viernes, 8 de mayo de 2009

El Nobel de Economía, Stiglitz, pronostica una recesión profunda tras la "caída libre" de la economía

LISBOA.- Un mezcla de corrupción entre el sistema financiero y los políticos estadounidenses, la continua desregulación asociada a la ideología de que los mercados se autorregulan y una política monetaria demasiado expansiva, son la causa de que el mundo esté inmerso en la peor crisis de los últimos 80 años, según el Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, que consideró que el escenario de futuro más optimista es que, después de la caída libre de las economías, llegue un periodo de profunda recesión.

Stiglitz, ex presidente del Banco Mundial, participó en las Conferencias de Estoril, que bajo el tema "Desafíos globales, respuestas locales", pretende convertirse en un punto de reflexión internacional para hablar sobre globalización, a medio camino entre "el liberalismo de Davos y la utopía de Porto Alegre".

En su intervención, consideró que una de las raíces de la actual crisis nace de "la corrupción al estilo estadounidense" que se instaló en Estados Unidos, y citó como ejemplo la elevada financiación que la industria financiera proporcionó para las campañas electorales de demócratas y republicanos a lo largo de los años. "Invirtieron y consiguieron resultados, la desregulación" y la "ideología de que los mercados se autorregulan", ironizó.

Desde su punto de vista, ante las causas de la actual crisis, no se vislumbra un fin optimista a corto plazo. De hecho, el escenario más optimista que dibujó fue que tras "el fin de un período de caída libre en las economías, seguirá un período de recesión profunda", afirmó el Nobel.

El Nobel de Economía emitió fuertes críticas al sistema financiero occidental, y en particular al estadounidense. Stiglitz consideró que "intentaron quedarse con todo el beneficio del sistema productivo".

"Es difícil clasificar la depravación moral de nuestro sistema financiero", afirmó.

Sin embargo, las críticas más duras fueron para el negocio montado alrededor de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Los bancos, dijo, "descubrieron que había dinero en la base de la pirámide social y decidieron ir allí y traerlo para la cima (...) Robaron a los más pobres de los más pobres".

Además, acusó a los bancos de querer echar las culpas de lo ocurrido sobre los reguladores, y los comparó con "los ladrones que pagan caro a los policías para que vayan a dar una vuelta mientras ellos roban, y ahora vienen a decir que la culpa es de los policías".

En su opinión, los bancos se olvidaron de su razón de ser: la diversificación del riesgo y la transferencia del capital de los ahorradores para los inversores. "Ellos evaluaron mal el riesgo, calcularon mal el riesgo y el capital", sentenció.

Stiglitz no fue muy optimista sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis. "Cuando de la reunión del G-20 sale la decisión de fortalecer el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Foro de Estabilidad Financiera, que son instituciones que gestionaron mal las crisis de los años 90, no podemos tener mucha esperanza sobre la resolución actual de la crisis", afirmó.

Pero además de las medidas internacionales, el premio Nobel también realizó un balance negativo sobre los planes para combatir la crisis de Estados Unidos.

Por un lado, acusó a la Administración Obama de apostar por "mantener vivos bancos zombis", incentivando la creación de instituciones "todavía mayores" de las que ya existían. Por otro, consideró que los apoyos a la economía "llegaron demasiado tarde, fueron demasiado pequeños y mal diseñados".

Además, defendió que "la doctrina de la derecha sobre la economía de mercado falló claramente" y demostró "la importancia de regular los mercados". Así recordó que, tanto la experiencia actual, como la de Chile, cuando el dictador Augusto Pinochet, aconsejado por Milton Friedman, experimentó la desregulación de su sistema financiero y "le costó a los chilenos un cuarto de siglo pagando deudas", demuestran la importancia de "la regulación del sistema".

Desde su punto de vista, para salir de esta crisis es necesario más inversión pública, más medidas de apoyo al mercado hipotecario y que la administración deje caer a los bancos en vez de canalizar hacia ellos la mayor parte de los recursos presupuestarios.

La CNMV exige a las entidades información clara sobre el riesgo de los productos financieros

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) volvió a pedir este viernes a bancos y cajas que informen a sus clientes de manera clara y adecuada sobre los productos de inversión y sobre los riesgos que adquieren con su contratación, tras constatar el elevado crecimiento de las emisiones que las entidades financieras han efectuado dirigidas principalmente al público minorista con motivo de la crisis.

El organismo supervisor publicó este viernes una serie de recomendaciones dirigidas a las entidades financieras para que cumplan los requisitos de información en la prestación de los servicios de inversión sobre instrumentos financieros, que supone una continuación de la iniciativa adoptada por la CNMV el pasado 17 de febrero.

La CNMV remitió en ese mes una carta a la patronal de la banca (AEB), de las cajas (CECA), de las cooperativas de crédito (UNACC) y de las cajas rurales (AECR), en la que se informaba de que la CNMV iba reforzar las tareas de supervisión en los servicios de inversión y procedería a advertir a los clientes cuando las emisiones de deuda subordinada de las entidades no presentasen condiciones "claramente favorables".

En este sentido, la institución que preside Julio Segura consideró hoy primordial reforzar los procedimientos relativos a la documentación contractual del asesoramiento, ya que la normativa no requiere un contrato por escrito entre la entidad y el inversor, pero exige que las dos partes acepten que su relación consiste en la prestación de este servicio y no de otro.

Por esta razón, la CNMV recuerda que deberá constar por escrito o de "forma fehaciente" las recomendaciones personalizadas y que las entidades cuenten con sistemas de financiación al personal de la red comercial y medidas de control interno adecuados para que la relación con la clientela no presente confusiones ni ambigüedades, de modo que el inversor tenga claro el servicio que se le está prestando y la posición de la entidad que se lo presta.

El organismo supervisor destaca que tanto los servicios de asesoramiento en materia de inversiones y el de colocación o venta de productos financieros presentan importantes diferencias que obligan a que se establezca una frontera clara entre ambas actividades, y que el nivel de protección que recibe el inversor debe adecuarse al servicio efectivamente prestado y no exista ambigüedad.

El asesoramiento en materia de inversiones puede realizarse tanto a iniciativa de la entidad como del inversor e implica una recomendación personalizada, que debe considerar no sólo los conocimientos y experiencia del inversor, sino además su objetivo de inversión y situación financiera, teniendo en cuenta aspectos como la rentabilidad esperada y los costes de la inversión.

Sobre la información a transmitir a los clientes, las entidades que prestan servicios de inversión deberán proporcionar a sus clientes una explicación de las características y de los riesgos inherentes a los instrumentos financieros de manera detallada. para permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas.

Esta información debe proporcionarse a los clientes con antelación suficiente a la prestación del servicio en cuestión, teniendo en cuenta que la existencia de comunicaciones comerciales no sustituye el cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, la documentación que las entidades utilicen para informar al cliente sobre las características y riesgos del instrumento financiero debería incluir un apartado específico sobre los riesgos que afectan al producto.

Además, es importante realizar todos los esfuerzos posibles para que la documentación esté redactada de forma clara y breve, en lenguaje llano, para que resulte comprensible para el tipo de inversor al que se dirige.

Para productos complejos, es recomendable que la entidad conserve adicionalmente un documento aparte en el que se recojan de forma muy clara y concisa sus principales riesgos. El documento será breve y también podrá realizarse, sin necesidad de recabar un documento aparte firmado por el inversor, si el documento informativo entregado al cliente incluye una advertencia inicial con un contenido similar al indicado en este punto.

Estas prácticas no eximen a la entidad de informar verbalmente al cliente de forma adecuada cuando sea necesario de todos los aspectos relevantes sobre el producto, teniendo en cuenta los riesgos inherentes al mismo y el tipo del cliente al que se ofrece o solicita el instrumento.

Sobre los modelos de órdenes, la CNMV recuerda que las órdenes deben ser claras y precisas en su alcance y sentido, de forma que tanto el ordenante como el receptor conozcan con exactitud sus efectos. Asimismo, destaca que no resulta apropiada la utilización de cláusulas o escritos en los que el cliente admita haber asumido la iniciativa.

Repsol reducirá las inversiones en 300 millones en 2009

MADRID.- Repsol ha ajustado ligeramente a la baja sus previsiones de inversión para este año hasta una banda de 4.300 a 4.400 millones de euros frente a unos planes iniciales de 4.700 millones de euros, dijo el viernes el director de operaciones de la petrolera hispano-argentina.

La empresa tenía prevista en Cartagena una inversión de 2.000 millones en una nueva refinería.

"Vamos a estar un poco por debajo de nuestro plan (de 4.700 millones de euros) pero hablando en cientos de millones (...) Diría que se situaría en una banda de 4.300 a 4.400 millones de euros para este año", dijo Miguel Martínez en una conferencia con analistas.

Repsol explicó que esta cifra incluye la inversión realizada para acudir a la ampliación de capital de Gas Natural, con la que financió parte de la compra de Fenosa.

La petrolera hispano-argentina desveló además que el margen de refino fue "muy pobre" en abril, en torno a 1,4 dólares por barril.

Murcia lidera en España el incremento en el 'ranking' de morosos

MADRID.- Los impagos a la banca alcanzaron 36.148 millones de euros en abril, lo que significa un crecimiento del 158% respecto a la morosidad declarada en el mismo mes del año anterior, mientras que el número de morosos se eleva ya a 2,75 millones, según datos del último informe de Asnef-Equifax.

En concreto, el número de españoles que incurrieron en mora se elevó a 2,054 millones, lo que arroja un aumento del 26% frente a abril de 2008, mientras que el total de inmigrantes que entraron en impago se incrementó un 67%, hasta 691.000, precisaron a Europa Press desde la filial española de la multinacional norteamericana.

Por su parte, las empresas morosas crecieron un 33% y se establecieron en 232.000, mientras que el saldo moroso declarado también aumentó un 121% en el caso de los españoles, un 183% en el de los inmigrantes y un 203% en el de las empresas.

Las operaciones morosas ascendieron a 6,19 millones el pasado mes de abril, lo que supone un 50% más que las contabilizadas un año antes y constituye la cifra más alta registrada desde al menos 2002.

En el caso de las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha fue la que más creció en número de morosos, con un aumento del 35% en el caso de los españoles y del 112% en el de los inmigrantes. No obstante, Madrid fue líder en cuanto a empresas perjudicadas, con un incremento del 419%.

Por número de empresas que entraron en el registro de morosos, Murcia se colocó en el primer puesto del ranking de aumento (+45%), mientras que por saldo moroso declarado Castilla-La Mancha también es la región más afectada, con un 154% más en el caso de los españoles y del 260% en el de los extranjeros residentes.

Estos datos ponen de manifiesto las dificultades de empresas y particulares para afrontar sus obligaciones de pago de deuda ante el actual escenario de recesión y reestructuración del sector inmobiliario de la construcción.

Asimismo, el crecimiento del número de personas y empresas incluidas en el registro de morosos justifica el cada vez mayor enfoque de las entidades financieras en las actividades de recobro para atajar el aumento de la morosidad.

De hecho, el Banco de España resaltó en su último Informe Financiero que la morosidad "sigue repuntando con intensidad" debido al aumento del paro y al ajuste del sector inmobiliario, por lo que será "crucial" cómo la gestionen bancos y cajas de ahorro "durante este año y el próximo.

Aunque reconoce que el "rápido e intenso" aumento de la morosidad es "coherente" con el escenario recesivo, el Banco de España incide en que "no todas las entidades están demostrando la misma capacidad para gestionar el entorno mucho más complejo que existe desde agosto de 2007".

La tasa de morosidad hipotecaria de los inmigrantes se eleva al 12,5%, frente a la del resto de residentes, del 1,6%, según los datos que maneja el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Equifax Ibérica tiene sede en Madrid y cuenta con delegaciones en Barcelona y Lisboa, desde donde ofrece servicios de información a más de 360 clientes de sectores como el financiero, de telecomunicaciones, de seguros, energético y otros.

Yecla, sin toros

No habrá toros mientras se deba dinero. El sindicato de matadores de toros ha decidido «embargar» la plaza de toros de Yecla con lo que no habrá festivales taurinos en los próximos cuatro años. La razón es la deuda contraída con dos toreros, Padilla y Palazón, en la corrida de toros de septiembre de 2007, y a los que se les adeuda unos 11.000 euros por su actuación.

La reclamación económica del sindicato de matadores de toros se centra en la figura del empresario que gestionaba entonces el coso, Pepín Fernández, al que se reclama la deuda. Sin embargo, mientras los 11.000 euros se pagan el sindicato prohíbe a los matadores de toros actuar en Yecla.

La primera consecuencia es la más que probable suspensión de la corrida del 10 de mayo, durante las fiestas de San Isidro, según 'La Verdad'.

Sacyr ganó un 80,2% menos en el primer trimestre

MADRID.- Sacyr Vallehermoso obtuvo un beneficio neto atribuido de 40,67 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 80,2% en comparación con el mismo periodo de 2008, informó hoy el grupo de construcción y servicios.

Esta empresa, presidida por el murciano Luis del Rivero, forma parte de la concesionaria del aeródromo de Corvera y es la encargada de construirlo aunque a fecha de hoy las obras están paradas sin mayores explicaciones por parte de la Comunidad Autónoma, que trata de mantener la ficción de su realización en plena crisis aeronáutica mundial y a punto de entrar en servicio la segunda pista en el cercano aeropuerto de San Javier.

La compañía atribuyó la caída del resultado al hecho de que desde 2009 sólo se anotará los dividendos cobrados por la participación del 20% que tiene como primer accionista de Repsol YPF, en vez del porcentaje correspondiente de los beneficios de la petrolera, tal como hizo hasta el pasado año.

En caso de haberse apuntado el porcentaje de beneficios de Repsol YPF, las cuentas trimestrales de Sacyr arrojarían un crecimiento del 52,2%.

La cifra de negocio creció un 69,8% entre enero y marzo, hasta sumar 2.019 millones de euros, en tanto que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 174 millones de euros, un 12,5% más.

Sacyr ha obtenido financiación por 483 millones en lo que va de año

Sacyr Vallehermoso ha obtenido financiación bancaria por un importe total de 483 millones de euros en lo que va de año, según consta en el informe de auditoría de la compañía de construcción y servicios.

La compañía que preside Luis del Rivero ha renovado además deuda que vencía en el presente ejercicio por importe de 130 millones de euros y ha generado caja por 327 millones por la venta de distintos activos.

La obtención de financiación adicional y la venta de activos constituyen dos de los pilares sobre los que se basa el trabajo que, según su firma auditora (Ernst & Young), Sacyr está realizando para "adaptar su actividad y su estructura financiera las actuales condiciones del mercado".

La otra línea básica de esta adecuación pasa por "el proceso de refinanciación de la deuda financiera", sobre el que "los administradores de la sociedad han alcanzado la convicción de que concluirá de forma satisfactoria, en virtud de las negociaciones mantenidas con los bancos".

En el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sacyr considera "estable a largo plazo" la participación del 20% que tiene como primer accionista de Repsol YPF e indica que no se ha planteado aceptar un precio de venta por la misma "inferior a su valor en uso".

Este denominado 'valor en uso' es, según la empresa, superior al valor de mercado de su inversión en la petrolera.

A cierre de 2008 el valor de mercado del 20% de Repsol era de 3.688,85 millones de euros, equivalente a 15,10 euros por acción, un 43,4% inferior al precio de 26,71 euros por título al que Sacyr compró Repsol.

Sacyr tiene registrada en sus cuentas la participación en Repsol en función de este 'valor en uso', y no por su valor de mercado, aprovechando que así lo permiten las nuevas normas internacionales de contabilidad. Gracias a ello, no ha tenido que contabilizar el deterioro sufrido por la cotización de la petrolera el pasado año.

El 'valor en uso' agrega al valor contable otros conceptos. Sacyr no concreta el importe de este 'valor en uso' que ha calculado para su participación en Repsol. Sólo indica que "supera al valor contable" y que lo ha determinado "a partir del cálculo del valor total de los activos, deduciendo posteriormente el valor de la deuda neta y los intereses minoritarios".

En cuanto al préstamo que el grupo presidido por Luis del Rivero tiene suscrito para financiar la compra de esta participación, actualmente se sitúa en 5.114 millones de euros, tras amortizar 61 millones de euros de forma anticipada en 2008, según la auditoría.

El beneficio neto de Repsol cayó un 57,4% hasta marzo

MADRID.- Repsol-YPF obtuvo un beneficio neto de 516 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 57,4% en relación al mismo periodo de 2008, cuando las ganancias de la petrolera ascendieron a 1.212 millones de euros, informó hoy la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Repsol-YPF es la propietaria de la paralizada refinería de petróleos en Cartagena.

La empresa atribuyó la caída del beneficio al "brusco" descenso del precio del crudo, a la "drástica contracción" de la actividad económica, y a los menores resultados extraordinarios registrados frente al primer trimestre de 2008.

De hecho, la cotización media del petróleo Brent en los tres primeros meses de 2009 se situó en 44,5 dólares por barril, un 54% inferior a los 96,7 dólares por barril del primer trimestre de 2008. El crudo WTI (West Texas Intermediate) también experimentó un descenso en su cotización del 55,7% en comparación con los primeros tres meses del año pasado.

El resultado operativo de la compañía presidida por Antonio Brufau alcanzó los 963 millones de euros hasta marzo, con un retroceso del 27,7% sobre igual periodo de 2008, en tanto que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 1.443 millones de euros, un 40,4% inferior a los 2.422 millones de euros del primer trimestre de 2008.

La deuda financiera neta de la compañía al finalizar marzo se situó en 5.376 millones de euros, un 61,2% superior a la existente a cierre de 2008. Repsol achacó este repunte al impacto que ha tenido en la deuda consolidada del grupo la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural.

Repsol-YPF destacó que, pese a la crisis financiera y crediticia mundial, la generación de caja y el "elevado" nivel de liquidez del que dispone, de 7.000 millones de euros, aseguran el cumplimiento de su plan de inversiones.

Durante el primer trimestre del año, Repsol realizó inversiones por valor de 2.923 millones de euros, con un crecimiento del 62,4% respecto al cuarto trimestre de 2008.

La empresa que preside Brufau ha puesto en marcha un plan extraordinario de ahorro de 1.500 millones de euros, lo que supone una reducción superior al 10% en el presupuesto inicialmente previsto para el ejercicio. El objetivo de este medida es la revisión de los gastos corrientes y de todas las compras y contrataciones.

El resultado de explotación en el área de 'upstream' (exploración y poroducción) alcanzó los 185 millones de euros, lo que supone un descenso del 67,9% respecto al primer trimestre de 2008, motivado por la caída del 54,2% y 41,9% en los precios de realización del crudo y del gas respectivamente. Las inversiones en esta área sumaron 314 millones de euros y se destinaron fundamentalmente a Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Libia.

La compañía hizo hincapié en que en lo transcurrido de 2009 ha alcanzado su récord histórico de descubrimientos de hidrocarburos. De hecho, Repsol ha participado en este periodo en 10 importantes hallazgos en Brasil, Golfo de México y Norte de África.

Por su parte, el resultado de explotación de su negocio del 'downstream' ascendió 293 millones de euros, un 39,2% inferior al del mismo periodo de 2008. Las inversiones en este área ascendieron a 325 millones de euros hasta marzo y se dirigieron principalmente a los proyectos de ampliación de Cartagena y a la unidad reductora de fuelóleo de Bilbao.

En el área de gas natural licuado (GNL) el resultado de explotación alcanzó los 11 millones de euros, un 65,6% menos que en el primer trimestre de 2008. La evolución de estos resultados se debió a los menores precios del gas natural y la electricidad en España y a menores oportunidades de comercialización en Asia.

Las inversiones en GNL ascendieron a 30 millones de euros y se han dedicado fundamentalmente a completar el proyecto de construcción y operación de la terminal de regasificación de Canaport LNG, en Canadá.

Por su parte, el resultado de explotación de YPF ascendió a 323 millones de euros hasta marzo, un 11,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las inversiones de YPF en este periodo sumaron 236 millones de euros y se han destinado en un 83% a proyectos de desarrollo en exploración y producción.

jueves, 7 de mayo de 2009

El juez imputa de cohecho a los detenidos por la UDEF y los deja en libertad sin fianza

MURCIA.- El notario de Lorca, Sebastián Fernández Rabal, y el apoderado en 'Hacienda El Hornillo S.L.' (una de las empresas de Fernández), en Águilas, José Cáceres Olivares, quedaron esta tarde en libertad con cargos pero sin fianza tras prestar declaración esta mañana ante el titular del juzgado nº 3, de Murcia, Antonio Alcázar, aunque ambos continúan imputados por su participación en supuesto cohecho dentro de un presunto caso de corrupción urbanística en Águilas, según 'La Verdad'.

El apoderado de la empresa aguileña prestó declaración durante dos horas, mientras que el notario y dueño de 'Hacienda El Hornillo' permaneció tres horas ante el juez y salió por su propio pié del Palacio de Justicia pasadas las cuatro de esta tarde. Rehusó hacer declaraciones a los periodistas congregados a las puertas de los juzgados.

Posteriormente el juez Alcázar confirmó el secreto del sumario y que estamos ante las diligencias de una pieza separada del 'caso La Zerrichera', que continúa su instrucción en este mismo juzgado. El notario Fernández Rabal, según Alcázar, no ha sido imputado de prevaricación porque no comparece en su calidad de fedatario público sino de promotor inmobiliario, en este caso.

Pese a la libertad con cargos pero sin fianza, el magistrado instructor no descarta volver a llamar para prestar declaración a ambos imputados. La UDEF continúa investigando porque el caso no está cerrado ni esta hijuela tampoco. No se descarta la entrada de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Águilas ni nuevas detenciones en esta localidad y en Lorca, según fuentes de la investigación.

(En la foto de Gloria Nicolás en 'La Opinión', los dos imputados)

El secretario de 'Proinvitosa' "canta la gallina" y el juez le levanta la imputación

TOTANA.- Juan Morales, ex alcalde de Totana, convocó el 11 y 18 de septiembre de 2006 dos reuniones en su propio despacho. A ellas asistieron tanto el propietario de la empresa totanera Huevos Maryper, Gabriel Martínez, como los consejeros del PP de Proinvitosa y el secretario de la empresa municipal, Fulgencio González, tal y como este último reveló ayer ante el juez.

El tema a tratar no era otro que la venta de una parcela de 40.000 metros propiedad de Smurfit Kappa a Huevos Maryper. «Morales nos dijo que todo estaba bien, que la gestión era suya y se tenía que votar a favor», cuenta hoy 'La Verdad'.

Ésta es una de las revelaciones que González hizo ayer al magistrado instructor de la Operación Tótem, Julián Pérez Templado, en el transcurso de su declaración. El secretario regresó ayer a los tribunales después de que se postergase su declaración del pasado 20 de abril al ser imputado. El propio González ya explicó, en su momento, que ésta se justificaba únicamente como «garantía procesal», para que acudiera en compañía de un letrado. Tras su esclarecedora declaración, el juez levantó ayer mismo esa imputación.

En su declaración, González reconoció, además, que las reuniones convocadas por Morales le parecieron «anómalas» dado que no se habían producido en negociaciones anteriores. Gabriel Martínez, director gerente de Huevos Maryper y hombre de confianza del ex alcalde totanero, está imputado en la Operación Tótem como presunto intermediario entre Morales y el empresario gallego Nuñez Arias, también imputado, para el supuesto cobro de una comisión millonaria.

Las declaraciones de la Operación Tótem continuarán el próximo martes día 12. En esa jornada está llamado a declarar Daniel Aroca, concejal de Vivienda, Transporte, Suelo, Patrimonio y Calidad del Partido Popular totanero. Al día siguiente se cerrará esta ronda de declaraciones ante la Sala de Lo Civil y lo Penal del TSJ con la comparecencia del presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez; y el consejero de la misma, elegido por el PP, Juan José Salas. Todos ellos están imputados.

Crisis en el SCRATS: deja la presidencia Francisco del Amor

MURCIA.- Francisco del Amor quien ha venido siendo presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) desde el años 2002, deja el cargo, al parecer, por motivos personales, según 'La Verdad'.

Este corganismo es uno de los más activos en la defensa del trasvase Tajo-Segura, en reacción a los reiterados intentos del Gobierno de Castilla-La Mancha de incluir una fecha de caducidad para el trasvase en su estatuto.

Francisco del Amor dejará la presidencia del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), tras más de seis años que "han estado llenos de satisfacción, pero también ha sido muy difíciles, tal vez los más difíciles a lo largo de mi carrera".

Del Amor, quien comunicó personalmente esta decisión "que no tiene vuelta atrás" a los miembros del Comité de Crisis reunidos hoy, aseguró, no obstante, que seguirá al frente del Scrats hasta la celebración de los próxima asamblea general, en la que tomará posesión el nuevo presidente de los regantes del trasvase.

En este sentido, explicó que convocará las elecciones en la próxima Junta de Gobierno, que se celebrará a finales de este mes, tras lo que se iniciará el proceso electoral, de manera que la asamblea general, que tendría que celebrarse este mes de mayo, tendrá lugar previsiblemente a finales de junio.

En esa asamblea general Del Amor, que ostenta la presidencia de los regantes del trasvase desde diciembre de 2002, pasará el testigo a su sucesor, pero mientras "estaré al frente del Scrats, llevando las riendas, con la máxima responsabilidad, porque tenemos operaciones abiertas que deben culminarse".

Del Amor, quien deja su cargo año y medio antes de lo que le correspondería de haber agotado su mandato, comentó que "llega un momento en el que hay que plantearse las cosas y yo voy a cumplir ya 70 años", al tiempo que reconoció que "aunque se trata de una decisión muy difícil, me voy con la satisfacción de haber dejado al sindicato en lo más alto".

Al respecto, confesó no saber cómo dar las gracias a la sociedad "por su apoyo en las manifestaciones y concentraciones que se han convocado en defensa del trasvase Tajo-Segura", así como a los agentes sociales e instituciones "por haber tenido siempre las puertas abiertas y haber estado al lado de los regantes".

"Ha sido una gran satisfacción", añadió.

No obstante, Del Amor lamentó no haber podido cerrar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, de la que dijo que "nos están tomando el pelo a todo el mundo".

"Llevamos 7 meses así, con inversiones en el aire que los regantes no se atreven a realizar por temor a la caducidad del 2015, y eso no hay quien lo aguante".

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) fue constituido en 1982 con naturaleza jurídica específica. La integran 80 comunidades de regantes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, de la que dependen unas 70.000 familias.

Este organismo fue constituido cuando se aprobaron sus Estatutos iniciales, siendo una junta central de usuarios de las previstas en el art. 81.3 de la vigente ley de aguas y ostentando la naturaleza jurídica de Corporación de Derecho Público.

Sus miembros originarios son todas las comunidades de regantes y usuarios individuales, titulares de derecho al uso para riego de las aguas trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, además de aquellos que, con derecho para riego de recursos propios de la cuenca del Segura, sólo puedan conducir sus caudales a los predios correspondientes a través de las infraestructuras del Postrasvase, pudiendo integrarse también en la Corporación las entidades o usuarios individuales que, con derecho al uso o aprovechamiento distinto del regadío de aguas conducidas a través de dichas infraestructuras, que así lo soliciten.

Valcárcel, nuevo fiador de la vieja refinería de Escombreras

CARTAGENA.- Tranquilidad y confianza. Ésas fueron las dos ideas acerca del presente y el futuro de la compañía petrolífera Repsol YPF en Cartagena que defendió ayer en la Asamblea Regional el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, según recoge 'La Verdad'.

Éste dijo que hay garantías para tener confianza en los planes anunciados por la multinacional española para Escombreras: la parada temporal de la refinería no pone en peligro los empleos de la plantilla ni los de empresas auxiliares; y se mantiene la inversión de 3.600 millones de euros para ampliar la factoría, como demuestra el hecho de que alrededor de 60 empresas se sumarán «con carácter inmediato» a las obras y otras trescientas han recibido asesoramiento en los dos últimos meses para incorporarse.

En respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Juan Carlos Ruiz, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional respecto a Repsol, Valcárcel dijo ser consciente de la preocupación causada por la paralización de la factoría en los últimos quince días. Sin embargo, advirtió de que la compañía tiene el compromiso de mantener su actividad en Cartagena.

Cerrar la fábrica «sería dramático» sin un horizonte positivo, pero hay motivos para estar alentados porque su Ejecutivo ha tomado varias medidas ante el parón y porque Repsol va a hacer en Escombreras «la mayor inversión industrial de la historia de España».

El presidente citó las cinco claves en su política respecto a la petrolera. La primera es que ha establecido mecanismos de coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa para conocer en todo momento la situación por la que atraviesa ésta.

En segundo lugar, Valcárcel se refirió a que los responsables autonómicos y municipales mantienen «importantes contactos y reuniones» con el presidente de la multinacional, Antonio Brufau y otros directivos de Repsol, e «infinidad de reuniones» con el director de la planta de Escombreras.

El presidente calificó de «contundente y tranquilizadora» la respuesta que le ha dado la compañía. Ésta le aseguró que la parada «no afectaría a los trabajadores ni a los empleados de subcontratas».

En tercer lugar, el jefe del gabinete informó a los diputados de que la Comunidad ha encargado a un gestor de cuentas un «seguimiento» de las actividades de Repsol. Según dijo, se trata de «un elemento puente entre la empresa y el gobierno».

Otro de los puntos que destacó el presidente fue el plan de formación que gestiona el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). El objetivo es que los trabajadores se preparen para las necesidades de la nueva refinería, y cuando abran ésta «no pierdan ni un segundo y esté cada uno en el lugar que le corresponda».

Por último, Valcárcel habló del servicio de oportunidades de negocio habilitado para dar asesoramiento a las empresas interesadas en participar en las obras de la futura factoría. Según subrayó, en sólo dos meses la Comunidad ha facilitado información a 360 empresas, la mayoría de la comarca.

De ellas, 61 ya están incluidas en procesos de contratación. Se espera que 31 de estas últimas pueda incorporarse «con carácter inmediato» a los trabajos que ya se llevan a cabo en Escombreras.

«Las cifras de la nueva refinería abruman. Algunos dicen que en la Región sólo se hacen casas, y vemos que no. El paro disminuye en el sector industrial, frente a lo que pasa en el resto de España», resumió Juan Carlos Ruiz.

Y acusó al PSOE de falta de interés por la situación de los obreros y de la «vieja refinería»: «Ustedes prometieron que preguntarían al presidente sobre Repsol, pero lo hemos hecho nosotros».

El presidente del Gobierno regional reveló que hubo «presiones para que no viniera aquí», a Cartagena, el proyecto de ampliación de la refinería de Repsol. Esas maniobras, cuyo contenido y autores no concretó, fracasaron según Valcárcel gracias al empeño de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena.

Fue «la pelea planteada por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por el Gobierno regional y por este presidente» lo que permitió superar los intereses contrarios a la Región de Murcia y a la comarca cartagenera, afirmó Ramón Luis Valcárcel en la Asamblea Regional.

«Nos hemos adelantado al futuro con la ampliación, porque hoy sería dramático que se planteara la paralización sin el colchón, la garantía de futuro que supone», apuntó el presidente.

El PSRM le recuerda a Valcárcel su herencia de corrupción y paro

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, pidió explicaciones al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel y a la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, sobre La Zerrichera y sobre las casas de El Hornillo, respectivamente.

Así lo manifestó la diputada socialista tras los últimos acontecimientos conocidos acerca de los registros en dos Consejerías de la Administración regional, la aparición en escena de la consejera de Economía y Hacienda por unas declaraciones del ex consejero Francisco Marqués, y la negativa reiterada del Partido Popular para que el presidente Valcárcel dé explicaciones.

"Hoy es más necesario que nunca que salgan de su escondite y den la cara por higiene democrática", señaló en comunicado de prensa.

Para García Retegui es preciso que el PP en la Asamblea Regional reconsidere la apertura de una Comisión de Investigación sobre La Zerrichera, tal y como pidió en su día el Grupo Parlamentario Socialista, así como sobre otros asuntos, como Novo Carthago, "donde la gestión de Marqués, es decir, la gestión del Gobierno regional, está bajo sospecha".

Sin entrar en valoraciones de tipo penal, prosiguió, "entendemos necesario clarificar la actuación de todos los responsables que han intervenido en los proyectos de reclasificación urbanística de La Zerrichera y de Novo Carthago, así como determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de dichas actuaciones".

La diputada socialista exigió así al presidente Valcárcel que dé explicaciones a los ciudadanos, porque "es su herencia política la que está en entredicho".

A lo que añadió, "Valcárcel siempre ha dicho que heredó una Región con 90.000 parados y ahora hay más de 140.000".

Por ello, cabe preguntarse qué Región va a dejar él a su sucesor o sucesora.

"Una Región que lidera el paro de España y también los casos de corrupción", señaló al tiempo que se preguntó "si el presidente se va esconder como su amigo, Francisco Camps, que anunció que se iba a conocer toda la verdad, pero se niega a declarar en las Cortes Valencianas e intenta, por todos los medios, no declarar ante la Justicia".

De tal forma, el PSOE pide una Comisión de Investigación porque aparecen implicadas varias consejerías y varios consejeros y ex consejeros en dichos asuntos. "Y además, una de ellas, Inmaculada García, tiene que dar explicaciones sobre su papel en posibles transacciones sobre viviendas a precio de chollo en Aguilas, tal y como sugirió el ex consejero Francisco Marqués".

Asimismo, García Retegui preguntó a la consejera por qué dice que no da explicaciones que perjudicarían a Francisco Marqués, y por qué se mantiene callada acerca de su intervención para que un concejal tránsfuga -vinculado al promotor de La Zerrichera- sostenga políticamente al alcalde de Aguilas, imputado por este caso.

Al hilo recordó que ese acuerdo de gobierno "estuvo bendecido por dos personas muy unidas al presidente: la consejera, Inmaculada García y Pedro Antonio Sánchez, uno de sus delfines".

Ayer, en la Asamblea Regional, el portavoz del grupo socialista, Pedro Saura, pidió a Valcárcel medidas contra la crisis económica y el desempleo ante la «evidencia» de que, además de una crisis mundial, «hay una crisis murciana, porque en esta Región el paro es mayor que en el resto de España» al subir del 9% al 20% en un año.

«Cuando todo iba bien, usted tenía todas las competencias en crecimiento económico y empleo. Y ahora que van mal, ¡qué casualidad que las tiene todas el Gobierno de Zapatero!», criticó Saura.

Saura atacó así a Valcárcel: «No nos gustaría que su herencia fuera la del presidente con más paro de la historia y más casos de corrupción. No se lo merecen los ciudadanos de la Región».

El debate se encrespó, según 'La Verdad', en el turno del portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Pujante. Éste preguntó a Valcárcel por la polémica campaña turística No-Typical, pero antes exigió que acuda al Parlamento para hablar de La Zerrichera: «Nos habría gustado que compareciera para hablar del asunto Marqués. Hoy nos hemos desayunado con noticias de enormes repercusiones. y debe dar explicaciones».

«En veintisiete ocasiones hemos hablado del tema que usted quiere abordar otra vez. Pero hay punto y final», atajó Valcárcel. Pujante contestó: «Espero que, políticamente, esto no sea un punto y final, sino un punto y aparte o un punto y seguido y usted dé explicaciones».
Como remate, Pujante mató dos pájaros de un tiro: «Aquí lo único typical es la corrupción y la especulación urbanística. Ésa es la imagen que trasciende de la Región, y no se arregla con una campaña turística de 3 millones de euros».

El ex consejero Marqués declara de nuevo en la Jefatura Superior de Policía de Murcia

MURCIA.- El ex consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, ha declarado durante dos horas esta mañana en la Jefatura Superior de Policía de Murcia ante los agentes que investigan una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas.

Según confirmaron fuentes de la investigación, es la Policía y no el juzgado la que llamó a declarar a Marqués en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas y en la que se detuvo a dos personas el pasado martes en Lorca, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, cohecho y contra el medio ambiente, y que ya han pasado a disposición del juez que instruye este caso y el de La Zerrichera.

Marqués estaba en libertad con cargos desde el pasado marzo, cuando fue detenido por orden del titular del juzgado de instrucción nº 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que instruye el caso 'La Zerrichera'.

Durante su declaración, Marqués admitió que tenía un piso en propiedad en Hacienda El Hornillo, y que lo había comprado a un precio "muy favorable" por su amistad con la consejera de Economía, Inmaculada García, que es prima de quien se lo vendió, el notario de Lorca y promotor inmobiliario, Sebastián Fernández Rabal.

Se especula conque la declaración de Marqués podría estar relacionada con una nueva imputación a raiz de los datos obtenidos tras las detenciones de Lorca.

El magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, según 'La Verdad'.

El objetivo de la citación policial era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.

Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes.

Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.

Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.

Francisco Marqués, director general de HEFAME, continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

(Mientras tanto, los sindicatos de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (HEFAME) ATRAHE y STGH realizaron hoy una jornada de protesta contra los directivos de la empresa por los despidos que se han producido en la misma, para lo cual utilizaron un coche con megafonía).

Decisión judicial

Previamente, Fernández Rabal y Cáceres Olivares habían sido trasladados a las diez de la mañana, por agentes de la Policía Nacional, desde los calabozos de la Jefatura Superior de Polícía, en Murcia, hasta la sede del juzgado nº 3 sita en el Palacio de Justicia.

Ambos fueron conducidos, sin esposas y con el rostro descubierto, desde los calabozos hasta el coche policial. Antes de entrar al Palacio de Justicia, a sus propios calabozos, fueron esposados aunque el notario se puso la chaqueta sobre sus manos para tratar de ocultar las esposas, a la hora de entrar al despacho del magistrado Alcázar para comparecer ante su autoridad. Los dos fueron escoltados por la Policía y estuvieron acompañados del letrado Juan de Dios Teruel.

Los miembros de la UDEF trasladaron simultáneamente desde la Jefatura de Policía al Juzgado nº 3 varias cajas con la documentación requisada estos días en Lorca, Águilas y dependencias de la Comunidad Autónoma, en Murcia.

En ese juzgado de instrucción nº 3 de Murcia concluyó tres horas después la declaración del apoderado de Hacienda El Hornillo S.L., José Cáceres ante el magistrado Antonio Alcázar por un presunto caso de corrupción urbanística en Águilas.

El apoderado, que prestó declaración durante dos horas, ha quedado en libertad, (al parecer, sin cargos), según declaró su abogado, Juan de Dios Teruel al finalizar la declaración.

Acto seguido, el presidente de la misma empresa, Sebastián Fernández, ha entrado para prestar declaración ante el juez y no se descarta un careo con Francisco Marqués en presencia del juez.

miércoles, 6 de mayo de 2009

El abogado Juan de Dios Teruel tiene a su cargo la asistencia letrada del notario de Lorca detenido por varios presuntos delitos


MURCIA.- El abogado murciano Juan de Dios Teruel Sánchez, primo político y letrado defensor del notario aguileño Sebastián Fernández Rabal, aseguró esta noche que su defendido se encuentra bien, y que no tiene constancia de que haya declarado todavía ante la Policía Nacional, ni tampoco su apoderado José Cáceres Olivares.

Ambos pasarán su segunda noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia aunque en algunos círculos de la región extraña haber visto esta mañana a Fernández en las fotografías publicadas por los periódicos regionales, relajado y sin esposar, cuando ayer era acompañado por agentes de la UDEF para presenciar los registros en su casa de Lorca, en el despacho notarial compartido con otro colega, en las viviendas de ambos detenidos en Águilas y en la sede de la empresa Hacienda El Hornillo.

Era de esperar, por otra parte, esta asistencia letrada inmediata puesto que Juan de Dios Teruel viene de bastante tiempo atrás llevando algunos asuntos del grupo de empresas de Sebastián Fernández (en la imagen) y tiene otros parientes comunes con José Cáceres puesto que un cuñado es primo hermano de la esposa de Teruel al igual que también lo es el notario.

Juan de Dios Teruel, persona también próxima al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y letrado con gran actividad profesional en Águilas, amparándose en el secreto sumarial declinó dar hoy más detalles del caso. Eso sí, espera que su defendido y el empleado de Hacienda El Hornillo pasen a lo largo de mañana a disposición judicial.

(Vista aérea de Hacienda El Hornillo)

El Banco de España urge a reducir las oficinas bancarias

MADRID.- En un momento de fuerte desaceleración del negocio bancario en España, el Banco de España realizó el miércoles un llamamiento urgente a la racionalización de costes que implica necesariamente el cierre de oficinas bancarias al tiempo que vaticinó procesos de integración entre entidades.

"En un contexto de mayores costes financieros, menores volúmenes de actividad y mayores dotaciones para insolvencias, hay que incrementar el rigor en el control de costes", señaló el banco emisor en el informe de estabilidad financiera sobre los retos que afrontan las entidades de depósitos españolas.

En este escenario, el banco central español consideró que la necesaria reestructuración del sector obligará a "redimensionar la red a través de la reducción de oficinas" para aliviar la presión sobre los resultados y la rentabilidad de las entidades en los próximos años.

Asimismo, el Banco de España consideró que esta vía podría no ser suficiente por sí misma para algunas entidades concretas sugiriendo procesos de concentración.

"Es muy posible que para un buen número de entidades la necesaria e imprescindible gestión de costes no resulte suficiente para alcanzar una rentabilidad suficiente en el medio plazo, por lo que considerar otro tipo de procesos de redimensionamiento que trasciendan la gestión individual de sus estructuras de costes puede resultar necesario", advirtió el Banco de España.

Un oficial de Marina usa el Salón del Trono de Capitanía para un banquete particular

CARTAGENA.- El Salón del Trono del edificio de Capitanía General de Cartagena ha acogido la celebración del banquete de un bautizo del nieto de un oficial destinado en esta instalación. Se trata del administrador de la vivienda del almirante, que utilizó esta dependencia, la más lujosa e importante del inmueble castrense para esta celebración particular hace algo más de dos meses, según ha podido saber 'La Opinión'.

A la celebración asistieron en torno a sesenta invitados entre amigos y familiares de los padres del niño bautizado y de este oficial.

Las mesas y las sillas que se colocaron en la lujosa sala -presidida por un gran sillón flanqueado por dos leones- para los comensales se las prestó un conocido hostelero de la ciudad que, al parecer, trabaja de forma regular para otros banquetes organizados por la Armada en distintas instalaciones de Cartagena.

El edificio de la Capitanía General de Cartagena, ubicado en la Puerta de Murcia, frente a la plaza de San Sebastián, alberga el cuartel general de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, así como la residencia del almirante de dicha Fuerza, aunque el Salón del Trono no forma parte propiamente de la zona reservada como vivienda de este alto mando de Marina.

De hecho, esta dependencia se utiliza habitualmente para la celebración de recepciones y actos oficiales, o bien para actividades relacionadas con el funcionamiento normal de la propia Fuerza de Acción Marítima.

El Salón del Trono es también el escenario de la celebración de la Pascua Militar, que tiene lugar cada 6 de enero, en la que el almirante de la Fuerza de Acción Marítima hace un balance del año anterior y una declaración de intenciones de cara al nuevo ejercicio y en el que aprovecha para felicitar las fiestas a todos los oficiales de la Armada destinados en las dependencias de tierra y en las unidades navales de ciudad que asisten a esta ceremonia.

Respuesta oficial

"La sala denominada como Salón del Trono en el edificio de Capitanía se usa en contadas ocasiones exclusivamente para actividades oficiales y sociales de carácter institucional", así de contundente se muestra la respuesta que facilitó la Oficina de Comunicación Social de la Armada ante la pregunta de esta redacción sobre por qué se autorizó la celebración de un bautizo particular en esta importante dependencia del inmueble castrense más importante y representativo de Cartagena.

"El oficial administrador de la vivienda del almirante hizo una mala interpretación de esta finalidad y utilizó esta instalación para un uso particular", continúa el escrito, que concluye: "El almirante ha tomado medidas correctivas para evitar situaciones parecidas en el futuro".
De este modo, desde la Armada se admite que ha sido un error que se haya consentido la organización de una celebración de un particular, pese a que se trate de un oficial destinado en este edificio.

De hecho, el portavoz de la Oficina de Comunicación Social de la Armada aclaró que este tipo de celebraciones en una dependencia como el Salón del Trono no son nada habituales y que el propio almirante de la Fuerza de Acción Marítima, cuya labor a lo largo de su carrera alabó, está muy molesto con esta situación y que ya había tomado medidas para que jamás vuelva a destinarse el Salón del Trono de la Capitanía para un uso particular.

El Mar Menor, camino de convertirse en una charca

MURCIA.- El Mar Menor vuelve a ser uno de los escenarios elegidos por Greenpeace para alertar sobre los efectos que el cambio climático está teniendo en España. El informe 'La crisis del clima' -con el que la organización ecologista conmemora los 25 años de su delegación española- recoge los resultados de estudios llevados a cabo por investigadores de la UMU, en los que se augura que "la laguna sufrirá un grave deterioro ecológico a consecuencia del cambio climático y los efectos del aumento de temperatura del agua de entre 3 y 5 grados", según transpone 'La Opinión'.

Así, citan a Javier Lloret, del departamento de Ecología e Hidrología de la UMU, quien sostiene que esto propiciará una proliferación de medusas. Asimismo, los investigadores consultados por Greenpeace señalan que "si las predicciones de cambio climático se hacen realidad, el estado actual de la laguna se podría colapsar por la proliferación de fitoplancton y microalgas flotantes".

El informe habla también de las medusas en otro apartado y, aunque apunta que "sus explosiones son una constante desde la década de los 90", considera que el descenso de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas son fenómenos que agudizan el problema, "percibido como una plaga bíblica desde la industria del turismo".

En el Mar Menor se ha constatado, además, altos niveles de nutrientes, cuya entrada "tiene lugar a través de las ramblas, del drenaje, del vertido de salmueras y de los vertidos urbanos".

López Aguilar afirma que el PP teme las investigaciones sobre corrupción 'porque sabe lo que se juega'

MURCIA.- El cabeza de lista del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, tachó en Murcia de "lamentable" que el PP, ante investigaciones por corrupción que le señalan, "se permita descalificar a las instituciones del Estado de Derecho" e intente "amedrentar, intimidar y achantar".

Está claro, añadió, que el PP "no está dispuesto a que se le investigue cuando la corrupción le afecta. A su juicio, "teme las investigaciones por corrupción porque sabe lo que se juega".

López Aguilar, que realizó estas declaraciones en la sede del PSOE murciano dentro de los primeros actos de precampaña a las elecciones europeas del 7 de junio, reafirmó su respeto a las actuaciones judiciales en cualquier posible caso de corrupción "afecten a quien afecten", pero "creo que las instituciones de derecho están para investigar lo que parece delito y depurar las responsabilidades penales allí donde haya delito", aunque lamentó la posición desplegada por el PP en los últimos tiempos.

Preguntado por el presidente valenciano Francisco Camps, el socialista señaló que el PP maneja doble rasero, "imagino porque teme más a unos que a otros".

Al tiempo, insistió en que el PP ha descalificado a la Policía, a la Fiscalía e incluso a un "sastrecillo valiente", simplemente porque "cumplió con su labor de testificar".

"Esto no es admisible en ninguna sociedad democrática y los ciudadanos tienen que tomar nota y pasarle la factura al PP", remarcó.

El PP "está sujeto a la ley e igualdad con respecto de cualquiera en este país, caiga quien caiga". Tras lo que manifestó, "los ciudadanos tienen que ponerle nota".

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, matizó que "si hay una región en Europa donde el paradigma de la derecha y del modelo neoliberal ha fracasado, esa es Murcia".

Y es que las consecuencias del modelo especulativo y la cultura del pelotazo "son 140.000 parados", además "contamos con más casos de corrupción de Europa y España".

El 92,6% de los empleados de producción de El Pozo irán a huelga

MURCIA.- El presidente del Comité de Empresa de El Pozo Alimentación, Antonio Muñoz, informó en rueda de prensa, de que el 92,6 por ciento de los trabajadores de producción de la empresa murciana votaron a favor de la necesidad de realizar un huelga, del día 11 al 15 de este mes, para pedir el mantenimiento del sistema de incentivos y productividad actual, evitando que los trabajadores no dejen de percibir entre 300 y 500 euros mensuales.

A la convocatoria acudió también el secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (CCOO), Santiago Navarro; el representante de Unión General de Trabajadores (UGT), José Sáez; así como un representante de la Unión Sindical Obrera (USO), José Urrea.

En este sentido, Muñoz indicó que "ante la negativa de la empresa de alimentación murciana de negociar con los trabajadores y después de la manifestación realizada en Alhama de Murcia, a la que acudieron cerca de 2.000 personas, y después de que el 92,9 por ciento de los empleados de producción de El Pozo reafirmaran su voto a favor en el referéndum realizado, la única salida que nos queda es la huelga".

De este modo, si la reunión que se va a celebrar el viernes entre el Comité de Empresa y la Dirección General de Trabajo no lo remedia, los trabajadores del El Pozo Alimentación realizarán una huelga desde las 00.00 horas del próximo lunes, día 11, y hasta las 00.00 horas del viernes, día 15.

Entre los motivos que llevaron al Comité de Empresa a convocar esta huelga destaca el mantenimiento del actual sistema de incentivos y productividad, con actualización y abono de los salarios dejados de percibir a los trabajadores que se le modificaron las tasas.

"Con este sistema la empresa creció de manera continuada durante 35 años, por lo que fue y es rentable para empresa y trabajadores", indicó Muñoz, quien añadió que, "si se modifica este sistema como pretende la empresa, los trabajadores dejarán de percibir al mes entre 300 y 500 euros".

Los trabajadores piden también el abono del 100 por ciento de la enfermedad profesional, como se venía realizando anteriormente por la empresa, y no el 75 por ciento como está ocurriendo desde hace un año; así como la conciliación de la vida laboral y profesional, ya que "muchos trabajadores no tiene la posibilidad de tener una jornada intensiva y la empresa modifica los horarios sin consultar con el Comité de Empresa", señaló su presidente.

Asimismo, los trabajadores piden el cumplimiento de los acuerdos de fijeza pactados con la empresa de 2004 a 2007, donde el 50 por ciento de los fijos se harían por antigüedad entre los eventuales, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral y prevención de riesgos.

"La empresa pretende pasarse por el arco del triunfo la resolución que la Inspección de Trabajo realizó, a propósito del conflicto colectivo interpuesto por CCOO sobre un área de la factoría como es el salazón, y en el que se le aconsejó a la empresa bajar el ritmo de trabajo", explicó el presidente del Comité de Empresa.

En ese conflicto interpuesto, según explicó Muñoz, el inspector de Trabajo pedía a la empresa la cronometración de los puestos de trabajo, puesto que la cantidad y velocidad de los movimientos no eran los correctos; la modificación de los pesos que mueven los trabajadores por "ser exagerada"; así como que los estudios económicos realizados por la empresa son insuficientes.

Por su parte, Sáez puntualizó que "los trabajadores no están reivindicando algo fuera de convenio, pues el sistema de incentivos lleva funcionando más de 35 años", al tiempo que destacó "la unanimidad existente entre las tres fuerzas sindicales y los trabajadores".

Al hilo, Navarro indicó que el Comité de Empresa "está y estará siempre abierto a negociar, como demostró durante 35 años", al tiempo que calificó de ejemplar el comportamiento de los técnicos del sindicato y de la empresa, "porque siempre han llegado a acuerdos".

"Desgraciadamente, tenemos que mostrar nuestro malestar por la negativa de la empresa a sentarse a negociar con nosotros la solución de un conflicto generado por ellos, más aun cuando El Pozo confirmó, recientemente, un incremento de facturación del 11 por ciento (614 millones de euros en 2008)", finalizó Muñoz.

Versión de la empresa

El Pozo Alimentación lamentó hoy que el comité de empresa "haya manipulado la información para conseguir una decisión generalizada de huelga que va a resultar, de llevarse a cabo, muy negativa para todos", informó la compañía en un comunicado.

La empresa consideró que "no se está midiendo el perjuicio personal, comercial y de imagen que se puede hacer" y "sus efectos y resultado final no podrán reparar, durante bastante tiempo después, el daño que se haga".

A juicio del grupo, "es el peor momento para realizar reivindicaciones laborales en un entorno general de inseguridad en muchas empresas del país y de la región".

Además, reprochó al comité de empresa que, a pesar de que la convocatoria de huelga viene motivada por las revisiones que se vienen realizando de las tasas en todos los puestos de la factoría, esté "utilizando otras supuestas causas como los despidos mal llamados indiscriminados, la disminución de la plantilla o el incremento de accidentes de trabajo, entre otros".

De un tiempo a esta parte, señala en el comunicado, el comité viene demostrando su desacuerdo ante las revisiones de tasas provocadas por cambios del método operatorio, mecanización y mejora de instalaciones, entre otros.

La empresa propuso el arbitraje de la Autoridad Laboral y se comprometió a que si queda demostrado que las tasas "están mal aplicadas, fueran abusivas o se hubieran establecido objetivos inalcanzables, acataría el resultado del arbitraje abonando, con carácter retroactivo desde el comienzo de este conflicto".

Pero, aseguró la empresa, el comité "nunca aceptó el arbitraje técnico que nos ofreció la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo".

De igual forma, El Pozo Alimentación negó que vaya a eliminar la posibilidad de llegar a la actividad máxima (90), ya que "el sistema Bedaux, siendo la actividad óptima 80, no impide llegar a 90".

Quiso dejar claro que la empresa "jamás ha quitado ni va a quitar dinero a los trabajadores" y aseguró que "cumple la más estricta legalidad vigente, aplicando el Convenio de Cárnicas". Lo que ocurre, aclaró que "al Comité no le ha interesado y, por lo tanto, ha impedido que los tribunales se pronuncien sobre este tema".

Por otra parte, El Pozo Alimentación achacó "los escasos despidos" a "incumplimientos muy graves de los trabajadores, con conocimiento previo del Comité de Empresa, quien fue informado antes que los propios interesados en cada uno de los casos".

Entre las causas destacó "el hurto, dormir en la jornada de trabajo, fingir una baja o falsificar partes de trabajo" y negó que se haya despedido a alguien "por llegar media hora tarde".

Según la empresa, una huelga en este momento podría conllevar una pérdida importante de pedidos; disminución importante de la matanza producida por esa disminución de pedidos y de la plantilla, por ese mismo motivo.

Además, calculó, la pérdida entre 80 y 100 euros de salario del trabajador por cada día de huelga. Esta huelga, concluye el comunicado, "afectaría de forma muy importante el salario de un tercio de la plantilla, casi mil personas, que no están sometidas al sistema Bedaux y que verían reducida su nómina de forma importante".

La producción industrial cae un 20,9% en marzo en la Región

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de marzo decreció un 20,9 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

Esto supone casi siete puntos por encima de la media nacional, donde se registró un descenso del 14,0 por ciento, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se producen los mayores descensos en los bienes de equipo con una bajada del 24,8 por ciento, seguido por los productos energéticos (24,2 por ciento), los bienes intermedios (24,1 por ciento), los bienes de consumo no duradero (15,3 por ciento) y los bienes de consumo duradero (13,1 por ciento).

Por actividad, la fabricación de bebidas experimentó un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 18,1 por ciento. Asimismo, también aumentaron, aunque en menor medida, la fabricación de productos de caucho y plásticos con un incremento del 3,2 por ciento y la industria del papel, arte gráficas y reproducción de soportes con un 0,6 por ciento.

Por el contrario, se producen los mayores descensos en la industria textil y de la confección con una variación en un año del 48,4 por ciento, la industria del cuero y del calzado con una caída del 42,2 por ciento, la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un descenso del 41,7 por ciento, y la industria química y farmacéutica con una disminución del 30,2 por ciento.

También disminuyeron la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 29,5 por ciento, otras industrias extractivas con un 26,5 por ciento, el suministro de energía eléctrica y refino de petróleo con un 24,1 por ciento, otras industrias con un 22,2 por ciento, la fabricación de muebles con un 9,6 por ciento y la industria de la alimentación con un descenso del 2,5 por ciento.

La consejera de Hacienda niega que Marqués consiguiera un piso en Águilas a un precio ´muy bueno´ por la amistad entre ambos

MURCIA.- La consejera de Hacienda, la aguileña Inmaculada García, aseguró que "no es cierto nada de lo que aparece hoy en la prensa", al ser preguntada sobre la veracidad de las declaraciones del ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno murciano, Francisco Marqués, quien reconoció que pagó un precio "muy bueno" por un piso en Águilas "gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo".

La prensa regional publicó hoy estas declaraciones que Marqués hizo al juez de instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcázar, cuando acudió a declarar en su presencia el pasado 7 de marzo como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

García, quien hoy participó en la presentación del Foro de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia (Sicarm 09), dijo no tener "nada que relatar, las manifestaciones son valoradas en sí mismas".

En relación a si desmentía las declaraciones, indicó que "no es cierto nada de lo que aparece hoy en la prensa", pero instó a los periodistas a acudir al registro mercantil, que es público, "donde podrán comprobar, como profesionales que son, que, efectivamente, no es cierto".

Al ser preguntada sobre su relación de amistad con Marqués, García consideró que sus relaciones de amistad "forman parte de mi vida privada, no le interesan a nadie" y consideró que "no deben de ser públicas".

Sobrino de un antiguo alcalde

Los dos promotores detenidos ayer en Lorca son viejos conocidos de la sociedad aguileña. El primero de ellos, Sebastián Fernández Rabal, une a su condición de notario y promotor la de sobrino de un ex alcalde de la localidad. Fue precisamente durante esa época -en los años 60-, cuando su familia compró en Águilas las parcelas y terrenos en las que Sebastián desarrolla ahora su actividad urbanística, revela hoy 'La Opinión'.

El segundo detenido, José Cáceres Olivares, es muy conocido por su fuerte vinculación con la Semana Santa del municipio. De hecho, Cáceres ha sido secretario del Cabildo de Cofradías de Semana Santa durante varios años.

En la actualidad, el apoderado de Hacienda el Hornillo ostenta el cargo de presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la agrupación más numerosa y popular de la semana santa aguileña y que también es conocida en el municipio como "la del Paso Azul".

Detenidos por ´regalar´ un piso a Marqués

La pista del dinero negro del ex consejero y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, ha llevado a la Policía Nacional hasta otros dos promotores inmobiliarios. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Murcia -en colaboración con la Unidad de Delincuencia Fiscal de Madrid- detuvieron ayer al administrador único de la sociedad Hacienda el Hornillo S.L., Sebastián Fernández Rabal, y a su apoderado en esta empresa, José Cáceres, según la versión de 'La Opinión'.

Según los investigadores, Fernández Rabal -un conocido notario de Lorca que tiene varias empresas relacionadas con la promoción urbanística- habría 'regalado' a Marqués una vivienda en Hacienda el Hornillo, una urbanización situada en el centro de Águilas, junto a las playas de el Hornillo y las Delicias.

Este supuesto 'regalo' -Marqués pagó 104.000 euros en 2007, lo que supone hasta un 260% menos por la vivienda que el resto de propietarios- sería el precio que los promotores habrían pagado por los 'favores' que, según los investigadores, habría hecho Marqués mientras era consejero de Medio Ambiente para, supuestamente, sacar adelante el plan parcial Hacienda del Hornillo. Ahora, los agentes les acusan de cohecho, prevaricación y un delito contra el medio ambiente.

De hecho, la propia urbanización Hacienda el Hornillo, así como los apartamentos de Bahía del Hornillo, ya habían sido objeto de varias denuncias por parte de la formación Izquierda Unida, grupos ecologistas y de asociaciones vecinales de la localidad.

Entre otras cosas, las asociaciones ecologistas denunciaron que la urbanización -cuya tramitación se concluyó cuando Marqués era consejero de Medio Ambiente- se había construido tomando terrenos que formaban parte de una zona protegida. Además, la empresa de Fernández Rabal es responsable del centro comercial Águilas Plaza y de los multicines El Hornillo.

Fernández y Cáceres están acusados de cometer presuntamente varios delitos al haber promovido el cambio de uso de un suelo en la costa de Águilas, en la etapa en la que ocupaba la consejería de Medio Ambiente Francisco Marqués, que se encuentra actualmente en libertad con cargos.

la vivienda de Francisco Marqués en Águilas la promovió la empresa del notario detenido ayer, Hacienda El Hornillo S.L., que fundó su padre en 1972 y que se dedica a la construcción de complejos residenciales, centros comerciales y salas de cine.

Hacienda El Hornillo, que ocupa el puesto 360 de empresas murcianas en volumen de facturación, recibió el pasado año el premio a la "mejor actuación inmobiliaria" de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia por la construcción del centro comercial Águilas Plaza, que se sitúa a escasos metros de las playas Las Delicias y El Hornillo, junto a las salas de "multicines" del mismo nombre.

El apoderado de Hacienda El Hornillo detenido, José Cáceres Olivares, es miembro de la ejecutiva local del PP de Águilas, un partido que "se encuentra a la espera de acontecimientos" para decidir sobre su suspensión de militancia, según fuentes populares.

Las detenciones se produjeron a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia -responsable de la investigación sobre La Zerrichera-. En la jornada de ayer, la Policía Nacional realizó tres registros en los que se incautaron de un maletín y diversa documentación relacionada con la actividad urbanística del notario.

Tras los registros, los dos arrestados fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional, en Murcia.

Sebastián Fernández y José Cáceres llegaron a la Jefatura Superior de Policía de Murcia alrededor de la una de la pasada madrugada procedentes de Lorca, donde habían permanecido en la comisaría a la espera de que los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyeran los registros realizados en la notaría de Lorca, las viviendas de los detenidos en Águilas y la sede de Hacienda El Hornillo.

Está previsto que pasen a disposición del juzgado que lleva el caso al final del día o mañana por la mañana a primera hora.

La Policía registra la Consejería de Obras Públicas y Agricultura en relación con las detenciones en Lorca y Águilas

MURCIA.- Cinco agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEF se han personado esta mañana en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en Murcia, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 en busca de documentos relacionados con los detenidos ayer en Águilas y Lorca, más una tercera persona, el arquitecto Jorge Sotelino Vico, según ha informado hace unos minutos el circuíto regional de la Cadena SER.

En concreto los policías han ido directamente a la 4ª planta, a la dirección general de Urbanismo y Vivienda (en la imagen), en busca de determinados documentos relacionados con esta presunta trama de corrupción en la que, al parecer y según 'La Verdad', se pudiera encontrar implicado otro notario cuya identidad todavía se desconoce. Ese fedatario público estaría siendo ya sometido a una muy discreta vigilancia aunque se espera en las próximas horas una declaración voluntaria ante la Policía para reconocer su concurso profesional en los hechos y que determine el juez.

Jorge Sotelino es el autor de todos los grandes proyectos urbanísticos arquitectónicos de Águilas durante los últimos años, coincidiendo con los gobiernos municipales del PP, desde el hotel 'Don Miguel' hasta 'La Zerrichera', pasando por los minicines de El Hornillo y no oculta en público que se encuentra enamorado de la política urbanística de este municipio.

Para nadie es un secreto en Águilas que se trata del arquitecto de cabecera del notario ahora detenido en su calidad de promotor inmobiliario puntero en esta localidad del litoral murciano. Y el predilecto del alcalde, Juan Ramírez Soto, hasta extremos insospechados, que ahora irán saliendo, se supone, conforme avance la instrucción judicial.

Los agentes de la Policía Nacional se personaron en esta consejería pero estuvieron primero en la de Agricultura y Agua, para solicitar información sobre determinados expedientes, de entre los años 2003 y 2007, relacionados con las dos detenciones practicadas en Lorca.

Al parecer, los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la Consejería de Agricultura y Agua para solicitar la información, pero se les remitió a la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la calle Catedrático Eugenio Úbeda, por encontrarse allí el grueso de los expedientes.

Sobre las 11.30 horas, los agentes se trasladaron a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde solicitaron información concretamente en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Transportes y Puertos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que sí se requisó documentación relativa a procesos urbanísticos llevados a cabo en Águilas. Se trataría, supuestamente, de expedientes relativos a Hacienda El Hornillo y otros que tendrían relación con las dos arrestos realizados ayer en Lorca por presunta prevaricación, cohecho y delito medioambiental.

Los registros fueron practicados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Murcia, en colaboración con policías venidos de Madrid de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales-Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA).

Según publica hoy 'La Verdad', "por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués se haya empeñado en negar lo contrario, en los últimos años, según ha confesado ante el juez, ha tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de profesión que es prima de un constructor...

Pero las explicaciones de Marqués, que fue detenido el pasado marzo por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, no parecen haber convencido por completo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, coordinador de la causa sobre el caso Zerrichera, quien ha instado a los especialistas de la Policía Nacional a que sigan el rastro de cada una de esas operaciones que permitieron al imputado amasar un amplio patrimonio inmobiliario.

Fruto de las investigaciones realizadas en las últimas semanas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ha sido la detención, ayer, del notario y constructor Sebastián Fernández Rabal, así como del apoderado de una de sus sociedades promotoras, José Cáceres Olivares.

Los informes policiales, ya en poder del magistrado, consideran que Sebastián Fernández Rabal, a través de su apoderado y hombre de confianza, habría pagado a Marqués por el supuesto trato de favor que éste le habría otorgado desde su cargo de consejero de Industria y Medio Ambiente.

En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.

Como premio a esos favores, a ese presunto trato privilegiado, siempre según los informes policiales, el promotor le habría hecho a su benefactor algo parecido a un pago en especie: le habría rebajado sustancialmente el precio de un piso en una de sus promociones, la Hacienda del Hornillo de Águilas: hasta el 70% de su valor de mercado, según señalan los especialistas de la UDEF-BLA en los informes remitidos al juez.

Es fundamentalmente por tal razón, por ese supuesto regalo a Marqués, por lo que un grupo de policías detuvo ayer por la mañana al notario y constructor Sebastián Fernández Rabal y al apoderado de la sociedad Urbanística Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres Olivares, como imputados en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, según confirmaron a La Verdad fuentes próximas al caso.

Los arrestos causaron ayer una gran conmoción en Lorca y, sobre todo, en Águilas, donde los dos sospechosos son muy conocidos. No en vano, Sebastián Fernández ejerce su profesión de notario en Lorca pero, a la vez, es el impulsor de importantes proyectos urbanísticos en Águilas, como el gran complejo Hacienda del Hornillo, el centro comercial Águilas Plaza y los multicines El Hornillo. Además es presidente del Consorcio Turístico de Águilas y primo de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Inmaculada García Fernández.

Por lo que se refiere a José Cáceres Olivares, éste es miembro de la dirección ejecutiva local del Partido Popular (secretario de Economía y Empleo, según consta en la web del partido) y presidente del Paso Azul de la Semana Santa de Águilas, que saca en procesión a la Patrona aguileña, la Virgen de los Dolores.

El notario lorquino comenzó a ser investigado cuando los agentes de la UDEF-BLA localizaron, durante el transcurso de varios registros en viviendas de Marqués, la escritura de un inmueble de Hacienda del Hornillo. Los especialistas policiales comprobaron que el vendedor era el citado Sebastián Fernández Rabal, aunque habría utilizado -según fuentes vinculadas a la investigación- el protocolo de otro notario, conocido suyo, con el supuesto fin de ocultar las presuntas irregularidades existentes en la operación de compraventa.

Tras detener al notario y a su apoderado, los policías procedieron ayer a registrar los domicilios de ambos y, una vez concluidos éstos, también las dependencias de la notaría lorquina, de la que se llevaron abundante documentación.

Las fuentes citadas señalaron que Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.

Por el hilo se llega al ovillo

El pasado 7 de marzo, el ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, Francisco Marqués, quien fue consejero de Sanidad, más tarde de Industria y Medio Ambiente y delegado del Gobierno en Murcia durante un breve periodo de tiempo, fue conducido a presencia del juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar. El ex consejero y actual director general de Hefame llevaba casi tres días detenido, como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

En su declaración, que La Verdad publicó en exclusiva, Marqués ofreció una extensa explicación sobre la adquisición de uno de sus múltiples pisos, éste en Águilas, así como del ventajoso precio al que lo compró. Esto dijo:

«Que la vivienda de Águilas se la compró al notario de Lorca Sebastián Jiménez Peral (en realidad, Sebastián Fernández Rabal), en el año 2004. Que la mercantil Hacienda del Hornillo S.L. cree que es de su propiedad. Que José Cáceres (también detenido ayer) es el apoderado y sólo ha coincidido con él en dos o tres ocasiones».

«Que no sabe el motivo por el que se demoró la firma de la escritura; que se trataba de una vivienda en construcción y que además tuvo algunos problemas de tipo administrativo. Que no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».

«Que reconoce que el precio fue muy bueno, gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».

«Que en ese momento pensaba que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al adquirir la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. Que sólo pagó mil euros en la firma del contrato privado y ya después en la firma de la escritura. Que los 10.280 euros que aparecen en la escritura no recuerda su origen. Que el hecho de que en la escritura aparezca una fecha de entrega de los mil euros del contrato privado puede deberse a un error. Que a pesar de lo que ponga en el contrato privado no pagó nada durante la obra. Que preguntó en una ocasión al señor Cáceres y éste le dijo que no se preocupara, que ya pagaría cuando se hiciera la escritura».
«Que desde su punto de vista la compra fue estupenda. Ni tiene explicación ni se la ha buscado a que el precio fuera tan ventajoso: 104.000 euros».

«Exhibido el documento de comunicación de Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 27-7-2004, con destinatario Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de su consejería, en fechas en que ya era consejero, y que obraba junto al contrato privado de compraventa, según aparece en el registro, contesta que ese documento se lo entregó el señor Cáceres, y lo guardó junto al contrato, aunque no puede dar una explicación en este momento. Que cree que era un acceso de escalera a la playa, que supone que habría algún problema y supone que el señor Cáceres le entregaría el documento para que supiera de la existencia de ese problema y de las gestiones sobre este particular con la señora Baraza, directora general de Costas, que era pariente suya. Que no hizo absolutamente ninguna gestión sobre ese particular (...) Que ignora si se contestó o no, ni las gestiones que se hicieran, pero el declarante no tiene absolutamente nada que ver. Que el acceso a la playa está todavía cerrado, por lo que es probable que todavía exista el problema».

Un amigo de cuidado

Nadie, ni el juez Antonio Alcázar; ni el fiscal superior, Manuel López Bernal; ni siquiera su abogado defensor, Jaime Peris, preguntó al imputado Francisco Marqués por la consejera Inmaculada García. Fue el ex consejero, motu proprio, quien al ser interrogado por las razones por las que compró tan barato, tan inexplicablemente barato, un apartamento en la Hacienda del Hornillo de Águilas, sacó a colación a su ex compañera en el Consejo de Gobierno. «Reconozco que el precio fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (el notario de Lorca detenido ayer)», dijo. Y añadió, también sin que nadie se lo solicitase, que ella misma «adquirió dos apartamentos encima del suyo».

La amistad de Francisco Marqués e Inmaculada García es un hecho conocido en ámbitos políticos desde el año 2003, en que ésta pasó a formar parte del Gobierno autónomo. Fue el entonces consejero de Sanidad quien hizo de valedor de su amiga y vecina ante el presidente Ramón Luis Valcárcel. En una cena, celebrada en el domicilio de Marqués, fue donde se la presentó al jefe del Ejecutivo murciano, quien la fichó como consejera de Hacienda.