ALICANTE.- Rafael Galea, presidente de la promotora Hansa Urbana, con
importantes intereses en la Región de Murcia e impulsor del
controvertido proyecto Novo Carthago a orillas del Mar Menor, se
enfrenta a una petición global de cuatro años y medio de cárcel por
presuntos delitos fiscal y de falsedad documental, en los que habría
incurrido con motivo de una operación inmobiliaria en Alicante, según publica 'La Verdad' en su edición para esta provincia.
Junto a Galea está encausado asimismo el empresario alicantino
Enrique Ortiz, también conocido por haber tenido intereses urbanísticos
en la Región y por haber desarrollado la 'línea piloto' del tranvía en
la ciudad de Murcia y haber concursado para abrir la 'línea 1'.
El juicio del que dependerá la suerte de Galea y Ortiz y de otros
cuatro empresarios ha sido fijado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de
Alicante para los próximos días 19, 20 y 21 de enero.
Mientras Rafael Galea está imputado en Murcia por el 'caso Novo
Carthago', en el que se investiga la supuesta recalificación ilegal de
unos terrenos junto al Mar Menor, Ortiz está encartado a su vez en tres
piezas del 'caso Brugal'. Se trata de las diligencias relacionadas con
tramas de presunta corrupción en torno a la recogida de basuras en la
Vega Baja, el urbanismo en Alicante (caso que propició la dimisión de la
alcaldesa popular Sonia Castedo) y el llamado 'plan Rabasa',
respectivamente. Además está imputado en el 'caso Gürtel' por la
supuesta financiación ilegal del PP.
La Fiscalía pide provisionalmente para los seis acusados sendas penas
de tres años de cárcel por un delito de seis millones de euros contra
la Hacienda Pública, así como de un año y medio de prisión por un delito
de falsificación en documento mercantil. Igualmente, reclama multas de
10 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de gozar de
subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos tanto fiscales
como de la Seguridad Social durante otros cinco años.
Estos hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron
denunciados por la Agencia Estatal Tributaria. Los sospechosos son los
mencionados Rafael Galea y Enrique Ortiz, el cuñado de éste y apoderado
de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, y los empresarios Miguel
Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas.
El fiscal especializado en delitos económicos y tributarios de la
Audiencia Provincial de Alicante, Antonio López Nieto, sostiene que
todos ellos se confabularon «con ánimo de obtener un beneficio económico
derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública», que ha sido
tasado por ésta en 6.105.247 euros.
El presunto fraude fiscal se centra en nueve fincas rústicas ubicadas
en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa
Urbana SA tenía contabilizadas como «existencias o elementos del activo
circulante» y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la
obtención de las consiguientes plusvalías.
Esas nueve parcelas se ubican en una de las zonas de expansión
urbanística de Alicante más importante de la pasada década y la propia
promotora, participada en su época por la extinta Caja Mediterráneo
(CAM), solicitó su recalificación en su día, por lo que tenía la
intención de destinarlas a edificación, según el fiscal.
Sin embargo, la propietaria simuló supuestamente, en colaboración con
las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las
fincas por un importe cercano a los tres millones de euros a fin de
contabilizarlas ante Hacienda como «inmovilizado». Es decir, como
activos de la empresa dedicados a servir de forma duradera a la
obtención de beneficios mediante el alquiler.
Esa maniobra contable permitió a la inmobiliaria beneficiarse de una
deducción fiscal indebida por reinversión de beneficios extraordinarios
en el impuesto de sociedades.
