El triunfo de los mediocres / David Jiménez *

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga general.

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente
basura.

- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.

- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

- Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.

- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.

- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.

(*) Periodista

El timo verde de Mariano Rajoy / J.L. Vidal Coy *

Si estuviéramos en la época de la peseta, el timo de la estampita verde sería la analogía perfecta para enjuiciar las referencias ambientales del discurso del presidente del Gobierno del pasado miércoles. Pero como los billetes de 500 euros tienen otro color, y mucho más valor, parece necesario buscar otras similitudes mucho más contundentes.

En un solo párrafo perdido en el discurso, Mariano Rajoy se dijo favorable a uno de los axiomas de toda acción gubernamental que se quiera verde. A saber: “Asimismo, se realizará una reforma de la tributación medioambiental impulsando en nuestro sistema impositivo el principio ‘quien contamina paga’ ya arraigado en países de nuestro entorno”.

Justo dos días después del discurso, es decir el viernes 13, el Consejo de Ministros presidido por él, previa bendición Su Majestad, se aprestó a dar luz verde a la mayos amnistía ambiental de todos los tiempos, como es la reforma de la Ley de Costas. Gracias a esa relectura quedarán impunes miles de desmanes urbanísticos realizados en el litoral español desde hace década con la permisividad de administraciones locales, regionales y la estatal.

Rajoy no se desdecía, porque no se le recuerda tamaña profesión de fe ecologista, sino que, una vez más, mintió. Porque con la reforma que se aprobará gracias al empeño del equipo del ministro Arias Cañete, sustentado en el apoyo no solo de su partido sino también en el de Convergencia y Unión y Coalición Canaria, los que han contaminado y destruido en la costa española ni pagarán ni habrán de enmendar sus expolios.

Es decir, que por mucho que presidente del Gobierno diga que aplicará ese “principio”, en la práctica los propietarios de todo tipo de construcciones invasoras del Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre van a ver prolongada sus ocupaciones mucho más allá de 2018, los sesenta años que estableció la ley de 1988, y no se volverá a hablar del tema hasta 2063. Para entonces, todos calvos, dirá con razón más de uno.

Cuentan los cronistas, además, que en esa nueva perspectiva arbitraria que se le va a dar a la ley ––poniendo el interés privado por encima del público y perdonando graciosamente transgresiones de la norma– ha influido la presión de algunos de los “países de nuestro entorno”, que ven como algunos de sus desavisados ciudadanos se han visto inmersos en una pesadilla tras comprar propiedades ilegales o alegales en la costa española, inducidos al error por promotores, vendedores, notarios y registradores, gremio este último, por cierto, al que pertenece el actual ocupante de La Moncloa, que debe conocer muy bien el asunto pues su plaza está en la costera Santa Pola (Alicante).

En ese contexto debe ser visto el “quien contamina paga” en boca de Rajoy, y también la promesa de introducir el impuesto ambiental tantas veces denostado por el Partido Popular cuando el PSOE pretendió ponerlo en práctica, como pasó en Baleares.

Como dejó claro el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, en la presentación del informe Destrucción a Toda Costa (DTC) 2012, no es de recibo cobrar un céntimo verde o un euro ambiental en combustibles u hoteles para destinar esa recaudación forzosa seguir las mismas políticas destructivas del entorno que imponen, por ejemplo, un gasto de 160 millones de euros solamente para restauración de playas entre 2004 y 2007. Y ya sabemos que los gobiernos locales y regionales pretenden seguir por ese camino, como enseñan los casos de las pretendidas urbanizaciones junto a las playas de Valdevaqueros (Cádiz) o Es Trenc (Mallorca).

La filosofía ambiental del conglomerado turístico-inmobiliario del que el Gobierno de Rajoy se convierte en su mejor valedor gracias a la reforma que se hará de la Ley de Costas es falaz: que quien contamine pague, supuestamente, para seguir adecentando la costa destruida por la presión humana. Y si alguna noma se interpone en el camino de ese “desarrollo”, se cambia y punto.

No es, ni más ni menos, que lo que se ha hecho con la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, recién oficializada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de julio, para que funcione hasta 2019 con todas las bendiciones, y dejando sin efecto, entre otras cosas, la obligación que tenía el Consejo de Seguridad Nuclear de presentar un plan de desmantelamiento antes de ese mismo día del año que viene.

(*) Periodista

http://www.cuartopoder.es/planetaherido/el-timo-verde-de-mariano-rajoy-con-la-costa-se-hara-lo-mismo-que-con-garona/2393

El aeropuerto de San Javier se salva de los recortes de Aena

MADRID.-   AENA ha planteado a los sindicatos recortar el 66,4% de la plantilla en diez de los 17 aeropuertos y dos helipuertos que verán reducido su horario, de las 2.002 a las 725 horas semanales, dentro del plan de reestructuración anunciado por Fomento, según los datos aportados por el ente a los representantes de los trabajadores.

   Concretamente, los primeros ajustes afectarán a los aeropuertos de Vitoria (102), Badajoz (3), Algeciras (3), Sabadell (13), Salamanca (12), Son Bonet (6), Cuatro Vientos (32), Melilla (23) y Ceuta (3), además de Torrejón cuyos vuelos civiles se trasladará a Barajas, instalaciones que conforman el Grupo III, donde la medida supondrá la salida de unos 200 trabajadores mediante bajas voluntarias y prejubilaciones.

   A los que se sumarán después los de Valladolid, San Sebastián, Pamplona, León, Burgos, Logroño, Córdoba, Albacete, Huesca-Pirineos, aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros, en los que se aplicarán los nuevos horarios a partir de la próxima temporada de invierno, que comienza en octubre.

   Fuentes sindicales, que dieron por rotas las negociaciones tras las reuniones de los días 10 y 11 de julio pasados, aseguraron que la compañía les ha trasladado además la intención de aplicar ajustes en los Grupos II y I y en Navegación Aérea (NA), lo que podría afectar entonces a unos 2.000 trabajadores, según sus cálculos.

   Aunque de momento sobre la mesa están en juego 200 puestos en una primera fase, que el gestor pretende recortar con bajas voluntarias y prejubilaciones, representantes de trabajadores consideraron que "como mucho" se podrá recortar la plantilla en 1.000 empleos de los 9.000 trabajadores con los que cuenta AENA.

   Los sindicatos CC.OO., UGT y USO, integrantes de la Coordinadora Sindical Estatal, han pedido ya la retirada del plan, por "inviable", "como condición a cualquier negociación sobre un plan de viabilidad del conjunto de la red".

   Asimismo, han mostrado su rechazo a los cambios de horarios operativos, si estos conllevan "necesariamente una modificación de los horarios laborales y el estrangulamiento de la actividad" en dichos aeropuertos.

   En un comunicado interno, los tres sindicatos han solicitado el cese del director de Red de Aeropuertos, Fernando Echegaray, y del director del Grupo III de Aeropuertos, Jesús Villaroel, al que pertenecen los primeros aeródromos afectados.

Según Fitch, las pérdidas de las preferentes y la deuda subordinada ya están en los ratings de la banca

MADRID.- Fitch considera que “las posibles pérdidas para los tenedores de preferentes y de deuda subordinada, derivadas de la recapitalización de los débiles bancos españoles, ya están reflejadas en nuestros bajos ratings para estos instrumentos”.

La firma recuerda que, aunque los detalles del rescate al sector financiero aún no se conocen, el borrador del Memorándum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) indica que tanto los tenedores de preferentes como de deuda subordinada tendrán que asumir parte de las pérdidas de las entidades emisoras que requieran financiación pública.

Estos analistas señalan a los bancos que ya están bajo el paraguas del FROB como los más expuestos. Así, calculan que BFA (matriz de Bankia), Banco de Valencia, NCG Banco y Catalunya Banc tienen unos 13.000 millones de euros en este tipo de instrumentos. También señala como posibles perjudicados a los tenedores de otras entidades que no han sido nacionalizadas pero que, en su opinión, necesitarán capital de Bruselas y que son Banco Castilla-La Mancha, Liberbank y Banco Mare Nostrum, según se recoge en la web de Financial Group.

Viudes convierte el Puerto de Cartagena en un 'low cost', con grandes rebajas en sus tasas

CARTAGENA.- El Boletín Oficial del Estado ha publicado los coeficientes correctores y bonificaciones específicas aplicables a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía por las diferentes Autoridades Portuarias. En el caso de la Autoridad Portuaria de Cartagena, su presidente, el muy cuestionado economista Adrián Ángel Viudes, ha optado por bajar los precios como única vía de robar tráfico a los puertos próximos de Valencia, Alicante y Almería aunque Ibiza, Palma y Menorca aún tienen menores tarifas que Cartagena.

Las nuevas ventajas comerciales del Puerto de Cartagena se pueden resumir, no obstante, en dos grandes apartados:

1.    Los coeficientes correctores aplicados a las tasas del buque (0,95) y del pasaje (0,80) hacen que el puerto de Cartagena junto con el de Tarragona tengan las tasas más bajas en estos dos conceptos. En cuanto a la tasa a la mercancía sólo Baleares y Huelva son más baratos que Cartagena.

2.    El puerto de Cartagena aplica unas bonificaciones específicas para distintos tráficos, entre las que destacan las siguientes:

*   Cruceros turísticos: entre el 30 y el 40% según número de escalas, tanto a la tasa del buque como a la del pasaje.

*   Contenedores: entre el 15 y el 40% según número de toneladas, tanto a la tasa del buque como a la de la mercancía.

* Línea regular ro-ro: entre el 20 y el 40%, tanto a la tasa del buque (por número de escalas) como a la tasa de la mercancía (por número de UTIs).


* Clínker a granel: entre el 5 y el 25% a la tasa de la mercancía según número de toneladas.

* Cereales, piensos, forrajes y abonos: un 10% a la tasa de la mercancía.

* Fruta y hortalizas: un 15% a la tasa del buque y un 20% a la tasa de la mercancía.

* Pesca congelada y refrigerada: un 15% a la tasa del buque y un 20% a la tasa de la mercancía.

*  Gas natural: entre el 30 y el 40% a la tasa de la mercancía según el incremento porcentual respecto al tráfico mínimo.

Estocada al Municipalismo / Juan José Cánovas *

Si todas las medidas, anunciadas por el Presidente del Gobierno en sede parlamentaria son gravísimas, el debilitar a los ayuntamientos, recortando concejales y modificando la Ley de Bases de Régimen Local, atenta contra la esencia de la democracia en su faceta más básica.

En mi opinión, solo se salvan dos, que hace mucho tiempo deberían estar reguladas por Ley: La determinación de los sueldos y retribuciones de los cargos públicos municipales (algunos, la  minoría, escandalosos) o que el Interventor (deberían incluir a Secretario y Tesorero), dependa directamente del Ministerio de Hacienda.

En la Historia democrática reciente, si alguna Institución ha sido protagonista de cambios y avance social en España, esa ha sido la Municipal. Solo recordar que el 14 de abril de 1931 se instaura la II República tras las elecciones municipales. Podemos darnos una idea de la representatividad popular y la fuerza moral del municipalismo en nuestro país.

Más recientemente, a partir de las primeras elecciones de 1979, si los ciudadanos y ciudadanas han visto mejorada su calidad de vida, se han construido escuelas, centros de Salud, instalaciones deportivas, han mejorado los espacios públicos, impulsado la cultura, desarrollando  políticas de formación y empleo, de juventud, Servicios sociales o aumentado la calidad de los servicios más cercanos al ciudadano; sin duda alguna ha sido fruto una responsabilidad compartida de miles de concejales –de todas  las opciones políticas-, que han ejercido honestamente el noble arte de la política, codo con codo con los vecinos que los han elegido directamente en las urnas.

Salvando excepciones -que confirman la regla y de eso, en Totana sabemos bastante-, los concejales y alcaldes, han tenido que ofrecer servicios, demandados por la ciudadanía, que el Gobierno Central o Comunidades Autónomas no han solucionado.

En todo caso, la actuación de los partidos mayoritarios ha sido la de coadyuvar al aumento de la deuda, negar una financiación suficiente o fomentar los ingresos municipales a través de la burbuja inmobiliaria y la especulación, sin entrar al fondo de una asignatura pendiente, que ni el PP ni el PSOE, han solucionado en sus tiempos de Gobierno.

Primero, debilitan y hunden las posibilidades de los ayuntamientos y ahora, hacen pagar la ira de los ciudadanos contra la “clase política”, por la parte más débil y cercana: Los representantes de los vecinos que ejercen la política, en su mayoría de forma altruista y con vocación de servicio. No rebaja el Gobierno los altos cargos de la Administración Central o Autonómica. No se plantea reducir o eliminar el inservible y oneroso Senado. No se tiene en cuenta el vacío de contenido y carísimo Parlamento Europeo, que actúa de comparsa en este teatro. Y esto, solo por poner algunos ejemplos. 

El Gobierno y los poderes financieros, utilizan a los concejales como chivos expiatorios; como paganos de una crisis económica, moral y política que no han generado la inmensa mayoría de hombres y mujeres, que desde gobiernos u oposición, elevan, día a día, propuestas o fiscalizan, en contacto directo con los vecinos y vecinas de los barrios o pedanías.

Pero no solo rebajan el número de concejales de una forma considerable, empobreciendo la democracia. También encorsetan las posibles iniciativas y competencias que pueden desarrollar las Corporaciones Locales para superar la crisis económica y política. El Proyecto de reforma de Ley de Bases, amordaza los ayuntamientos, vulnerando el artículo 142 de la Constitución Española y la autonomía de las Corporaciones Locales como parte del Estado en el marco de sus competencias.

Con las medidas anunciadas por Rajoy y el Proyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, sin solucionar el problema arrastrado 35 años de la financiación de los ayuntamientos, unos entes que pueden ser la palanca del cambio, de dinamización de la sociedad, de participación ciudadana, de desarrollo económico, la cultura o los servicios sociales, en el que muchos vecinos ejerzan la política para superar la actual situación a la que nos han llevado los que no asumen sus graves responsabilidades.

Solo la movilización -harto difícil cuando muchos españoles se juegan su supervivencia directa en otros frentes no menos importantes-, puede dar un giro al disparate que se pretende con los ayuntamientos, dejándolos vacíos de competencias, sin recursos, endeudados y sin capacidad de ilusionar a personas interesadas en ejercer la política en su faceta más pura y altruista.

(*) Juan José Cánovas es concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Totana

El PSOE califica de "cinismo e incapacidad para gobernar" que Valcárcel proponga devolver competencias al Estado

MURCIA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, reprochó al presidente Valcárcel "su cinismo y su incapacidad  para gobernar en tiempos difíciles", al mostrarse ahora dispuesto a renunciar a algunas competencias como sanidad, educación o política social. 

   De este modo, afirmó que "Valcárcel demuestra no tener palabra y estar únicamente dispuesto a gobernar y tener competencias cuando las cosas van bien", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   García Retegui recordó que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta y el propio Mariano Rajoy ya rechazaron esta posibilidad, porque ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía lo prevén.

   "Además, la solución a nuestros problemas no estaría en devolver las competencias de estos servicios, pues de esta forma, el único que se quitaría un problema de encima sería el presidente, ya que los ciudadanos seguiríamos teniendo las mismas dificultades y no estaríamos en igualdad de condiciones con otros españoles. La educación, la sanidad y los servicios sociales son servicios fundamentales del Estado del Bienestar que necesitamos todos los ciudadanos", ha subrayado.

   En este sentido, denunció públicamente que Valcárcel actúa como un "charlatán, pues en época de bonanza, en plena expansión urbanística, alardeaba de querer tener todas las competencias y ningún control; después cuando gobernaba Zapatero, exigía todos los recursos y tampoco quería control sobre sus prioridades de gasto, y ahora que gobierna el PP y le reducen los recursos de financiación, en lugar de velar por lo que es mejor para los ciudadanos prefiere quitarse la patata caliente y propone devolver las competencias".

   "Consideramos que si nuestro presidente no es capaz de asumir y defender las necesidades de los ciudadanos de la Región cuando más lo necesitan, lo que tendría que hacer es dejar paso a otra persona que esté dispuesta a trabajar para resolver los problemas que tiene la Región", concluyó.

Se acabó cobrar el paro y trabajar 'en negro'

MADRID.- El servicio público de empleo podrá suspender el abono de la prestación por desempleo a un parado "cuando se aprecien indicios suficientes de fraude" en el curso de investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

   Así lo establece el Gobierno en el Real-Decreto ley de medidas antidéficit aprobado ayer y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añadiendo así un nuevo párrafo al artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social referido al control de prestaciones.

   El Ejecutivo también precisa en la norma que, entre las obligaciones de los perceptores de prestaciones por desempleo, estará la de acreditar ante los servicios públicos de empleo aquellas actuaciones que han emprendido dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o la mejora de su ocupabilidad.

   En este sentido, se advierte de que "la no acreditación" implicará que el desempleado ha incumplido el compromiso de actividad que firmó con la oficina pública de empleo.

   En cuanto a la Renta Activa de Inserción (RAI), el Gobierno señala que durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, "sin haber rechazo oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión" dirigidas a incrementar la ocupabilidad.

   Asimismo, la salida al extranjero, "por cualquier motivo o duración" interrumpirá la inscripción como demandante de empleo. En aquellos supuestos en los que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses "ininterrumpido" desde la nueva inscripción.

Intervención / Manuel Castells *

Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32 condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad financiada con fondos externos para no agravar la situación de los bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la insolvencia potencial del sistema. 

Como todo esto lleva tiempo (ni siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000 millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero. 

Esa es la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más solventes del mundo?)

Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza en serio.

¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía estadounidense?

Porque los inversores saben que sin crecimiento no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación) para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación económica.

El escepticismo de los mercados refleja la desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden sacrificios suena a manipulación cínica. 

¿Cómo viven los políticos y cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?

La inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la ciudadanía.

Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces, instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la destrucción de servicios esenciales en su vida.

 Esa resistencia pasa por un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes perfiles.

(*) Catedrático de Sociología en España y Estados Unidos, nacido en Hellín

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120714/54325100171/intervencion-manuel-castells.html

El Gobierno exige a las Autonomías que se apliquen recortes en el aparato político

MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. 

“Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.

Sáenz de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público paralelo.

La vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios, se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales, lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.

En el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad, justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar, sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en la ley orgánica correspondiente.

El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.

Sáenz de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del 30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”, insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.

Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.

Fitch advierte sobre la pérdidas de los inversores de las Cajas de Ahorro con el MoU que firmará España y la Unión Europea

MADRID.- En el Acuerdo de Entendimiento entre España y la  Unión Europea (MoU) no aparece de forma explícita, "la quita sobre las preferentes y deuda subordinada" para los tenedores privados de los bancos intervenidos . Esta quita será de carácter obligatorio para los inversores.

Según Fitch estamos ante un nuevo evento de crédito, un default selectivo de las entidades gestionadas por el FROB, Banco Financiero y de Ahorro, Banco de Valencia, Banco GNC y Banco de Cataluña. Pero también corren peligro de default selectivo entidades débiles como Banco de Castilla la Mancha, Liberbank y Banco Mare Nostrum.

En el caso de las entidades gestionadas por el FROB, la cantidad bajo riesgo es de unos €13.000M. Aunque en cualquier caso habrá que esperar a conocer el reparto de la carga que estipula el MoU y los detalles técnicos que posiblemente se puedan conocer a lo largo de la semana que viene

Las pérdidas probables para los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada como parte de una recapitalización de los bancos más débiles de España ya se reflejan en los bajos niveles de audiencia de estos instrumentos, Fitch Ratings afirma. Si bien los detalles del programa de recapitalización del Banco español no se han finalizado, el proyecto de memorando de entendimiento (MoU) indica que las acciones preferentes y deuda subordinada serán objeto de reparto de la carga significativa después de la asignación de las pérdidas a los accionistas. 

Cuatro bancos clasificados como Grupo 1, en el memorando de entendimiento y que sean propiedad de Fondo del Estado español para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) están particularmente expuestos. El total de acciones en circulación preferentes y deuda subordinada de Banco Financiero y de Ahorros, (padre de Bankia), Banco de Valencia, Banco GNC, y Banc de Catalunya es de alrededor de EUR13bn. Banc de Catalunya no ha sido calificado por Fitch, pero las acciones preferentes de los otros tres  estyan en 'C' y la deuda subordinada a 'CC'. Esto refleja nuestra opinión de que el incumplimiento del riesgo era elevado y distribución de la carga era muy probable de estos instrumentos, teniendo en cuenta los fundamentos de los bancos débiles.

La deuda subordinada de los bancos que no son FROB, pero que Fitch considera probable que necesite algún tipo de apoyo externo, son actualmente clasificado en la categoría individual-B. Estos bancos son el Banco de Castilla-La Mancha, cuyo padre Liberbank tiene una calificación de viabilidad (VR) de 'BB-' y el Banco Mare Nostrum (BMN), cuya realidad virtual es "B +". El VRS reflejan nuestra opinión de que estos bancos tendrán que reconocer pérdidas significativas de la carga frontal de sus exposiciones de bienes raíces de riesgo. 

 

Dado el tamaño de estas pérdidas esperadas, no podían ser totalmente absorbido por la generación interna de capital y excepcionales ganancias de capital. En el primer semestre de 2012, BMN lanzó una oferta para convertir todas las acciones en circulación al por menor de preferencias y los problemas de deuda subordinada en los depósitos de clientes y por lo tanto el impacto de la distribución de la carga sería más limitada.

El memorando de entendimiento, como era de esperar, no sugiere reparto de la carga de la deuda principal. Esto se refleja en nuestras calificaciones por la diferencia significativa entre el IDR / Puntuaciones de deuda senior y los de la deuda junior y valores híbridos.

De acuerdo con los criterios de Fitch "de capital del Banco de calificación reguladora y de Valores similares" de fecha 15 de diciembre de 2011, los bancos son instrumentos híbridos "muescas" desde el VR. En España, las acciones preferentes son "muescas" hasta cinco veces para reflejar la gravedad de la pérdida y un mayor riesgo de incumplimiento debido a la naturaleza no acumulativa de los cupones y que el aplazamiento de cupón se activa al momento de realizar una pérdida. La deuda subordinada sin flexibilidad cupón es "dentada" de una vez de la realidad virtual.

Reparto de la carga es cada vez más común en las recapitalizaciones de este tipo, pero ya ha afectado principalmente a clientes institucionales. Esta vez es probable que golpeó algunos de los clientes de los bancos minoristas, que se vendieron estos instrumentos como una manera de hacer un mejor rendimiento que a través de una cuenta de depósito. 

 

La imposición de las pérdidas de los inversores minoristas pueden tener repercusiones para los bancos españoles en una etapa posterior, tanto por dañar su reputación y de la posibilidad de que el litigio sobre las ventas desleales, pero la magnitud de este riesgo es actualmente difícil de juzgar. 

 

La venta de deuda subordinada y participaciones preferentes a través de redes de sucursales de los bancos ha sido una práctica común en España desde hace algún tiempo.

La UMU convoca 36 plazas de profesores asociados pese a los despidos

MURCIA.- La Universidad de Murcia, pese a la restricción presupuestaria y los despidos, ha convocado sendos concursos públicos para cubrir 27 plazas de personal docente e investigador contratado y nueve plazas para personal contratado en Ciencias de la Salud, con objeto de atender las necesidades previstas para el próximo curso.

La primera convocatoria de profesores asociados se corresponde con plazas en distintos departamentos ubicados en los campus de la Merced, Espinardo y Lorca, entre ellos, de los Fisiología Vegetal, Medicina Legal, Derecho Financiero, Enfermería, Didáctica de la Expresión Corporal y Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Por lo que se refiere a la segunda convocatoria, la misma incluye nueve plazas para los hospitales "Rafael Méndez" de Lorca; "Los Arcos del Mar Menor", de San Javier; "Virgen de la Arrixaca", en Murcia, y para el Departamento de Medicina Interna.

En los dos casos, el plazo de presentación de instancias estará abierto hasta el 23 de julio, según han indicado fuentes universitarias.

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

A partir de septiembre

Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):

- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.

- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.

- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.

- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.

- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA

- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.

- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.

- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.

- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.

- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.

- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.

-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.

- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO

- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.

- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.

- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.

- Se facilitará su movilidad.

- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.

- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.

- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.

- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.

- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.

- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.

- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.

- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.

- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.

- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.

- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS

- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.

- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES

- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA

- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.

- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.

- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.

   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

Ecologistas en Acción pone al Mar Menor como ejemplo de "una nula gestión ambiental"

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha puesto al Mar Menor de ejemplo de "una nula gestión ambiental" al considerar que el Gobierno Regional "oculta su nefasta gestión bajo el paraguas de falsas buenas intenciones y promesas incumplidas", según han informado fuentes de la organización ecologista en un comunicado.

   Así, han explicado que después de más de diez años de retraso en la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, el Ejecutivo Regional "anuncia que dicho PORN no se aprobará y que en su lugar se ejecutará un Plan de Gestión, lo que supone un varapalo enorme a la gestión y conservación de la laguna".

   "La nefasta gestión de Valcárcel y sus aliados hace presagiar que este singular espacio, protegido por cinco figuras nacionales, regionales e internacionales, quedará a expensas de una mayor degradación mientras siguen sin tomarse medidas al respecto", han añadido.

   En este sentido, critican la "inexistente" planificación de usos y de una ordenación del territorio, "que permite una especulación basada en construir sin límites y que conlleva graves consecuencias sobre este espacio protegido".

   La responsable de Medio Marino de la organización, Natalia Martín, declara que "el Mar Menor necesita un compromiso político real que plantee una gestión paralela de políticos, expertos y de tejido social afectado, que analice las deficiencias y amenazas que existen sobre la laguna y que pongan soluciones reales ya.

   Igualmente, añade que "a pesar de que han existido muchos intentos de crear un trabajo conjunto, como la desaparecida comisión del Mar Menor, al Gobierno regional no le interesa ordenar sus usos, porque toda planificación y ordenamiento supone establecer límites y eso no permitiría a Gobierno y Ayuntamientos tener vía libre para seguir construyendo".

   Al hilo, Ecologistas considera que la Manga del Mar Menor debe de apostar "por otro tipo de turismo, alejándose del obsoleto modelo de sol y playa, basado en una estancia residencial. Debería plantearse otro modelo que se base en el conocimiento de los valores ambientales de la zona, aprovechando la cercanía con Calblanque".

   Y es que, en su opinión, "la manera de activar la economía de la Región de Murcia no es seguir con el mismo modelo que nos ha hundido y que depreda recursos sin miramientos, sino creando puestos de trabajo que se mantengan en el tiempo huyendo de la estacionalidad, que fomenten la cultura y el conocimiento del entorno".

   Finalmente, exige al Gobierno regional y al consejero Manuel Campos que "dejen de una vez por todas las buenas palabras, que tienen en el fondo una inexistente voluntad de cambio, tal y como llevan demostrando más de diez años, y que actúen en beneficio de los ciudadanos y con respeto al medio ambiente".

Nueva ley de Costas

El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.
La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Excluye diez núcleos del dominio público

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

Equo ve otra vez ladrillo

Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo,  Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".