martes, 19 de octubre de 2010

IU-LV acusa al PP de "perdonar" a las rentas más altas la tributación aplicada por el Gobierno central

MURCIA.- IU-LV ha criticado hoy la proposición de ley por la que el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno autonómico a renunciar a la aplicación de dos escalas de tributación para las rentas superiores a 120.000 euros, lo que supone "perdonar" a los que más ganan y una "falta de lealtad institucional". 

   El portavoz de la coalición de izquierdas, José Antonio Pujante, ha indicado que el Partido Popular pretende congelar los impuestos a aquellos que ganen más de 53.000 euros anuales, renunciando así a la subida de los tributos a "los más ricos" que ha realizado el Ejecutivo central para rentas superiores a 120.000 y 175.000 euros.
   Según Pujante, la propuesta del grupo Popular es "una maniobra" para que esta renuncia no necesite de los informes del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia y del Consejo Jurídico que son preceptivos si la medida partiese directamente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
   Además, ha insistido en que supone un rechazo a ingresos adicionales derivados de las rentas más altas que son "muy necesarios" en el actual contexto económico, y ha dicho que pese a que el nuevo cómputo estatal es "insuficiente", la propuesta del PP es "una vergüenza".

IU pide al Gobierno regional que detalle su compromiso con Samper en el proyecto de Paramount

MURCIA.- La portavoz de la Presidencia de IU en la Región, Esther Herguedas, ha instado hoy al Gobierno murciano a que detalle el compromiso que ha establecido con la empresa Santa Mónica Financial Services, propiedad de Jesús Samper, para la instalación de un parque temático de la multinacional Paramount en Murcia.
 
   Herguedas ha recordado que Samper está imputado por su presunta implicación en un supuesto caso de corrupción urbanística en la zona norte de la capital y debe devolver por sentencia judicial 58.000 metros cuadrados de terreno al municipio, lo que se suma a "otros incumplimientos del convenio Nueva Condomina".
   Ha señalado que el proyecto del parque temático es una "pantomima" de "dudosa viabilidad" del que sólo se han concretado las gestiones sobre los terrenos que podrían albergarlo, sin que el Ejecutivo regional haya explicado el compromiso con Santa Mónica Financial Services ni la compensación que obtendrá Samper "por los servicios prestados".
   "Se ha puesto la figura de Samper como maestro de ceremonias, que en esto se las sabe todas. Seguro que pronto hay resultados satisfactorios para Polaris, Samper y los bancos, que de nuevo repercutirán negativamente sobre los ciudadanos y la economía de la Región", ha apostillado.
   Para Herguedas, la falta de información sobre el proyecto posibilita "que se hagan afirmaciones en cuanto a sus posibles repercusiones, como aquella de que crearía 20.000 empleos que al día siguiente, por arte de magia, se convirtieron en 40.000", tras lo que ha afirmado que "así crea puestos de trabajo cualquiera".

Solo el 60% de los empleados públicos son funcionarios de carrera y el resto contratados a dedo

MADRID.- El recorte de salarios a los funcionarios públicos tenía un mensaje implícito que daba a la opinión pública otro chivo expiatorio para la crisis. Atacando las nóminas públicas se señalaba a los funcionarios como uno de los agujeros por los que se iba el dinero del Estado. También quedaban expuestos a los tópicos habituales que los dibujan como vagos e indolentes, privilegiados con un trabajo de por vida

La cara oculta de esta publicidad subliminal contra los funcionarios está en los datos que publica Abc solo el 60 por ciento de los empleados públicos, sin contar los que están en la nómina de empresas públicas, son funcionarios de carrera por oposición. El resto está formado por personal laboral y, hasta un 13 por ciento, por cargos de confianza e interinos. Los porcentajes se invierten en la Administración Local, en la que los contratados superan el 40 por ciento, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que excluye a las empresas públicas.

olo un 60 por ciento del total de estos trabajadores (2.698.628) son funcionarios (1.618.474), mientras que un 26 por ciento son personal laboral (709.491) y un 13 por ciento (370.663) están catalogados como otro personal, que incluyen interinos y personal de confianza, según el estudio realizado por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos de la Asdministración General del Estado (Fedeca).

Estos datos no hacen más que confirmar que el agujero por donde se escapa el gasto de personal del Estado es el 40 por ciento que representan el personal laboral, interino y de confianza que entra a trabajar sin una oposición. Por mucha oferta de empleo público que se quiera recortar, si se siguen contratando trabajadores por la puerta de atrás, de nada servirá.
Estos trabajadores públicos están exprimiendo las cuentas públicas. Si tenemos en cuenta que la población ocupada en España es de 18.476.900 personas, el 23,3 por ciento (4.317.102 personas) de estos trabajadores lo hacen en alguna de las tres administraciones. Del total de ocupados, casi el 15 por ciento serían trabajadores contratados laborales y tan solo el 8,75 son funcionarios.
 
Pero hay más; no hay solo que frenar la entrada de más trabajadores por la gatera, sino que también hay que sacar una tarjeta roja a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, que son el verdadero problema a la hora de contener el desmesurado aumento de la contratación de trabajadores. Y así lo advirtió el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados: «El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las Comunidades Autónomas».
 
La realidad es dramática en lo que se refiere a la diferencia entre el personal que entra a trabajar en la Administración General del Estado (Ministerios y organismos autónomos, Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales), cada vez menos, y el que pasa a engrosar la nómina de las Autonomías y los Entes Locales, creciendo descontroladamente.
 
En el caso de la Administración General del Estado, se ha pasado de 434.538 trabajadores en 2001 a 241.152 en enero de este año. En el caso de las Autonomías, ha sucedido el caso contrario, ya que se ha pasado de 932.716 empleados en 2001 a 1.348.492 en enero de este año. A la Administración Local le sucede lo mismo en el sentido que ha dado un salto de los 466.457 trabajadores en 2001 a 580.869 este año.
 
A este crecimiento del número de empleados se une el hecho de que baja el porcentaje de funcionarios, o sea, los que entran a trabajar con una oposición aprobada. Si en la Administración General del Estado (AGE) los funcionarios representan el 76,2 por ciento del total, en las Comunidades Autónomas baja al 66 por ciento y en los Ayuntamientos a un escandaloso 32,77 por ciento. El personal laboral supone un 21,45 por ciento en la AGE, un 11,32 en las Autonomías y un 60,49 por ciento en los ayuntamientos. Finalmente, los interinos y personal de confianza son un 2,2 por ciento en la AGE, un 23,28 en las Autonomías y un 6,7 en los Entes Locales.
 
Esta radiografía del empleo ha merecido la crítica de Fedeca, cuyo vicepresidente, Rafael Coloma, aseguró a Abc que «las contrataciones laborales se hacen con un método de ingreso que no garantiza los principios de mérito, capacidad e igualdad» y recuerda que «todo lo que no sale en la Oferta Pública de Empleo y sí sale en el BOE autonómico no tiene la misma publicidad que el BOE».
 
Coloma defiende el trabajo de los funcionarios: «No es lo mismo un funcionario que un contratado laboral y las administraciones tendrían que tener funcionarios de carrera, porque son los que garantizan la independencia. El contratado siempre dependerá de su jefe». Finalmente, el representante de Fedeca señala que las interinidades «son el resultado de una mala política de personal. Si necesitas gente que no puede ser fija, algo funciona mal».
 
Cuando se denuncia el exceso de gasto salarial en las administraciones públicas, no se repara en discriminar cuánto de ese gasto corresponde a funcionarios que han ingresado por oposición y cuánto a personal designado a dedo por los responsables políticos. Esto explica que, a pesar del recorte de nóminas, la masa salarial siga aumentando en este año, porque las administraciones siguen contratando personal. 
 
Para rebajar el gasto bastaría con cerrar la contratación de asesores y gabinetes, redistribuir el trabajo entre el funcionariado de carrera ya existente y reducir la interinidad. Se trata de un compromiso que deben asumir no los funcionarios, que llevan años perdiendo poder adquisitivo, sino los responsables políticos que utilizan las administraciones bajo su control como agencias de colocación. 
 
Es cierto que es necesaria una reforma de la Función Pública. Debe aumentar la eficiencia con los actuales recursos; es preciso un control de la productividad que evite abusos en la disposición de permisos y en la flexibilidad horaria; y debe haber una mayor consideración de los cargos políticos hacia el trabajo de los funcionarios, obligados muchas veces a secundar instrucciones más de partido que de servicio público.
 
Estos aspectos deben recibir una respuesta alejada del mito del funcionario indolente. Quienes lo utilizan olvidan que son funcionarios, entre otros, los maestros, los policías, los médicos o los bomberos, es decir, los que sostienen una sociedad desarrollada y segura. Esa respuesta necesaria debe poner el foco en las carencias reales de la función pública y renunciar a la demagogia.

La Unión Europea de Transportistas ve "discriminatorio" el peaje para camiones

BRUSELAS.- La Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR) considera una "auténtica discriminación" el hecho de que otros modos de transporte queden al margen del peaje que la UE ha acordado imponer a la circulación de camiones por carreteras europeas para compensar los costes de contaminación, la denominada 'Euroviñeta'.

   La organización estima además "una evidente distorsión de la competencia" que la internalización de los costes externos del transporte por carretera sólo la asuma el de mercancías.
   En un comunicado, la UETR denuncia el hecho de que la Comisión Europea "no proporcione soluciones para el conjunto del sistema del transporte ni en el ámbito de su ejecución, ni en el de su desarrollo sostenible".
   Por ello, esta organización profesiones considera que la 'Euroviñeta' debería aplicarse a todos los vehículos de particulares.
   Esta patronal, de la que forma parte la española Fenadismer, insistió en que el peaje "incrementará el precio final de los productos, "dañando de ese modo la economía en su conjunto".
   Además, reivindicó que la UE determine de forma clara la finalidad y el destino que tendrán los fondos que se recauden con esta tarifa, para evitar que se destinen a nuevas infraestructuras viarias, en vez de al transporte por carretera, tal como demanda este sector.

lunes, 18 de octubre de 2010

Ni la UMU ni la UPCT lograrán mañana el campus de excelencia internacional

MADRID.- La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena no lograrán mañana martes, casi con toda probabilidad, ser designadas con el sello de campus de excelencia internacional por una Comisión Internacional designada al efecto por el Ministerio de Educación, según han asegurado esta noche fuentes absolutamente solventes del mismo. 

La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena presentan un proyecto conjunto en la convocatoria para Campus de Excelencia Internacional 2010: Campus Mare Nostrum, alrededor del que se proponen los focos de excelencia Bioeconomía basada en la agroalimentación, Calidad de vida y tecnologías sanitarias y El mar Mediterráneo y tecnologías navales y del mar-

Esta iniciativa es una agregación de ambas Universidades y las principales instituciones públicas y empresas privadas con intereses en la Región de Murcia.

La pérdida de semejante oportunidad conlleva no lograr tampoco una dotación especial  negociada anualmente con la Comunidad Autónoma dentro de un presupuesto total de 75 millones de euros en calidad de préstamo reembolsable para proyectos de investigación preestablecidos y específicos, que sí irán a parar a otras universidades españolas con mayores apoyos expresos de universidades extranjeras de cierta solvencia.

Las mismas fuentes, que no han querido ser más precisas, sí han desvelado que una universidad cercana logrará ese sello aunque obviamente no se referían veladamente tampoco a la UCAM sino probablemente a la agregación de la de Valencia-Politécnica y CSIC para la ocasión.

Representantes de nuestras universidades, concretamente la UMU, se han dedicado en los últimos meses a recorrer el mundo más atrasado y de universidades menos prestigiosas, en un afán incomprensible de convertirse en cabeza de ratón dentro de su esfera. Eso sí, gastando miles y miles de euros que ahora le hacen faltan para cubrir servicios elementales de los campus de Espinardo y La Merced.

Al menos, sus autoridades académicas correspondientes han disfrutado de lo lindo con esta especie de turismo encubierto, algunas acompañadas hasta de sus propias esposas y desgustando con cierta prodigalidad las delicias de la cocina asiática más refinada a costa del bolsillo de todos los murcianos. En estas corruptelas si parece que no hay quien nos gane en cuestión y cantidad de sellos.

El Ayuntamiento de Murcia dice que se va a ajustar "exclusivamente a la legalidad" en la concesión del contrato de basuras

MURCIA.- La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia y concejala de Seguridad y Circulación, Nuria Fuentes, ha asegurado que el Consistorio se va a ajustar "exclusivamente a la legalidad" en la adjudicación del contrato para gestionar durante 20 años el servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos del municipio.

   Fuentes respondió de esta forma en rueda de prensa al ser preguntada por Ángel Luis Bracho, investigado por la operación 'Brugal', y que acudió al Ayuntamiento de Murcia en representación de la oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a constituir por Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y por Sacyr, S.A. para hacerse con el contrato del servicio de limpieza.
   El representante de la UTE fue detenido este año y prestó declaración en calidad de imputado en la operación 'Brugal', que investiga una presunta trama de corrupción en las adjudicaciones de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja por parte de la Diputación de Alicante.
   En este sentido, Fuentes destacó que "el Ayuntamiento, en este contrato, como en cualquier otro, se va a ajustar exclusivamente a la legalidad".
   Al respecto, la concejala explicó que, por encima de todo, al Consistorio le preocupa que el contrato que se adjudique "sea el mejor para el municipio de Murcia, el que preste un mejor servicio, y, lo más importante, que se mantengan los 800 puestos de trabajo que hay ahora mismo en este servicio".
   "Tenemos muy claro que tanto este contrato como cualquier otro está en manos de los técnicos municipales y va a pasar todos los rquisitos ajustados a la legalidad", remarcó.
   Así pues, rechazó hacer valoraciones personales, aunque reconoció estar "preocupada como administración en que la oferta que gane sea la mejor para la ciudad, preste el mejor servicio y respete los puestos de trabajo, pero ahora, como hace una semana como hace un mes, cuando salió el contrato".
   "Hasta que no haya una sentencia firme, el Ayuntamiento no puede hacer nada: una cosa son las valoraciones personales y morales, y otra es hablar de lo que la realidad te permite en la adjudicación de un contrato", remarcó.

Un investigado en la operación Brugal presenta una de las ofertas para gestionar el servicio de basuras de Murcia

MURCIA.- Uno de los investigados por la operación Brugal, Ángel Luis Bracho, presentó el pasado 8 de octubre la oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a constituir por Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y por Sacyr, S.A. para gestionar durante 20 años el servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Murcia.

   Bracho, quien se personó el pasado 8 de octubre en las dependencias del Ayuntamiento de Murcia en representación de la UTE para presentar la propuesta, fue detenido este año en el marco de la operación Brugal, y quedó en libertad sin fianza después de prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín.
   El representante de la UTE prestó declaración en calidad de imputado en la operación 'Brugal', que investiga una presunta trama de corrupción en las adjudicaciones de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja por parte de la Diputación de Alicante.
   Además de la oferta presentada por Bracho, el Servicio de Contratación Suministros y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia recibió otra propuesta presentada por la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A (Cespa) para gestionar durante 20 años el servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos.
   El Ayuntamiento de Murcia anunció que tiene previsto resolver el concurso el próximo mes de diciembre, y recordó que el pliego de condiciones recoge una cuantía de 52 millones de euros en 2011 y un total de 1.040 millones de euros durante los 20 años de duración del contrato, así como el pago de un mínimo de diez millones de euros en concepto de canon por el uso instalaciones.

Adif no abandona a su suerte la línea férrea Lorca-Águilas

MURCIA.- Adif ha iniciado las obras de modernización, acondicionamiento y mejora en el tendido férreo del trayecto comprendido entre Lorca y Águilas, en la línea ferroviaria de ancho convencional Murcia- Águilas. 

   Las obras, con un presupuesto de alrededor de 500.000 euros, IVA incluido, y una duración aproximada de dos meses, tienen por objeto la mejora de la vía en el mencionado trayecto, por el que en la actualidad circulan únicamente trenes de Cercanías.
   Los trabajos se realizan desde las 8.00 horas de este lunes hasta las 8.00 horas del 15 de noviembre, por lo que el servicio ferroviario sufrirá alteraciones en dicho tramo, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.
   Renfe Operadora ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad a los viajeros entre Lorca y Águilas en los trenes de Cercanías de la línea C-2 (Murcia-Águilas) durante la ejecución de las obras.  
   Las obras de modernización de 3,5 kilómetros del mencionado trayecto consisten en la renovación de la vía existente, con la sustitución del carril de tipo 45 en barra corta con traviesas de madera, por carril de tipo 54 en barra larga soldada con traviesas de hormigón.
   Asimismo, está prevista la colocación de una nueva capa de balasto, así como el saneamiento de la plataforma en varios puntos del trayecto.
   Para acometer la nueva instalación se procederá mediante el denominado 'método por parejas', es decir, la colocación de tramos de vía de una longitud de aproximadamente 18 metros que han sido previamente montados en su totalidad, tanto raíles como traviesas. Mediante este método se agiliza la sustitución integral de elementos del tendido férreo.

El PSOE de Murcia exige que la adjudicación del contrato de basuras se haga "con la máxima transparencia"

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Alfonso Navarro, ha exigido "que se enciendan todos los focos y que la adjudicación del contrato de basuras se haga con la máxima transparencia e información", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Navarro hizo estas declaraciones tras conocer que Ángel Luis Bracho, investigado por la operación 'Brugal', acudió al Ayuntamiento de Murcia en representación de la oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a constituir por Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y por Sacyr, S.A. para hacerse con el contrato del servicio de limpieza.
   En este sentido, Navaro aseguró que "más que nunca hay que velar por la transparencia en el proceso de adjudicación del contrato millonario para la recogida de basuras", y dijo "seguir preocupado" porque "casi el 50 por ciento de la puntuación que se ha de otorgar a las empresas que concurren al concurso dependa de la subjetividad, a tenor de la interpretación, y no se atenga a un baremo previamente establecido".
   Además, dijo estar "sorprendido porque, más allá de la presunción de inocencia y respeto al proceso judicial, que una de las empresas concurrente presente su oferta a través de un imputado en el denominado caso Brugal".
   "Estamos hablando de un contrato millonario, de 1.200 millones de euros, 57 millones anuales, que va a suponer un gasto fijo y continuado de cada murciano a lo largo de 20 años, una duración excesiva", remarcó.
   Por todo ello, el portavoz socialista exige al PP municipal "que se enciendan todos los focos y que el proceso de baremación, calificación y finalmente de adjudicación se lleve a cabo con la máxima transparencia e información disipando cualquier duda que pudiera surgir".

Esther Herguedas repite como candidata de IU al Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- La Asamblea Municipal de Izquierda Unida en Murcia ha decido volver a presentar como cabeza de lista a la Alcaldía para las próximas elecciones a la actual concejal en el Ayuntamiento, Esther Herguedas.

   La organización política IU, quien no contará en esta ocasión con la colaboración de Los Verdes, ha manifestado que la elección de la candidata se produjo de forma unánime por todos los presentes en el acto, al tratarse de una persona "avalada por un trabajo inapelable desde el punto de vista ético y político".
   Para Herguedas comienza un nuevo reto. "Si hace cuatro años nos planteábamos recuperar nuestra presencia en el Ayuntamiento, para 2011 nuestro objetivo es aumentar nuestra representación en al menos otro concejal, y dotarnos de un grupo municipal fuerte que nos permita trabajar más y mejor".
   El objetivo, según la candidata, es alcanzable "ya que somos una fuerza política que puede presentarse ante la ciudadanía con la cabeza muy alta, por coherencia y honestidad, y porque merecemos recoger el fruto de esta forma de trabajar".
   "Llevamos la bandera -continuaba- de la alternativa real de la izquierda en este municipio al social-liberalismo del PSOE, como ha quedado demostrado tras la aprobación del Decreto de reforma liberal. Murcia necesita esta alternativa, y por este motivo no vamos a desfallecer y vamos a seguir con todas nuestras fuerzas".
   Desde dentro de la federación de izquierdas se define a Herguedas como un persona que ha desarrollado su trabajo "de forma encomiable en unas condiciones difíciles", como única representante de la formación política en el Consistorio de Murcia.
   En este sentido se mostraba la candidata al argumentar que "nuestra presencia estos cuatro años en el Ayuntamiento se ha notado, ya que hemos establecido una línea coherente de actuación en todos los ámbitos de la vida municipal, con un discurso propio caracterizado, entre otras cosas, por decir no a la especulación del ladrillo", afirmaba.
   "Esta fuerza política -continuaba- ha sido la única voz que se ha escuchado en el Consistorio en contra de los recortes sociales y salariales, la única que ha dicho que la crisis deben pagarla quien la ha provocado: los banqueros y los especuladores, pero no los trabajadores".
   Entre las actuaciones que en este periodo ha seguido IU, Herguedas recordaba que "hemos defendido el medio ambiente, la movilidad sostenible, la regeneración democrática de la institución municipal, el feminismo, los servicios públicos, la memoria histórica, la cultura, el patrimonio y el disfrute de los derechos para todos los ciudadanos".
   La candidata a la alcaldía de la ciudad de Murcia aseguraba que su formación "no ha acudido a procesiones, desfiles, inauguraciones o romerías, ya que teníamos otros sitios donde estar". Sin embargo, "sí se nos ha podido encontrar en manifestaciones con vecinos, sindicatos o asociaciones de ciudadanos, en sus actos, acudiendo a sus llamadas, y atendiendo a sus reclamaciones, trasladando sus necesidades".

La Administración Pública le cuesta a cada español 9.617 euros al año

MADRID.- La Administración Pública cuesta 9.617 euros al año por habitante, un 6,5% menos que en 2009 cuando el coste se situó en 10.282 euros, según el estudio 'El Coste de la Administración Pública' de EAE Business School.

   Según este estudio, la distribución del coste de la Administración Pública por habitante ha cambiado en el último año, ya que en 2009 sólo seis comunidades no superaban los 10.000 euros por habitante, y en 2010 son 12 las que no llegan a dicha cifra.
   Los habitantes que más les cuesta mantener sus administraciones son los vascos (12.235 euros), seguidos de los navarros (11.748 euros), catalanes (10.642 euros), aragoneses (10. 636 euros) y riojanos (10.137 euros).
   Por su parte, los que menos pagan para mantener estas instituciones son los valencianos (8.455 euros), murcianos (8.553 euros), andaluces (9.290 euros), gallegos (9.435 euros) y asturianos (9.611 euros).
   La diferencia entre la comunidad que resulta más costosa para los habitantes y la que menos, es decir, Pais Vasco y Valencia, es del 30,5%, lo cual reafirma el cambio de comportamiento durante el último año, según EAE.
   Además, la investigación también resalta que el coste de la Administración en función de la población ocupada en 2010 es de 24.374 euros, 1,5 veces superior al gasto por habitante.
   En cuanto a la estructura de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el informe también analiza, el 11,9% representa la retribución del personal, un 0,7% menos que en 2009. En este sentido, la Administración Central destina un 47,7% del gasto en personal al pago de salarios de funcionarios; mientras que la Administración Autonómica destina un 30% del presupuesto al pago de la plantilla, más del doble de lo que representan a nivel central.
   No obstante, estas cifras varían según las comunidades autónomas, siendo Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón las que más gasto tienen en personal, con un 38%, 37,8% y 36,7%, respectivamente, y Cataluña, Murcia y Pais Vasco, las que menos, con un 24,7%, 22,2% y 18,6%, cada una.

domingo, 17 de octubre de 2010

La clase política murciana busca recuperar la confianza ciudadana

MURCIA.- La visión que los ciudadanos tienen de los políticos se ha deteriorado en los últimos meses y muchos de ellos, de uno y otro signo, admiten que una parte de la responsabilidad es suya, aunque también culpan a los medios de comunicación de transmitir una imagen que no se ajusta al verdadero trabajo que desarrollan.

La falta de acuerdos en cuestiones graves, como la crisis; la generación de demasiadas expectativas entre los ciudadanos en tiempos en los que se tiene menos margen de maniobra y los casos de corrupción son las principales causas que, según los servidores públicos de la Región, han contribuido a generar esa percepción, de la que se volvió a hacer eco el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Según los resultados de la encuesta de septiembre, publicados el lunes pasado, el paro, los problemas económicos y los partidos son, por este orden, los problemas que más preocupan a los ciudadanos del país.

Para la mayoría de los políticos de la Región de Murcia consultados por 'La Opinión', la mala percepción que, según el CIS, existe sobre su labor es consecuencia directa de la crisis económica. Esta es la opinión del presidente de la Asamblea Regional (PP), Francisco Celdrán, quien recuerda que esta circunstancia «no es nueva ni exclusiva de la clase política española. 

En tiempos de dificultades, los ciudadanos depositan mayores expectativas sobre los políticos que, en muchas ocasiones, no se corresponden con la capacidad real de los mismos,», añade el máximo dirigente del PP en Cartagena, quien no obstante admite que la culpa de generar esas mayores expectativas en parte es de los dirigentes, «que en ocasiones somos demasiado contundentes en nuestras afirmaciones».

Mientras, para Pedro Saura, secretario general del PSRM, y Begoña García Retegui, candidata del mismo partido para las autonómicas de 2011, la corrupción tiene mucho que ver con la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. Además, consideran que los «excesos» de gasto de las Administraciones en épocas de dificultades económicas favorecen esa desconfianza.

Para el coordinador de IU en la Región, José Antonio Pujante, es la falta de crítica constructiva y de formación política, tanto de los que representantes de los ciudadanos como de éstos, la causante de este distanciamiento entre ambos. Al igual que Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena (PP), no duda en culpar también a los medios de comunicación de generar esta situación.

Para Pujante, no se reflejan convenientemente las alternativas de la oposición y se tiende al titular fácil y llamativo, mientras que Barreiro considera que, al cargarse las tintas contra los políticos y los partidos, «que son los legítimos representantes de los ciudadanos», se está haciendo «flaco favor» precisamente a los fundamentos de la sociedad democrática.

Fernando Jiménez, profesor de la UMU: «La ola de corrupción nace de la sensación de impunidad»

MURCIA.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es Profesor Titular de Universidad en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia desde septiembre de 2003. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es también evaluador en el Programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. En estos momentos dirige un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I titulado «El control de la integridad de los representantes públicos en España-I: La corrupción política asociada a la actividad urbanística (2009-2011)». Lo entrevista hoy el diario 'La Verdad'.

Marbella. Menorca. Lanzarote. Tres modelos de desarrollo urbanístico diferentes y tres modelos de corrupción diferentes. El primero de ellos, Marbella, máximo exponente de los abusos de poder por parte de los representantes públicos, con un partido, el GIL, que llegó a poner la ciudad entera a su servicio. El segundo, Menorca, ejemplo de crecimiento sostenible y de respeto medioambiental. Y, por último, Lanzarote, que lo tenía todo para convertirse en un paraíso (la declaración de Reserva de la Biosfera, la labor de la Fundación César Manrique...) y donde proliferan los atentados urbanísticos. ¿Qué distingue unos lugares de otros? ¿Por qué la corrupción campa a sus anchas en un sitio y no en otro? Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y evaluador del programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, lleva años estudiando el fenómeno y tratando de hallar respuestas. Aquí ofrece algunas de ellas.
-¿Hay alguna fórmula para atajar los comportamientos desviados?
-La literatura sobre corrupción se dirige en último término a tratar de ofrecer respuestas prácticas. No hay una solución única, porque las causas de la corrupción son siempre complejas y la lucha debe abarcar un abanico amplio de medidas. Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad. Cuando uno estudia los sumarios judiciales y escucha las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la absoluta sensación de impunidad que tienen.
-Habla, pues, de medidas policiales y judiciales...
-Sí, judiciales, procesales... Hay que mejorar mucho la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con medidas como dejar la instrucción de los casos a los fiscales, que creo que sería algo clave. El juez debe quedarse para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Pero las investigaciones deben ir orientadas a un fin, y eso debe hacerlo el fiscal, contando con más medios técnicos y humanos. Lo primero , insisto, es romper la sensación de impunidad, que es lo que ha hecho crecer la ola de la corrupción.
-Es que estos delitos, en un enorme porcentaje, salen gratis.
-Exacto. Eso hay que cortarlo de manera radical. Pero otro problema es que en España tenemos un clima social bastante particular, y en algunos territorios bastante preocupante, que es de tolerancia hacia la corrupción y hasta de emulación picaresca: 'Ya me gustaría estar a mí en ese cargo para hacer lo mismo'.
-Además se está dando la paradoja de que aquellos cargos públicos sospechosos de corrupción no sólo no acaban pagándolo en las urnas, sino que encima obtienen un mayor respaldo popular.
-El propio Jesús Gil tuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. Las causas de esto son muy diversas. Muchos de estos corruptos establecen relaciones clientelares muy sólidas y el sindicato de beneficiarios de la corrupción suele ser muy amplio. Por ejemplo, Gil convirtió Marbella en el tercer ayuntamiento con más plantilla de personal de toda Andalucía: 3.500 familias vivían de eso. Lo cual, unido a políticas muy populistas, como sacar la prostitución del casco urbano, da buen resultado. Los corruptos que juegan bien a esto son muy populistas y eso les da una gran base social.
-Y si encima se le suma la justificación, por parte de muchos ciudadanos, de esos abusos de poder...
-Esa tolerancia tiene una razón muy a largo plazo, que se explica por nuestra reciente historia política, por nuestro enorme recelo hacia las instituciones públicas... Parece que lo público no sea nuestro.
-Es realmente curioso, porque nadie consentiría que en su casa o en su empresa alguien metiera la mano en la caja. Y, sin embargo, no preocupa en absoluto que se esquilmen las arcas públicas.
-Es que no las consideramos nuestras. Nunca nos hemos identificado con las instituciones públicas.
-Lo cual supone una diferencia brutal con otros países, como los del norte de Europa.
-Exacto. Los países nórdicos tienen una cultura política totalmente distinta. Está el protestantismo, la cultura de la responsabilidad individual, de la transparencia... Como miembro del GRECO, cuando hemos ido a hacer evaluaciones a estos países vemos que apenas tienen mecanismos contra la corrupción. ¡Pero es que no los han necesitado! Allí los funcionarios tienen un sentido de la ética pública y del interés general muy fuerte. Y los países anglosajones son los que más han desarrollado políticas anticorrupción; han tenido problemas, pero han puesto instrumentos para atajarlos. El que la hace la paga, vamos. Han reaccionado bien.
-Y, en cambio, los mediterráneos...
-...pues hemos tenido muchos problemas de corrupción y no hemos sacado lecciones de ello. Hemos hecho algunas cosas, como la reestructuración de la Fiscalía, que ha dado un giro importante y ha hecho aumentar exponencialmente las diligencias de investigación abiertas, incluso las condenas por corrupción.
-¿Pero no cree que responde más a la voluntad de algunos fiscales que a una política general de la Fiscalía? Porque la persecución de esos delitos varía mucho por zonas...
-Sí. Efectivamente. No hay dos provincias iguales. Aquí tenemos suerte de contar con un grupo de fiscales que se mueve mucho y que está muy bien valorado a nivel nacional.
-Y, sin embargo, está siendo la institución más castigada y con ataques más serios dirigidos a desacreditarla.
-Claro, porque es la que está moviendo el árbol. Por otro lado, esa estrategia para desacreditarla no es nada tonta; es eficaz. Y es así porque la valoración que los españoles tienen de la Justicia ya era muy mala de entrada. De ahí que si dejas caer que los fiscales o los jueces de instrucción no son imparciales, sino que están condicionados por alguien, eso cae en terreno abonado.
-¿No ocurre que la relación de muchos ciudadanos con los partidos políticos es de llevar puesta la camiseta, como si se tratara de un equipo de fútbol, y así se justifica todo lo que hagan: hemos perdido por el árbitro, han detenido a este alcalde porque el fiscal actúa condicionado...?
-La reacción del grupo mayoritario de votantes es propia..., no de 'hooligans', que sería un término excesivo, pero sí de hinchas. Es ahí donde calan esos mensajes, del tipo Cospedal o Trillo. Pero hay un porcentaje de personas con más capacidad de crítica y de distanciamiento.
-Este tipo de reacciones por parte de los partidos políticos, tratando de desacreditar la acción de las fuerzas de seguridad, de los fiscales, de los jueces..., ¿no supone estar minando los cimientos del Estado de Derecho? ¿No se está cuestionando la actuación de unas instituciones que son básicas para nuestro sistema democrático?
-Por supuesto. Absolutamente. Es una estrategia suicida, peligrosísima, para el sostenimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Socava sus cimientos. Es peligrosísimo, insisto. Cuando un partido mayoritario dice sentirse maltratado por la Administración de Justicia, en este caso es el PP, pero que antes era el PSOE, con el 'caso Filesa', el que se decía perseguido..., eso es muy peligroso. Son ellos, como legisladores, los que tienen la mayor responsabilidad en que una institución como la Justicia funcione bien. Si están convencidos de que no funciona bien, que no hagan una campaña de ello, ya que supone un descrédito absoluto para nuestras instituciones; y, en segundo lugar, habrá que preguntarles por qué cuando gobernaron no pusieron las medidas para garantizar que fuera imparcial. ¡Es que todos han estado antes en el gobierno! Llevan una estrategia suicida y equivocada.
Responsabilidad política 
 
-Estos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, ¿están sabiendo asumir sus responsabilidades política ante estos casos de corrupción?
-No todos están reaccionando igual; unos actúan un poco más, y otros un poco menos. Hay un problema general, que tiene un formato de dilema, y es que, si vas contra tus militantes, te puedes quedar sin partido en esa localidad: el alcalde expulsado forma su propio partido y acaba sacando mejores resultados. Por eso no se toman decisiones drásticas: no tanto por proteger a sus afiliados, sino por estrategia electoral. Y es que tenemos unos partidos que para existir necesitan tener el poder en las instituciones. Pero hay una última razón, que consiste en que en muchos de estos asuntos de corrupción ha acabado saliendo la financiación...
-...la financiación ilegal del propio partido, ¿verdad? Quería llegar ahí. Nos encontramos con militantes que están pidiendo dinero para su partido, que incluso son premiados con cargos públicos por esa labor recaudatoria, y a los que, claro está, difícilmente se les podrá convencer de que es lícito pedir dinero para el partido, y que no lo es pedirlo para ellos mismos.
-Este ha sido uno de los grandes problemas y de las grandes coartadas de la corrupción. La necesidad de contar con esas líneas irregulares de financiación ha llevado a desactivar mecanismos de control que existían. En gran medida, los escándalos de principios de los 90..., aunque el primero fue el de la adjudicación de los contratos de las basuras en Madrid, aquel caso de Alonso Puerta en 1982 o 1983, y luego el 'caso Flick'..., pues de ahí se pasó a escándalos como el de Juan Guerra, que causaron gran rechazo entre los propios militantes del PSOE porque se dieron cuenta de que se estaba quedando para sí mismo con el dinero. No se pueden hacer distinciones sobre si es más moral recaudar para el partido o para uno mismo. Es totalmente rechazable siempre.
-Pues seguimos sin aprender mucho al respecto, porque en los actuales casos de corrupción siguen estando presentes la financiación ilegal de los partidos y la 'financiación' personal.
-Efectivamente. Los circuitos que se crearon para financiar irregularmente a los partidos han ido haciéndose cada vez más autónomos y se ha ido compatibilizando la 'alimentación' del partido y la propia. Y se han llegado a dar redes totalmente autónomas, que aparentaban recaudar para el partido cuando en realidad lo hacían para esas propias personas.
-¿Está el urbanismo en la base de todos estos grandes escándalos?
-Casi todos giran en torno a la contratación administrativa y, más recientemente, en los años del 'boom' inmobiliario, entre 1995 y 2006, en torno al urbanismo, que es la gran fuente de corrupción.
Plusvalías millonarias 
 
-Debe ser muy difícil sustraerse al hecho de que, por una simple decisión política, se generan unas plusvalías millonarias. Muchos de esos políticos pedirán 'su' parte.
-Las conversaciones de los sumarios de corrupción desvelan cómo el alcalde o los concejales, o redes de funcionarios, o redes mixtas..., plantean a los promotores que se están llevando muchos millones gracias a su decisión, y que algo deben repartir..., para el partido o para ellos.
-¿Por qué aparece tanto Murcia? ¿Por el empeño de los fiscales, porque hay más corrupción que en ningún otro sitio...?
-No sólo Murcia. También Comunidad Valenciana, Baleares, Costa del Sol, Canarias... Tenemos una de las mejores fiscalías y además compartimos muchas cosas con Alicante, la Costa del Sol... Y teníamos mucho territorio virgen y con un gran atractivo turístico. Creció mucho el parque de viviendas turísticas y por eso había más ocasiones para la corrupción.
-¿La corrupción responde a una crisis de valores?
-No exclusivamente. Por supuesto, los valores influyen en el comportamiento. La integridad debe venir puesta de casa, como me decía un alto cargo andaluz. Pero, por si acaso fallan los valores, deben existir instrumentos de control eficaces.
-Los mecanismos de control de los propios partidos...
-Eso es un desastre (se ríe).
-...¿se están aplicando?
-Se presentan medidas, y documentos, y decálogos hechos 'ad hoc', como estrategia electoral o política, pero nunca como aplicación real de un código moral o de conducta. Los códigos son de risa en el caso de los dos grandes partidos, y la aplicación a sus militantes es también de risa. No hay ningún órgano independiente que haga la investigación y decida si corresponde imponer una sanción; finalmente es la propia ejecutiva la que toma las decisiones. Hay un desprecio absoluto... Los partidos podían haber hecho mucho para atajar la corrupción, porque ese fenómeno va más allá del Código Penal. Por ejemplo, con los conflictos de interés y las incompatibilidades.
-El otro día decía el presidente del PP murciano, Ramón Luis valcárcel, que a la hora de exigir responsabilidades a los afiliados sospechosos de corrupción sólo se fiaba de su pálpito personal, de su olfato...
-Es ridículo. Eso es ridículo. Pero en estos casos no existen diferencias entre el PP y el PSOE. Hace un tiempo hice un estudio sobre los mecanismos internos de control de la integridad en el PSOE y en el PP y me costó horrores encontrar sus códigos de conducta. ¡Es que ni los tenían en su web, cuando tendría que ser su catecismo! Eso te da una idea de la voluntad real que tienen de erradicar esos comportamientos.

La Región de Murcia sigue haciendo el ridículo en Bruselas, ahora por 'Novo Carthago'

MURCIA.- La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado, revela hoy 'La Verdad'..

«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.

La crisis y el fin de Bretton Woods II / Alejandro Nadal *

La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó con la persistencia de desacuerdos básicos, que son un mal presagio. Ninguna de las dificultades fundamentales de la economía mundial pudo resolverse en estos días. La guerra de las divisas está a la vuelta de la esquina y los peores días de la crisis podrían estar de regreso en unos meses. Hasta se dice que 2008 podría ser un día de campo, comparado con lo que viene en 2011.

En Washington nadie esperaba milagros. Después de todo, el FMI perdió la brújula desde el 15 de agosto de 1971. Ese día Nixon ordenó cerrar la ventanilla de compra-venta de oro y terminó el mundo de los tipos de cambio fijos para el que fue creado el FMI en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Al cabo de unos años, el Fondo redefinió su misión como promotor de la liberalización financiera a escala global. Y en este nuevo papel pudo presidir sobre una larga lista de crisis financieras, cada vez más frecuentes y profundas. Como se sabe, en numerosos casos la medicina recetada por el FMI resultó peor que la enfermedad.

Poco a poco se fue consolidando un sistema que recibió en los años noventa el nombre de Bretton Woods II. Al igual que antes, el dólar seguía siendo el referente monetario en la economía mundial, pero en el nuevo esquema, Estados Unidos mantenía una posición de consumidor en última instancia y era subsidiado por China y los países exportadores de petróleo interesados en mantener su propio tren de exportaciones. 

Mientras hubo crecimiento, las cosas marcharon más o menos de manera estable. Claro, los gigantescos desequilibrios se fueron acumulando y adoptaron la forma de un astronómico déficit en las cuentas externas de Estados Unidos y su dual, las gigantescas reservas del banco central en China.

Este esquema podía durar mientras las tasas de crecimiento hicieran pensar a todos que el porvenir era brillante y siempre lo sería. Pero ese tipo de expectativas terminan por ser desmentidas por la dura realidad. Siempre se supo que Bretton Woods II era un sistema insostenible y que terminaría por reventar. Pero mientras dura el carnaval, nadie se preocupa por la cruda del día siguiente.

Al estallar la crisis, el conocido dilema de Triffin se manifestó con una claridad deslumbrante. El desplome en la demanda efectiva en Estados Unidos dejó un vacío que había que llenar. El caos en el sector financiero imposibilitó a los bancos estadunidenses fungir como intermediarios entre el ahorro y el consumo, y el gobierno tuvo que entrar al quite con sus estímulos fiscales y rescates de las hipotecarias semioficiales.

Pero el estímulo fiscal y la inyección de la Reserva Federal de más de un billón (castellano) de dólares para adquirir bonos del Tesoro terminaron por sacudir al mundo entero. Para colmo, aunque el estímulo fiscal permitió una especie de recuperación, resultó insuficiente. 

En lugar de mantenerlo y aumentar su volumen, la clase política estadunidense dejará que expire este otoño. La política monetaria, en su esquema de flexibilización cuantitativa, seguirá inyectando liquidez a un sistema que permanece estancado y con altas tasas de desempleo. Encima de todo, la pérdida de valor del dólar no fue suficiente para corregir el déficit comercial.

Hoy las principales economías del mundo están a punto de sufrir una recaída de proporciones alarmantes. En Estados Unidos el sistema bancario no acaba de digerir el desastre del sector hipotecario. El incremento en los costos de operación de los bancos debido a la ejecución de hipotecas vencidas es la peor amenaza del sector bancario. Esta es la cicatriz que dejarán las hipotecas subprime en los estados financieros de los bancos. Lo importante es que para un banco con problemas en la línea de flotación, el incremento en los gastos de operación puede ser el tiro de gracia.

Europa está amenazada por el regreso a la austeridad fiscal de su absurdo Tratado de Maastricht y Japón porque, en el fondo, nunca superó la crisis de los años noventa. La recesión en forma de W para la economía global es casi inevitable. Para las llamadas economías emergentes el problema se agrava porque sus exportaciones se verán afectadas.

Los desequilibrios acumulados en los últimos 20 años tocan a la puerta hoy para reclamar atención. A China se le exige disciplina cambiaria y mayor énfasis en la demanda interna. Pero la percepción en Pekín es que el gigante asiático no puede darse el lujo de perder competitividad en los mercados internacionales. Eso sucedería si aumentan sus costos laborales y se permite la apreciación del renminbi. Por eso China reclama a su vez disciplina monetaria al país que emite los papelitos verdes, que otrora fueron la piedra de toque del sistema monetario internacional.

Es la terminación del sistema de Bretton Woods II. No será un final tranquilo. Y sí, 2011 puede muy bien ser el peor año de la crisis.

(*) Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Las CC AA, incluida la de Murcia, descartan emitir bonos para particulares

BARCELONA.- Las 16 comunidades autónomas, al margen de Cataluña, no tienen previsto lanzar una emisión de bonos para particulares como ha hecho el Gobierno de José Montilla, con el objetivo de financiarse.

   La Generalitat colocará deuda a un tipo de interés del 4,75%, con un mínimo de 1.000 euros de inversión por particular, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros.
   Entre las comunidades que no adoptarán una iniciativa similar figuran Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Cantabria y Extremadura.
   Fuentes de la Xunta de Galicia han explicado que, por el momento, el Gobierno gallego no se lo plantea y ha recordado que cada comunidad elabora su estrategia "como entiende que le es más favorable a sus intereses".
   La Xunta ha marcado distancias con Cataluña y ha señalado que no todos los gobiernos tiene los mismos problemas de tesorería, y ha recordado que los inversores "están diferenciando claramente a unas y otras autonomías y aplicando primas de riesgo muy diferentes".
   Mientras Canarias ha asegurado que tiene "cubiertas" sus necesidades y no tienen pensado emitir bonos, la Generalitat valenciana ha afirmado que no contempla la necesidad de tener que hace una emisión porque sigue colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados lo permiten.
   "Aunque no se pueda descartar en un futuro, en estos momentos no se contempla", aseguró esta semana el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que recordó que "lo más probable es que se acabe el ejercicio sin necesidad de realizar una emisión de este tipo".
   Por su parte, el Gobierno cántabro ha señalado que no tienen previsto nada parecido porque no lo necesita y ha explicado que está negociando operaciones de colocación de deuda a plazo más largo y "en condiciones más ventajosas para la comunidad autónoma".
   La Comunidad de Madrid tampoco valora llevar a cabo una emisión para particulares, lo mismo que Extremadura.
   El resto de comunidades --Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla y León-- ha optado por no valorar la emisión que desde Cataluña se ha presentado como una operación que es "perfectamente normal y necesaria" y que "no es fruto de una situación de emergencia e improvisada", según dijo el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, esta misma semana.
   El gobierno catalán ha insistido en que la propuesta no nace de un problema de las finanzas de la Generalitat, ya que los mercados se cerraron en mayo y se están abriendo "muy lentamente".

sábado, 16 de octubre de 2010

El letrado Diego de Ramón parece que desea llegar al fondo del blanqueo de capitales en la 'Operación Umbra'

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, como compareciente en las diligencias previas penales abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia a instancia de la Fiscalía Anticorrupción en relación a un supuesto perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Murcia y varios presuntos delitos derivados de la actuación anterior, ha solicitado como medios indiciarios de investigación judicial varias pruebas para ahondar en el conocimiento de la 'Operación Umbra'.

"1.-Que se re quiera a la Consejería de Economía y Hacienda, en su Dirección General de Tributos, CUANTO DINERO SE HA RECABADO POR LOS IMPUESTOS DERIVADOS DE LAS TRANSMISIONES PRODUCIDAS en los dos millones y medio de metros cuadrados que han adquirido como consecuencia de los seis convenios urbanísticos de Nueva Condomina, objeto de esta instrucción judicial.

¿Qué valoraciones económicas se han dado a dichos terrenos, para ser objeto de base imponible de los impuestos? y ¿Qué funcionarios peritos han dado a esas valoraciones?.y ¿Si aceptaron las tasaciones realizadas por los sujetos pasivos, o les realizaron alguna complementariacon tasaciones propias de la Administración?.

2.-Que se requiera al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma, en su Consejería de Obras Públicas y Transportes, como así al Consejo de Gobierno de la Comunidad, que aprobaron las modificaciones de planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana, para poder recalificar dichos terrenos.

3.-Que se requiera a las entidades financieras que han participado en la financiación de dichos seis convenios urbanísticos, para que describan las tasaciones económicas de dichos terrenos, para acceder a los créditos que recibió de las mismas.

4.-Que se contrasten dichas tasaciones anteriores, con las realizadas por la Intervención General de la Agencia Tributaria que las tasó en 300 millones de euros.

5.-Que se requieran INFORMES:

5.1.- Por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

5.2.-, de la Agencia Tributaria.

5.3.- y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional.

Dichos informes, deberán rastrear a través de dichas propias Agencias Nacionales españolas y las de colaboración de Agencias Norteamericanas y la Interpol, sobre las sociedades con domicilio fiscal en paraísos fiscales como Islas Caimán, México, Panamá, Luxemburgo, Gibraltar, Suiza, que hayan tenido PARTICIPACION LAS ENTIDADES FINANCIERAS que han dado para la financiación de dichos seis convenios urbanísticos (a nombre de sociedades con participación de dichas entidades financieras, y a nombre de todos los imputados en esta causa, políticos, funcionarios, más los que todavía no están imputados, y han sido cómplices necesarios para la consecución de este fraude fiscal y evasión de capitales.

Y por último, comprobar a TRAVES DE SOCIEDADES DE TASACION HOMOLOGADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA, PARA QUE A INSTANCIAS DE LA POLICIA JUDICIAL, INFORMEN SI HAN DEVALUADO DICHAS TASACIONES,CON MOTIVO DE FRAUDE FISCAL DEL PRECIO REAL,QUE ALCANZARIA,UNA VEZ TASADAS INICIALMENTE COMO LOS 2 MILLONES Y MEDIO DE METROS CUADRADOS COMO RUSTICO NO URBANIZABLE Y DESPUES COMO URBANIZABLE, dichas PLUSVALIAS Y VOLUMEN DE EDIFICABILIDAD como precio real, despues de su aprobación. 

Y SI DESPUES DE SU RECALIFICACION FUERON REALIZADAS TASACIONES POSTERIORES POR LA DIRECCION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA,PARA RECABAR LOS CORRESPONDIENTES IMPUESTOS DENTRO DEL PLAZO DE LOS CUATRO AÑOS,O SI POR EL CONTRARIO SE DEJARON DE REALIZAR DICHAS COMPROBACIONES".

Suena el nombre de Pedro Antonio Ríos para nuevo delegado del Gobierno

MURCIA.- El nombre del ex diputado regional y nacional de IU, el profesor de Enseñanza Primaria, Pedro Antonio Ríos, también  ex asesor político del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, suena, entre otros, como posible sustituto del médico Rafael González Tovar al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia,  según han aceptado esta noche fuentes solventes de este Ministerio.

El nombre de este antiguo comunista no goza, sin embargo, de la aceptación plena de la sede socialista de Princesa pero la apuesta de Rubalcaba parece ser muy fuerte frente a un PSRM cuestionado,  desmoralizado  y sin pulso aunque en un proceso de intento de impulso por parte de la candidata a la presidencia del gobierno regional, la actual diputada Begoña García Retegui.

El ministro del Interior necesita en Murcia un hombre de su plena confianza, conocedor del terreno y el paisanaje para intentar dar un vuelco electoral en las próximas elecciones municipales y autonómicas y asegurar así nuevos apoyos dentro de quince meses a la candidatura socialista a la presidencia del Gobierno de España, con independencia de quien sea el candidato final. 

Rubalcaba parece que quiere jugar a fondo la baza de la hoy más que perdida para el PSOE Región de Murcia y no le vale cualquiera para la gran operación de cirugía política que se precisa y para la que González Tovar ha demostrado con creces que no es capaz después de muchos meses en el cargo.

Aunque el 'aparato' del PSRM, incluso García Retegui, ven un riesgo interno cierto con la irrupción de este independiente de izquierdas, bien sintonizado con el establishment, el apoyo de Rubalcaba coloca a Ríos en una buena posición, frente a otros candidatos del PSOE, para resultar finalmente el nombrado para el cargo en un próximo Consejo de Ministros. 

Ríos (60 años) se dedica al magisterio en el instituto Alcántara desde que en 2009 salió del Grupo Parlamentario del Congreso y del gabinete del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Anteriormente había ocupado la secretaría general del PCE en la Región (en la que sustituyó a Agustín Sánchez Trigueros), una concejalía de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, un escaño de diputado regional y otro de diputado nacional. 

Sus últimas apariciones públicas fueron como integrante de la plataforma que recogió firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular en favor del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

A principios del pasado mes de julio abandonó Izquierda Unida por su falta de identificación con este proyecto político. Ahora, como otros antiguos compañeros suyos en cargos de confianza del Gobierno Zapatero, Ríos podría acabar ocupando el sillón que va a dejar Tovar.

El portal geográfico Cartomur permite realizar vuelos virtuales en tres dimensiones por el territorio regional

MURCIA.- El secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Bernabé, ha destacado este sábado que el portal de referencia geográfica de la Región, Cartomur, "permite, a través de la aplicación Vuelo Virtual, simular vuelos en tres dimensiones por el territorio regional de una manera dinámica e intuitiva".

   Así, esta herramienta, basada en la cartografía regional, ofrece a cualquier usuario la posibilidad de sobrevolar los 11.300 kilómetros cuadrados de la Comunidad y aproximarse a la costa, a los núcleos urbanos o a cualquier lugar de interés situado en el territorio regional, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Y es que, Cartomur recibe al mes más de 3,5 millones de visitas y ofrece también la posibilidad de conocer toda la información geográfica del territorio regional, programar las rutas más seguras en carretera y mejorar la precisión del navegador GPS.
   En este sentido, Bernabé ha explicado que "entre las aplicaciones del portal Cartomur la más utilizada es la denominada 'Cartoteca', donde el usuario puede consultar la información geográfica de la Comunidad y visualizar mediante ortofotografías de alta precisión la evolución del territorio regional desde 1929 hasta la actualidad".
   Junto a estas aplicaciones también se encuentra 'REGAM' (Red de Estaciones de Referencia GPS Activas de la Región de Murcia), que mejora la precisión de las mediciones obtenidas por los dispositivos de navegación convencionales en cualquier punto de la Región. En la actualidad, ya son más de 300 empresas y organizaciones las que utilizan esta aplicación para proyectos de obra civil, ordenación del territorio, logística y actividades de protección civil.
   Por otro lado, los usuarios que entren en Cartomur también podrán programar con 'Navecarm', de una manera sencilla, sus viajes por carretera y consultar la ruta más segura, económica, rápida y corta desde cualquier punto de la Región.
   "Se trata de un mapa de carreteras digital que, a diferencia del resto de navegadores, cuenta con información sobre los índices de siniestralidad de las carreteras regionales, lo que permite programar los recorridos más seguros, ya que se indican los puntos negros y los Tramos de Concentración de Accidentes", ha subrayado Bernabé.
   Finalmente, ha apuntado que el Servicio de Cartografía de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio "es el encargado de actualizar la información territorial recogida en Cartomur, de modo que se garantice la fiabilidad y validez de los datos de las aplicaciones".