MURCIA.- El alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del PP, tal vez por consejo de sus abogados, intenta ahora convertirse en la víctima del "caso La Zerrichera" filtrando al diario "La Verdad" su versión de todo lo sucedido, justo en el momento en que se inicia la fase judicial, y parece que con el objetivo estratégico de ser juzgado únicamente por el cargo de presunta prevaricación al objeto de alejar el foco de atención del magistrado sobre cargo de un presunto cohecho, que lleva aparejada pena de cárcel e inhabilitación para el cargo que actualmente ocupa Ramírez.(...) el expediente para recalificar los terrenos (de La Zerrichera), que están protegidos como LIC y ZEPA, se reabrió desde la Consejería de Medio Ambiente -concretamente desde la Dirección General de Calidad Ambiental- y el alcalde pudo recibir presiones para levantar el archivo del convenio con el Grupo Hispania, según apuntan en sus declaraciones algunos testigos.
En Águilas, funcionarios y técnicos daban por hecho que la urbanización iba a tener luz verde, pese a que había un informe negativo de la Dirección General del Medio Natural. Se intuyó incluso siete meses antes de que se aprobara la declaración de impacto ambiental.
Presiones sobre el alcalde
El expediente para recalificar los terrenos de La Zerrichera había sido archivado por el Pleno municipal el 28 de diciembre del 2004, dejando sin efecto el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Águilas y el Grupo Hispania propiedad de Trinitario Casanova, a quien se le devolvió incluso el dinero que había adelantado. La razón estribaba en que los terrenos estaban protegidos y no eran urbanizables, según un informe inequívoco de la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma.
Muchas cosas sucedieron a partir de ahí -entre enero y marzo del año 2005- para que el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular, llamara un día a su despacho al secretario del Ayuntamiento, José Luis Pascual Martínez, quien se encontró en la estancia al arquitecto municipal, José Espín Cánovas, y a la jefa de Planeamiento Urbanístico, Mari Carmen Martínez Muñoz.
El asunto a tratar era peliagudo y el alcalde necesitaba consejo: ¿Se podía reabrir de nuevo el expediente de La Zerrichera? La respuesta del secretario general fue que el Ayuntamiento debía respetar los acuerdos tomados en el Pleno, y que en caso contrario se debían explicar los motivos que justificaran el cambio que se pretendía.
Desde el punto de vista formal, la reapertura no tendría inconveniente legal, y se entendía que se debía tramitar un nuevo expediente, y no seguir con el ya iniciado. En todo caso, se trataba de una decisión política que escapaba a los técnicos y funcionarios y que quedaba por lo tanto sobre las espaldas del primer edil.
Lo más relevante vino a continuación, cuando en esa misma reunión se le preguntó al alcalde por los motivos para reactivar el proyecto urbanístico. Juan Ramírez contestó que «había sufrido presiones, que se estaba jugando el puesto y que le rebanaban la cabeza» [si no lo hacía]. Así lo relata uno de los participantes en ese encuentro.
El alcalde Juan Ramírez rechaza sin embargo que hubiera recibido presiones, y que hubiera hecho saber a sus técnicos en la mencionada reunión que peligrara su puesto y su futuro político.
Advertencias de ilegalidad
El Ayuntamiento de Águilas era en aquellos meses un hervidero. No era para menos, después de dejar en la estacada una urbanización de 4.000 viviendas de lujo, el campo de golf y el hotel del Grupo Hispania. Se comentó incluso que después de archivarse el convenio habían acudido a Águilas dos consejeros a entrevistarse con el alcalde para interesarse por el proyecto de Trinitario Casanova. Unas visitas que nadie confirma, y que además niega el alcalde, y que pudieron repetirse una semana después.
El alcalde Juan Ramírez revalidó su cargo en las recientes elecciones municipales, incluso con un concejal más pero sin alcanzar la mayoría. La polémica y el escándalo que han rodeado al proyecto de La Zerrichera no ha hecho mella entre sus electores. Ni siquiera sabiéndose que había sido imputado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por varios delitos.
Al margen de las supuestas presiones que el niega y que entran más en la esfera política, Juan Ramírez, sin embargo, sí tendrá que aclarar otras decisiones suyas y de su grupo municipal en el juzgado número 3 de Murcia que instruye el caso.
Por ejemplo, por qué la Comisión Informativa de Urbanismo del 20 de octubre del 2005 decide elevar al Pleno la aprobación provisional de La Zerrichera sin tener sobre la mesa la declaración de impacto ambiental que debía emitir la Consejería. Los concejales y técnicos que acudieron a dicha Comisión no tuvieron oportunidad de examinar ni de informar sobre la recalificación de los terrenos que se pretendía. Fue una presunta infracción legal que no respetó el artículo 23 de la Constitución.
Asimismo, y abundando en esta supuesta infracción, el alcalde convocó el Pleno que debía aprobar La Zerrichera el 24 de octubre, sin que se hubiera emitido aún la declaración de impacto favorable por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental. De hecho, la notificación favorable a la recalificación llegó por una vía inesperada: un fax que entró en el Ayuntamiento a las 21:34 horas de ese mismo día, y al parecer sin registro de salida de la Consejería.
El alcalde fue aconsejado para que retrasara un día la fecha de la convocatoria, con el fin de que estuvieran todos los expedientes completos -faltaban los de La Zerrichera y otros dos más-, pero Juan Ramírez se negó y mantuvo la fecha de convocatoria del Pleno que se celebró el día 27.
Una firma extraña
El alcalde tampoco atendió un tercer aviso del secretario general del Ayuntamiento, quien el mismo día del Pleno dirigió un oficio a la alcaldía para que se dejara sobre la mesa La Zerrichera, debido a que tenían defectos de forma y fondo. Curiosamente, antes del Pleno, el alcalde se reunió con los concejales de su grupo y también con Pedro Gil, concejal socialista que luego se ausentó de la sesión, junto con otros ediles de su partido, para no votar en contra de La Zerrichera. Esto les valió días después la expulsión sumarísima del PSOE.
La Zerrichera se aprobó mediante una declaración de urgencia que se acordó en el mismo Pleno. Como remate, existen supuestamente otras anomalías en la certificación de aquel Pleno, puesto que no llevaba la firma del secretario general, sino de otra persona. Este extremo también corresponde aclararlo al juez instructor.
Entre técnicos y funcionarios de Águilas existía la convicción de que al menos el alcalde ya conocía extraoficialmente que la Consejería de Medio Ambiente, por entonces en manos de Francisco Marqués, iba a informar favorablemente para recalificar los terrenos de La Zerrichera y facilitar la urbanización de la zona. De otra forma no parecían explicarse las decisiones y la celeridad de los trámites.
Y, al tiempo, avalaría el hecho de que la Comisión Informativa de Urbanismo propusiera la aprobación en el Pleno (previa recepción del estudio de impacto) y que el Pleno en cuestión se convocara antes de que se firmara y notificara formalmente el estudio de impacto por parte de Antonio Alvarado, director general de Calidad Ambiental, y de su segundo, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
Otra cita extraña
Las advertencias del secretario general del Ayuntamiento sobre las supuestas irregularidades fueron compartidas también por la jefa de Planeamiento Urbanístico de Águilas, Mari Carmen Martínez Muñoz. Ésta opinó igualmente que el punto del Pleno que trataba sobre La Zerrichera debió anularse y dejarse sobre la mesa por cuanto no estaba disponible la documentación en el momento en que se hizo la convocatoria.
Para Martínez Muñoz, además, era la primera vez, en sus años como jefa de Planeamiento, que llegaba al Ayuntamiento de Águilas un oficio de la Dirección General de Calidad Ambiental, con fecha del 28 de abril del 2005, advirtiendo de que era el órgano competente para realizar el estudio de impacto de La Zerrichera, y no la Dirección General de Medio Natural que ocho meses antes había prohibido urbanizar la zona.
Para que no le cupiera ninguna duda, Martínez Muñoz y el arquitecto municipal fueron citados telefónicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental -en lugar de recibir un oficio-, donde una secretaria con rango político les comunicó que eran ellos competentes en el caso. Ambos estaban hechos un lío, o cuanto menos extrañados: Medio Natural había dicho que la urbanización era inviable; mientras que Calidad Ambiental -la dirección general hermana- ordenaba ocho meses después que se reabriera el expediente.
Una carta a Trinitario
Después de salir del despacho del fiscal jefe, el 23 de enero pasado, el alcalde de Águilas descargó la responsabilidad de La Zerrichera sobre «Murcia», en referencia a las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas que habían aprobado el estudio de impacto y la recalificación de los terrenos mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Lo que siempre ha tenido claro Juan Ramírez es que las instrucciones para reactivar el expediente del Grupo Hispania le llegaron de la Dirección General de Calidad Ambiental de Antonio Alvarado.
Juan Ramírez se ha escudado asimismo en los técnicos y en su floja memoria para tratar de sortear las puntos más comprometidos, salvo que su perspectiva de los hechos le haya hecho cambiar en los últimos meses.
La apreciación de que la decisión política de aprobar la urbanización ya se había tomado desde algunas instancias, pese a que el expediente había sido archivado por el Ayuntamiento, se basa en un escrito que envió el propio alcalde al empresario Trinitario Casanova, promotor de La Zerrichera. Ya no se trataba de la intuición de los técnicos y funcionarios municipales, sino de un oficio de la alcaldía. El 26 de abril del 2005, el dueño del Grupo Hispania se dirigió al alcalde para interesarse por la situación del convenio urbanístico, y saber si éste se encontraba todavía en vigor.
Ese mismo día, el alcalde le contesta al promotor que el convenio «no ha sido derogado expresamente por el órgano que lo aprobó, por lo que sigue en vigor» a expensas de lo que decida la autoridad ambiental. La respuesta del alcalde se produjo, además, dos días antes de que Antonio Alvarado le notificara formalmente que se había reactivado el expediente y que su oficina era la competente para realizar la evaluación ambiental. De igual manera, dos días antes del oficio de Alvarado, el Ayuntamiento le envió a este director general una copia del proyecto.
Dicho oficio no consta, al parecer, en el expediente del caso remitido a la Fiscalía del TSJ; como tampoco la carta que le envió el alcalde a Trinitario Casanova diciéndole que el proyecto de urbanización seguía vivo.
Un fax que llegó de noche
El alcalde de Águilas mantiene la legalidad de sus actuaciones. Considera además que los acontecimientos ocurridos en octubre del 2005 y que desembocaron en la aprobación por el Pleno del proyecto de La Zerrichera -diez meses después de que lo hubiera archivado la misma Corporación- no contienen irregularidades. Al parecer, se considera una práctica habitual que en algunas comisiones informativas no estén todos los documentos disponibles.
La secuencia vivida en el Ayuntamiento de Águilas fue vertiginosa: 1) El alcalde convocó el Pleno la misma tarde del día en el que le llegó por fax el estudio de impacto, aunque el rastro de entrada fuera a las 21:34 horas. 2) Ese estudio llevaba fecha del día 25 y estaba refrendado por Sánchez Gelabert. 3) El día 25 le llegó la declaración formal de impacto firmada por Antonio Alvarado, aunque con fecha del 24. 4) El alcalde convoca el Pleno el día 24, para que se celebre el 27. Eso permitió a los concejales disponer el día 25 de la documentación, para respetar de esta forma el plazo de 48 horas que requiere la ley.
Diez días antes, Trinitario Casanova recibió de la mercantil Inverlur -perteneciente a La Kutxa (Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián)- 23,2 millones de euros como primer pago y anticipo por la compra de La Zerrichera. El segundo pago de 105 millones lo recibió en febrero del 2006, quince días después de que el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana aprobara definitivamente la recalificación de los terrenos.
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