martes, 23 de noviembre de 2010

Murcia se sitúa como la autonomía de mayor incremento del gasto sanitario

CARTAGENA.- La Región de Murcia es la comunidad autónoma que, con un 2,79% de aumento, más elevará el gasto sanitario en 2011 de entre las 14 que ya han aprobado sus presupuestos, movilizando para ello un total de 2.085 millones de euros y poniendo en servicio, como grandes activos del sistema, los hospitales de Cartagena y el Mar Menor, además de destinar 36 millones de euros a otras infraestructuras sanitarias y casi ocho a la investigación.

   La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que hoy presentó las cuentas de su área para 2011, deberá aplicar los ingresos extraordinarios derivados de la subida del impuesto de hidrocarburos para mantener el sistema sanitario, lastrado por un gasto farmacéutico que este año volverá a subir un 2,5% y para el que el que viene se prevé un gasto de 415 millones de euros.
   Del total de gasto 1.971 millones serán administrados por el Servicio Murciano de Salud, al que la oposición atribuye una deuda de 659 millones a finales de 2009. La sociedad de gestión de infraestructuras sanitarias Giscarmsa dispondrá de 51,2 millones para pagar equipamientos de los nuevos hospitales. La Consejería contará con 48,9 millones.
   Pese a ello, Palacios hizo hincapié sobre todo en los avances que supondrán los dos nuevos hospitales en cuyo equipamiento se invertirán 25 millones. Sobre el de Santa Lucía (Cartagena) anunció que pretende inaugurar el área materno-infantil el 13 de diciembre con el primer parto "conmemorando que es, precisamente el día de Santa Lucía", lo cual implica que para entonces ya estará lista la nueva UCI.
   El Hospital del Mar Menor acumula algún retraso más, pero los traslados de servicios comenzarán a principios del año que viene, según la consejera.
   La inversión en nuevas infraestructuras sanitarias permitirá continuar obras hospitalarias en curso como las del Materno Infantil de la Arrixaca, que contará con 4,8  millones, y el Hospital Rafal Méndez de Lorca, que dispondrá de siete millones para la realizar importantes obras de mejora.
   Mientras la inversión en Atención Primaria se destinará entre otras cosas a la construcción de un nuevo centro de salud en Lorca-Sutullena y a la reconstrucción completa de los de Santa Rosa de Lima y Lorca Centro.
   La modernización de los servicios sanitarios permitirá avanzar en la implantación de la historia clínica digital. "Se pretende que el hospital de Santa Lucía prescinda casi al completo de los informes en papel", indicó Palacios, quien subrayó que el 92% de la Atención Primaria está adscrita al sistema informatizado integrado del sistema, que se consolidará en seis áreas de salud, con una cobertura de 200.000 personas en 2011, y que llegará a las restantes en 2012.
   La prevención del cáncer de mama abarcará a 65.000 mujeres y permitirá realizar 42.000 mamografías y 1.700 exploraciones complementarias y el programa de prevención de tabaquismo seguirá avanzando.
   La partida de investigación subirá un 13% para llegar a los 7,6 millones de euros, destinados por ejemplo al Red Regional de Apoyo a la investigación clínica, a la de biobancos y al desarrollo del proyecto neocódex de técnicas de investigación genómica sobre enfermedades neurológicas. Especial importancia tendrá en estos programas la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, que contará con nueve millones de euros
   A la contención del gasto farmacéutico Palacios le unió la que supone la central de compras, que permitirá  gastar 10,5 millones de euros menos en suministros, que ascenderán a 70 millones. La Fundación Alzheimur contará con 4,8 millones para la atención a esta enfermedad.
   Para Catalina Lorenzo del PP las cuentas de Sanidad son "adecuadas y fiables a la hora de garantizar la prestación sanitaria" pese al "castigo del Gobierno central con la falta de financiación necesaria". "Pese a ello, no se da ni un paso atrás en la asistencia a los murcianos", añadió.
   Muy diferente es la opinión del diputado del PSOE, Domingo Carpena, quien consideró que "dado que la deuda sanitaria se lo come todo", el principal problema del sistema es "su sostenibilidad económica".
   "El presupuesto es falso porque incluye partidas inferiores a las de 2009 en gasto farmacéutico y conciertos con la sanidad privada", apuntó, para añadir además que la mayor parte de los programas de prevención de la salud bajan en cantidades.
   José Antonio Pujante compartió el análisis negativo de Carpena respecto a la reducción de gasto en políticas de prevención de la enfermedad  y pidió la eliminación de Giscarmsa como ente "que ni es transparente ni eficaz" en la promoción y gestión de nuevas infraestructuras sanitarias.
   Además, cuestionó la "externalización y privatización" de servicios y deploró la incapacidad para controlar el incremento del gasto farmacéutico.

Espinosa de los Monteros considera un "escándalo" que las comunidades autónomas abran embajadas

MADRID.- El patrono de la Universidad Nebrija y vicepresidente de Inditex, Carlos Espinosa de los Monteros, ha considerado un "escándalo" y "un insulto al contribuyente" que las comunidades autónomas instalen embajadas en otros países existiendo embajadas españolas. 

   Espinosa de los Monteros hizo estas declaraciones durante su participación en una mesa redonda de expertos sobre la promoción de las 'Marca España' en el exterior, celebrada en la Universidad de Nebrija.
   En el encuentro también participaron el presidente de Positioning Systems, socio director de Trout & Partner Group y autor del libro 'El posicionamiento de la "Marca España" y su competitividad internacional', Raúl Peralba, y el embajador de España del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Conde-Saro.
   Los tres ponentes han coincido en señalar que la crisis le ha restado a España prestigio internacional y han reclamado coordinación entre empresas y organismos oficiales para mejorar la promoción de la 'Marca España' en el exterior con el objetivo de recuperar el prestigio internacional.
   Conde-Saro se mostró convencido de hace falta una mayor coordinación entre los organismos y pidió que la promoción de la 'Marca España' debe surgir de la colaboración público-privada.
   "Los mensajes deben fiables, predecibles, constantes y únicos", ha señalado el embajador de España del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por su parte, Peralba ha defendido que España es un "buen producto", pero que se "vende mal".
   En este sentido, el experto en posicionamiento de marca ha recomendado que para mejorar su imagen hay que "transferir prestigio, pensar en positivo, aprovechar las oportunidades, integrar y no dividir, hablar bien de España y sacudirse el complejo".
   Para finalizar la charla debate, se hizo un ejercicio, en el que se calificó a diferentes agentes responsables en la creación de la imagen percibida del país. Una calificación global de la percepción de la 'Marca España' que los expertos ponentes fijaron entre un 5,2 y un 6 de media.

La Junta de Andalucía autoriza la integración de CajaGranada en Mare Nostrum

SEVILLA.- El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha autorizado la integración de Caja General de Ahorros de Granada (CajaGranada) en el Sistema Institucional de Protección (SIP) Grupo Banco Mare Nostrum, en el que participan también Caja de Ahorros de Murcia (Caja Murcia), Caixa d'Estalvis del Penedès (Caixa Penedés) y Sa Nostra Caixa de Balears (Sa Nostra).

   De esta forma, según han indicado fuentes del SIP, este es el primer SIP que "tiene aprobado todo", toda vez que sólo queda nombrar el consejo de administración del SIP, algo que podría ocurrir en próximos días, y que el Banco de España conceda la ficha bancaria para empezar a operar.
   Las fuentes financieras han indicado que el Banco de España "ya dio el plácet y la autorización a este SIP en junio", por lo que ahora sólo le falta otorgarle la ficha bancaria para empezar a operar formalmente, aunque "la maquinaria ya está ultimada", de forma que "se puede empezar conforme a lo previsto, antes de finales de año".
   Este trámite, que se suma a la aprobación de los gobiernos balear y catalán --Murcia no tiene competencias en ese sentido-- se realiza en virtud de la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorros de Andalucía, que prevé que la participación en un SIP de una caja andaluza requiere la autorización previa de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, según ha recordado la Junta en una nota.
   La Asamblea General de CajaGranada acordó el pasado 16 de septiembre la integración de la entidad en el Grupo Banco Mare Nostrum a través de un sistema institucional de protección y solicitó posteriormente la autorización de este proceso a la Consejería de Economía.
   Para autorizar este proceso, la Consejería de Economía ha tenido en cuenta "la salvaguarda de los derechos y garantías de impositores, acreedores y trabajadores y que el proceso permita la continuidad de la obra social de la caja andaluza". Asimismo, la solicitud ha sido informada favorablemente por la Dirección General de Supervisión del Banco de España.
   Con esta integración, Caja Granada pasará a formar parte de uno de los seis grupos de cajas de ahorros más importante de España, con un volumen de activos superior a 70.000 millones de euros.
   El contrato de integración suscrito por las entidades participantes en el SIP establece un compromiso mutuo de solvencia y liquidez, un sistema de tesorería global y de participación mutua de resultados, que reforzará las capacidades de gestión de cada entidad, permitiéndoles afrontar en mejores condiciones las actuales dificultades del sistema financiero.
   Las entidades participantes en el SIP centralizan sus políticas de gestión y control de riesgos, solvencia y liquidez, así como sus estrategias de negocio, al tiempo que mantiene su personalidad jurídica, sus órganos de gobierno y dirección, sedes sociales y la gestión de su obra social.
   Este proceso se enmarca dentro de los que está experimentando el sistema financiero andaluz para fortalecer su estabilidad, solvencia y  capacidad de actuación, para poder seguir prestando a la sociedad andaluza y a sus empresas sus servicios financieros de forma eficiente.

El PP negociaría sobre las autopistas en quiebra si Fomento cambiase su plan

MADRID.- El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Andrés Ayala, ha mostrado su disposición a seguir negociando con el PSOE para buscar un mecanismo que evite la quiebra de un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje, al considerar que la solución propuesta por el Gobierno la pasada semana "no conduce a nada".  

   El diputado cartagenero Ayala ha asegurado que su grupo quiere dar respuesta a esta situación y no está pidiendo "nada que no sea razonable", pero estima que la propuesta del ministro de Fomento, José Blanco, que fue pactada con CiU a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2011, era una "mala" solución.
   Esta iniciativa propone un mecanismo para aportar una cantidad a cuenta 80,1 millones de euros en 2011 a este grupo de sociedades, que tendrá continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años.
   Sin embargo el PP decidió vetar la votación de la enmienda durante el debate en Pleno de los Presupuestos, una decisión que Ayala ha justificado también porque el Gobierno no les presentó su propuesta hasta el mediodía del mismo martes, sin darles opción a negociar nuevos cambios.
   "Sabemos que existe este problema hace mucho, el Gobierno ha tenido muchas oportunidades para afrontarlo antes y al final nos presentó su propuesta a última hora", denunció Ayala.
   El diputado 'popular', que aún no se ha reunido con el Grupo Socialista ni con el Ministerio de Fomento, ha recordado que la enmienda tendrá una segunda oportunidad en las próximas semanas con el debate de las cuentas públicas en el Senado.
   En este sentido, ha abogado por "esperar a ver" si los Presupuestos son vetados por la Cámara Alta (lo que impediría la introducción de enmiendas), antes de plantear introducir la enmienda en otra norma, unas posibilidad que barajan tanto el Grupo Socialista como CiU.
   Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
   Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
   En lo que tanto el PSOE como el PP están de acuerdo es en no elevar las cantidades consignadas ya en los Presupuestos para préstamos participativos a concesionarias para hacer frente a los sobrecostes de expropiaciones.

El Gobierno limitará las emisiones de deuda a las CCAA si no cumplen

MADRID.- El Gobierno limitará la emisión de más deuda a aquellas comunidades autónomas que no cumplan con los objetivos de consolidación fiscal que ha marcado el Gobierno, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este miércoles.

   El Ministerio de Economía y Hacienda puede limitar las emisiones de deuda a las que recurren comunidades autónomas para financiarse desde hace mucho tiempo, pero nunca ha tenido que hacerlo porque las circunstancias económicas y financieras han sido distintas.
   La reunión del CPFF de mañana estará muy centrada en el cumplimiento los objetivos de reducción de déficit asumidos tanto por la Administración central como por las comunidades autónomas, para lo que se examinará todo lo ocurrido en el año 2009 y en el primer semestre de este ejercicio. A partir de ese análisis, el CPFF autorizará el nivel de endeudamiento que proceda según el cumplimiento de las comunidades.
   Además, el Gobierno aprovechará la reunión con los consejeros de Economía de los distintos territorios para hablar de la necesidad de incrementar la transparencia en la información financiera de cada comunidad autónoma, de forma que se conozca el esfuerzo de ajuste que están haciendo frente a la crisis que, a su parecer, es importante y está dando buenos resultados.
   De hecho, el Ejecutivo es partidario de que las comunidades autónomas publiquen sus datos de ejecución presupuestaria cada mes tal y como hace la Administración central porque la transparencia ayuda mucho a que se disipen posibles dudas sobre si ese esfuerzo se está haciendo o no. A su parecer, una medida así tiene todo tipo de ventajas porque aumenta la confianza y hace que sea más barato financiarse, por lo que no existe ninguna razón para no hacerlo.
   Esta misma recomendación la ha hecho el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien considera que las comunidades debería publicar sus datos de ejecución presupuestaria con la misma periodicidad, grado de detalle, desfase y facilidad de acceso que lo hace la Administración Central.
   Aún así, el Gobierno no puede imponer una iniciativa así a las comunidades autónomas, sino que tienen que ser ellas las que acuerden dar la información sobre su déficit o superávit mes a mes, por lo que hará simplemente una recomendación en la reunión.
   De la misma forma, cabe la posibilidad de que proponga la elaboración de techos de gasto de gasto previos a la confección de sus presupuestos autonómicos, un instrumento que, según el propio Gobierno y el Banco de España, ha demostrado ser muy útil para controlar los gastos y los ingresos.

Cumplen
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha asegurado en el Congreso que el proceso de consolidación fiscal "va bien" y las comunidades autónomas "están haciendo su parte", por lo que las cosas "están evolucionando de forma razonable" y "en línea con los compromisos", si bien ha indicado que "hay muchos diferencias" entre unas y otras.
   "Cada vez estoy más convencido de que no deberíamos hablar de las comunidades autónomas como un todo homogéneo, porque emergen muchas diferencias en función de unos gestores y otros", ha remarcado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, un día antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Ocaña ha insistido en que en el conjunto de las comunidades, se está "en línea de los objetivos", aunque unas comunidades autónomas "tienen una situación y otras, otra". No obstante, ha eludido dar detalles hasta la reunión del miércoles y se ha limitado a asegurar que, "en conjunto, la situación no es preocupante".
   El Gobierno limitará la emisión de más deuda a aquellas comunidades autónomas que no cumplan con los objetivos de consolidación fiscal que ha marcado el Ejecutivo en el marco del CPFF.
   Por otro lado, Ocaña ha señalado que espera que las entidades locales hagan lo mismo que se exige para el Estado y para las comunidades autónomas, aunque ha indicado que los ayuntamientos con un nivel de endeudamiento "excesivo" (superior al 75% de sus ingresos) son un número "pequeño y reducido" y obedece a casos puntuales.
   Sin embargo Ocaña ha señalado que limitar su endeudamiento es "muy razonable", aunque ponga en "dificultad" a los gestores, abocados a hacer un esfuerzo de austeridad. "Pero es que de eso precisamente se trata, no podemos dejar simplemente que la deuda siga creciendo", ha asegurado.

lunes, 22 de noviembre de 2010

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'


Ferrmed afirma que la crisis sería más llevadera si se hubiera invertido en el Corredor Meditarráneo y no en el AVE

VALENCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha mantenido este lunes que el Corredor Mediterráneo es un eje "tan fundamental" para la economía española que si el Gobierno en lugar de una red radial del AVE que "no tienen rentabilidad" hubiera invertido en esta infraestructura la crisis "ahora sería más llevadera". 

  De hecho, en rueda de prensa para presentar el Manifiesto sobre la Red Ferroviaria Trasn-Europea de Mercancías, que incluye el Corredor Mediterráneo, ha concretado que supondría un ahorro económico de 67.000 millones de euros para la economía española entre 2016 y 2045 en comparación con el tráfico rodado.
  En el caso de la Comunitat Valenciana este ahorro sería de 19.000 millones y si además se tiene en cuenta que esta infraestructura permitirá a los puertos de la Comunitat canalizar el tráfico asiático marítimo y crear una industria transformadora de estos productos para ser comercializados en Europa aumentaría un 1 por cieno el PIB regional, con lo que los beneficios rondarían los 55.000 millones de euros en 10 años a partir de 2016. Y puso un ejemplo: de Valencia a Tarragona sólo circulan entre 10 a 20 trenes diarios mientras si estuviera en funcionamiento este corredor serían de 150 trenes.
  Por ello, ha recalcado la necesidad de que el Ministerio de Fomento materialice sus compromisos y establezca un calendario de actuación que, en su opinión, debe comenzar con un cambio de vía o la construcción de un tercer carril hasta Cartagena, presupuestado en 2.350 millones, que esté concluido en 2013. Posteriormente para 2017 las circunvalaciones de Valencia y Barcelona para evitar el tráfico de cercanías llegar hasta Almería para poder alcanzar Algeciras en 2019-2020. "Todo debe estar terminado  para 2020", ha señalado. Además, reclama que se reabra la conexión Lorca-Granada que se cerró a principios de los 80 pero con un trazado más idóneo para las mercancías.  
   Amorós ha expuesto que "siempre se habla del triángulo de oro ferroviario" que es Valencia, Madrid, Barcelona y vuelta a Valencia,. A partir de diciembre estarán dos patas: Valencia-Barcelona y Barcelona-Madrid, pero queda por hacer Barcelona-Valencia. En su opinión, resulta "increíble" que las dos ciudades más importantes, detrás de Madrid, o estén unidas por la alta velocidad y sí lo estén otras capiteles ya que esta unión permitirán liberar la línea para "el transporte de mercancías con la misma prioridad que los pasajeros convencionales".
  En ese sentido, ha recalcado: "las inversiones se debe hacer teniendo en cuenta la cohesión social, pero sin olvidar dónde está la rentabilidad económica", que en esta infraestructura, según ha puntualizado, es de 11,1% de retorno de media aunque en determinados tramos es muy superior, como en el tercer carril. Por ello, se calcula la inversión privada podría participar en un 30 por ciento de todo el corredor hasta Estocolmo. "Si España tiene la pretensión de convertirse en una plataforma logística intercontinental de primer orden sólo lo puede lograr si invierte en el Corredor Mediterráneo", ha señalado.  
  Del mismo modo, el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat valenciana (COIICV), Javier Rodríguez, ha agregado: "un país vale las inversiones que poseen y los conocimientos que posee y un país sin industria está condenado a vivir de la caridad de los países ricos".
   Por ello, Ferrmed ha elaborado un manifiesto que presentará el próximo 12 de enero en el Parlamento Europeo de Bruselas con tres puntos esenciales: el primero, que están de acuerdo con la concepción de la red que propone la Comisión, es decir, una red ferroviaria europea que interrelacione todas los grandes corredores de mercancías de europea y sus puertos.
   El segundo, que esta red se establezca a partir de un estándares comunes y por último que incluya todas las líneas realmente importantes , los puertos , las industrias logísticas y por supuesto el Corredor Mediterráneo tan importante para Europa y España. Al acto está confirmada la asistencia del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y esperan contar con el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, así como de una representación del Gobierno español.
  La Comisión europea presentará en enero u borrador de la red prioritaria que tras su discusión con los países implicados se presentará de forma definitiva en abril para su aprobación por el Consejo de Ministros y el Parlamento europeo. En marzo o a principios de junio estará definida la red europea de transportes y, desde Ferrmed, se espera con el Corredor Mediterráneo incluido.

Observatorio CAM llama a la plantilla de la caja a boicotear a CCOO por "venderles" en el SIP

ALICANTE.- El Observatorio CAM de Prejubilaciones, colectivo de empleados de Caja Mediterráneo que agrupa a 515 trabajadores mayores de 55 años, ha considerado que CCOO "vende a la plantilla CAM" con el preacuerdo alcanzado por este sindicato y CSI.F con la patronal de las cajas, y por ello ha llamado a la plantilla CAM a "boicotear" a CCOO en las elecciones sindicales del próximo miércoles, según ha informado en un comunicado el Observatorio. 

   Este colectivo ha recordado que CCOO cuenta con una "irrisoria" representatividad del 4 por ciento en CAM --y CSI.F con el 0 por ciento--, y con este peso "pretende decidir el futuro de 7.000 trabajadores, e imponer un modelo de prejubilaciones que saben que el colectivo CAM rechaza".
   El Observatorio ha propuesto a toda la plantilla de la CAM "boicotear de forma activa" las candidaturas de CCOO en las elecciones sindicales del próximo miércoles, para tratar de "poner freno al fiasco que están cocinando el SIP y CCOO".
   Al respecto, ha mostrado su "esperanza" de que un "descalabro en sus resultados les haga recapacitar", y ha instado al resto de sindicatos con representación en CAM, "que mantengan y refuercen la recién iniciada unidad sindical que agrupa a más del 90 por ciento de la representación legal".
   A estas fuerzas, les ha reclamado que empiecen a "trabajar unidos y con firmeza en defensa de un acuerdo digno", y se opongan "por todos los medios a la aplicación del asumido por CCOO".
   Así mismo, ha pedido a la dirección general que se "moje" por sus trabajadores en la presentación de una "propuesta digna" y que tome conciencia de que "no se puede estar diciendo a la sociedad que la nueva entidad ganará 1.500 millones de euros en 2015, mientras ahora racanea las condiciones de los trabajadores" que, "con sus salidas, sus movilidades geográficas o funcionales y su adaptación a la cultura de la nueva entidad, pueden hacerlo posible".
   El Observatorio de Prejubilaciones ha recordado las diferencias salariales entre las cajas del SIP, con la CAM como la entidad con  los costes salariales medios más bajos --sin incluir alta dirección-- de todo el grupo SIP, con diferencias que van desde el 9 por ciento con Caja Extremadura, hasta el 40 por ciento con Caja Cantabria, el 12 por ciento con respecto a CCM y el 16 por ciento con Cajastur.
   Así mismo, el citado colectivo ha lamentado que los esquemas propuestos en el preacuerdo suscrito por CCOO están basados en porcentajes de retribución, sin consideración alguna al paquete de beneficios sociales, que "sólo pueden satisfacer y favorecer a los colectivos con altas retribuciones y con menor gama de conceptos no salariales".
   "Sólo una falta de capacidad de análisis y de imaginación puede llevar a planteamientos tan simples como perjudiciales para los que figuran en peor situación de partida, es decir, los empleados CAM", han indicado las mismas fuentes.
   El Observatorio ha detallado que las condiciones preacordadas por CCOO contemplan unas percepciones 7 puntos porcentuales inferiores a  las de los prejubilados con anterioridad; niveles del 70 por ciento de salario neto cuando se lleve a cabo el retraso en la edad de jubilación y la imposibilidad de acceso para prejubilables con hijos en edad escolar o universitaria, o con hijos con alguna discapacidad.
   En opinión del Observatorio, CCOO debería tener en cuenta que un modelo de prejubilaciones que no alcanzara una suficiente acogida del colectivo al que va dirigido, "supondría la salida forzada y no deseada, bajo el eufemismo de "bajas incentivadas", de empleados de distinta edad y condición", según han apuntado las mismas fuentes.
   Ante esta situación, ha considerado que "el papel de CAM" en la representación de cajas es "de invitado de piedra", "como si no fuera con ella", dado que "aún no se ha visto en las propuestas de la patronal la influencia de CAM orientando hacia los modelos y planteamientos conocidos e implantados aquí".
   En este sentido, además ha estimado que "las diferencias salariales negativas en relación con cajas mucho más pequeñas y con resultados históricos más modestos que CAM debido a que no se ha hecho partícipe a la plantilla de la reiterada bonanza".

El PSOE pide "un impulso significativo" que "ponga la voluntad inequívoca del Gobierno con Portmán"

MURCIA.- El secretario general del PSOE de La Unión, Mariano Oliver, junto a la concejal socialista, Ana María Rodríguez y el diputado regional, Manuel Sanes, han mantenido una reunión de trabajo con el recién nombrado director general de Sostenibilidad y Ordenación de la Costa, Pedro Antonio Ríos, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar y la jefa de la Demarcación de Costas del Estado, Francisca Baraza.

   Dicho encuentro ha tenido por objetivo una primera toma de contacto, para transmitir a Ríos la necesidad de que el proceso de regeneración de la Bahía de Portmán "no se ralentice en demasía y sea objeto de un impulso significativo que ponga de manifiesto la voluntad inequívoca del Gobierno de la Nación con Portmán, así como para expresarle la inquietud que tenemos sobre el proyecto del Gobierno regional de ubicar en El Gorguel una terminal de contenedores", declaró Oliver.
   El secretario general de los socialistas unionenses señaló que "estamos satisfechos de que el Gobierno de Zapatero haya elegido a un murciano en esta área, ya que ser conocedor en primera persona de los problemas de esta Región supone una importante ventaja a la hora de abordar las actuaciones que deban llevarse a cabo".
   Asimismo, el portavoz socialista en La Unión resaltó que el director general de Sostenibilidad y Ordenación de la Costa les ha transmitido su sensibilidad hacia el proyecto de Portmán y su voluntad de que en el año y medio de gestión que tiene por delante, "se avance todo lo posible en la ejecución del proyecto".

Los jóvenes socialistas consideran que las políticas del Gobierno regional "siguen siendo un error"

MURCIA.- El Vicesecretario General de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, David Castillo, asegura que "las políticas del Gobierno regional están empezando a perjudicar de manera sobresaliente a los jóvenes murcianos", así, señaló, "se ha confirmado con el impuesto sobre la gasolina que el presidente Ramón Luis Valcárcel ha impuesto para arreglar el desastre de su gestión en el Servicio Murciano de Salud".

   Y ahora, continuó en rueda de prensa, "con los nuevos Presupuestos regionales, pues ha pegado un inmenso tijeretazo en las materias más prioritarias para los jóvenes, como son la educación, el fomento del empleo, el I+D+i o las ayudas a los emprendedores y las PYMES".
   Para David Castillo, "es injusto que los jóvenes estudiantes, trabajadores o autónomos tengamos que ver cómo el Gobierno de la Región de Murcia desciende la inversión en todo lo que más nos interesa y encima nos sube el impuesto de la gasolina para que paguemos su mala gestión del dinero de todos".
   De hecho, señala, "en estos presupuestos regionales, que se enmarcan en el momento económico y laboral más difícil de los últimos tiempos, se va a invertir la insultante cifra de 250.000 euros, para el fomento del empleo joven, cuando aquí en Murcia el paro juvenil es uno de los más altos de toda España".
   "Es decir, que se gasta casi 100 veces más en patrocinar un coche de la Fórmula 1 que en los verdaderos intereses de los jóvenes murcianos como el fomento del empleo", subrayó.
   El vicesecretario general de JSRM ha lamentado que "en una ceguera política inadmisible, el Gobierno regional va a recortar casi un 20% en investigación, un 50% en ayudas a las PYMES, un 37% en ayudas financieras a jóvenes emprendedores y un importante descenso de crédito para las Universidades públicas, eligiendo una salida de la crisis basada en la supervivencia en solitario de las empresas y los trabajadores de la Región sin ninguna planificación coherente y sostenible para corto, medio y largo plazo".
   Para las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia "esta evidencia de la mala gestión de lo público por parte del Gobierno regional es el principio del fin de un proyecto político completamente agotado de ideas y saturado de excentricidades".
   A su juicio, "el Ejecutivo murciano ha ido tapando sus vergüenzas hasta donde ha podido echándole las culpas al resto del mundo, pero de ahora en adelante se va a demostrar que el Gobierno de Valcárcel ha sido realmente incompetente para gestionar nuestra Región y es el momento de construir entre la sociedad crítica, los jóvenes, los trabajadores, los autónomos y las PYMES una verdadera alternativa para reorientar las políticas públicas murcianas hacia la mejora de la formación, de los servicios públicos  y de la internacionalización de nuestro turismo y nuestra industria".

Los socialistas Juan José García Escribano y Mario Rosario Quesada Gil renuncian al escaño parlamentario

CARTAGENA.- Juan José García Escribano y María Rosario Quesada Gil, candidatos socialistas a las elecciones autonómicas de 2007 por la circunscripción número 3 (Murcia), han comparecido esta mañana ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia para presentar personalmente su renuncia al escaño parlamentario que les hubiera correspondido en sustitución de Pedro Saura.

   García Escribano ocupaba el puesto número 8 de la candidatura socialista encabezada en Murcia por Pedro Saura, y María Rosario Quesada Gil, el número nueve, según han informado fuentes de la cámara parlamentaria.
  
Tras sus respectivas renuncias, será la candidata que figuraba en décimo lugar, Concepción Estrada, quien ocupe el escaño dejado por el hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Saura, tras su nombramiento como director general de SEPES, la entidad estatal de Suelo.

PSOE Murcia denuncia que el Consistorio "no abra expediente de operaciones que habrían realizado altos cargos de Urbanismo"

MURCIA.- El edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Marcos Ros, ha denunciado públicamente que el Consistorio "no vaya a abrir ningún expediente informativo sobre las operaciones que presuntamente se habrían llevado a cabo por parte de altos cargos de la Gerencia sin ningún tipo de control del Gobierno municipal". 

   Es por ello por lo que ha lamentado que el PP "pretenda pasar página de cada caso de escándalo urbanístico que se produce en Murcia, aunque esto suponga instalar una cortina de humo que lo único que hace es agravar el impacto negativo de estos casos de corrupción en la ciudadana y en la imagen de nuestra ciudad".
   Así se ha pronunciado Ros tras la celebración de la comisión extraordinaria de Asuntos Generales convocada a petición del Grupo Socialista sobre "los continuos ceses, dimisiones, sustituciones e imputaciones de altos representantes del urbanismo municipal en los últimos 10 años".
   Al hilo, ha criticado que "se haya dado por cerrada esta comisión sin ninguna resolución y sin dar respuesta a las 40 preguntas que les hemos planteado en torno a la situación actual de la Gerencia, tras las imputaciones de altos cargos de Urbanismo en varios casos de actividades presumiblemente delictivas".
   "Ninguna respuesta, ha insistido, sobre el caos de la Gerencia en los últimos 10 años, ni sobre el estado general del urbanismo en el municipio y la ausencia de un modelo de ciudad y de gestión urbanística desde la implantación en 2001 del Plan General".
   De ahí que no haya dudado en afirmar que "la ausencia de transparencia es la máxima de este gobierno, instalado en la poltrona que tampoco está por la labor de adoptar ninguna de las medidas que les hemos planteado para dignificar el urbanismo en Murcia".
   "Han dicho no al establecimiento de auditorías para controlar los procedimientos, redacción, aprobación y tramitación de gestión de los convenios, ni para que los servicios de intervención municipal participen en la valoración y cuantificación de las compensaciones cuando sea necesario tramitar un convenio", ha reprobado.
   También han rechazado, según Ros, "la creación de una oficina de atención al afectado por procedimientos urbanístico o de una oficina de concursos públicos para zonas de planeamiento singular o construcción de edificios públicos municipales".

Un juzgado acusa al alcalde de Abarán y a un concejal de ser responsables de una situación de acoso a un funcionario

MURCIA.- Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, con fecha de 18 de noviembre, acusa al alcalde de Abarán, Antonio Eugenio Gómez, y al concejal de Personal, José Gómez, de ser "responsables y promotores de una situación de grave acoso laboral" a un funcionario del Ayuntamiento durante casi tres años y medio.

   La sentencia, según fuentes de UGT, recoge que el Consistorio ha incurrido en una vulneración de los derechos a la dignidad y propia imagen del trabajador al que se debe reponer, en su ubicación y funciones, en la Oficina Técnica Municipal.
   Los hechos se fundamentan en que, siguiendo las instrucciones del alcalde y del concejal de Personal, "se apartó al funcionario de su puesto de trabajo en la Oficina Técnica Municipal como técnico de Gestión, trasladándole a otro edificio separado de sus compañeros".
   De este modo, según las fuentes, "no se le atribuyó tarea alguna (salvo cuatro informes) durante los tres años y medio que duró el vaciamiento de funciones, se le confiscó y se registró su ordenador de trabajo clandestinamente entrando dentro de su intimidad, y se le abrió un expediente disciplinario para expulsarlo del Ayuntamiento, en base al supuesto contenido del PC, sin más motivo que el no ser grato a los intereses de los acosadores".
   En opinión del secretario general de la Unión Comarcal de la Vega del Segura de UGT, Teodoro Canovas, "el desencadenante de la situación de acoso y maltrato fueron las denuncias que el funcionario realizó ante el propio Ayuntamiento y Fiscalía en el año 2007 sobre presuntas irregularidades en el cobro de retribuciones supuestamente cometidas por personas protegidas y amparadas por la actual Corporación, que actualmente están siendo objeto de investigación en los juzgados de Cieza".

La Universidad de Murcia convoca un concurso público para cubrir 20 plazas de catedráticos

MURCIA.- La Universidad de Murcia (UMU) ha convocado un concurso público para cubrir un total de veinte plazas de catedráticos en distintos centros de la misma, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado. 

   Estas plazas corresponden, entre otras, a las áreas de Biología Celular, Bioquímica, Ciencia Política y de la Administración, Filología Inglesa y Farmacología. 

   También figuran otras plazas para Fisiología, Nutrición y Bromatología, Lengua Española, Ingeniería de la Información y las Comunicaciones, Física e Historia Moderna.

'Cerdá, a tu amigo nos vendiste, ahora responde por lo que hiciste', pancarta de los trabajadores de 'Halcon Food'

MURCIA.- Medio centenar de trabajadores de la factoría de la empresa Halcón Foods en Campos del Río se concentraron en la mañana de este lunes ante las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y del Instituto de Fomento (INFO), para reclamar a la Administración autonómica mayor diligencia en el seguimiento al aval de 28 millones de euros que la Comunidad otorgó en 2009 a la compañía agroalimentaria.

   Al grito de 'Comunidad, dónde está el aval', los 50 trabajadores, en representación de los 300 trabajadores de la factoría, instalaron sus pancartas reivindicativas a las puertas de las dos instituciones, en las que podía leerse 'Cerdá, a tu amigo nos vendiste, ahora responde por lo que hiciste', entre otras cosas.

   El secretario de organización de la Federación Agroalimentaria de UGT Murcia, Felipe García, señaló a Europa Press que la empresa, al parecer, reclama un nuevo aval "que se elevaría a 22 millones de euros, que sigue siendo insuficiente para el empresario", mientras que el INFO "está pidiendo algún tipo de información concreta del anterior aval que le dieron".

   Mientras, explicó que los trabajadores "son muy escépticos" ante las reuniones que mantiene la junta de negociación para tratar sus reivindicaciones, ya que a la empresa "sólo le interesa el plan de negocio, que le den el aval para seguir haciendo no sé qué". Así, García critica la actitud de la empresa ante los puntos sociales y laborales que los trabajadores piden pactar al mismo tiempo. 

   Fundamentalmente, García señaló que los trabajadores de la factoría de Halcón Foods en Campos del Río "no terminan de estar de acuerdo, sobre todo por lo que han estado sufriendo este año y medio, confiando en que el empresario les iba a dar empleo y trabajo y, al no haber nada, la opción que se está barajando es que la empresa la coja otro empresario u otro gestor".

   García dijo tener constancia de que el INFO "está pidiendo información del anterior aval que le dieron a la empresa, todo ello cuando se esta viendo la posibilidad de un nuevo aval que le urge al empresario, y todavía no se ha cerrado donde se destinaron los fondos del aval anterior de 28 millones de euros, que permitió al empresario conseguir préstamos por un valor casi del doble".

   Esta tarde, el Comité de Empresa se reunirá con el abogado de la empresa Halcón Foods, según indicó García.

    En 2009, el Gobierno regional entregó un aval que propició que llegaran a un acuerdo el Grupo Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa) y las entidades financieras que garantizó la viabilidad del proyecto para la antigua factoría de Halcón Foods en Campos del Río. 

   Recientemente, la Comunidad ha exigido al grupo Cofrusa/Mediterra que "cumpla con todos los compromisos que adquirió para dar viabilidad al proyecto empresarial" en una nueva reunión de la mesa promovida por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación para solucionar la situación de los trabajadores de las factorías de Conservas Fernández, Halcón Foods y Cofrusa.

Sindicatos y administradores rompen las negociaciones sobre el ERE del aeropuerto de Ciudad Real

CIUDAD REAL.- Sindicatos y administradores concursales han roto las negociaciones sobre las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Aeropuerto de Ciudad Real.

   Según el secretario provincial del sindicato de Servicios de Atención a la Ciudadanía de CCOO, Manuel Morales, los responsables judiciales de la empresa no han aceptado este lunes "ninguna de las propuestas de los trabajadores".
   Los sindicatos, que aceptaban discutir una bajada de sueldos del 15 por ciento, han defendido reducir el ERE de un año a tres meses, entre enero y abril de 2010, por ser en esta fecha cuando acaban los contratos con Vueling y la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias, únicos ingreso de la empresa.
   De este modo, los sindicatos proponían que el ERE fuera del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo y que, a partir de esa última fecha, se tomara una nueva decisión en función de los ingresos del aeropuerto.
   Tras el fracaso de la reunión de hoy, Morales ha avanzado que los sindicatos van a presentar en tiempo y forma las correspondientes alegaciones ante el Juzgado de lo Mercantil.
   Para Morales, la posición de la empresa refleja "que no tenían intención de negociar el ERE" y que dicho ERE solo forma parte de una estrategia para cumplir los requisitos del concurso de acreedores en el que está inmersa la compañía.
   Desde la perspectiva sindical, el representante de CCOO ha señalado que su obligación es defender los intereses de los trabajadores y ha lamentado que, en algunas conversaciones, se reconozca lo razonable de la petición laboral y que, luego, no se acepten estas propuestas.

El 68% de los españoles defiende que los inmigrantes mantengan sus costumbres

MADRID.- El 68 por ciento de los españoles está a favor de que la población inmigrante mantenga sus tradiciones y costumbres "siempre y cuando" no entren en conflicto con los valores propios de España, según se desprende de la encuesta 'La percepción de los españoles sobre la diversidad y la inmigración', elaborada por la Fundación Bertelsmann.

   El documento, presentado este lunes en Madrid en el marco del V Congreso Diálogo y Acción, bajo la dirección de Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), también refleja que la crisis "no ha acentuado las percepciones negativas de los españoles hacia la inmigración que llega a España".
   En opinión de Vallespín, España vive "un momento de estancamiento" con respecto al fenómeno de la inmigración ya que "no se percibe un cambio sustantivo en la opinión de los españoles" relativo a este tema. "Los españoles ven la inmigración como algo normal. Se ha integrado la inmigración como un fenómeno globalizado y habitual", ha asegurado.
   Así, mientras que el 63 por ciento de los españoles decía tener contacto con los inmigrantes en el año 2005, el porcentaje se eleva hasta el 85 por ciento en la encuesta de este año. Además, un 89 por ciento de los encuestados se muestra a favor de la inmigración al suscribir que "toda persona debería tener la libertad de vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo".
   "Los derechos cívicos son los que mejor van a integrar a los inmigrantes", ha subrayado Vallespín que ha reiterado que "el mejor mecanismo de integración pasa por tratar a los inmigrantes en igualdad de condiciones".
   A modo de ejemplo, el experto ha destacado el apoyo mayoritario que suscitan aspectos como el acceso a la educación pública (97%), la asistencia sanitaria gratuita (91%), obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones (92%), cobrar un subsidio (93,5%), obtener la nacionalidad española (86%) o votar en las elecciones municipales (83,2%).
   En el capítulo de la educación, los encuestados afirman que les importa poco (83%) o nada (66%) que sus hijos compartan clases con alumnos de origen extranjero. En la misma línea, un 73 por ciento señala que la presencia de hijos de inmigrantes en la escuela "es enriquecedora para el conjunto de los alumnos y no empeora la calidad de la educación".
   Los encuestados consideran que las diferencias de rendimiento entre alumnos españoles e inmigrantes son fruto del desconocimiento de la lengua (66%), del apoyo que reciben de sus padres (71%) o del hecho de que los profesores no puedan prestarles una atención diferenciada (72,5%).
   En cuanto a los aspectos negativos que refleja el estudio, el 67 por ciento de la población considera "elevado" el número actual de inmigrantes censados en España --la población inmigrante supone el 12,2 por ciento de la población, un total de 5,7 millones de personas-- y un 72 por ciento de los ciudadanos ve con "preocupación" el tema de la inmigración. Además, un 31 por ciento es partidario de la expulsión de aquellos inmigrantes que se han quedado sin trabajo y permanecen "en el paro durante mucho tiempo".
   Por otro lado, un 65 por ciento de los encuestados tiene "muy en cuenta" las propuestas de los partidos sobre "cómo actuar con los inmigrantes legales", mientras que un 58 por ciento se interesa "mucho" por las propuestas "en relación con los inmigrantes ilegales". Vallespin ha subrayado que "estos porcentajes no alcanzan el nivel de otros asuntos más decisivos en la intención de voto, como las políticas de sanidad (81%), educación (78%) o económica (72%)".
   El estudio también constata diferentes opiniones en función de la ideología política ya que el 68 por ciento de los votantes de los partidos del PP se muestran contrarios a que los inmigrantes puedan votar en las elecciones generales frente a un 96 por ciento de los votantes de Izquierda Unida que sí concederían este derecho.
   En cualquier caso, Vallespín cree que la utilización de la inmigración como un asunto político es "un error" y ha aclarado que las opiniones de la encuesta no se pueden extrapolar a localidades específicas. "El resultado sería diferente según la comunidad autónoma en la que se realizara el estudio. De todos modos, los problemas específicos de localidades concretas no se pueden trasladar a nivel general", ha insistido.
   En la presentación del estudio, la presidenta de la Fundación Bertelsmann, Liz Mohn,  ha asegurado que "el siglo que viene, no será europeo ni americano, será una siglo global, y eso no tiene parangón en la historia". 
"Una mayor diversidad cultural significa nuevas oportunidades para la sociedad", ha indicado.

35 años de Monarquía y fin de la Transición / Pablo Sebastián

Podría ser que la declaración Atlántica de Lisboa, donde se extienden las responsabilidades de Seguridad y Defensa de los países de la OTAN a todo el Planeta -con el argumento de la lucha contra el terrorismo- suponga entre otras cosas que Ceuta y Melilla ya están bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, cosa que no ocurría hasta ahora. De ahí que la situación de ambas plazas españolas constituyera el “talón de Aquiles” del chantaje de Marruecos sobre España, como se ve con frecuencia y ha reaparecido con nitidez durante la reciente crisis del Sáhara donde la monarquía alauita de Mohamed VI ha vuelto a aprovechar -como en la muerte de Franco- la actual inestabilidad política, económica y social de España para avanzar en su política expansionista. Naturalmente, imaginar que la troika diplomática que representó España -Zapatero, Jiménez y Chacón- en la reciente cumbre atlántica de Lisboa se haya percatado de la importancia y alcance de esta interpretación de la nueva definición atlántica es demasiado pedir, por más que sobre el papel no deja de ser una novedad e interesante realidad que debe inquietar a Marruecos.

Sobre todo en este convulso tiempo español, donde las barbas financieras de Irlanda -y pronto las de Portugal- están siendo peladas por el barbero del rescate financiero de la Unión Europea, mientras en Cataluña estamos al borde de una renacer del nacionalismo pro independentista de la mano de un taimado Artur Mas que con su minoría “decisiva” pretenderá someter la soberanía nacional como recientemente lo hizo, con solo siete diputados, el PNV a cambio de aprobar a Zapatero los Presupuestos de 2011, con lo que se completa y escenifica el deterioro de España en la cohesión nacional, así como en la dramática situación económica y social y en la política Exterior, como se aprecia en la crisis del Sáhara.

Ofreciendo todo ello y coincidiendo con el 35 aniversario de la instauración por el general Franco de la Monarquía de don Juan Carlos I un escenario de final del Régimen de la transición de la dictadura franquista a favor de la pretendida Democracia española -más bien una partitocracia-, que si bien consiguió el objetivo de la reconciliación nacional de “las dos Españas” enfrentadas en la Guerra Civil, la recuperación de las libertades y nuestra integración en las instituciones democráticas europeas, lo que constituye un excelente balance, aún tiene pendiente en España el logro de la verdadera y moderna democracia y la primacía de la identidad y cohesión nacional, hoy a la deriva entre el caótico modelo autonómico del Estado y la insaciable sed independentista de los políticos nacionalistas, que viven del discurso de la ruptura al margen del sentimiento ciudadano, como se aprecia ahora en Cataluña con el hundimiento electoral de los radicales de Esquerra (ERC).

El paso de la Transición a la Democracia bien podría ser la misión o tiempo del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón si las cosas se hacen bien -o en su defecto de la III República- una vez que las grandes fuerzas políticas nacionales, hoy encarnadas por el PSOE y el PP, estén en condiciones de liderar y de sellar un pacto nacional de reforma democrática y del modelo político, económico y social de España, al margen de los chantajes de las minorías nacionalistas, separando de una vez por todas los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cambiando la ley electoral hacia un modelo representativo justo, y poniendo fin al imperio y al dominio del poder por los aparatos de los partidos políticos. Los que están dominados por una clase política sin prestigio social, donde la mediocridad, la falta de formación y la incapacidad de los gobernantes alcanzó cotas insufribles y está en el origen de los graves problemas que inundan la vida española y enturbian el horizonte de nuestro país en un mundo convulso y globalizado.

Los 35 años del Rey don Juan Carlos ofrecen un buen balance global para la Historia de este país, por más que permanecen zonas oscuras relativas al golpe de Estado del 23-F, la corrupción política, los crímenes del GAL, etc. Pero tiempo es de avanzar en la reforma democrática y cohesión nacional de España y ello sólo será posible con un pacto político de las dos fuerzas nacionales más representativas y las minorías que se quieran sumar, que ha de comenzar con un primer pacto de batalla frontal a la crisis económica y social que nos invade, dejando de lado y en su función de minorías a los insaciables del nacionalismo, y buscando una zona de confianza dentro y fuera de España que permita un esperanzado horizonte de recuperación de la economía y de estabilidad financiera.

Un camino sin duda difícil y escabroso pero obligado e imprescindible, y desde luego muy difícil de imaginar bajo el liderazgo de Zapatero una vez que este presidente ha negado a España la crisis económica, y ha probado su incapacidad y la de su gobierno para hacer frente a los problemas de nuestro tiempo y de la sociedad. Al final de este camino habrá que llegar a un verdadero periodo constituyente español -que se nos negó en el difícil inicio de la transición por la presión del franquismo saliente-, sin miedo a las reformas democráticas y de cohesión nacional. Porque los problemas que sufre España en estos momentos no sólo dependen de la crisis general, o si se quiere internacional, ni tampoco y en exclusiva de los malos gobernantes sino de un cúmulo de elementos entre los que destacan las pésimas reglas del actual juego político español que consienten todo esto y que, agotada la transición, nos han conducido a la vigente situación.

Los 35 años de la Monarquía
Las crónicas celeste y rosa que en estas efemérides y aniversarios nos presentan los canales de las televisiones oficiales y oficiosas no se corresponden en muchos aspectos fundamentales de la transición con la verdad. Por ejemplo, en España no hubo periodo constituyente para pasar de la dictadura a la democracia, como exige todo proceso democrático –o como ocurrió en la Suráfrica de Nelson Mandela-, ni hubo debate constitucional sino conversaciones secretas y a puerta cerrada de los llamados “siete padres constitucionales” cuyo texto final, debatido de espaldas al conjunto de los españoles, se aprobó por casi unanimidad en 1978.

No hubo, por ejemplo, referéndum sobre Monarquía o República, y la Corona se camufló en el texto general de la Constitución de 1978. En definitiva, no hubo una ruptura democrática con el régimen del general y dictador Franco, y además otros países como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania ejercieron su influencia sobre el futuro español, promoviendo en nuestro país un modelo de parlamentarismo con sistema electoral de corte proporcional porque temían los liderazgos populistas en un modelo más democrático y mayoritario –o la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo- como el que impera en sus países. Aquí todo se dejó al control del aparato de los partidos, incluida la soberanía nacional disuelta en las listas cerradas de la partitocracia a la española.

Y todo eso se prolongó por el sendero de la acumulación, en las manos del partido ganador de las elecciones, de todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, mas la prensa, la banca, las grandes empresas reguladas por el Estado, los servicios de información, etc. Todo un inmenso poder propicio para la impunidad, el abuso o la corrupción y con gran capacidad para evitar el control democrático, judicial o periodístico, aunque en algunos y sonados casos no se pudo evitar porque algunos jueces, fiscales, periodistas o incluso políticos denunciaron a tiempo los abusos y se pudieron condenar. Pero falta mucho por aclarar.

¿Por qué el Parlamento no investigó la dimisión de Adolfo Suárez, el golpe de Estado 23-F, la corrupción general de los partidos, los GAL- de los que ahora presume Felipe González-, las privatizaciones de empresas públicas, las concesiones audiovisuales, etc? El golpe de Estado, los atentados islamistas de 11-M de 2004 en Madrid y los cerca de mil asesinatos de ETA han sido los momentos más duros de la transición. Así como el ingreso en la OTAN (en tiempos de Calvo Sotelo y luego ratificado por González), y el apoyo de España a la guerra de Irak (bajo el mandato de Aznar) o al Rey Mohamed VI de Marruecos en la reciente crisis del Sáhara (ahora con Zapatero) fueron decisiones de los gobiernos de España que chocaron frontalmente con el sentimiento mayoritario del pueblo español. Y lo mismo ha ocurrido con el estatuto catalán, burlando la legalidad constitucional por la vía de leyes orgánicas bajo el férreo mando de los partidos implicados, y luego rectificado –solo en parte- por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba en todos estos casos la soberanía nacional?

Siempre se nos dijo como excusa o argumento que la Democracia española era joven y pecaba de inexperiencia, pero la Democracia no tiene edad, es o no es, y parece llegada la hora de una profunda reflexión y de una reforma moderna, representativa y en profundidad, por más que los beneficiarios –la clase política, que vive de la política y no para la política- del vigente y ya demasiado largo régimen partitocrático español se resista a hacer la reforma aunque pierdan sus privilegios en beneficio de la ciudadanía y de la soberanía nacional. Sabemos que en estos 35 años de transición hubo progreso, libertades y muchas cosas buenas y elogiables pero todo debe mejorar y la actual crisis institucional y de cohesión e identidad nacional, sumada a la no menos importante crisis económica y social deben provocar el cambio definitivo y completar el largo viaje de la transición hacia la libertad con el viaje final hacia la Democracia. Y ese debe ser el objetivo y desafío de las nuevas generaciones, ajenas a la Guerra Civil –que algunos han querido desempolvar- e incluso al tiempo de la transición por más que las clases dirigentes de los partidos, los poderes públicos y fácticos prefieran que todo siga como está.

El Instituto Geográfico Nacional registra 39 pequeños movimientos sísmicos en la Región

MURCIA.- Una serie de pequeños terremotos, unos 39 en total, se han registrado desde la noche del domingo al oeste de Aledo y durante toda la madrugada del lunes, siendo el de mayor magnitud --de 2,6 grados en la escala de Richter-- el localizado al suroeste de Bullas, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Geográfico Nacional.

   En concreto, sobre las 22.55 horas comenzó a registrarse una serie de pequeños movimientos sísmicos al oeste de Aledo, con una magnitud de 1,1 grados. A partir de este momento, y durante toda la noche, se han localizado 39 terremotos, siendo el de mayor magnitud el ocurrido en el suroeste de Bullas, sobre las 6.37 horas oficial, de 2,6 grados.

   Los epicentros, según las fuentes, son muy dispersos debido a que la magnitud es muy pequeña y no se asocian a ninguna falla en concreto. No obstante, se localizan en un triángulo entre Bullas, Lorca y Aledo.