miércoles, 2 de febrero de 2011

e-Línea, digital continuo de pensamiento y cambio para suscitar debate

e-Línea

Digital continuo de pensamiento y cambio con selección de Francisco Poveda y otros profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate


El Banco de CAM y Cajastur tendrá un comité de dirección y seis órganos colegiados de decisión

ALICANTE.- El Consejo de Administración del Banco Base, que agrupa a CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, ha aprobado este miércoles el desarrollo de su diseño organizativo, con la creación de la estructura de los comités de la entidad y los niveles directivos departamentales, según ha informado el banco en un comunicado. 

   La entidad pone en marcha el proceso de ejecución de la integración, "dando respuesta al objetivo de impulsar la gestión integrada de una nueva entidad, con una cultura y modelo de gestión único, que operará en el mercado como un banco multimarca, con una posición de liderazgo en los mercados tradicionales de las cajas participantes en el proyecto".
   El objetivo del diseño organizativo y de su desarrollo, según la entidad,  es "acelerar el proceso de integración en la nueva entidad y abordar las acciones y planes para la consecución de las sinergias derivadas". El desarrollo del organigrama y del diseño organizativo del banco "significa un impulso al desarrollo del proyecto y ha supuesto el nombramiento de cincuenta directivos, provenientes de las diferentes entidades que se integran en el proyecto".
   La dirección del Banco actuará a través de un Comité de Dirección y seis comités especializados en los principales ámbitos de gestión y de desarrollo del proceso de integración: Operativo; de Seguimiento de la Integración; de Recursos Humanos; de Activos y Pasivos (gestión financiera global); de Riesgos; y Comercial.

Jiménez Villarejo cree que existe "un sesgo ideológico franquista" en algunos sectores de la magistratura

VALENCIA.- El ex fiscal Jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que, en la actualidad, todavía existe "un sesgo ideológico franquista", en algunos sectores de la magistratura y en otros ámbitos de la sociedad española, donde predomina "un afán de no tocar el franquismo y sus consecuencias delictiva y penales". 

   Jiménez Villarejo, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, antes de presentar en esta ciudad el libro 'La solidaridad con el juez Garzón', que él mismo coordina, ha criticado que el magistrado "ha hecho lo que no ha sido capaz de hacer el Tribunal Supremo respecto al franquismo" y que es "aplicar la legalidad, teniendo en cuenta los tratados internacionales".
"El juez Garzón hizo lo que estaba obligado a hacer", ha apostillado.
   Respecto al juicio contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, el ex fiscal Jefe Anticorrupción ha señalado que "la única salida digna que tiene el Tribunal Supremo ante ese juicio es absolver" al juez "para que quede proclamar pública y totalmente su inocencia". A su juicio, se trata de un juez "honrado, honesto, justo y, además, inocente".
   Preguntado por si considera que el juicio contra el juez Garzón afectará al prestigio de la judicatura, ha asegurado que el "prestigio" de la magistratura española "ya está bastante herido y socavado". En esta línea, ha indicado que "el simple hecho de abrir ese proceso contra Garzón ya ha significado un golpe durísimo contra el prestigio nacional e internacional de la magistratura española".
   Para Carlos Jiménez Villarejo, "el solo hecho de ir a sentar a Garzón en el banquillo es un peso tan insoportable que crea un clima de desconfianza y de rebeldía".
   Asimismo, se ha mostrado convencido de que existe "un sesgo ideológico franquista presente en ciertos sectores de la magistratura", porque, a su juicio, de lo contrario "no se explica que una Tribunal Supremo que ha estado dando posibilidades a la persecución de las dictaduras latinoamericanas", no lo haya hecho en España "cuando ha tenido delante la oportunidad de perseguir esos y muchos más crímenes".
"No se ha atrevido a respaldar las investigaciones y las decisiones que estaba tomando el juez Garzón", ha criticado.
   En su opinión, es "profundamente injusto que en España, el único juez que ha querido dar una respuesta positiva de amparo a los familiares de la víctimas del franquismo, esté tan injustamente perseguido por un delito de prevaricación que no ha existido ni podrá nunca existir".
   Respecto al libro 'La solidaridad con el juez Garzón', publicado por la editorial El Páramo', ha subrayado que se trata de una obra "fundamentalmente colectiva" que recoge "las voces airadas y críticas contra la persecución que sufre Garzón".
"Es una reflexión en voz alta", ha indicado, en la confluyen voces de los ámbitos judicial, académico, cultural y de las instituciones públicas, así como entidades sindicales y asociaciones defensores de derechos humanos, entre otras.
   En la presentación, en la que han dejado una silla vacía de modo simbólico para hacer referencia a la ausencia de Garzón, han participado, además de Jiménez Villarejo, el magistrado y presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincia de Valencia, José María Tomás i Tio; el portavoz de la Plataforma Cívica Valenciana de Apoyo al Juez Garzón, Matías Alonso, y el conejero delegado de Editorial El Páramo, Ricardo González.

Princesa coincide con el alcalde de Jumilla en que nombrar a Valcárcel pregonero de la Semana Santa puede crear confrontación

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, ha expresado su respeto por la decisión adoptada por el Pleno del Consistorio de Jumilla, que ha aprobado la moción de rechazo de que el presidente Ramón Luis Valcárcel sea pregonero de la Semana Santa 2011.

   No obstante, comparte con el alcalde de Jumilla, Francisco Abellán, la idea de que "quizás este año, en plena campaña electoral, pueda ser un elemento de confrontación".
   "No me gustaría que así lo fuera y espero que todo transcurra con normalidad, pero los acuerdos de plenos, del Parlamento autonómico, tenemos que respetarlos porque son tomados por la mayoría", ha subrayado Retegui, para después decir que entiende las razones, pero "la situación se normalizará y al final podrá haber una Semana Santa con tranquilidad y paz para los jumillanos".
   Y es que, el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado la moción presentada por el PSOE sobre el rechazo a la designación del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, como pregonero de la Semana Santa 2011.
   La moción fue defendida por el alcalde Francisco Abellán, que explicó los motivos que han llevado a su grupo a presentar esta iniciativa, según fuentes municipales.

En la Murcia de Valcárcel, el desempleo se convierte en el quinto jinete del Apocalipsis

 MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de enero ascendió a 133.127, lo que supone un aumneto de 4.192 personas respecto a diciembre, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de enero en la Región fue del 3,25 por ciento respecto al mes de diciembre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 6.814, un 5,39 por ciento más.
   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 68.459 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 64.668 personas.
   Por sectores, el paro subió en Servicios en 3.635 personas, en Construcción en 56 personas, en Industria en 228 personas, seguido de Agricultura en 45 personas y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 228 personas.
   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante enero se situó en 22.826 personas, lo que supone un aumento de 85 personas respecto a diciembre (0,37 por ciento).
   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros bajó en 429  personas (-1,84 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 18.887 son extracomunitarios y 3.939 pertenecen a países de la UE.
   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (10.213), seguido de Construcción (5.384), Agricultura (3.712), Industria (1.868), y el colectivo Sin Empleo Anterior (1.649).
 Por otra parte, la afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en 513.801 personas, lo que supone en términos absolutos un descenso de 8.236 personas con respecto al mes anterior (1,58 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
   En términos medios se redujo en 6.544 personas en los últimos 12 meses (-1,26 por ciento).
    De las 513.801 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 346.658 pertenecen al Régimen General, 92.149 al Régimen de Autónomos, 65.307 al Agrario, 8.836 a empleados del Hogar, 851 a Trabajadores del Mary ninguno a Minería y Carbón.

Pujante pide una ley autonómica que permita dar a conocer el uso del dinero público y el patrimonio de todos los cargos públicos

CARTAGENA.- El coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Comunidad por esta formación política, José Antonio Pujante, ha solicitado al Gobierno regional la creación de una Ley autonómica que permita a todos los ciudadanos conocer, a través de Internet, el uso del dinero por parte de la Administración y el patrimonio de todos los cargos públicos de la Comunidad.

   Pujante ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno la creación de esta Ley de transparencia y acceso a la información pública de la Administración autonómica, que seguiría "el planteamiento de la propia Constitución Española, que garantiza el acceso a la información, y de la reciente convención europea de 2009, que incita a permitir el acceso a la documentación oficial".
   El preámbulo de la moción hace referencia a las características de la Ley, que "deberá hacerse público el patrimonio de los cargos electos y de libre designación, y que el acceso a la información debe ser gratuito por parte de cualquier ciudadano y por medios, preferentemente, de carácter telemático".
   El candidato de IU considera que "debe garantizarse el acceso por parte de cualquier ciudadano a través de Internet a todo tipo de información que tenga que ver con el uso del dinero público que hay en la Comunidad Autónoma, como acceso a contratos y licitaciones, para profundizar en la información".
   La Ley permitiría que un ciudadano cualquiera "pueda comprobar, por ejemplo, las características de un pliego de condiciones, las condiciones de adjudicación de bienes y servicios de la Comunidad, todas las empresas que hayan participado en el proceso de licitación, entre otras cosas".
   La Ley también contempla divulgar los datos de todas las empresas de naturaleza pública que prestan sus servicios a la Administración regional, y cualquier empresa o entidad subvencionada con dinero público, ya que IU cree que todos los ciudadanos "deberían tener información transparente sobre la gestión y las características de las mismas".
   Asimismo, IU considera que "debería hacerse público el patrimonio de todos los cargos públicos, electos y de libre designación de la Comunidad Autónoma, es decir, hacer público el patrimonio de los miembros del Consejo de Gobierno, comenzando por su presidente, Ramón Luis Valcárcel, así como de los diputados y senadores autonómicos, asesores y personal de libre designación por parte del Gobierno regional, como directores generales".
   Todo ello, precisó Pujante, debería hacerse "garantizando la preservación del derecho a la intimidad que también viene recogido en la Constitución". En caso de conflicto, Pujante propone que puede actuar el organismo que se encarga de la protección de datos para garantizar la intimidad, "tal y como aparecía recogido en el anteproyecto del Gobierno central".
   Pujante ha manifestado "la necesidad de mejorar en la Región de Murcia de forma considerable la transparencia y el acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía". A su juicio, esto "se traduce en una mejor democracia, en la profundización de la calidad democrática de las instituciones, así como una mejor gestión y uso de los recursos financieros públicos de la Administración regional".
   IU va a plantear medidas que mejoren la transparencia informativa en los ayuntamientos en los que tenga representación y en su programa electoral. De hecho, ha recordado que IU "propuso en el pasado que se hiciera público el nombre de quienes suscriben los convenios urbanísticos, las empresas y los consejos de administración, con el fin de prevenir posibles casos de corrupción".
   A su juicio, el grado de información que hay en las administraciones públicas, tanto en la autonómica, como en la central y la local "es insuficiente y es un problema estructural en toda España". A su juicio, la Ley "es la mejor forma de luchar contra la corrupción, ganando en transparencia informativa".
   Por ejemplo, Pujante ha dicho que IU ha presentado 19 preguntas escritas al consejo de Gobierno y 48 solicitudes de información cuyo plazo legal de contestación se ha sobrepasado y no han sido contestadas", por lo que IU ha pedido amparo al presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán.
   "Si ya hay un obstáculo claro y evidente por parte de la Región de Murcia a los legítimos representantes del pueblo, no cabe imaginar cómo será en el caso del libre acceso por parte de la ciudadanía a esa información", ha añadido.

IU pide la creación de una ley para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública

CARTAGENA.- IU ha presentado en la Asamblea regional de Murcia una moción por la que solicita la creación de una ley que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública, con el fin de profundizar en la "calidad democrática" y dar transparencia a la administración autonómica, según han informado fuentes de la formación de izquierdas en un comunicado.

   Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz regional de IU y candidato a la presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, quien ha indicado que "el poder y la información" en una sociedad democrática deben pertenecer a la ciudadanía, tomando como límite el derecho a la intimidad de los poderes públicos.
   "La falta de transparencia encubre la corrupción y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad", ha asegurado Pujante, tras insistir en que el acceso a la información "es clave para garantizar los derechos individuales y avanzar hacia un gobierno abierto".
   Como muestra de esa "obstrucción", Pujante ha señalado que 19 preguntas y 48 solicitudes de información presentadas por su grupo en la Asamblea regional han cumplido el plazo de contestación sin haber recibido respuesta, lo que ha motivado que haya solicitado amparo al presidente del Parlamento autonómico.
   Asimismo, ha abogado porque los cargos públicos electos y de libre designación de la administración regional hagan público su patrimonio, al objeto de eliminar el "alto grado de opacidad" existente y evitar posibles casos de corrupción, "cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes", ha apostillado.
   Y es que, a su juicio, el acceso a datos públicos también debería extrapolarse a los municipios, de manera que los ciudadanos y ciudadanas pudiesen consultar información de manera gratuita sobre asuntos locales como las empresas o personas que suscriben convenios urbanísticos con sus ayuntamientos.
   Finalmente, el dirigente de Izquierda Unida ha explicado además que la consulta de datos públicos "permitiría ejercer mejor los derechos de la ciudadanía y crear al mismo tiempo una serie de aplicaciones en internet y dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público".

El PP en Jumilla retira su moción sobre la condena de la agresión del consejero Cruz por censurar a Tovar

JUMILLA.- Una moción que se preveía que iba a contar con la unanimidad de todos los grupos municipales, relativa a la condena de la agresión del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, provocó el abandono de sus escaños de los concejales socialistas y del portavoz de IU-LV y el posterior abandono definitivo de los concejales del Partido Popular, según han informado fuentes municipales en comunicado de prensa.

   En cuanto a la moción que suscitó la polémica, fue presentada por el Partido Popular y en ella se proponía condenar tajantemente la agresión al consejero, así como solicitar la dimisión del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.
   Por acuerdo anterior en Comisión, los populares habían retirado el segundo punto y además se había presentado una enmienda del PSOE en la que igualmente expresaban la condena a esta agresión, mostraban plena confianza en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como reconocer la labor desarrollada por el delegado del Gobierno y hacer un llamamiento a la responsabilidad y la cordura para favorecer un clima de tranquilidad y respeto.
   El portavoz popular Enrique Jiménez tomó la palabra para la exposición de motivos y, desmarcándose del acuerdo adoptado en Comisión, procedió a la lectura de un manifiesto de condena de la agresión del consejero en el que responsabilizaba al delegado del Gobierno y acusaba a la izquierda de la 'espiral de violencia' que se vive en Murcia.
   En ese momento, el alcalde, los concejales socialistas y el portavoz de IU-LV abandonaron sus escaños. Una vez que terminó de leer este manifiesto, "que nada tenía que ver con el texto de la moción y con lo acordado previamente en comisión", indicaron las mismas fuentes, anunció que retiraban su moción.
   A continuación, el alcalde y presidente del Pleno ocupó su lugar y señaló que "no se puede permitir esta intervención reaccionaria, que recuerda a épocas pasadas y negras de España, con insultos cobardes hacia personas que no se pueden defender". Estas manifestaciones provocaron el abandono del Pleno de los concejales del Partido Popular que ya no continuaron en la sesión plenaria.

   Con la sola presencia de los concejales del PSOE y el concejal de IU-LV, puesto que los populares habían abandonado la sesión, resultaron aprobadas dos mociones de IU-LV, una sobre cumplimiento de Ley de Morosidad y otra sobre la retirada del Real Decreto por el que recorta la retribución a la producción fotovoltaica. En ambos casos, la aprobación fue con un único voto, puesto que los socialistas se abstuvieron.
   Sobre la primera moción, en ella se solicita que el Ayuntamiento inicie las acciones necesarias para ir cumpliendo la Ley de Morosidad, así como que acuerde la redacción de un plan para el cumplimiento, en tiempo y forma, de los plazos de pago que fija esta ley.
   Además se va a reclamar al Gobierno de la Nación la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta que prevé instrumentar una línea directa de crédito en condiciones preferentes, a través del ICO, destinada a las entidades locales para facilitar el pago de las facturas impagadas a proveedores.
   El grupo municipal de PSOE se abstuvo en este punto argumentado, según la concejal de Hacienda Juana Guardiola "puesto que alguno de los aspectos de esta ley ya se están cumpliendo y otros se irán poniendo en marcha".
   Con la última de las mociones de IU-LV, también aprobada, el Ayuntamiento muestra su apoyo a los productores de energía fotovoltaica y exige al Gobierno la retirada del Real Decreto 14/2010 por el que se recorta, en más de 2.200 millones de euros, la retribución prevista en la generación de esa energía  en los próximos 3 años. Igualmente solicitan a los grupos parlamentarios que rechacen ese decreto.
   En este Pleno también se aprobó, con los votos favorables de PSOE e IU-LV, la actualización de las tarifas de agua y alcantarillado para 2011, en un 2,1% que corresponde al IPC, lo que supone un incremento de 0,06 euros/metro cúbico.

UPyD insiste en el "derroche" que suponen las campañas publicitarias del Gobierno regional

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha insistido en poner en duda la conveniencia de que la Consejería de Sanidad  invierta, "justo en este momento en que se acaban de aprobar unos recortes durísimos en la Región", en una campaña publicitaria "a todas luces propagandística" para difundir la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales de Cartagena y del Mar Menor. 

   Para Sánchez "resulta escandaloso que en la actual situación de profunda crisis financiera, provocada por la deficiente gestión del Gobierno regional, se siga gastando el dinero público en la autopromoción de quienes nos han conducido hasta aquí, en  un nuevo ejercicio de despilfarro", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.
   Sánchez apuntó que "la entrada en funcionamiento de los nuevos hospitales del Cartagena y del Mar Menor no es un producto que haya que vender publicitándolo en autobuses, marquesinas y mobiliario urbano de Cartagena y de las localidades del Mar Menor".
   Igualmente, ha señalado que "los usuarios que necesiten acudir a los hospitales, conocen su existencia y ya saben dónde están. Resulta bochornoso la alegría con la que se gasta en propaganda gubernamental, mientras la Región está en estado de alarma financiera y se recorta en derechos laborales y salariales de los empleados públicos de la Región".
   Finalmente, ha indicado que este hecho es una nueva muestra de "cómo entiende el Gobierno regional la gestión del dinero público". Además, ha criticado la "ausencia total de transparencia que impide saber cuál es el coste real de esta campaña que tiene presencia, además de en los espacios urbanos y transportes públicos, en web creadas de forma específica y en espacios en radio y televisión".

El Ayuntamiento Murcia da luz verde al proyecto de presupuestos para este año

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado el visto bueno al proyecto del presupuesto municipal para 2011, que asciende a 511,7 millones de euros, incluyendo organismos autónomos y empresas municipales, lo que supone una disminución de 31,9 millones con respecto al 2010. Será el 10 de febrero cuando tenga lugar la celebración del Pleno Extraordinario para aprobar el proyecto.

   Las medidas de ahorro y de contención del gasto emprendidas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia se hacen presentes en este proyecto, que permitirán reducir el gasto este año en unos 11,5 millones de euros, pero sin afectar al manteniendo la calidad de los servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos y manteniendo el mismo nivel de atención con las prestaciones sociales.
   Sobre esta cuestión, el teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, Joaquín Moya-Angeler, ha destacado que el propósito del equipo de Gobierno de continuar con la reducción del gasto "se está llevando a cabo con otro objetivo prioritario: garantizar las prestaciones básicas a los más necesitados, personas y entidades de acción social o sanitaria y, a la vez, fomentar las inversiones productivas que mantengan o creen empleo".
   Según el concejal, "el recorte experimentado en los últimos dos años de las transferencias procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (P.I.E.) -cifrado en unos 29 millones de euros-, unido a la paralización de la actual economía provocada por la crisis que padece España, ha ocasionado una disminución de ingresos en torno al 20 por ciento, lo que condiciona aún más el equilibrio financiero del Ayuntamiento y obliga a realizar medidas extraordinarias basadas en la austeridad, el rigor y el control del gasto".
   Además, ha apuntado que a esta reducción de ingresos "hay que sumar la anulación de los recursos extraordinarios que durante 2009 y 2010 se han recibido con cargo a los presupuestos generales del Estado".
   Un hecho que pone de manifiesto "un escenario de grandes y graves recortes de las transferencias del Gobierno de la Nación, además del aumento de los impuestos, las tarifas eléctricas y demás precios, que son una muestra más de la delicada situación económica que padecen los ayuntamientos españoles, que no ven garantizada la suficiencia económica de los municipios".
   "Este dramático panorama ha obligado al Ayuntamiento de Murcia a multiplicar los esfuerzos para continuar garantizando las políticas sociales activas, ayudando a atender las necesidades de los más necesitados y desprotegidos", ha destacado Moya-Angeler.
   Es por ello, por lo que el equipo de Gobierno ha confeccionado un proyecto de presupuestos "consensuado y pormenorizado", en el que no se incrementan los impuestos municipales, al mismo tiempo que se garantiza la acción social y las inversiones productivas como forma eficaz de creación de empleo y promoción de la actividad económica como generadora de trabajo.
   Entre las actuaciones más significativas a desarrollar, figuran la implantación del Plan de Movilidad Sostenible de Murcia, la construcción de nuevos viales que mejoran la comunicación entre pedanías, el desarrollo del proyecto de integración y soterramiento de las vías del tren en el ámbito urbano de Murcia, así como la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
   Igualmente, continuará la apuesta por seguir incrementando la red de infraestructuras con la apertura de nuevos centros sociales para jóvenes, mujeres y mayores, junto con el desarrollo de la actividad deportiva en las modernas instalaciones municipales y la consolidación de la red de centros culturales y auditorios más importantes de la Región que, por su cantidad y calidad, constituyen una referencia para todo el país.
   Según ha explicado Moya-Angeler, para seguir construyendo "la ciudad que queremos" el Ayuntamiento dispondrá este ejercicio de un presupuesto para nuevas inversiones de 57.281.313 euros, frente a los 88,6 millones de euros que se destinaron a este apartado en 2010.
   También se mantendrá el impulso a la descentralización y el esfuerzo por asegurar las bonificaciones a los colectivos sociales más necesitados que, lejos de reducirse, se amplían tanto en su cuantía económica como en el número de beneficiarios potenciales.
   La ayuda a las familias y a las personas con menos recursos permitirá dejar en el bolsillo de los murcianos más de 18,3 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas municipales.
   Por otra parte, el Ayuntamiento realizará un esfuerzo para reducir la deuda, que ha disminuido en 56,5 millones de euros por dos conceptos: 25 millones de euros en pólizas de crédito y 32 millones de euros que se han amortizado; situándose, a fecha de 31 de diciembre de 2010, en 202 millones de euros.
   En cuanto al nivel de endeudamiento, cifrado en el 52 por ciento, se mantiene alejado del límite permitido para contraer préstamos en 2011, establecido en el 75 por ciento.
   Cuando acabe este ejercicio, el Ayuntamiento habrá amortizado 29 millones de euros, permitiendo reducir la deuda hasta situarla en 172,7 millones de euros, una cifra inferior incluso a la de 1999, cuando alcanzaba 197,61 millones de euros.
   Respecto a los gastos corrientes -aquellos que hacen frente a los servicios que la ciudad requiere día a día para su funcionamiento-, se reducirán más de un 7 por ciento, gracias a una mayor austeridad en los contratos administrativos y en los gastos de funcionamiento interno del Ayuntamiento, pero sin afectar a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La aportación de Roca a la operación Crucero Banús era "presuntamente ilícita", según Hacienda

MÁLAGA.- Un funcionario de la Agencia Tributaria que intervino en la investigación del caso 'Malaya' ha señalado este miércoles en el juicio contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella que la aportación del presunto cerebro, el cartagenero Juan Antonio Roca, en la operación Crucero Banús "no estaba legitimada", considerando que los 91 millones de las antiguas pesetas, es decir, 546.921,01 euros, que éste supuestamente invirtió "presuntamente son ilícitos".

   Según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.
   El perito ha explicado que los cheques que aportó Roca "no están legitimados", lo que sumado al procedimiento penal en el que estaba inmerso en ese momento le ha llevado a afirmar que son fondos "ilícitos" que podrían proceder "de cohechos o malversaciones, de las que hay indicios que se cometieron de 1991 a 1999 en el Ayuntamiento de Marbella".
"Ni como retribución del trabajo, ni como rendimientos mobiliarios ni como ganancias patrimoniales tenía declarada operación que le hiciese legítimamente disponer de ellos", ha dicho.
   Este funcionario, que ya comenzó a declarar este martes y seguirá el lunes, ha apuntado que no tiene constancia de transmisión de valores entre sociedades supuestamente vinculadas a Roca ni que se llegaran a vender las acciones de la sociedad que él dijo para obtener el dinero para invertir en Crucero Banús, de hecho, el testigo ha incidido en que dicha entidad "no tenía activos", estaba "en declive" en ese momento y registraba pérdidas.
   La defensa de Roca ha insistido en demostrar, con el interrogatorio y a través del análisis pormenorizado de los documentos sobre movimientos bancarios que constan en la causa, que éste aportó la cantidad que le correspondía en la operación y en destacar que el testigo no investigó el origen de los fondos de los cheques. Además, ha defendido que sociedades de su cliente tenían actividad en esos años.
   Respecto a Román, acusado por blanqueo de capitales y varios delitos contra la Hacienda Pública, el experto de la Agencia Tributaria ha señalado en esta sesión que él mismo declaró que "cobró 400 millones de pesetas no declarados a la Hacienda Pública", de los que, ha precisado, "hay una parte que le corresponde a todos los españoles", por lo que ha concluido que "hay implícito un delito fiscal, que habrá prescrito o no, pero estaba cometido".
   También se ha referido a Hoffman y ha señalado que "en abril de 2002, antes de liquidar el negocio, el señor Roca fue detenido" por un procedimiento en la Audiencia Nacional. "Por qué el señor Hoffman, como abogado, no comunicó que tenía un negocio con este señor, no pudo levantar el brazo y decir al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) que había hecho un negocio un tanto extraño, que había pagado con fondos que no tenía declarado en España", ha preguntado.
   Ha reiterado que en esta operación las sociedades "se utilizan como instrumento", aunque ha señalado que no es la persona a la que le corresponde referirse a la teoría de levantamiento del velo que sostiene las acusaciones. "Yo podría hablar de confusión patrimonial, del uso abusivo de la personalidad jurídica, de los perjuicios ocasionados a terceros por este uso", ha manifestado el funcionario de la Agencia Tributaria.
   Asimismo, ha incidido en los fondos de Suiza y ha manifestado que la legislación de dicho país es "laxa con las irregularidades fiscales cometidas fuera de allí". "Es muy fácil ir a Suiza con un maletín y decir esto procede de una defraudación fiscal", ha señalado el perito, quien ha apuntado que Suiza es un país "cooperante", pero ha dicho que "con mencionar que los fondos depositados proceden de la defraudación tributaria no hay mayor problema y santas pascuas".
   Las defensas han cuestionado la interpretación dada por los expertos en Hacienda a la documentación intervenida en relación con esta operación y han incidido en los datos manejados para hacer los informes, como la validez del documento de opción de compra para dar el crédito a Ávila Rojas o si uno de los documentos era un extracto bancario o no. De hecho, el presidente del Tribunal, José Godino, ha intervenido en varias ocasiones para calmar el interrogatorio y agilizarlo.

martes, 1 de febrero de 2011

Las cajas abren un cofre repleto de riesgo inmobiliario

MADRID.- Siguiendo las recomendaciones del Banco de España, las cajas de ahorros han abierto un desconocido cofre inmobiliario que desvela una gran exposición solo parcialmente cubierta con provisiones y que, sin embargo, ha tenido un efecto positivo en el mercado al despejar incertidumbres.

"La valoración que hacemos es positiva por el hecho de que haya más información y transparencia, pero sobre todo por el hecho de que el Gobierno haya metido más presión al sector elevando los ratios de solvencia", dijo un analista de Espirito Santo.
A pesar de que los activos considerados "problemáticos" por el Banco de España (créditos dudosos o subestándar) en manos de las cajas superan los 58.000 millones de euros según los datos facilitados, con tasas de cobertura media en torno a un tercio, el diferencial del bono hispano-alemán a diez años alcanzaba niveles mínimos desde mediados de noviembre y la bolsa española mantenía su escalada alcista.
"La exposición al riesgo inmobiliario es enorme, pero, por un lado, el ejercicio de transparencia es positivo y, por otro, en términos generales las dotaciones de provisiones son muy importantes", dijo un analista de un banco nacional.
En un intento por reforzar sus ratios de capital para cumplir con las nuevas exigencias del Gobierno español en aras de recuperar la confianza de los mercados internacionales, varias cajas de ahorro han anunciado ya su intención de salir a bolsa para captar capital y cumplir con los requisitos de 'core capital' o capital básico de al menos un ocho por ciento. En el caso de las entidades no cotizadas en otoño, el mínimo exigido, aún por definir, estaría entre el 9 y el 10 por ciento.
Pero, además de los créditos en riesgo, las cajas han acumulado una ingente cantidad de activos inmobiliarios (mediante daciones en pago a cambio de cancelar deuda, en gran medida) que suman un valor bruto de 38.221 millones de euros, con una pérdida cubierta respecto al valor en libros del 26 por ciento.
De los que serán los dos mayores bancos cotizados, CaixaBank ya ha anunciado que sacará a una sociedad ajena los activos inmobiliarios para no perjudicar el balance del banco y BFA (producto de la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja) también ha reconocido que estudia esta posibilidad.
De facto, ambos bancos gestionarán una cartera superior a la de la mayoría de las inmobiliarias, por lo que tiene sentido su segmentación en una sociedad de carácter meramente inmobiliaria.
BFA, la tercera mayor entidad de crédito tras Santander y BBVA, aglutina el mayor volumen de créditos inmobiliarios o de promotores, con 15.112 millones de euros en créditos inmobiliarios o promotores considerados problemáticos por el Banco de España.
Del importe total, 7.370 millones de euros son considerados dudosos (con cobertura del 100 por ciento) y 7.742 millones son subestándar (al corriente de pago pero que presentan alguna debilidad que puede representar impago o pérdidas), cubierto al 74 por ciento.
Pero, además, el nuevo banco tiene adjudicados activos inmobiliarios por un valor neto contable de 7.402 millones de euros con minusvalías cubiertas desde su adjudicación estimadas en el 33 por ciento. Del importe total, poco más de 3.000 millones corresponden a suelo, un activo particularmente ilíquido y con una cobertura de pérdida desde su adjudicación de más del 40 por ciento.
"Por un lado están los créditos dudosos que, en función de la cobertura y de la potencial mejora de la economía pueden ser un problema relativamente salvable", explicó un analista.
"En activos en cartera la cuestión es distinta, aunque el mercado pueda mejorar en los próximos meses, es muy probable que la liquidación de edificios tenga pérdidas, como demuestran las altas tasas de cobertura presentadas, y hay que prestar especial atención al suelo adjudicado, un mercado particularmente errático e ilíquido", añadió.
Sin embargo, un analista inmobiliario explicó que, en términos generales, tanto las coberturas de créditos inmobiliarios como las de los activos son muy superiores a la caída de los precios de la vivienda en España que, según datos de Fomento, ha perdido un 13,1 por ciento de su valor desde los máximos de principios de 2008.
La Caixa es el segundo grupo con mayor exposición al acumular créditos dudosos y subestándar de 5.737 millones de euros y 4.651 millones de euros en inmuebles adjudicados en cartera con una asunción de pérdida cubierta de 1.095 millones de euros entre el precio de adquisición y el valor contable neto.
En el apartado de suelo, La Caixa tiene una exposición de más de 2.400 millones de euros teniendo en cuenta que ya ha provisionado 637 millones.
"Es un paso en la dirección adecuada y si sacan del balance del banco los activos inmobiliarios, los ratios de solvencia y capital de los cotizados alcanzarán los niveles exigidos", explicó el analista.
En un informe a clientes, Nomura explicó que la percepción del mercado puede mejorar tras los recientes pasos dados por las cajas. "La prueba clave será si las entidades son capaces de emitir a niveles suficientemente asequibles y pueden captar capital del mercado".
El grupo liderado por Caja Madrid ya ha dicho que ha tenido contactos positivos con inversores institucionales para su futura salida a bolsa.
En los próximos meses se podría ver, según los analistas, una carrera entre las cajas para ser las primeras en asegurarse el capital inversor con descuentos importantes.
"Las entidades se están dando prisa para ser las primeras y se tratará fundamentalmente de una cuestión de precio, por ejemplo en el caso de la salida a bolsa de La Caixa es está hablando de 0,8 veces libros y a ese precio creo que sí hay interés inversor", dijo el analista de Espirito Santo.
Entre las exposiciones que más preocupan a los expertos se encuentra Unnim, que cifra sus créditos dudosos y subestándar en 1.241 millones de euros y tiene un nivel de cobertura específico para estos activos de 215 millones. En el otro extremo estarían entidades como Banco Base, que aún con un elevadísimo nivel de crédito de riesgo (más de 9.000 millones entre dudosos y subestándar), tiene coberturas muy altas.

El Gobierno quiere ayudar "lo menos posible"

Ayudar a "todas aquellas que sea necesario, pero realmente las menos posible": este es el mensaje del Gobierno a las cajas de ahorro, que deberán buscar primero capital privado para refinanciarse, dijo el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. 

"La recapitalización del sistema financiero, en la medida de lo posible, debe hacerse a través de fuentes privadas", insistió Campa en una entrevista realizada en Madrid.
José Manuel Campa viajó este martes a París y mañana miércoles lo hará a Londres para hacer "una presentación para inversores y analistas" sobre "la estrategia (de emisión) de deuda (española) para el año 2011". "Aprovechamos también para explicar la coyuntura económica y las principales decisiones de política económica que se han tomado", añadió.
Mientras los mercados siguen dudando de la solidez financiera de España, el Gobierno apuesta por tranquilizarles con su nuevo plan de recapitalización de las cajas de ahorros, talón de Aquiles del sector bancario español.
El Gobierno ha dado hasta septiembre a las 17 cajas de ahorro para refinanciarse, considerando que necesitarán para ello unos 20.000 millones de euros (27.451 millones de dólares), un monto considerado pequeño por los analistas, algunos de los cuales llegan a cifrar estas necesidades en 100.000 millones.
"Los datos preliminares (de los balances de las cajas de ahorro, ndlr) apuntan a esta cantidad" de 20.000 millones, explicó Campa, que no excluye "necesidades adicionales de capital" y considera que hay "un plazo razonable" para dejar a estas entidades encontrar el capital que necesiten.
Si de aquí a septiembre algunas cajas no logran tener inversores privados, entonces "el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, fondo público de ayuda al sector, ndlr) entraría como accionista minorista" en su capital, con la condición previa de que esas cajas se transformen en bancos tradicionales.
Percibida como una nacionalización parcial, se trata de hecho, según Campa, de una "participación de carácter temporal (cinco años máximo, ndlr), nunca con ilusión de permanencia y vinculada a un plan de viabilidad de la entidad y de reestructuración que garantice la facilidad con la que el Frob pudiera salir de esta inversión".
"El objetivo final va a ser que estas entidades sean claramente entidades bien capitalizadas, solventes, rentables y con el funcionamiento normal de los mercados de capitales privados", declaró.
El estatus de cajas de ahorro, heredado de los montes de piedad del siglo XVIII, sigue siendo un concepto mal entendido por los inversores extranjeros.
Pero "con transparencia y solvencia, la credibilidad del sistema financiero (español) está garantizada", consideró el secretario de Estado.
Tras un año 2010 "de transición", "2011 será el año del principio de la recuperación", señaló, confirmando las metas del Gobierno en términos de crecimiento (1,3%) y de déficit (6% del PIB), siendo este último criterio "un objetivo absoluto e incondicional, que no depende de la evolución del ciclo económico".
Mientras que "el desempleo fue una mala estadística" para España, con una tasa del 20,33% a finales de 2010, un récord en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2011 permitirá una "pequeña creación de empleo" gracias a la vuelta al crecimiento, estimulado, según Campa, por las exportaciones y el consumo.
El Gobierno se había mostrado demasiado optimista para 2010 (preveía un 19,6%) y afirmó haberse "sorprendido" por el alza de la población activa total en el segundo semestre, lo que automáticamente elevó la tasa de desempleo. No obstante, sigue teniendo por objetivo un 19,3% en 2011.

90.000 millones en activos inmobiliarios dudosos

Las cajas de ahorro españolas acumulaban a finales de diciembre alrededor de 90.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos, según un cálculo realizado a partir de los datos que han publicado a petición del Banco de España.

Un total de 15 cajas de ahorro revelaron así su exposición al sector, muy afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2008, en el que detentan 164.900 millones de euros en créditos o activos inmobiliarios.
De este total, 29.400 millones de euros corresponden a créditos morosos, 27.500 millones de euros son de créditos "subestándar", en riesgo de impago, y 33.100 millones de euros son activos inmobiliarios adjudicados, procedentes de desahucios o que no han tenido compradores.
Otras dos cajas, Caixa Ontivent y Caixa Pollensa, todavía no han suministrado sus datos. Preguntada a este respecto, una portavoz del Banco de España aseguró que "no hay límites en términos de fecha", mientras que muchos medios españoles afirmaban este martes que el periodo expiraba en la noche del lunes. "Deben hacerlo antes o durante la presentación de sus resultados para 2010", explicó.
El Banco de España había solicitado esta información a las 17 cajas de ahorros para mejorar su transparencia, mientras los mercados siguen dudando de su solidez financiera y el Gobierno ha iniciado un nuevo plan de recapitalización de las mismas la semana pasada.
El Ejecutivo llamó a las cajas de ahorro a buscar de aquí a septiembre los alrededor de 20.000 millones de euros, que según el Banco de España necesitan, en el mercado privado, lo que ha llevado a algunas cajas a convertirse en bancos convencionales. De lo contrario, el Gobierno plantea la posibilidad de una nacionalización parcial por un periodo máximo de cinco años, que pasaría obligatoriamente por la conversión en banco.

Leche Pascual retirará antes del 15 de febrero su zumo refrigerados tras el pleito con Don Simón

MADRID.- Grupo Leche Pascual ha comunicado a las empresas de distribución su decisión de retirar de los lineales de frío de los establecimientos su producto refrigerado Zumo Pascual antes del próximo 15 de febrero, según una circular.

   La compañía sustituirá el producto por otro nuevo "de igual calidad" y con un nuevo diseño, dijeron fuentes de Zumos Pascual.
   Esta decisión se produce como consecuencia del auto del juzgado de lo Mercantil de Burgos que da la razón a la mercantil murciana J. García Carrión, propietaria de la marca 'Don Simón', y obliga a la retirada de los zumos Pascual del lineal de frío en tres meses. El juez determina que la empresa burgalesa ha incurrido en competencia desleal y engaño al consumidor, al comercializar sus zumos como refrigerados sin serlo.
   Leche Pascual presentó un recurso de reposición por este auto y tiene recurrido este conflicto ante el Tribunal Supremo, pero con independencia del resultado de estos recursos en trámite, ha decidido "cumplir la literalidad del fallo". Así, sustituirá el producto por otro nuevo que "mantiene las condiciones organolépticas y los estándares de calidad clásicos del Zumo Pascual".

El presidente de Navantia destaca "más de 40" acciones comerciales en "casi todos" los países

SAN FERNANDO.- El presidente de Navantia, Aurelio Martínez, ha asegurado que la empresa está yendo "a todas las posibilidades que aparecen a nivel mundial" y que la compañía tiene "más de 40 acciones comerciales en casi todos los países" en estos momentos. 

   En declaraciones a los periodistas, Martínez ha manifestado que se están haciendo "todos los esfuerzos comerciales que se pueden", aunque ha recordado que no es una decisión que le toque solo a Navantia. En este sentido, ha añadido que "de momento, objetivamente, no hay nada", aunque ha señalado que hay países con los que se tiene "posibilidad" y cree que la solución se va alcanzar "en los próximos meses". 

   El presidente de Navantia ha explicado que el mundo está creciendo a más del cuatro por ciento, lo que significa que hacia Latinoamérica o incluso África tienen tasa de crecimiento importante. No obstante, ha puntualizado que Navantia está haciendo un "esfuerzo" para acudir a aquellos países que tienen más recursos. 

   En cuanto a las relaciones comerciales con Venezuela, ha señalado que es el contrato de exportación más importante hecho en Navantia. Asimismo, ha manifestado que su deseo es "continuar" y que le "consta" que Venezuela está "muy satisfecha".

El PSOE estima en mil millones la deuda "real" del SMS y pide la comparecencia de Palacios en la Asamblea

MURCIA.- El responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, en la Asamblea Regional para que explique la situación económica del Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que, subrayó, "actualmente se calcula que la deuda real es de 1.000 millones de euros". 

   Y es que, apostilló, "una vez finalizado el año 2010 y a punto de finalizar la VII legislatura, para la que quedan apenas cuatro meses, se hace necesario conocer la situación real económica y financiera del Servicio Murciano de Salud y su evolución desde el año 2007, cuando empezó la actual legislatura, dada la situación actual de las finanzas de la Comunidad".
   El diputado recordó que al inicio de esta legislatura, a 31 de diciembre de 2006, el déficit era de 286 millones de euros, mientras que a 31 de diciembre de 2009, ya alcanzaba 841 millones, con lo que se ha triplicado. Tras lo que Carpena se preguntó si también se ha triplicado la población y afirmó que "de ninguna manera".
   Igualmente, cuestionó si se ha reducido el triple la lista de espera. A lo que respondió que "en absoluto". De hecho, a finales de 2006, había menos de la mitad de pacientes en la lista de espera, "frente a las más de 24.000 personas que superaban los tiempos del decreto de demora a finales de 2009", incidió.
   Entonces, se cuestionó, "dónde se ha producido el déficit en estos cuatro años". Claramente, resaltó, "en el gasto farmacéutico por receta, donde existe un déficit superior a los 60 millones de euros", así como en conciertos con centros sanitarios privados".
   Así, añadió, durante los años 2007, 2008 y 2009 se acumula un déficit, entre lo previsto presupuestariamente y lo realmente gastado, de 90 millones de euros.
   Por tanto, "quién ha elaborado los presupuestos de Sanidad de la Región de Murcia, el presidente Zapatero o la consejera Palacios; quién ha gestionado los 7.000 millones de euros en estos cuatro años, el presidente Zapatero o la consejera Palacios", enfatizó.
   Carpena agregó que se sabe "con exactitud, que a 31 de diciembre de 2009, el déficit contable del SMS era de 841 millones, con una deuda a proveedores de 659 millones de euros. Al parecer, apuntó, "se han utilizado confirmings de más de 240 millones de euros", pero, insistió, "la deuda a finales de diciembre de 2010 se puede calcular en unos 1.000 millones.
   Además el parlamentario socialista considera necesario que la consejera explique en el Parlamento regional, la deuda con los farmacéuticos, con los centros sanitarios privados, con el personal sanitario, por las peonadas o con las empresas proveedoras, así como los préstamos pedidos y los intereses de demora.  
   En definitiva, remarcó Carpena en rueda de prensa, "Palacios debe aclarar a cuánto asciende la deuda global, la deuda a proveedores, los intereses de demora que se están pagando y se espera pagar, el tiempo de demora, los préstamos solicitados, la cuota a pagar y el tiempo de los mismos".
   Al hilo, ha criticado la gestión, "una vez más", llevada a cabo respecto a la gestión del gasto farmacéutico en 2010, donde la Región de Murcia, en los datos provisionales publicados, ha encabezado el incremento en toda España del gasto en recetas.
   Por ello, Carpena reta a la consejera a que en su comparecencia defienda y explique "los datos sesgados", que el director general de Planificación y Ordenación Sanitaria, ha colgado en la web institucional 'Murciasalud'.
   "La realidad es que de manera provisional se conoce que en 2010, el gasto en recetas ascendió a 420.249.000 euros" y recordó que lo presupuestado para este fin en 2010, fue de 410.000.000, es decir, que hasta que no se conozcan los datos de la Auditoría, que serán superiores, "de manera provisional solo en gasto en recetas se ha producido un déficit de más de 10 millones de euros", manifestó el diputado.

Saura advierte que Valcárcel debe 1.500 millones a sus proveedores, "lo que pone en peligro 50.000 empleos en la Región"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, pidió este martes al presidente Ramón Luis Valcárcel "que cumpla con los proveedores de la Comunidad, con las empresas, que no están cobrando y que se encuentran al límite, y muchas de ellas han tenido que cerrar".

   Y es que, subrayó, el líder socialista, "ahora mismo, la Comunidad Autónoma debe a sus proveedores 1.500 millones de euros, de los cuales 500 son de la Administración propiamente dicha, y en torno a 1.000 millones del Servicio Murciano de Salud (SMS)", lo que, según Saura, supone que "nuestra Comunidad está entre las más morosas de toda España".
   Pedro Saura sostiene que "Valcárcel ha entendido que una manera de financiarse es a costa de no pagar a los proveedores", así como que "esta parte de la deuda no financiera que tiene Valcárcel la está utilizando para financiarse y, al paso que va, va a ser más importante la deuda con los proveedores que la que tiene la Comunidad con el sistema financiero".
   "La deuda de la Comunidad con los proveedores está poniendo en peligro 50.000 empleos en la Región", insistió Saura, y advirtió que "esto supone que la Comunidad le debe de media 3.000 euros a cada familia murciana".
   "Valcárcel es la avanzadilla del PP para cargarse el Estado de las Autonomías", finalizó el socialista.

La Consejería de Sotoca exhibe su cara autoritaria en un intento de limitar derechos fundamentales de los profesores

MURCIA.- Los sindicatos Satse, UGT, CCOO, CSI-F, Sterm Intersindical, Anpe Murcia, Sidi y SAE, integrados en el Comité de Crisis contra la ley de recortes, han denunciado la carta "amenazante" que el director general de RRHH de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, José María Ramírez, ha remitido a los directores de los centros educativos de la Región en la que se "vetan las concentraciones o paros" en dichos centros, pretendiendo instaurar un "estado de sitio".

   En concreto, la carta "limita la libertad de expresión y el derecho de reunión", según ha denunciado públicamente el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Manuel Vicente, quien ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que los sindicatos se encuentran "más indignados que cuando se promulgó la ley" al entender que es "un golpe bajo a la buena fe negociadora".
   Por ello, ha exigido el cese del director general de RRHH de dicho departamento, ya que "es intolerable que se pretenda instaurar el desánimo de los trabajadores de la enseñanza".
   Además, ha criticado que sea la única dirección general de toda la Administración regional que "se dedica a enviar comunicados a los empleados con el único objetivo de desmovilizar, amenazar y boicotear cualquier acción de las organizaciones sindicales".
   Y es que, ha reprobado, "con el visto bueno del consejero Constantino Sotoca, está impidiendo cualquier acción que se esté llevando a cabo por los profesores, así como la posibilidad de comunicarse o hacer algún tipo de acción para informar a los padres, y la realización de concentraciones o paros en los centros".
   Asimismo, ha explicado Vicente, según se desprende del contenido de la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, "se exige a los directores el cumplimiento de cualquier tema en el centro educativo para que trasladen información, con nombres y apellidos, de quienes hagan cualquier tipo de acción; e impide la publicación o exposición de pancartas o de cualquier mural en espacios que no sean el sindical en los centros murcianos".
   Lo único que le preocupa al director general de RRHH, según Vicente, es que "los profesores hagan cualquier tipo de manifiesto en contra de una ley agresiva contra los derechos de los empleados públicos y supone el desmantelamiento del sector educativo".
   En opinión de Vicente, "se debería haber mandado una carta informando del recorte presupuestario en educación para este año, que en los centros se cifra entre un 15 y un 20 por ciento en gastos de funcionamientos, además de los recortes de plantilla".
   De este modo, las organizaciones sindicales que componen el comité de crisis han tachado de "intolerable" esta "ingerencia autoritaria y paternalista que tiene como finalidad instaurar el desánimo y la desmovilización entre los trabajadores de la enseñanza".
   Aunque algunos aspectos de la carta se limitan a recordar lo que todos los docentes conocen, "otros son claramente amenazadores", por lo que propicia que se esté creando "un clima enrarecido que puede entorpecer el posible diálogo entre el gobierno regional y las organizaciones sindicales".
   En la misiva remitida a los directores de los centros se expone que cualquier medida que suponga "una alteración de las actividades y proyectos contenidos en la Programación General Anual solo podrá ser realizada previa modificación de la misma y siguiendo el procedimiento reglamentado al efecto".
   Igualmente, señala que "no se podrán adoptar medidas que impliquen un abandono temporal de las funciones inherentes al puesto de trabajo, alteración de horarios o falta de atención al alumnado".
   "De producirse alguna de ellas, deberá ser comunicada a esta Consejería en cuanto la dirección del centro tenga conocimiento de la misma. Igualmente se comunicará cualquier incidente derivado de la alteración del ritmo normal de las clases", advierte.
   En la carta se recuerda, asimismo, que el único lugar del centro en el que se puede exponer publicidad relativa a los asuntos no oficiales es el tablón destinado a información sindical, de forma que la dirección del centro "velará para que no se exhiban pancartas o carteles que afecten a asuntos distintos de los fines de la actividad educativa".
   En esta misma línea, se recuerda que "no debe utilizarse el membrete del centro para comunicaciones distintas a los asuntos oficiales propios de la actividad educativa y no podrá utilizarse ordenadores, teléfonos, fotocopiadores o símbolos del centros para fines distintos de la mencionada actividad".
   Por último, expone que el director del centro "es el responsable del cumplimiento de todo lo anteriormente expuesta y efectuará las comunicaciones precitadas, velará por los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa a su cargo y por el uso adecuado de las instalaciones y materiales del edificio escolar".

García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en banco de Cajamurcia, que no afecta a su Obra Social

MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, ha dicho no estar preocupada "lo más mínimo" por el proceso de conversión en banco del SIP Mare Nostrum, integrado por Cajamurcia, Sa Nostra, Caixa Penedés y Caja Granada. Además, ha señalado que este cambio no afectará a la obra social de la entidad financiera ni al de Caja Mediterráneo (CAM), en su correspondiente 'bancarización'.

   En rueda de prensa, la consejera ha precisado que Cajamurcia "es de las cajas de ahorro más solventes", por lo que no está preocupada por la conversión en banco del SIP Mare Nostrum, en el que la entidad murciana representa el 41 por ciento.  
   No obstante, ha reconocido estar preocupada por el aumento del denominado 'core capital' de las entidades financieras, que supone "un aumento en la proporción de los fondos propios que es indeterminado, porque se habla de un ocho a un diez por ciento, lo que supone que el banco necesita un mayor apalancamiento financiero, es decir, menos recursos para prestar", añadió.
   Esto representa, para la consejera, un cambio en "las reglas del juego en tan poco tiempo", lo que no estima positivo "cuando, además, los bancos ya han empezado la carrera. Es como si uno empieza a jugar al fútbol y a mitad de partido se pone a jugar al baloncesto".
   García dijo estar preocupada por "el sistema financiero en su conjunto", porque, a su juicio, "lo que no se puede hacer es ese cambio de criterio y esa incertidumbre que se genera cuando en el mes de julio se aprueba un Real Decreto Ley por razones de urgente necesidad de reestructurar el sistema financiero y seis meses después se modifica cuando la mayor parte de esos 15 grupos que forman los SIP ya han empezado su camino".
   Todo ello, puntualizó, en un momento "tan complicado como el actual, en el que los mercados internacionales están cerrados, y en que el dinero está caro, porque estamos viendo cómo el diferencial está sometido a movimientos especulativos". Además, se trata de un momento en el que las entidades financieras "no pueden prestar más recursos porque necesitan dedicarlo a ese coeficiente y aumentar los recursos propios".
   Por ello, el aumento del 'core capital' "supone detraer liquidez del sistema para todos, y lo más importante, para las economías domésticas y para las empresas que, en definitiva, son las que necesitan de esa liquidez para seguir su actividad productiva, que son nuestro tejido empresarial y el que tiene que generar empleo", ha añadido García.
   Sin embargo, ha puntualizado que estos cambios "no afectan a la Obra Social porque en el Real Decreto aprobado en julio, la obra social en las SIP, que es el camino que se ha adoptado tanto por parte de Cajamurcia como de la CAM, queda en una Fundación, es decir, se queda en la caja propiamente dicha y se produce de los beneficios que general la bancarización".

Reprochan al alcalde de Archena que no mostrase interés en averiguar las causas del vertido al Segura

MURCIA.- El secretario de Medioambiente del PSRM-PSOE, Juan Pedro López, ha reprochado al alcalde que no mostrase ningún interés en averiguar las causas del vertido del pasado viernes 28 de enero al río Segura.
 
   Al tiempo que manifestó su satisfacción por la investigación abierta por la Confederación Hidrográfica del Segura para determinar las causas del vertido a su paso por la Vega Media, además de por el expediente iniciado para conocer al responsable de dicho vertido y por el aumento inmediato del caudal circulante del río Segura hasta los 5 m3/s y el cierre de todas las tomas de las acequias aguas abajo de Archena, con el objeto de diluir lo antes posible el vertido.
   Juan Pedro López, que también es portavoz del Grupo Municipal Socialista en la localidad, explicó que el alcalde del PP de Archena no sabía nada el día en que se produjo el vertido, y, lo más grave, añadió, "tampoco sabía nada ayer lunes, cuatro días después".
   La respuesta del alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez, fue que "carecía de información sobre lo ocurrido, que no había emprendido acción alguna, y que esperaba los informes de Esamur". A juicio del portavoz socialista, esa respuesta "no es propia de un primer edil, como no lo es quedarse de brazos cruzados ante una situación tan grave".
   Para Juan Pedro López, "es triste que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Archena, con su alcalde a la cabeza, solamente esperen informes de terceros y no hayan emprendido acciones directas para conocer el vertido, que pone en evidencia y avergüenza la gestión medioambiental en el municipio y el desinterés de sus gobernantes", a pesar de que cuando se construyo la EDAR de Archena, "se nos vendió como una depuradora moderna y con capacidad suficiente para depurar todas la aguas, cuestión que ahora queda en evidencia".

Las matriculaciones en la Región bajan un 34,61% en enero de 2011 respecto al mismo mes de 2010

MURCIA.- La Región de Murcia registró 1.158 matriculaciones en enero de 2011, lo que supuso un 34,61 por ciento menos respecto al mismo mes de 2010, cuando hubo 1.771 operaciones de este tipo. Se trata de una disminución superior a la del conjunto de España del 23,39 por ciento en el mismo periodo, según informaron fuentes de la patronal de los concesionarios, Faconauto.

   En el conjunto del país, los concesionarios de automoción sólo fueron capaces de vender una media de un coche por cada cinco de sus empleados durante el mes de enero, lo que da muestras de la complicada situación que atraviesa el sector de la distribución en España.
   Faconauto advierte que, tras siete meses seguidos de caída en las ventas a particulares, los puntos de venta "no están en condiciones de mantener sus estructuras y que los concesionarios seguirán destruyendo empleo cualificado en los próximos meses".
   "No nos salen las cuentas. Si actualmente damos trabajo a unas 150.000 personas y en enero en el canal de particulares, que es la demanda real, sólo se matricularon 28.000 unidades, difícilmente podremos pagar las nóminas de nuestros trabajadores", ha dicho el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold.
   El máximo responsable de la patronal considera que "se están recogiendo los "frutos" de haber quitado las ayudas directas a la adquisición y subido el IVA al mismo tiempo, lo que ha acrecentado la desconfianza de los compradores, que ya ni se plantean cambiar de coche".
   Según datos de Faconauto, el tráfico de clientes por las concesiones ha caído el mes pasado cerca de un 50 por ciento, lo que implica que las carteras de pedidos son testimoniales, situación que augura un mes de febrero en la misma línea.
   Faconauto recuerda que los coches que se dejen de vender ahora tampoco tendrán que pasar por un taller en los próximos años, por lo que la actividad de posventa, que hasta ahora era un "refugio" para los concesionarios, se verá muy mermada.
   En este sentido, advierte que, en breve, será inviable la presencia de un taller oficial en ciudades menores de 50.000 habitantes. Ante la "debilidad del mercado", los concesionarios "siguen haciendo un gran esfuerzo promocional para tratar de atraer a los compradores, rozando ya como media los 2.800 euros por coche.
   En cualquier caso, la patronal de los concesionarios considera que las Administraciones "tendrían que prever ya acciones revitalizadoras del sector, ya que sin un mercado nacional fuerte será difícil que las marcas sigan fabricando en España".
   Además, dice que el parón en las ventas "ha frenado también la renovación del parque automovilístico de nuestro país, cuya media de edad se acerca a los ocho años, con las implicaciones negativas que ello tiene sobre la seguridad vial y el medio ambiente".

Murcia registra el mayor aumento del precio de la vivienda usada en enero

MADRID.-El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia registró en enero un aumento del 1,8 por ciento, siendo la Comunidad Autónoma que obtuvo un mayo repunte, frente al descenso experimentado en el conjunto del país, que se situó en el -0,6 por ciento tras haber subido en diciembre un 0,1 por ciento, lo que ha situado el precio del metro cuadrado en 2.258 euros, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.com.

   Según idealista.com, el mes de enero ha supuesto un "frenazo" en la caída de los precios en muchos de las mercados, pues se mantienen en diez las comunidades autónomas donde los precios han bajado. Además, el coste de la vivienda usada sólo se redujo en enero en 23 provincias y 29 capitales.
   De esta forma, siete comunidades autónomas mantuvieron sus precios al alza durante el mes de enero. Los mayores repuntes correspondieron  a Murcia (+1,8 por ciento), Canarias (+1,2 por ciento) y Galicia (+1 por ciento), mientras que los descensos más acusados se los anotaron Cantabria (-1,5 por ciento), Extremadura (-1,2 por ciento) y Asturias (-1 por ciento).
   Por su parte, Euskadi, con (3.495 euros por metro cuadrado) y la Comunidad de Madrid (3.173 euros/metro cuadrado) son las autonomías más caras y las únicas en superar los 3.000 euros por metro cuadrado. Por debajo se encuentran Cataluña (2.650 euros por metro cuadrado) y Baleares (2.380 euros).
   En el lado opuesto de la tabla, con los precios más baratos, se sitúan Extremadura (1.355 euros), Murcia (1.463 euros) y Castilla-La Mancha (1.559 euros).
   Idealista.com destaca en su informe que, por primera vez, no son mayoría las provincias donde bajan los precios, con sólo 23 descensos de un total de 50. Las caídas más significativas correspondieron a Pontevedra (-2,5 por ciento), Albacete (-1,8 por ciento) y Zamora (-1,7 por ciento), mientras que los mayores repuntes se los llevaron las provincias de A Coruña (+3,9 por ciento), León (+1,9 por ciento) y Murcia (+1,8 por ciento).
   El 'ranking' de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.715 euros y 3.572 euros, respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (3.138 euros) y Barcelona (2.912 euros). Álava se queda en quinto lugar, con 2.807 euros.
   Por el contrario, un mes más Badajoz (1.316 euros) se consolida como la provincia española más económica, seguida por Ourense (1.356 euros) y Ávila (1.365 euros).