticorrupción que, si hacen bien su trabajo, generarán rápidamente argumentos incontestables para que Maillo y la Cospedal le convenzan de dimitir sin que Rajoy se manche las manos. 

Génova y La Moncloa no pueden aguantar cientos de personas ante San Esteban todas las semanas pidiendo que se vaya este don nadie de la política murciana por más que sospechoso e impostor. Las penas de telediario se han acumulado estos días y con eso politicamente basta. Pero la que se avecina ahora en cierta prensa madrileña, va ser mucho peor porque presentará aspectos inéditos de PAS para aflojar al PP y enervar por fín a C's para que no se olvide del grano que le ha salido en Murcia y que Miguelón tiene ahora que reventar si no le falla el onubense. Menuda oportunidad para el de Cañada de la Cruz ahora que estaba en trance de liquidación por Rivera.

Otra cosa es el recambio al frente del Gobierno regional. Valcárcel le dice a su pupilo PAS que aguante si puede y, si no puede, que disuelva la Asamblea Regional y convoque elecciones regionales donde imagino-supongo que él ya no encabezaría la lista por ninguna de las cinco circunscripciones debido a su precaria situación ante la Justicia, sin presuponer nada. Se habla de varias posibles alternativas a negociar con C's pero el conjunto de diputados regionales con posibilidades reales de sucederle dentro del GPP no es mayor de cinco y hasta me atrevería a dar algunos nombres que verían hoy bien en Madrid:  el héroe de Chinchilla e ingeniero Juan Guillamón, el magnífico gestor público Domingo Coronado, el arquitecto y más que brillante Víctor Martínez-Carrasco, y un líder de la sociedad civil como es el ingeniero Juan Luis Pedreño Molina. Los demás son algunos muy vulnerables si les roza siquiera la espada jurídica de Diego de Ramón y más de lo mismo con ligeros matices pero muy significados en el entorno de PAS o de Valcárcel, muy pronto a extinguir.

En su Gobierno comienzan a haber críticas a la espalda por la falta de método del presidente, por ser un figurón y la gran importancia que le da al parecer (propaganda) más que al ser (resultados). Al menos dos consejeros brillantes y una consejera muy ambiciosa y ratita sabia están ya deseando marcharse ante la frivolidad y falta de consistencia del personaje, por lo que anhelan en el fondo su caída en desgracia política aunque temporalmente retenga la presidencia del PPRM, que también terminará cediendo, rodeado de niñatos tan irresponsables y mentirosos como él, no sé si más el de Santomera que el de Lorca sin obviar al enfermero imaginario.O al consejero aúlico indocumentado por excelencia, el infumable Mendoza (otro que falsea su currículo sin atreverse a decir que es médico porque no pasó de culturista). Ambos, PAS y Mendoza, son impostores de raza.

Con todo, lo más despreciable es la utilización en provecho propio que PAS está haciendo politicamente del Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca sin empacho alguno y una total falta de respeto por el primer símbolo religioso de la Diócesis de Cartagena. Como buen piernas que ha demostrado de sobra ser, utiliza sin pudor todo lo que se le ocurre para medro personal y sin respeto, tal vez adiestrado desde la UCAM, de la que espera ahora un título universitario, como el diputado regional Cascales, si sigue siendo obediente y hace todo lo que le dicen que haga desde ese chiringuito, más tolerado que bendecido a día de hoy. 

Espero que mis buenos amigos templarios de esta tierra, de un momento a otro, le hagan llegar un aviso discreto a PAS en forma de ultimatum para que se abstenga de volver a pisar la basílica-santuario en busca de más rédito politico enmedio de su propia crisis de credibilidad y decencia como dirigente público. Ahí es donde PAS corre una mayor contingencia por jugar con fuego y creer ser el más listo del lugar. Si persiste, no habrá obispo que lo salve ni Maillo que le acoja. La respuesta a su afrenta sé que será terrible porque no hablamos ni de urralburus ni de tovares sino de caballeros en toda la extensión de la palabra, capaces de procurar su destierro irrevocable fuera de los límites del Priorato.



(*) Pseudónimo de un veterano periodista vinculado a Caravaca de la Cruz desde niño