La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región denuncia a 'Secuoya', nueva concesionaria de '7RM'

MURCIA.- La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM), ha realizado una investigación sobre la empresa CBM-Secuoya, a la que el gobierno regional adjudicó en su día la gestión de la  televisión pública regional TV7. 

APARM ha documentado numerosos incumplimientos legales y numerosas irregularidades en los pagos, y tiene intención de llevar el asunto a los tribunales.

En un comunicado, APARM sostiene lo siguiente:

"La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) ha presentado una denuncia por incumplimiento continuado del contrato y de la ley por parte de la empresa del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media S.L.U. (CBM),  adjudicataria de la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). La denuncia, se ha dirigido al Consejero de Desarrollo económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín (como Órgano de contratación en representación de la CARM), y al Secretario General de la Consejería de Cultura y Portavocía, José Vicente Albaladejo Andreu, a la que está adscrita Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).

En su denuncia, la APARM muestra con datos concretos, mes a mes, como la empresa CBM-Secuoya ha incumplido su oferta y compromisos contractuales de programación de servicio público entre abril y septiembre del año 2015. En total son más de 857 horas (de las que casi el 90% son programas informativos), a las que hay que añadir las horas de las retransmisiones en directo comprometidas de unos 60 eventos socioculturales y deportivos pendientes.

Como se indica en los pliegos de la licitación, además de la sanción por incumplimiento del contrato, «no podrán compensarse las horas no realizadas al final de cada ejercicio anual», éstas deberán descontarse como no ejecutadas en plazo en el año 2015, durante la liquidación anual. Así que se le deben descontar a CBM-Secuoya unos 2,2 millones de euros en las facturas que presente en el año 2016.

Trampas para aumentar el número de horas

La denuncia también explica como CBM-Secuoya alarga en falso la duración de los informativos: repiten noticias hasta cuatro veces en un mismo informativo (mediodía y tarde/noche). En términos de tiempo supone una media de unos 15 minutos de noticias repetidas en cada informativo. Así, se contabilizan como originales unas 15 horas más cada mes que no se han producido. Los informativos de la mañana duran en realidad unos 30 minutos y a continuación los repiten íntegramente otra vez, falseando su duración hasta los 60 minutos comprometidos por CBM-Secuoya en su oferta. Con estas y otras trampas, se contabilizan como originales unas horas que la empresa CBM-Secuoya nunca ha producido. Así, sólo en el mes de septiembre consiguen unas 54 horas.

«Por otra parte –dice la denuncia–, los informativos de medianoche y los de la mañana se nota que han sido grabados previamente la noche anterior (21–22:00), con lo que desaparece la inmediatez y actualidad de las noticias, ya que no recogen los acontecimientos relevantes que hayan ocurrido durante todo ese tiempo. Esto significa un nuevo incumplimiento de la oferta de CBM-Secuoya».

«Pagar a CBM-Secuoya horas de programación de servicio público no realizadas, o bien horas realizadas mediante el engaño de repetir varias veces los mismos fragmentos para aumentar la duración de un programa, es un posible fraude con un carácter presuntamente delictivo, por los daños que causa al arcas públicas y al interés social», advierte la denuncia.

CBM-Secuoya incumple la ley al impedir derecho de accesibilidad 
de los discapacitados y se ahorra más de 750.000 euros

La APARM denuncia también a CBM-Secuoya por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) continuadamente, durante nueve meses, desde el inicio de la gestión indirecta de la televisión autonómica pública 7RM en el mes de abril hasta diciembre de 2015, al no garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual o auditiva a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual: subtitulación del 90% de los programas, 10 horas semanales de interpretación con lengua de signos y otras 10 horas de audiodescripción.

En la denuncia se indica que la infracción de la LGCA «ha reportado un claro beneficio económico para CBM-Secuoya, superior a los 750.000 euros, derivado del gasto no realizado» durante los nueve meses, para garantizar el derecho de accesibilidad. Por reincidencia en la infracción, la APARM pide la aplicación del artículo 60.1 de la LGCA y que se sancione a dicha empresa por infracción muy grave «con multa de 500.001 hasta 1.000.000 de euros».

A pesar de que la Administración de la CARM y el Responsable del Contrato (RC), conocían el incumplimiento de la Ley por los informes de RTRM, según la denuncia, «hacen dejación clara y consciente de sus funciones, al permitir a la empresa CBM-Secuoya esta vulneración continuada durante nueve meses de los deberes de accesibilidad previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8 y en la Disposición transitoria quinta de la LGCA».  El artículo 56 de la LGCA dice que «las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias de supervisión, control y protección activa para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, la potestad sancionadora en relación con los servicios de comunicación audiovisual».

Responsabilidad de la Administración y 
recusación del responsable del contrato

La denuncia acusa a la Administración de la CARM de tolerar todos los incumplimientos de CBM-Secuoya, favoreciendo los interés privados y perjudicando a las arcas públicas y al interés general. «Si tenemos en cuenta los perjuicios causados a consecuencia del elevado número de incumplimientos contractuales y legales realizados por CBM-Secuoya y señalados en esta denuncia, hay que preguntarse cuál es el motivo para que el Órgano de contratación y el Responsable del Contrato, no hayan hecho absolutamente nada para cumplir con su obligación y defender el interés público, incurriendo en un posible fraude con un carácter presuntamente delictivo», dice la APARM.

La APARM pide la recusación del RC, Jesús Castaño López, por tolerar todos los hechos denunciados: «dado que el actual Responsable del Contrato es parte implicada en la presente denuncia, consideramos que no debe participar, como juez y parte, en el procedimiento de tramitación de la misma, ya que es obvio que no se va a denunciar a sí mismo por dejación de funciones».

Y añade: «También conviene señalar que el hecho de que haya existido una permanente dejación de funciones por parte de la Administración y el Responsable del Contrato, hasta el punto de no iniciar ni un solo procedimiento de imposición de penalidades a la empresa CBM-Secuoya por sus numerosos incumplimientos contractuales, no exime de responsabilidad a dicha empresa». Ya que, como establecen los pliegos de la licitación: «La realización de las prestaciones objeto de este contrato se realizará por el concesionario a su riesgo y ventura no pudiendo operar ninguna reducción o limitación de las mismas por cualquier acontecimiento que limite o impida, total o parcialmente, su ejecución». Además, la gestión indirecta de la televisión pública por dicha empresa, incluye «la responsabilidad legal sobre todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de las obligaciones del servicio público televisivo» Por tanto, CBM-Secuoya debe ser sancionada por todos los incumplimientos contractuales".

'Ahora Murcia': "PP y Cs defienden el agua más cara de España"

MURCIA.- Ahora Murcia lamenta que PP y Ciudadanos se hayan aliado hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para defender el agua más cara de España, que es la que actualmente pagamos en el municipio. Ambas formaciones han aprobado una moción alternativa a la de Ahora Murcia, que contemplaba sustituir los actuales precios del servicio de agua potable por una tasa. 

El edil Luis Bermejo explica que la propuesta de Ahora Murcia "buscaba ajustarse a la legalidad, conseguir un mayor control público sobre el abastecimiento, lograr una reducción en las facturas de los ciudadanos y evitar los cortes de agua por falta de pago".

Bermejo lamenta que "PP y Ciudadanos se hayan unido para defender los intereses de Hidrogea (la parte privada de la empresa Emuasa), manteniendo las cosas como están actualmente, con el agua más cara de España". 

Para el concejal, "el PP lo que busca es dilatar lo máximo posible el momento de aplicar las sentencias del Tribunal Supremo. Argumentan que necesitan más tiempo para estar más informados, cuando la moción que hemos presentado no supone ningún límite temporal, por lo que no es una justificación válida. Lo que proponíamos era poner en marcha el procedimiento para que los precios pasen a ser una tasa".

Respecto a Ciudadanos, Bermejo considera que "no tienen ninguna intención de que haya tasa, ya que defienden un modelo de empresa privada en el que el acceso al agua sea a través de precio, y por tanto, dependiendo de la capacidad económica de las personas". 

"En definitiva", señala el edil, "PP y Ciudadanos están más preocupados por mantener el 'statu quo' con la parte privada de Emuasa que por garantizar el acceso al servicio de agua en las mejores condiciones para los ciudadanos ".

El concejal explica que la importancia de las sentencias del Tribunal Supremo y de la moción de Ahora Murcia consisten en que "reconocen que el servicio de agua es un derecho y que es universal, y la forma de asumir estos principios es que las administraciones públicas apliquen tasa. Los precios suponen una libertad en su fijación y la posibilidad de privatización del servicio".

El Ayuntamiento de Murcia rebaja impuestos a Cáritas

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento ha  aprobado la bonificación del 95 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras  para la construcción de una Escuela de Hostelería promovida por Cáritas Diócesis de Cartagena, situada en el Convento de las Agustinas en Murcia.

Además, el Ayuntamiento también ha aprobado el mismo porcentaje de bonificación, 95 por ciento, destinado a obras de la Asociación para personas con síndrome de Down (ASSIDO), para mejorar la eficiencia energética del taller del centro ocupacional de Casillas.

La pequeña gran coalición / Ramón Cotarelo *

Cumpliendo con su deber de minucioso analista, Palinuro se tragó ayer los 66 folios del acaramelado pacto entre el PSOE y C's. Con un sentimiento creciente de futilidad porque Pacto para un gobierno de cambio y progreso creo que lo llama Pedro Sánchez, que cada vez se parece más a Roberto Alcázar y Rivera se parece a Pedrín, los dos héroes de los cómics fachas de la postguerra. Como lo podía llamar Reprimudio porque no tiene la menor posibilidad de servir de base a gobierno alguno. Y como no sirve para nada y tiene exactamente hasta el próximo 6 de marzo de vida, los autores no se han esforzado mucho. 

esas ristras de palabras vacías y expresiones convencionales, mil veces leídas en programas y folletos, no solamente no quieren decir nada sino que no sirven para nada.

Ni mucho ni poco: nada. Es sorprendente por desmesurada la reacción que ha provocado cuando es un texto tan plano y vacío como las cabezas de sus autores en donde lo más importante no es lo que se dice (que no se dice nada) sino lo que no se dice. Porque lo que queda claro tras leerlo es que adiós a la abolición de las reformas laborales; adiós a la abolición de la LOMCE; adiós a la de la Ley Mordaza. Es lo de siempre con estos seudoliberales y seudoprogresistas españoles: la derecha comete un abuso, una demasía, una canallada a lo bestia, de un solo golpe, y luego llegan los progres y le liman las uñas porque no se atreven a abolirla. Forma parte de la histórica desgracia de este pobre país.

Este pacto es una bobada hecha con palabrería de vendedor de parcelas urbanizables porque los autores saben que en primera y segunda votación de investidura, PP, Podemos, los catalanistas y el resto de fuerzas políticas (más de 200 escaños) votarán que "no" (y harán muy bien) y ahí se habrá acabado la corta vida del pacto. Por supuesto, en estos días se oirán muchas voces dispuestas a defender lo que haga su partido, aunque sea el hara-kiri. Muchos hablarán de la pinza PP-Podemos que votarán juntos. Y así será. Y pinza será. De hecho, Anguita, el inventor de la primera, estaba ayer resplandeciente detrás de Garzón, como padre putativo de la criatura. Solo que, esta vez, el voto conjunto en contra del PP y Podemos no es pinza sino respuesta adecuada al intento de estos dos meritorios de hacerse notar como sea, incluso a base de engañar a la gente.

En realidad la única finalidad de este intercambio de cromos es poner en marcha el reloj de las elecciones, hasta la fecha parado por la curiosa laguna legal encontrada en el procedimiento del art. 99 CE respecto a los plazos. Cuando Sánchez haya recibido el primer "no" el dos de marzo y el segundo "no" 48 horas después, el 6 de marzo comenzarán en serio las negociaciones, para las que los diputados tienen dos meses, antes de que, si tampoco hay nombramiento, el dos de mayo queden disueltas las Cortes y convocadas nuevas elecciones automáticamente, que se celebrarán en junio.

Es decir, ya estamos como los catalanes después de las elecciones del 27 de septiembre. Hablando de los catalanes debe observarse que en lo único en que este remedo de pacto es taxativo, rotundo y sin fisuras es en negar toda posibilidad de referéndum catalán. Casi parece un pacto anticatalán. Y algo de eso tiene porque es resultado de dos fervorosos nacionalistas españoles: Rivera, hijo espiritual de José Antonio Primo de Rivera, y Sánchez, hijo espiritual de Alfredo Pérez Rubalcaba.

En esos dos meses puede pasar de todo. Entre otras cosas, que el Parlamento recupere algo de su perdida dignidad y tome sobre sí la tarea de buscar un candidato que reúna los apoyos necesarios y que esa tarea recaiga sobre el presidente de la Cámara, López, que tendrá que trabajarse el sueldo. El PP puede seguir proponiendo a Rajoy o a lo mejor prefiere cambiar, pudiendo elegir no solo entre sus diputados sino entre personas que no lo sean. Y lo mismo los demás, incluido el PSOE. Pudiera ser que este deseo de ser útil a la mecánica de la investidura, acabe costándole el cargo a Sánchez si sus propios compañeros lo consideran caballo perdedor, como lo es el Sobresueldos.

Incluso podría encontrarse un candidato de consenso para un gobierno de izquierda con PSOE, Podemos, IU, Compromís, como Palinuro lleva meses proponiendo. En todo caso, abriría un periodo nuevo en que el debate podría salir a la calle y no quedar reducido a los cenáculos en donde los políticos profesionales hacen sus chanchullos.

Ese gobierno de izquierda requeriría un replanteamiento realista de la cuestión catalana. Es absurdo que el PSOE se cierre en una posición autoritaria de carácter reaccionario (PP) o neofalangista (C's), en lugar de abrirse a nuevas formas de enfocar el sempiterno problema de España. Porque no debe caber duda a nadie: el problema de España es Cataluña y Cataluña es quien viene condicionando la política española de los últimos tiempos como, en realidad, es la que explica en buena parte ese pacto efímero entre PSOE y C's. En ese nuevo enfoque habrían de estar los independentistas catalanes. Para Palinuro, lo razonable sería convocar ese referéndum que países democráticos y civilizados como el Canadá y Gran Bretaña han convocado, en lugar de oponerse a él por pura imposición autoritaria con claras reminiscencias fascistas.

También se abre la posibilidad de una gobierno de gran coalición, sobre todo si no es presidido por Rajoy. Posibilidades aritméticas hay más que del gobierno de izquierdas, aunque ideológicas debieran ser menos.  Las grandes coaliciones no son infrecuentes en Centroeuropa. Ahora mismo hay una en Alemania y no parece que sean desastrosas. En el caso de España, sin embargo, resultan más problemáticas porque la derecha española no es democrática como sí lo son las derechas europeas, incluida, por supuesto, la alemana. La razón es muy simple: las derechas europeas se ganaron los laureles democráticos luchando contra el fascismo en los campos de batalla. La derecha española es la heredera del fascismo triunfante. Solo por eso es de higiene democrática no pactar con esa derecha nacionalcatólica, cavernícola, autoritaria, antipopular y corrupta.

Dos meses dan para mucho y las combinaciones posibles son muy diversas. A lo mejor en dos meses las izquierdas españolas superan su incompetencia y consiguen gestionar la victoria que obtuvieron el 20 de diciembre y alumbran un gobierno que sea de verdad de cambio y progreso y no ese placebo que firmaron ayer los dos políticos del quiero y no puedo.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Jueves con portadas y grandes titulares para la firma de un acuerdo PSOE-C's de 66 páginas que puede ir a ninguna parte pero que alivia a unos, cabrea a otros y en todo caso mueve ficha tras 67 días de atasco. Pero la Comisión Europea no se inumta y exige que con nuevo o sin nuevo Gobierno, España debe presentar en abril su plan de reformas.

20-D+67

El Mundo: El PP pasa al ataque contra C’s: ‘Su pacto es un fraude’; Rajoy trata de recuperar la iniciativa política tras la firma del pacto entre Ciudadanos y PSOE; los barones del PSOE se oponen a suprimir las Diputaciones (Marisol Hernández y Álvaro Carvajal). Otro titular: Ocho negociadores muy indignados: Podemos optó por no acudir a la reunión con los negociadores del PSOE. El País: PP y Podemos harán naufragar el pacto entre Sánchez y Rivera: Rajoy considera el acuerdo ‘un brindis al sol que no va a servir para nada’; Errejón advierte de que la elección de los socialistas es ‘incompatible con Podemos’ (A. Díez, J.J. Mateo, F. Manetto y J. Casqueiro). Otro titular: Encuesta de Metroscopia: Una gran mayoría quiere que el PP se renueve (Rafa de Miguel).

El Confidencial: Iglesias inicia una carrera con tintes de campaña para hacer girar al PSOE (Iván Gil). Otro titular: Podemos rompe la baraja y no volverá a negociar hasta que Sánchez se estrelle (Iván Gil y E.P.H.). La Vanguardia: Podemos rompe con el PSOE por el pacto Sánchez-Rivera: Iglesias y Rajoy rechazan sumarse al tándem, ni siquiera con una abstención; los partidos de izquierda se levantan de la mesa de negociación por ahora. Otro titular: El acuerdo niega cualquier referéndum en Catalunya; los dos partidos plantean una reforma territorial de mínimos. El Economista: PSOE y C’s congelarán el IRPF y suavizarán la reforma laboral: reducen a la mitad, 7.000 millones, la renta mínima vita y el complemento salarial.

ABC: Los cuatro candidatos usan el pacto PSOE-C’s con vistas al 26-J. Otro titular: La diputada de Podemos Victoria Rosell increpa a un empleado de Aena por no darle tratamiento VIP; según un parte interno, se mostró 'soberbia' y se dirigió al empleado 'de muy malos modos’. El Periódico: El pacto de PSOE y C’s aleja a Iglesias de Sánchez (Juan Ruiz Sierra y Gemma Robles). Otro titular: El acuerdo, una enmienda a la era Rajoy. Otro titular: Podemos se prepara ya para una negociación ‘a la catalana’: del 5 de marzo y el 3 de mayo, día en que expira el plazo, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones, son 59 días de plazo que en Podemos han venido a denominar “el segundo tiempo” y que aspira a exprimir como sucedió en Catalunya, donde el acuerdo para investir al 'president' se cerró a última hora (Iolanda Mármol).

El Español: La pinza entre PP y Podemos bloquea el Pacto de 'El Abrazo': Sánchez y Rivera mantendrán su alianza después de la investidura; Podemos y PP se mantienen inamovibles en el No (Daniel Basteiro). Otro titular: El PP, más cerca de la abstención que Podemos (Ana I. Gracia y Alberto Lardiés). Periodista Digital: El coro de podemitas decepcionados: Podemos rompe la baraja con el PSOE; Íñigo Errejón asegura que no aceptan el acuerdo de Sánchez con Ciudadanos: 'Por el momento, el PSOE parece haber elegido y esa elección no es compatible con Podemos' (Luis Balcarce). Otro titular: Esta es la simpleza que el PSOE preguntará a la despistada militancia socialista: '¿Respaldas estos acuerdos para un Gobierno progresista y reformista?'.

Expansión: Podemos aboca a Sánchez a una investidura fallida. Semanal Digital: La jugada con más riesgo de Albert Rivera deja descolocados al PP y Podemos: es difícil saber si es Sánchez quien se ha aprovechado del líder de C´s o viceversa, como también lo es vaticinar si este pacto es el que quieren sus votantes, mayoritariamente de centro derecha. (Ana Isable Martín). Confidencial Digital: El arma secreta de PSOE y C’s para saltarse un bloqueo del PP en el Senado: el artículo 92.1; la Constitución establece que el Gobierno podrá convocar un referéndum para 'decisiones políticas de especial trascendencia' con el visto bueno sólo del Congreso. InfoLibre: La apuesta del PSOE por Ciudadanos lleva a Podemos a dejar la negociación con Sánchez (Daniel Ríos).

Libertad Digital: Rivera deja claro que prefiere investir a Sánchez con el apoyo del PP (Mariano Alonso). Otro titular: Las medidas económicas del pacto PSOE-Ciudadanos: reducen a sólo dos las modalidades de contratación, con un esquema parecido en la práctica al contrato único defendido por Garicano (Domingo Soriano).Otro titular: Sánchez espera convencer a Podemos pactando con IU ‘en pocos días’ (Ketty Garat). Otro titular: Podemos rompe ‘de momento’ las negociaciones con el PSOE (Míriam Muro). Cuarto Poder: La izquierda rompe con el PSOE tras el acuerdo alcanzado entre Sánchez y C’s: Errejón: 'Pedro Sánchez ha frustrado una oportunidad histórica con la que se habían ilusionado millones de españoles' (Miguel Muñoz).

Vozpopuli: PSOE-C's fían su plan de emergencia al 'tijeretazo' de 5.000 M. a las diputaciones (Segundo Sanz). Eldiario: IU y Compromís abandonan la negociación y dejan al PSOE sin apoyos en la izquierda: las fuerzas de izquierdas suspenden las conversaciones al no ver posible un pacto progresista después de que Podemos paralizara la negociación. El abandono de las conversaciones tras la ruptura de Pablo Iglesias con el PSOE complican a Pedro Sánchez su estrategia de desgaste contra Podemos (Irene Castro).

ECONOMÍA

El País: Bruselas pedirá más reformas a España para extender el plazo del déficit: la Comisión Europea aninciará un mayor control de los gastos (Claudi Pérez y Lucía Abellán). Cinco Días: La CNMV remienda el indicador de riesgo de Economía al añadir más alertas (P.M. Simón). El Confidencial: El fondo de las pensiones quedará a cero en 2018, según la Autoridad Fiscal (Carlos Sánchez). Vozpopuli: Nuevo disparate de Soria con la TDT: habrá que mover 150 canales en 2020 (Rubén Arranz). Otro titular: Alarma en la CNMV: necesita aumentar su plantilla en 200 efectivos para luchar contra el fraude (Alberto Ortín). ABC: El Tribunal de Cuentas reclama 63 millones de euros a casi 400 gestores públicos.

EMPRESAS

Cinco Días: Superapuesta Iberdrola: el grupo prevé invertir 24.000 millones de euros hasta 2020; el 60% del programa se orienta a nuevos proyectos de crecimiento; se compromete a repartir del 65% al 75% de su beneficio en dividendos. Otro titular: La incertidumbre política enciende las alarmas entre las constructoras U J.F. Magariño). Otro titular: Contrato para Thales: Adif ha adjudicado a Thales España un contrato de 61,5 millones para el mantenimiento de las líneas de AVE Madrid-Sevilla, el ramal La Sagra-Toledo y Córdoba-Málaga. El Economista: Iberdrola planea subir el dividendo un 6% anual, en línea con el beneficio: invertirá 24.000 millones hasta 2020. Otro titular: El G-7 retrasa el rescate y Abengoa se enfrenta al impago de las nóminas (Rubén Esteller y Javer Mesones).

Expansión: Repsol planea vender el 10% de Gas Natural. Otro titular: MásMóvil y Zegona compiten por la compra de Yoigo. El Confidencial: El Corte Inglés negocia un plan para que otros 1.200 empleados se prejubilen con hasta 58 años (Marina Valero). El Mundo: Fitch y S&P: el riesgo político amenaza el negocio de las eléctricas en España (Daniel Viaña). Capital Madrid: Galán endosa la fusión entre Gamesa y Siemens aunque descarta desinversiones: Iberdrola mejora un 4,1% su beneficio neto hasta los 2.421 millones en 2015, y aumenta el dividendo un 4% hasta los 0,28 euros por acción con cargo al ejercicio.

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Escotet saca pecho al situar a Abanca como comprador en España o en el extranjero (José Luis Marco). El Economista: BBVA y el Santander tumban al Ibex por su exposición a emergentes: el indicador cede el 3,07%, hasta 8.013,7. Otro titular: La CNMV critica al Supremo por obligar a Bankia a devolver el dinero: Rodríguez no comparte ‘el criterio contable’. Otro titular: Rato intentó que su comisionista cobrara de Caixa y Santander: Otro titular: Barcoj desmiente a Blesa por los sobresueldos en Caja Madrid. El País: El supervisor bancario no exigirá niveles de capital en el test de estrés: la EBA tampoco establecerá suspensos o aprobados entre las 53 entidades que se someterán a este examen (Íñigo de Barrón). El Confidencial: El Supremo obliga a la banca a devolver millones sepultados en promociones fallidas (Rafael Méndez).

OTRO TITULARES DESTACADOS

OKdiario: El organizador del Mobile World Congress quiere irse de Barcelona harto de los desprecios de Colau (Antonio José Chinchetru). Otro titular: Carmena se carga la Semana Santa que pasa a ser ‘Semana de Festividades’. El País: La UCO busca su el PP valenciano blanqueó su caja B con lingotes de oro (Ignacio Zafra). Otro titular: La RAE, contra la desidia oficial en las celebraiones por el Año Cervantes (J. R,. Mantilla). El Mundo: Kichi boicotea un premio a los presos venezolanos. Otro titular: Cinco bandas de okupas controlan más de mil pisos en Madrid (Luis F. Durán). Otro titular: Los chollos de la Junta: 18 meses cobrando sin trabajar y colado en el ERE.

ABC: La corrupción en la Junta andaluza: 584 imputados y 4.316 millones bajo sospecha; una treintena de juzgados investigan el manejo ilegal de fondos públicos. El Plural: La fortuna oculta del Clan Pujol podría ascender a más de 3.000 millones en el extranjero: mientras la lupa estaba puesta en Andorra, el primogénito de Jordi Pujol se llevó el grueso de la fortuna familiar a Panamá y Belice (Miquel Giménez). Economía Digital: Andorra investiga al ex presidente del fútbol brasileño por el escándalo de la FIFA: Ricardo Teixeira obtuvo la residencia pasiva en Andorra en 2012, pero un año después no se la renovaron (Josep Maria Casas. El Confidencial: La dermatóloga 'culpable' de López Madrid pide que actúe la Guardia Civil (Roberto R. Ballesteros).

OPINIONES

Pedro Sánchez en El País: ‘Un acuerdo de reformas para el progreso: el acuerdo alcanzado por el PSOE y Ciudadanos no se puede entender desde la lógica de la resta, sino de la suma; se ha tratado de buscar todo aquello que nos une a las diferentes fuerzas políticas que estamos en el Parlamento’. Editorial en el mismo diario: ‘Embrión de pacto: PSOE y Ciudadanos tienen un (modesto) proyecto; no todas las fuerzas con posibilidad de gobernar pueden decir lo mismo’. Joaquín Prieto en el mismo diario: ‘Cuidado con los idus de marzo: las reaccioines de las formaciones de Rajoy e Iglesias al pacto anuncian un resultado funesto para la investidura de Sánchez’. Editorial en El Español: ‘El pacto que refunda el centro político’.

Editorial en El Mundo: ‘Sánchez y Rivera ocupan el centro y dejan al PP en difícil posición’. Casimiro García-Abadillo en el mismo diario: ‘Tormenta de piedras sobre Sánchez y Rivera: las descalificaciones lanzadas desde el PP y Podemos contra el acuerdo firmado por Sánchez y Rivera son su mejor aval’. Editorial en Cinco Días: ‘Un programa para empezar a hablar: el acuerdo de Gobierno presentado por PSOE y C’s constituye antes que nada une jercicio de responsabilidad política. Carlos Fonseca en Vozpopuli: ‘Pablo Iglesias ya se plantea ser candidato a la Presidencia’. Federico Castaño en el mismo medio: ‘Angustia en el PSOE: la sobreactuación de Sánchez en el pacto con C’s liquida su investidura’. Jesús Cacho en el mismo medio: ‘¿Podría la Barcelona de Colau organizar unos JJOO? La Barcelona de hoy sería incapaz de organizar unos JJOO por ausencia de talento y vocación de trascendencia’.

Manel Manchón en Economía Digital: ‘Con Rajoy hasta la derrota final: el centro que trató de impulsar Adolfo Suárez, con el CDS, tras el desplome de la UCD, renace en España, pero con tres fuerzas políticas, después de que Podemos se haya apartado de las negociaciones, aunque como medida teatral, sabiendo que no le interesa una nueva convocatoria electoral’. Ramon Vilaró en Capital Madrid: ‘Política, huelga y Mobile World Congress: Cristina Cifuentes ya ha ofrecido el recinto ferial madrileño, IFEMA, si los organizadores de WMC deciden cambiar; como si en Madrid estén a salvo de huelgas de transportes’. Moisés Romero en La Carta de la Bolsa: 'Las valoraciones de la Bolsa española ofrecen una oportunidad histórica de compra ¿Y el miedo?...'.

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El abogado Núñez pone en manos del juez del nº 9 pruebas concluyentes y definitivas sobre las actuaciones en Corvera y Escombreras por la trama de Valcárcel

MURCIA.- El abogado gallego Manuel Núñez ha puesto hoy en manos del juez titular nº 9 de los de Murcia un escrito de ampliación de querella con documentos además de pruebas concluyentes y definitivas sobre las actuaciones en Corvera y Escombreras por parte de los gobiernos autónomos de la Región en la época de Ramón Luis Valcárcel. Y, finalmente, le suplica "que teniendo en cuenta lo manifestado y las pruebas documentales aportadas, por el señor Instructor se proceda con la inmediatez debida al impulso de las Diligencias mediante el acuerdo de las prácticas de todas las diligencias solicitadas y acotadas para una mayor economía procesal".

"Después de los meses transcurridos, casi cuatro, y siendo evidente la inacción judicial y fiscal en las citadas Diligencias, entiende esta Parte que puede resultar a simple vista que va a instruirse una gran causa, que puede llevar años en dicha tarea procesal, aunque, como es notorio, con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal queda tasado el tiempo, dieciocho meses en concreto, y parece que en este corto espacio de tiempo no se puede dirimir esta Instrucción.

Esta Parte, después de ímprobo trabajo de investigación, acumulación y recopilación de documentos, y pruebas varias, a fin de hacer efectiva la Instrucción y poder dentro del límite legal llevar a cabo todas aquellas Diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la nítida calificación penal de los mismos, así como la identificación de todas aquellas personas que en grado de autoría o colaboración necesaria han sido sujetos activos en la comisión de los delitos denunciados, eleva a ese Juzgado en base a lo manifestado las siguientes:

Consideraciones

Presupuestos de los que partimos:

a- Manifestábamos que se había creado una trama piramidal de corrupción política, que ha significado sobre novecientos millones de euros de fondos públicos malversados, y cuyos destinatarios habían sido los componentes de esa trama piramidal corrupta política y los que colaboraron para que esa trama fuera efectiva.

b- Que esta Parte no acuña como propia esa denominación, aunque la hace suya en toda su extensión; es el Fiscal, Don Pablo Lozano, el que en Auto 3 de marzo de 2015 del TSJM da tal denominación, trama piramidal; denominación quién también hace suya el entonces magistrado ponente en dicho Auto, el señor Abadía Vicente, y se hablaba de un núcleo duro que componía dicha trama refiriéndose a los Consejeros de Presidencia, de Medio Ambiente, de Fomento, de Hacienda, de Ordenación del Territorio y con el Presidente Valcárcel a la cabeza.

c- Decíamos que esta trama corrupta a partir del 2003 pretendió un cambio de ciclo económico en la Región cambiando la Agricultura que era la industria principal de la Región por el desarrollo urbanístico voraz y a gran escala; de hecho pretendía hacerse de la Región lo que se denominaba por su parte la “California europea”.

d- Para sustentar y como base de esa trama, se acometieron, entre otras, dos grandes infraestructuras que fueron DESALADORA DE ESCOMBRERAS Y AEROPUERTO DE CORVERA, de aquí traen causa todos los delitos que se han cometido y derivados de los hechos de creación y desarrollo de esas dos infraestructuras; trataremos de determinar en cada una de ellas hechos puntuales y determinantes donde tienen apoyo la acusación de malversación de unos novecientos millones de euros procedentes de dinero público, cuyos fundamentos vamos a determinar para ser concisos en un análisis riguroso de la construcción de ambas infraestructuras, a saber:

Desaladora de Escombreras:

El sustento de la comisión de los Delitos está recogido en el informe del Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 24 de junio de 2015, que desarrollan el iter criminal seguido por el Gobierno de la CCAA da al efecto, pertenecientes al grupo ACS, que fue el instrumento del que se prevalió la trama para que sólo de esta infraestructura se dilapiden fondos públicos por seiscientos millones de euros y significaremos hechos concretos que llevaron a ello.

1º- La creación por la Ley 4/2005 de 14 de julio del EPA (Ente Público del Agua)

2º- Los contratos realizados el 17 de febrero de 2006 por Desaladora de Escombreras S.A, ya participada mayoritariamente por HIDRONOSTRUM, empresa del EPA, alguno de ellos auténticamente leonino, como el llevado a cabo por HYDRO MANAGEMENT S.L el 26 de enero de 2006 (empresa del grupo ACS) y Desaladora de Escombreras S.A (también del grupo ACS) y constituida el día anterior a la firma de este documento. 

Este contrato es lo que denominaríamos el quid de la cuestión; por él Desaladora de Escombreras S.A estará obligada a satisfacer el importe íntegro de las rentas del alquiler durante el número de meses que restaran hasta la finalización del contrato de arrendamiento que tenía un periodo de veinticinco años y que contemplaba la modalidad “take or pay”, tremendamente leonina y que se emplea casiexclusivamente en el comercio del gas, ya que se trata de unmodelo de contrato de compra y venta en el que el comprador queda obligado a pagar por la encomienda que hace, consumiendo o no el producto; el contrato exige siempre que se cumpla el pago, independientemente de haber existido consumo.

3º- De acuerdo a lo manifestado en el punto anterior y como resultado del mismo, nos encontramos que, tan pronto Desaladora de Escombreras S.A pasa a ser de la CCAA de Murcia, se produce la reclamación judicial de este contrato mediante demanda interpuesta por HYDRO MANAGEMENT S.L (empresa grupo ACS) y que entendió de la misma el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia bajo el número 446/2013; en esos Autos se reclamaban los “famosos” seiscientos millones de euros.

4º- El 5 de abril de 2006, el Banco Español de Crédito S.A comunica al EPA que tiene prevista toda la financiación necesaria para ejecutar las obras de construcción y puesta en marcha de la planta desaladora que iba a llevar a cabo la mercantil Desaladora de Escombreras S.A, perteneciente ya al Gobierno Autónomo, puesto que había sido comprada por HIDRONOSTRUM, empresa cien por cien del EPA.

El 6 de abril de 2006, el EPA contesta al Banco Español de Crédito, raudo y veloz, veinticuatro horas después de ser requerido, cosa inédita e inusual en este tipo de trámites y máxime por la enjundia económica que ello conllevaba; contesta diciéndole que “asumía como propias todas las obligaciones de pago derivadas del cumplimiento o terminación del contrato de alquiler que había suscrito Desaladora de Escombreras, por lo que, si esta no efectuase los desembolsos o aportaciones pactadas, el EPA se compromete a poner los medios oportunos para que Desaladora de Escombreras S.A pueda atender a su vencimiento la totalidad de las obligaciones de pago con HYDRO MANAGEMENT, como consecuencia del contrato de alquiler”, aquí se consuma la malversación de los fondos públicos de forma nítida e incontestable y es clamoroso que la Fiscalía Anticorrupción, teniendo conocimiento de ello, siga mareando la perdiz, teniendo que haber actuado de oficio hace meses y con medidas muy contundentes por la cantidad de dinero público expoliado.

5º- Evidentemente el Gobierno Valcárcel y siguientes, con su núcleo duro aquellos a los que nos hemos referido, facilitaron y promovieron este expolio en total connivencia con el grupo ACS, de lo cual sedesprende que han sido ellos los beneficiarios de este expolio sin lugar a dudas ni sin lugar a pérdidas de tiempo y con una instrucción sin fin, solo hace falta que el Órgano Judicial y la Fiscalía cumplan con la legalidad procesal penal sin interferencias políticas de ningún tipo.

Queremos traer a colación las declaraciones del Juez Decano de Guadalajara, don Jesús Villegas, en declaraciones a la revista Papel de Unidad Editorial de Revistas del sábado 21 de febrero del presente año donde habla de las presiones políticas a los jueces y su libro “El Poder Amordazado” (edit, Península) se muestran claves del posible temor de esta parte con esta Instrucción.

6º- Como trabajo didáctico para el Instructor, y ya lo hemos aportado a la querella, está el trabajo del Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Francisco Bellod Redondo, quién evidentemente hace un estudio económico y jurídico de todo este affaire que él denomina “Asociación público-privada: El caso de la Desaladora de Escombreras” en donde hace un seguimiento, estudio y conclusiones del expolio efectuado.

7º- Que evidentemente no sólo fue la Asesoría Jurídica sino la Intervención General y el Tribunal de Cuentas quienes han denunciado estas gravísimas irregularidades, por tanto están muy aquilatadas las pruebas documentales que hemos mencionado y no lleva esto tantas dificultades procesales para una instrucción rápida y coherente.

8º- Decir por último que la Desaladora se construye en un claro acto de prevaricación, para evitar a la CHS que es la fiscalizadora de los recursos hídricos y con ella, y ateniéndose al artículo 25 de la Ley de Aguas apartado 4, que es de obligado cumplimiento para el territorio nacional, no hubiera sido posible llevar a cabo; queremos recordar aquí las manifestaciones del entonces presidente de la CHS, señor Fuentes Zorita, el 26 de abril de 2007 y que constan en la querella, manifestando que la construcción de la Desaladora no “tiene soporte legal alguno” y que “era un intento del Gobierno autonómico de sortear los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para nuevas urbanizaciones”, manifiesta que es “sorprendente que una Consejería que se llama de Agricultura haga la planta para urbanizaciones”.

Aeropuerto de Corvera:

Es un plagio, en cuanto a las actuaciones, de Desaladora, en lo concerniente a los mecanismos empleados tendentes siempre a que al final la iniciativa privada, que es la encargada de estos macroproyectos, se lleve el dinero público en detrimento de las arcas públicas; ello lo reflejamos en los siguientes apartados:

1º- El 18 de marzo de 2004 se declara por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia como Actuación de Interés Regional la construcción del mentado aeropuerto, creado sobre bases utópicas e irreales, usándose a la auditora Deloitte para que justificara mediante un presunto estudio económico y de viabilidad dicha construcción, cosa que realmente es difícil de entender cuando a escasos kilómetros hay un aeropuerto competitivo que cubre las necesidades y en el que el Gobierno Central está invirtiendo grandes cantidades tanto en mantenimiento como desarrollo; éste aeropuerto ubicado en San Javier daba cumplida respuesta  las necesidades reales de la Región.

Ya el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Económica Europea en un informe de 14 de diciembre de 2014 manifestaba que estaba infrautilizado y que el Ministerio de Fomento estaba invirtiendo grandes cantidades de dinero en la ampliación del mismo, y, oh paradoja, el Gobierno de Murcia promovía la construcción de uno nuevo, el de Corvera.

2º- El 31 de mayo de 2007 fue adjudicado a AEROMUR la concesión de la explotación de dicho aeropuerto, se vende a la opinión pública que es la empresa SACYR la que lleva a cabo el proyecto, debido a su solvencia técnica y económica, y ello no es cierto puesto que se cera la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia S.A, de la que SACYR es un socio más; aquí está ya el primer fallo por cuanto esta empresa no tenía la solvencia económica para llevar a cabo este proyecto como luego se demostró, así que no es entendible que una Administración Pública como es el Gobierno Regional no se haya cerciorado cumplidamente y exigido la solvencia económica para no comprometer los fondos públicos; no hizo lo primero pero sí lo segundo; la connivencia de intereses entre el entonces presidente regional, Valcárcel Siso, cabecilla de la trama, y el entonces presidente de SACYR y empresario murciano, Luis del Rivero, da las claves de este expolio.

3º- La mercantil concesionaria en enero de 2010 acude al crédito bancario por importe de 200 millones de euros, crédito sindicado que encabeza la Caixa junto a cuatro entidades financieras más, y, como la sociedad concesionaria no cumplía las obligaciones bancarias y  a fin de evitar la ejecución de dicho crédito, actúa ante la CCAA para que esta sea garante mediante aval de dicho crédito; es aquí donde se produce el esperpento pero también la maquinación para la malversación de los fondos públicos, ya que la Ley de Hacienda de la CCAA exige en casos como estos que el beneficiario del aval contraavale estas cantidades, hecho que no se llevó a efecto; muy al contrario, el Consejo de Gobierno autoriza este aval sin la mentada contragarantía ya que el 14 de febrero de 2014 decidió dejar en suspenso el pedir garantías bancarias por el aval prestado, lo que significó que el entonces Consejero de Hacienda, Juan Bernal, se opusiera y dimitiera. Y lo calamitoso del tema, por no darle otro calificativo, es que el entonces Consejero proponente de tal felonía era Manuel Campos, ex fiscal del TSJM entonces en excedencia, y hoy reincorporado a la Fiscalía, algo no entendible. Pero es más, también se frena la actuación de los servicios jurídicos de la CCAA para que actúen en consecuencia, ya que también ese 14 de febrero del mismo año se autorizó a la dirección de los Servicios Jurídicos no formular oposición a la solicitud de suspensión sin garantías de esa obligación.

4º- El 20 de septiembre de 2013, la banca concesionaria del crédito había comunicado a la mercantil AEROMUR, la resolución y vencimiento anticipado del contrato de préstamo. El 4 de octubre de mismo año, se ejecuta el crédito a la concesionaria y el aval de la Comunidad, pero, al no poder esta pagar, le es concedido un crédito por 182 millones de euros a tres años, cuyo crédito está en vigor y satisfaciéndose los correspondientes intereses por parte de la CCAA, que vuelve de nuevo a involucrar los fondos públicos en beneficio de la trama y en beneficio de terceros, en este caso la empresa concesionaria y sus socios.

5º- La Comunidad Autónoma tendrá que tragarse este crédito porque este aeropuerto jamás será operativo, y el exconsejero, Manuel Campos, algún día deberá explicar en sede judicial por qué a resultas de un viaje a Madrid con el entonces presidente regional, Alberto Garre, fue de Consejero y regresó cesado. Igualmente deberá explicar el enfrentamiento con un Ministro porque la gravedad es inusitada ya que la construcción de este aeropuerto puede atentar contra la seguridad nacional, en caso de ponerlo operativo; pensemos en los recintos militares, San Javier, Alcantarilla, Cartagena, fundamentalmente el primero, todo ello bajo la supervisión de los radares en el Morrón de Espuña y bajo supervisión de la OTAN, con lo que ello representa. Entendemos que, dada la gravedad del tema, es en sede judicial y con la cumplementación de exhortos al Ministerio de Defensa como esta cuestión se debe clarificar.

6º- Ya en Diligencias solicitadas, concretamente el 18 del corriente a ese Juzgado, pedíamos cumplimentarlas para aclarar el destino de esos casi 200 millones de euros a los que la CCAA ha tenido que hacer frente, como son auditar técnicamente las obras para saber exactamente el coste de la construcción y dinero empleado; si la ejecución del aval de la CCAA significó la novación del crédito de la concesionaria y el aval de sus socios, si estos a su vez recuperaron los 50 millones que habían puesto o recuperaron estos o más a costa del crédito firmado por la CCAA.

Hemos dado la clave de las pruebas en la comisión de hechos delictivos en la construcción de esta segunda infraestructura, que facilitará  a la Instrucción el ir directamente a las pruebas aportadas sin perderse en un largo peregrinaje instructivo que dilate la actuación en el tiempo".

El Grupo Parlamentario de 'Podemos' trabajará para revitalizar el sector pesquero

SAN PEDRO DEL PINATAR.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, se ha reunido este miércoles con el secretario de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, quien le ha transmitido las preocupaciones y demandas del sector. 

La semana que viene la parlamentaria de Podemos estará en Bruselas para tratar la situación del sector pesquero de la Región en el ámbito europeo.

Giménez ha explicado al representante de la Cofradía que todas las propuestas recogidas del sector en las diversas reuniones que está llevando a cabo por toda la costa murciana, serán trasladadas a la europarlamentaria de Podemos encargada del sector pesquero en la Unión Europea.

Una de las vías en las que Podemos incidirá es en la pesca turismo como parte de la diversificación que necesita el sector. Y por ello, como ha señalado María Giménez, "es muy interesante nuestra presencia en Bruselas, puesto que esta propuesta depende de fondos europeos.

También han tratado sobre la reciente aprobada Oficina Técnica del Mar Menor, oficina a la que dio luz verde la Asamblea Regional a iniciativa de Podemos. Según Giménez, el representante de la Cofradía la ha calificado como "fundamental para que todos los actores que tienen algo que decir en torno al Mar Menor se integren de verdad en el Plan de Gestión que debe regir las políticas de la laguna, y que podrá ser articulado desde dicha oficina".

Por otro lado, Ángel Pérez Blaya, miembro del Círculo de Podemos de San Pedro del Pinatar, ha incidido en lo importante que es "trabajar en torno al Mar Menor y su recuperación para todos los habitantes del municipio, puesto que es uno de los pilares fundamentales para muchas de las familias que vivimos aquí".

Por último, la diputada María Giménez se ha comprometido a llevar "toda la problemática expresada por la Cofradía acerca de las condiciones de las aguas en las que están desarrollando su trabajo" a la Asamblea Regional y al grupo de trabajo sobre el Mar Menor que han creado los círculos de Podemos en diversos municipios de la zona.

El PSRM apoya que se reconozca el derecho de los trabajadores interinos de Educación a cobrar en verano

CARTAGENA.- La diputada socialista, Choni Ludeña, ha trasladado el apoyo del PSOE a la campaña organizada por AIDMUR, #MismoTrabajoMismoSalario https://goteo.org/project/mismotrabajomismosalario para que se reconozca a nivel nacional el derecho del cobro durante los meses de verano de los trabajadores interinos del sector de la educación pública.

La campaña de AIDMUR tiene como fin último llevar esta petición al Tribunal Supremo, con el objetivo de que siente jurisprudencia.

Choni Ludeña animó a secundar esta iniciativa, ya que desde 2012 la mayoría de los gobiernos autonómicos decidieron eliminar a estos profesionales el derecho a la paga de las vacaciones. "Es una situación injusta con la que debemos terminar".

AIDMUR está llevando a cabo la recaudación de fondos, ya que hasta ahora los gastos del recurso colectivo los ha pagado esta asociación con las cuotas de sus asociados, pero empieza a ser inasumible dado que representan esta causa a nivel nacional.

Denuncia de 'Aidmur'

La Junta Directiva de la Asociación de Docentes Interinos de Murcia (Aidmur) valoró hoy el nuevo acuerdo para organizar las listas de profesores sin plaza acordado por los sindicatos y la Consejería de Educación, y destacó que aunque «supone una mejora respecto al lamentable decretazo de Sotoca y Buendía, gracias a la no caducidad de notas, no se ajusta al mandato de la Asamblea Regional, pues la experiencia se valora muy insuficientemente y no se tiene en cuenta la formación de los docentes para la configuración de las nuevas listas».

Los docentes interinos justifican en cualquier caso el apoyo de los sindicatos al acuerdo, ya que, consideran, hubiese sido una «irresponsabilidad no firmarlo por parte de los sindicatos, pues no hacerlo nos situaba nuevamente en la indeseable situación del decretazo de 2013, y sin un horizonte claro de desbloqueo».

Aun así, denuncian, «no podemos olvidar la tremenda injusticia cometida con los compañeros que han sido expulsados de las listas a resultas de un sistema cruel y desconsiderado con el buen hacer de los docentes».

La llegada de polvo sahariano dispara la contaminación del aire en la Región

MURCIA.- Ecologistas en Acción denunció hoy ante la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente que la intrusión de polvo sahariano que ha llegado a la Península procedente del norte de África disparó la concentración de partículas menores de 10 micras (PM10) en el aire que respira la mayor parte del país, incluida la Región de Murcia, superando "con creces" el valor límite diario, fijado legalmente para la protección de la salud, de 50 microgramos por metro cúbico, tal y como se aprecia en los datos que ofrece la propia Consejería en su web ('http://sinqlair.carm.es/calidadaire').

Este fenómeno anticiclónico que incluye una masa de polvo africano, superó ampliamente los límites establecidos por la legislación estatal y la Organización Mundial de la Salud, y afectó especialmente a la Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, según expone Ecologistas en comunicado de prensa.

Ecologistas en Acción criticó la "pasividad" de las autoridades autonómicas y locales "que no ha difundido ningún un aviso a la población de esta intrusión de polvo sahariano y sus posibles efectos".

Esta organización ambiental demanda que se informe a la población sobre los efectos de estas partículas aconsejando que las personas sensibles se protejan evitando la exposición al aire libre y que se adopten medidas de reducción del tráfico "para no aumentar más los niveles de contaminación por partículas".

Los grupos más sensibles, recordó, son los de ancianos, niños, embarazadas, enfermos del sistema respiratorios y personas con problemas cardiovasculares crónicos, a las que recomienda que se protejan evitando en lo posible la exposición al aire libre.

C's considera acreditado que el Ente Público del Agua fue creado 'ad hoc'

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos y presidente de la Comisión Especial de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, Miguel Sánchez, consideró "acreditado" el hecho de que el Ente Público del Agua "fue un organismo creado 'ad hoc' para sortear el artículo 25 de la Ley de Aguas, que establece que todos los desarrollos urbanísticos y los planes generales de ordenación que emanen de los ayuntamientos deban contar con un informe positivo por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Sánchez hizo esta afirmación tras la comparecencia este miércoles ante la comisión del exconsejero Joaquín Basacuñana que descargó en los ayuntamientos la responsabilidad política derivada del hecho de que se planearan hasta 250.000 nuevas viviendas en una treintena de proyectos y planes generales.

"No nos parece lógico que Bascuñana diga ahora que la Comunidad Autónoma no tenía responsabilidad política sobre los ayuntamientos cuando era su consejería la que daba el visto bueno definitivo a los planes generales y grandes proyectos de desarrollo urbanístico", aseguró Sánchez.

A su juicio, de las palabras de Bascuñana "se desprende que la consejería que controlaba se limitaba a dar su visto bueno o a actuar como una asesoría o gestoría, diluyendo además su competencia en materia de ordenación del territorio al mencionar a la Comisión de Política Territorial, la administración del Estado e incluso la Federación de Municipios como entes con capacidad de influencia en la decisión final sobre esos desarrollos".

El presidente de la comisión sí agradeció, tanto a Bascuñana como el ex director general de Aguas y actual máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, su disposición, "más allá de alguna discrepancia semántica" a responder a las cuestiones propuestas por los miembros de la comisión.

Sánchez lamentó, no obstante, que Bascuñana evitara responder de forma clara a la pregunta de "si le parecía que la construcción de la desalinizadora fue un negocio ruinoso consagrado a través de contratos leoninos", afirmando que fue una decisión política que hubo que tomar.

"Parece que la decisión fue tomada a otros niveles, como ratifica cuando responde 'hice lo que tuve que hacer' a la cuestión de si está satisfecho de su gestión en el asunto o cuando asegura que desconocía los contactos del entonces presidente regional Ramón Luis Valcárcel con Florentino Pérez", añadió el portavoz de Ciudadanos.

Sánchez también destacó el hecho de que Bascuñana reconociera que no fue lo más apropiado acometer una obra tan compleja y costosa sin informes de la propia Comunidad Autónoma y sí confiando en informes encargados a asesorías externas.

Bascuñana se escuda en los tecnicos para justificar su actuación con la desaladora de Escombreras

CARTAGENA.- El ex consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana ha comparecido hoy ante la comisión de la Asamblea que investiga la desaladora de Escombreras y ha afirmado que todos los urbanísticos municipales fueron aprobados por su departamento "con todos los informes favorables" porque "nunca he aprobado un expediente con informe desfavorable de un técnico" y que el documento que necesitaban de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para aprobar el planeamiento era "preceptivo, pero no vinculante".

Bascuñana ha comparecido hoy ante la Comisión Especial de Investigación de la obra y puesta en marcha de la desalinizadora de Escombreras, dónde ha señalado que los servicios jurídicos y técnicos de su consejería, que dirigió entre 2003 y 2007, dictaminaban que los planes generales tenían una vigencia de 30 años, y que la CHS garantizaba agua para un millón de personas más a partir de 2010.

A su juicio, es la CHS quién "se tiene que aclarar" con el cambio de criterios sobre la disponibilidad de agua, que hasta 2007 era negativa, en la línea que manifestó la semana pasada su sucesor en el cargo, José Ballesta.

"Alguien tendrá que explicar por qué donde dije digo, digo Diego", ha indicado en alusión a los responsables del organismo de cuenca. En este sentido, ha calificado de "casualidad" que la CHS hubiera dado luz verde en 2007 a suministrar agua a los nuevos planeamientos de Calasparra y Santomera, gobernados en ese momento por el PSOE, mientras que en el caso del municipio de Abanilla, regido por el PP, el citado documento fue negativo y tuvo que recurrir al certificado del Ente Público del Agua (EPA) para garantizarse los caudales.

Bascuñana ha negado que hubiera "sorteado" el informe de la CHS para aprobar los planes parciales, sino que se "cumplimentaba" la información aportada por los 26 ayuntamientos que firmaron con el EPA para que le suministrara caudales a través de la desalinizadora de Escombreras.

Para el compareciente, el nuevo texto del artículo 25 de la Ley de Aguas en 2005, por el que las confederaciones hidrográficas son las únicas que pueden regular los recursos hídricos y supeditarlos a los desarrollos urbanísticos, fue adoptada por el Gobierno socialista para "hacer daño" a la Región de Murcia.

El exconsejero ha indicado que su departamento actuaba "como asesoría o gestoría" de la modificación o aprobación de los planes municipales los informes aprobados por los servicios jurídicos y la aquiescencia de la Comisión de Política Territorial, donde estaban presentes la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la Administración General del Estado.

Bascuñana ha negado que haya aprobado planes de desarrollo privados o se haya reunido con promotores urbanísticos, sino que se firmaban con los municipios para sus planes "globales", sin entrar "en el detalle" de los planeamientos, al se Preguntado por uno de estos planes, el de Cartagena, que incluía la recalificación de suelo para Novo Carthago, ha rehusado contestar si conocía al promotor, Rafael Galea, porque "no es motivo de esta comisión".

Bascuñana está imputado en las diligencias del llamado caso Novo Carthago por presunta corrupción en el cambio de uso de un suelo parcialmente protegido junto al Mar Menor para la construcción de una urbanización con campo de golf, hoteles y unas 10.000 viviendas.

Bascuñana, quien ha manifestado que no recuerda que el Consejo de Gobierno autorizara la compra del EPA de las acciones de la desalinizadora de Escombreras, ha remarcado que "tan legal" era construir desde el principio la planta a partir de un procedimiento público como la opción elegida, que fue incorporarse a un proyecto ya en marcha.

El exconsjero ha incidido en que toda la tramitación realizada por los bufetes que asesoraron la compra de la planta fueron validados por los servicios jurídicos y técnicos de la Comunidad Autónoma, y que se hizo con "las mejores garantías" y sin "mala voluntad".

Tras Bascuñana ha sido el turno para Miguel Ángel Ródenas, presidente de la CHS, que compareció en calidad de responsable de Aguas durante la etapa en la que se configuró la titularidad pública de la desaladora de Escombreras, periodo que investiga ahora la comisión de la Asamblea regional.

Ródenas destacó que la decisión de la Comunidad permitió obtener agua de Escombreras en 2009 mientras que las plantas promovidas por el Estado en Águilas, Valdelentisco (Mazarrón) y San Pedro del Pinatar no fueron productivas hasta hace unos tres años.

La desaladora de Escombreras "era un proyecto en marcha, con una localización concreta y se ahorraba tiempo". Y ha recordado la situación "agonizante" por la falta de agua en la Región en el año 2004, cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase desde el río Ebro.

Pero, advirtió de que "se tomó la decisión y yo no entro a valorar si eso está mejor o peor". Aunque formó parte de los consejos de administración del Ente Público del Agua y de la empresa pública Hidronostrum, dijo desconocer muchas de las decisiones adoptadas porque se incorporó a esos órganos de administración con el proyecto de Escombreras ya en marcha. 

"El objetivo está cumplido" porque en la actualidad Escombreras produce agua", respondió al portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez.

Los vecinos del Mar Menor se manifestarán el martes en Murcia para exigir que se salve la laguna

CARTAGENA.- Los afectados por la situación de deterioro y abandono que sufre el Mar Menor han realizado un llamamiento para emplazar a todos los ciudadanos a salir a la calle el próximo martes día 1 de marzo en una manifestación que recorrerá las calles del centro de Murcia.

El alcalde de Cartagena, José López, que se sumará a la manifestación, ha presidido esta mañana la rueda de prensa en la que se ha informado de este acto y ha hecho una recapitulación de la situación de la laguna. 

Junto al primer edil han estado presentes el concejal del área de Transparencia y Buen Gobierno, Juan Pedro Torralba; la presidenta de la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca, Cristina Roca; y los presidentes de las Asociaciones de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez; el de Mar de Cristal, Angel Monedero; y los demás representantes del Arco Sur: Estrella de Mar, Punta Brava, Los Nietos, Carmolí, Camping Caravaning, Playa Paraíso, así como varios miembros de la junta directiva.

Según ha informado López, algunos de los problemas que afectan al Mar Menor son la acumulación de fango, que en algunos casos llega al metro y medio, así como las plagas de moscas, el arrastre de sedimentos, los aportes de la rambla de El Albujón y otros agentes contaminantes que provocan la mala salud de sus aguas.

MANIFESTACIÓN

La convocatoria de manifestación se realizará a las 11.00 horas en la Glorieta de España de Murcia, donde se concentrarán y se comenzará la marcha a las 11.30 horas.

La manifestación recorrerá la calle del Arenal, la plaza de Belluga, la calle del Escultor Salzillo, la calle Azucaque - donde pararán a hacer el primer manifiesto frente a la Confederación Hidrográfica del Segura -calle Escultor Salzillo de nuevo, atravesarán calle Trapería hasta la plaza Santo Domingo, y en la avenida Alfonso X El Sabio volverán a hacer otro manifiesto frente a la Demarcación de Costas del Estado. Para terminar, irán por Gutiérrez Mellado, la calle José Tapia Sanz, Antoñete Gálvez para acabar en la plaza de Santoña y realizar el último manifiesto ante la Consejería de Fomento, donde acabarán.

Será un recorrido prácticamente peatonal para cruzarse con la gente y poder explicar cara a cara los problemas que acontecen en el Mar Menor, y han informado de que llevarán flores marinas (algas) para mostrar directamente lo que sufren a diario aquellos que viven en las zonas del Mar Menor.

Para facilitar a los interesados la asistencia a la manifestación, se oferta un autobús gratuito que saldrá de Los Nietos y recorrerá Estrella de mar, Los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y El Algar. El plazo para apuntarse finaliza el jueves 25 de febrero. Toda la información se puede consultar haciendo clic aquí.

CONTEXTO

Tal como ha explicado el alcalde, la situación es la siguiente: de nuevo hay un atraso en la retirada de espigones, que lleva adjudicada a Construcciones Castillejo desde el mes de octubre y en un principio se tenía que haber contratado el pasado noviembre. Sin embargo, se decidió por parte del Gobierno nacionalque se dejaba para principios de este año, ya con los nuevos presupuestos, y que se contrataría en enero ya que la licitación ya estaba y solamente faltaba el acto administrativo de contratar.

Dijeron que durante enero no podían contratar porque no les daba tiempo, ha añadido López, pero que a lo largo de febrero iban a sacar la contratación. Una vez que el director general de Costas, Andrés Martínez Muñoz, le hizo llegar esa información, se dieron cuenta de que si se retrasaba la contratación hasta final del mes de febrero, no tendrían el plazo normal para poder quitar esos espigones del Mar Menor porque comenzaba una parada biológica que transcurre del 1 de marzo hasta el mes de octubre.

Así pues, José López habló con la consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, para plantearle la cuestión. Ella se reunió con los técnicos y entendieron que era mejor para el Mar Menor retirar los espigones de Los Urrutias durante marzo, aunque con medidas preventivas para evitar que cualquier vertido se extendiera por la laguna.

A partir de ahí, se le comunicó a la Dirección General de Costas que ya se contaba con la autorización de la Dirección General de Medio Natural, y fue entonces cuando encontraron una información - que necesitamos contrastar, según ha detallado el alcalde - de que había un dictamen de la abogacía del Estado que decía que en este periodo de gobierno en funciones, se había decidido no contratar, alegando que solo podían atender los casos urgentes.

Hasta aquí llega la situación, y tras no obtener respuesta por parte del Ministerio, José López ha afirmado que se mantiene a la espera y mientras tanto apoya a los vecinos en la idea de lanzarse a la calle para manifestarse por esta situación que lleva contaminando el Mar Menor durante más de 30 años.

OTRAS CUESTIONES

A petición de los periodistas, José López ha hecho mención a la situación del AVE en Cartagena, pediente también del nuevo Gobierno de la Nación.

MC sostiene que su trabajo allana el camino para la restauración del Monasterio de San Ginés

CARTAGENA.- Esta mañana hemos conocido que el alcalde de Cartagena, José López (MC), ha emitido un escrito a Hansa Urbana requiriendo a la citada empresa a que acometa, de forma inmediata, la restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara, dice un comunicado de Movimiento Ciudadano.

Esta acción viene motivada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 19 de febrero de 2016, que estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena, considerando conforme a derecho el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de abril de 2012 que, con relación a la restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara, contemplaba los siguientes puntos:

Requerir a la Sociedad Hansa Urbana S.A. para que, en el plazo máximo de 10 días, adoptara las medidas constructivas y de seguridad para evitar la degradación del monumento.

Instar a la empresa a que en el plazo máximo de un mes iniciara las obras de restauración del monumento, siguiendo el proyecto y la licencia otorgada en 2007.

En caso de ignorar el requerimiento o de paralizarse o ralentizarse las obras de restauración, el Ayuntamiento actuaría subsidiariamente con cargo a Hansa Urbana.

De estos tres puntos, únicamente Hansa Urbana afrontó las obras de conservación y mantenimiento, sin que el anterior Consistorio ejecutara el resto de apartados.

Conviene recordar que el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2012 fue fruto de la presión ejercida por colectivos, particulares y asociaciones en defensa del patrimonio. En esta sentido, justo es reseñar la insistente labor de oposición llevada a cabo por el entonces concejal de MC, hoy alcalde, José López.

MC ha demostrado un firme compromiso en la defensa y protección del patrimonio histórico del municipio. De este modo, ejerciendo su labor de oposición, se elevaron al pleno diversas propuestas encaminadas a la recuperación de San Ginés de la Jara, como la moción presentada el 6 de febrero de 2012 en la que se instaba a "comenzar con las obras de protección y restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara de oficio por este Consistorio".

Del mismo modo, MC, con el concejal José López, presentó diversas cuestiones al pleno, adhiriéndose a los requerimientos de la abogada María Dolores Ruiz, quien, de manera decidida, ha venido trabajando para impeler al Ayuntamiento a la restauración y protección del BIC Monasterio San Ginés de la Jara.

Además, MC ha ejercido una importante función de vigilancia dando conocimiento y denunciando los paulatinos deterioros que ha ido sufriendo el Monasterio a causa de la inacción de anteriores gobernantes.

La defensa del Monasterio de San Ginés de la Jara ha venido acompañada de una denuncia constante del deterioro sufrido por las Ermitas del Monte Miral, que forman parte del conjunto del Monasterio de San Ginés de la Jara.

MC, ayudado por la abnegada labor de particulares como María Dolores Ruiz, solicitó en mayo de 2014 que la Administración regional estableciera de inmediato medidas urgentes para garantizar la protección de los eremitorios del Monte Miral en Cartagena.

En ese sentido, la Dirección General de Bienes Culturales comunicó a MC, en junio de ese mismo año, la ejecución urgente de medidas de protección. A pesar de esta resolución, más de un año después y, habiendo obviado los incumplimientos de la mercantil de acometer medidas de protección y conservación de las ermitas, la Dirección General de Bienes Culturales determinó, en octubre de 2015, el archivo de las actuaciones previas a la incoación de un procedimiento sancionador a la empresa Portman Golf, S.L., sobre la protección y conservación de las ermitas del monte Miral.

Ante estas circunstancias, los servicios jurídicos de MC presentaron recurso de alzada ante dicha resolución, en un ejemplo más de que el compromiso de esta formación política con la defensa, protección y recuperación del patrimonio histórico de Cartagena es producto de la responsabilidad adquirida por sus integrantes con la sociedad cartagenera, más allá de los cargos políticos que se ostenten en cada momento.

MC se congratula de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que considera prioritaria la recuperación del Monasterio de San Ginés de la Jara, al tiempo que reitera su compromiso para la recuperación efectiva del Monasterio, deseando que esté cercana la recuperación de uno de los símbolos del patrimonio histórico cartagenero.

Aclara el PP

``La sentencia del TSJ que da la razón a la Corporación anterior sobre la restauración del Monasterio de San Ginés ha vuelto a ser utilizada por el actual alcalde como un triunfo personal, igual que hace su gobierno con cada acontecimiento que considera rentable´´, ha manifestado Francisco Espejo, portavoz del Grupo Municipal Popular.

``Además de recoger premios y banderas azules, ahora se apropian de sentencias que ellos no promovieron´´, ha puntualizado Espejo.

Hay que recordar que la iniciativa legal la adoptó el anterior Gobierno en el año 2012 porque los informes jurídicos consideraron que era un derecho del Ayuntamiento, no por las presiones, en contra de lo que se afirma en la nota oficial del Ayuntamiento que el gobierno ha vuelto a utilizar de manera partidista.

El PSRM afirma que empieza a demostrarse que las decisiones sobre la desaladora de Escombreras se tomaban en un círculo muy reducido

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, ha manifestado que la comparecencia de Joaquín Bascuñana, exconsejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no ha aclarado muchas cuestiones acerca de la desaladora de Escombreras.

Sin embargo, la conclusión a la que llega el diputado socialista es que según van avanzando las comparecencias " se va cerrando el círculo y empieza a demostrarse que la toma de decisiones sobre esta planta desaladora se tomaban en un ámbito muy reducido, por lo que se va acotando cada vez más la autoría de dichas decisiones".

Otra de las cuestiones que se ha sabido con esta comparecencia ha sido que cuestiones como los informes jurídicos o el entramado contractual no se llevaban al Consejo de Gobierno, evadiendo de esta manera los informes de los servicios jurídicos y económicos de la Comunidad.

"Bascuñana ha querido justificar como todos- que el EPA era competente para autorizar las dotaciones de agua y así aprobar los convenios urbanísticos y los planes generales". En concreto durante la etapa de Bascuñana fueron dos los convenios urbanísticos aprobados: el de Puerto Lumbreras y el de Aledo, que son los que el Tribunal Superior de Justicia ha tirado para atrás, por carecer del informe preceptivo del Órgano de Cuenca competente, considerando que el EPA no era competente para emitir los informes que en su momento emitió.

Comparecencia de Miguel Ángel Ródenas

Por otro lado, sobre la comparecencia de Miguel Ángel Ródenas, exdirector general del Agua, el diputado socialista comentó que "se ha limitado a tirar balones fuera, ya que según él no participó en la toma de las grandes decisiones".

Lo que sí ha reconocido, en contra de lo dicho por el resto de comparecientes, es que de 2005 a marzo de 2009 el Órgano Competente para las concesiones de agua era la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Es a partir del 31 de marzo de 2009 cuando la CHS otorga al Ente Público del Agua (EPA) esa concesión. "En esa misma fecha se otorgó la concesión de captación de agua por parte de la CHS, lo que demuestra que se iniciaron las obras de la desaladora sin tener autorización ni la concesión de la CHS".

Jesús Navarro destaca que por fin alguien reconoce "la falta de competencia del EPA" para otorgar concesiones sobre el uso del agua para abastecimiento a los municipios, en contra de lo dicho por el resto de comparecientes que han pasado por esta Comisión hasta el momento.

La economía de nuestra vecina Alicante ya está en una situación equivalente a 2008

ALICANTE.- La coyuntura socioeconómica de la vecina provincia de Alicante ya es "equivalente" a la de comienzos de 2008, cuando estalló en España la crisis, gracias, principalmente, al buen comportamiento del turismo y al reciente auge del sector de la construcción.

Así lo refleja el informe de coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante 2015 elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (Ineca) a partir del estudio de 4.192 variables económicas desde el primer trimestre de 2008.

El presidente de Ineca, Perfecto Palacio, ha señalado que Alicante ha experimentado "una mejoría leve" con respecto a hace un año debido a que la mayoría de los valores estudiados presentan una "evolución favorable", aunque ha admitido que "queda camino por mejorar".

Entre las asignaturas aún pendientes, el "lastre" de la alta tasa de paro, que se sitúa en el 22,96 por ciento (aún hay 80.000 desempleados más que en enero de 2008 pese a que en 2015 se han incorporado al mercado 20.000 personas), el alto endeudamiento crediticio de las familias y empresas ("seguimos muy endeudados"), y la carencia de un sector industrial, lo cual podría ser paliado con el desarrollo de la Zona Franca, según este 'lobby' empresarial.

Para Palacio, "el sector servicios tira de la economía pero sin industria para repartir el peso, nos costará volver al Estado del Bienestar".

Uno de los datos más novedosos presentados ha sido el denominado 'indicador Ineca', que revela el mismo valor acumulado que el que había a comienzos de 2008, y se debe al comportamiento "muy positivo" tanto del turismo, donde la pernoctación media hotelera en la provincia es de un día más que la media nacional, como a la evolución ascendente de la construcción.

De hecho, el informe de Ineca señala que, a noviembre de 2015, Alicante sumaba el 26,22 por ciento de los visados de nueva vivienda del país y efectuaba el 8,24 por ciento de las transmisiones, con un total de 7.707 operaciones a un precio medio de 122.917 euros, cantidad que "barata" o competitiva, al situarse 13 puntos por debajo de la media nacional.

Además, la provincia de Alicante acaparaba el 23,54 por ciento de las viviendas vendidas a extranjeros en España, con un total de 3.670, lo que supone una importante entrada de capital y a la vez un "efecto llamada" para más operaciones.

El experto Joaquín Melgarejo ha recordado que cada vivienda nueva genera dos empleos directos y otro indirecto, así como actividad en terceros sectores, por lo que el 'tirón' de la construcción ayudará, previsiblemente, a seguir reduciendo el paro.

En cuanto al turismo, Ineca apunta que la provincia necesita incentivar nuevos atractivos y más oferta hotelera y complementaria de actividades deportivas, de negocios, gastronómicas, de sanidad, ambiental y cultural, especialmente de corta duración, que donde mayor competencia tiene en España.

Uno de los datos que más "sorpresa" ha suscitado ha sido que, pese a la generalizada creencia de que Alicante es una provincia netamente exportadora, las ventas en el exterior suponen sólo el 2,13 por ciento del conjunto de España, muy lejos de entre el 4 y 5 por ciento que la provincia representa en PIB y población.

Palacio ha destacado que hay que "hacer un esfuerzo por reindustrializar la provincia" con iniciativas como la Zona Franca, liderada por la Diputación a partir de los ejes del puerto y el parque industrial de Torrellano, en Elche, lo que conllevaría elevar las exportaciones.

Pese a que el índice podría incrementarse hasta cerca del 3 por ciento si se cuenta lo enviado a otros países a través de la aduana del puerto de Valencia o de la frontera por carretera de Gerona, el dato de Alicante es inferior a otras provincias limítrofes como Murcia (3,69 por ciento del total nacional), Valencia (6,67) e, incluso, Castellón (2,48).

La revisión del catastro afectará a 900.000 inmuebles en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El plan de regularización catastral para localizar construcciones no declaradas en los últimos años incluye 107 municipios valencianos y un total de 911.132 inmuebles, 78.061 de ellos en Castellón, 383.767 en Valencia, y 449.304 en Alicante.

Según ha informado la empresa Impuestalia, dedicada a la optimización impositiva tanto en la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, el motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de nueva legislación al respecto.

Concretamente se trata de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.

En dicha Disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.

Se prevé que al menos en un 10 % de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, con lo que sus propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.

La previsión del gobierno es que casi toda España haya pasado la inspección a finales de 2016, pero la nueva publicación en el BOE estima como fecha de finalización para estos nuevos municipios julio de 2017.

Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, al menos en el 7 % de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir equivocaciones.

"En caso de discrepancias con la valoración de la administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio", ha advertido.

Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España (salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 3.025 en 2014.

Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante el año pasado se envió a 1,5 millones de inmuebles su correspondiente notificación de regularización para dar conocimiento a los propietarios de los errores catastrales de sus inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015.

Para 2016, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediado de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013, sin contar los que se comuniquen a partir de ahora para 2017, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, según las mismas fuentes.

En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización.

Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.

Rafael Catalá pide no incriminar a nadie hasta que no haya sentencia judicial

LOGROÑO.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recomendado hoy a todos "prudencia, moderación" y "no incriminar ni dar por supuesta la responsabilidad penal de nadie hasta que no haya una sentencia judicial" y le parece "peligrosísima" esta situación, porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".

Así ha respondido Catalá en una rueda informativa en Logroño al ser preguntado por la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en relación con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Ha añadido que "se está en una fase de investigación judicial muy inicial" y a él no le consta que haya ninguna acusación concreta y formal contra Barberá, aunque "llevamos no sé cuánto, dos, tres semanas, diciendo si tiene que dimitir, si ha hecho esto, si ha hecho aquello".

Cree que se está entrando en una circunstancia "peligrosísima" para la democracia y para los derechos de todos los españoles porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".

Ha precisado que "se está insinuando, se le está imputando anticipadamente o injustificadamente, incluso, algún tipo de conducta que no se acredita con actuaciones judiciales", pero "el derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia valen mucho en una sociedad democrática" y todos deberían comprometerse en la defensa de esos derechos.

"Me parecen muy importantes el derecho a la información y a la comunicación y el derecho a la presunción de inocencia", ha dicho Catalá, para quien, "antes de que haya un proceso, nos preguntan ustedes si no tiene que asumir consecuencias", pero se ha preguntado "en relación con qué, en relación con alguna actuación suya, con una responsabilidad de ámbito general".

También le preocupa "notablemente" leer o escuchar en los medios de comunicación que "fuentes de la investigación dicen" cuando esta está sometida a secreto del sumario, dado que "la revelación de secretos es un delito".

A ello ha sumado que le preocupa que se esté entrando en este momento con esta proliferación de información y entiende perfectamente la demanda de los ciudadanos por conocer todos los casos judiciales, por luchar por la transparencia.