CARTAGENA.- La segunda residencia, principal damnificada por los problemas inmobiliarios, inspira la mayor parte de las iniciativas de nueva construcción. Los promotores cifran en el 20% los proyectos ‘tocados’ por la desaceleración, según "El Faro".
Entre un 20% y un 25% de las viviendas de promociones urbanísticas cuya ejecución era inminente en el término municipal cartagenero se han visto paralizadas o, como mínimo, muy ralentizadas, por una crisis inmobiliaria que ha afectado especialmente a los proyectos de urbanizaciones de segunda residencia en la costa, la práctica totalidad de los cuales sufre este fenómeno con virulencia.
El caso de Martinsa, con intereses urbanísticos muy dañados en Mar de Cristal, al borde del Mar Menor, es sólo la punta del iceberg dentro de un panorama en el cual, según fuentes del sector de la promoción inmobiliaria, todas las empresas con iniciativas en ciernes han echado el freno.
“Las promociones de primera residencia, en torno a la ciudad, no se están viendo tan afectadas por la crisis. Las que la sufren son las del litoral, en las que prácticamente no se está haciendo nada”, apuntaron las fuentes consultadas. En total podría haber en el litoral cartagenero más de 10.000 viviendas en esta situación.
En el caso del extrarradio urbano, los problemas para colocar en el mercado un producto inmobiliario que ha hinchado su precio en la última década ha llevado a incluir, por fin, centenares de viviendas de protección oficial o a precio tasado, por medio de las cuales se puede cubrir un doble objetivo.
La demanda de viviendas no se ha reducido por qué sí, sino por el temor ciudadano a no poder afrontar la actual coyuntura de subida de las hipotecas. La existencia de VPOs a precio asequible sí cuenta, por ello, con un mercado asegurado, según las fuentes consultadas.
Además, de esta forma, la Administración, tanto local como regional y central, contribuyen al sostenimiento del sector inmobiliario. El Ayuntamiento comenzó hace poco a destinar gran parte del suelo legalmente cedido en promociones urbanísticas en torno a la ciudad a la construcción de vivienda protegida, como ocurrirá en Los Dolores o La Asomada, por ejemplo.
En este último caso hay incluso un proyecto de la Sociedad Estatal para la Promoción y el Equipamiento del Suelo, dependiente del Ministerio de la Vivienda para hacer 400 VPOs.
Los ecologistas creen que la crisis es un paréntesis urbanístico
El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, admitió que la crisis mantiene sin ejecutar buena parte de los proyectos urbanísticos en la costa cartagenera, pero lamentó que en realidad, pueda tratarse de un mero paréntesis.
“Ojalá me equivoque, pero a juzgar por la política regional, no se va hacia un cambio de modelo urbanístico; no se está aprovechando la crisis para ello. Y la principal responsable es la Consejería de Desarrollo Sostenible”, apuntó.
Entre un 20% y un 25% de las viviendas de promociones urbanísticas cuya ejecución era inminente en el término municipal cartagenero se han visto paralizadas o, como mínimo, muy ralentizadas, por una crisis inmobiliaria que ha afectado especialmente a los proyectos de urbanizaciones de segunda residencia en la costa, la práctica totalidad de los cuales sufre este fenómeno con virulencia.
El caso de Martinsa, con intereses urbanísticos muy dañados en Mar de Cristal, al borde del Mar Menor, es sólo la punta del iceberg dentro de un panorama en el cual, según fuentes del sector de la promoción inmobiliaria, todas las empresas con iniciativas en ciernes han echado el freno.
“Las promociones de primera residencia, en torno a la ciudad, no se están viendo tan afectadas por la crisis. Las que la sufren son las del litoral, en las que prácticamente no se está haciendo nada”, apuntaron las fuentes consultadas. En total podría haber en el litoral cartagenero más de 10.000 viviendas en esta situación.
En el caso del extrarradio urbano, los problemas para colocar en el mercado un producto inmobiliario que ha hinchado su precio en la última década ha llevado a incluir, por fin, centenares de viviendas de protección oficial o a precio tasado, por medio de las cuales se puede cubrir un doble objetivo.
La demanda de viviendas no se ha reducido por qué sí, sino por el temor ciudadano a no poder afrontar la actual coyuntura de subida de las hipotecas. La existencia de VPOs a precio asequible sí cuenta, por ello, con un mercado asegurado, según las fuentes consultadas.
Además, de esta forma, la Administración, tanto local como regional y central, contribuyen al sostenimiento del sector inmobiliario. El Ayuntamiento comenzó hace poco a destinar gran parte del suelo legalmente cedido en promociones urbanísticas en torno a la ciudad a la construcción de vivienda protegida, como ocurrirá en Los Dolores o La Asomada, por ejemplo.
En este último caso hay incluso un proyecto de la Sociedad Estatal para la Promoción y el Equipamiento del Suelo, dependiente del Ministerio de la Vivienda para hacer 400 VPOs.
Los ecologistas creen que la crisis es un paréntesis urbanístico
El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, admitió que la crisis mantiene sin ejecutar buena parte de los proyectos urbanísticos en la costa cartagenera, pero lamentó que en realidad, pueda tratarse de un mero paréntesis.
“Ojalá me equivoque, pero a juzgar por la política regional, no se va hacia un cambio de modelo urbanístico; no se está aprovechando la crisis para ello. Y la principal responsable es la Consejería de Desarrollo Sostenible”, apuntó.
