domingo, 5 de noviembre de 2006

La corrupción mancha la imagen de España


La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

En concreto, se citan nueve formas de operar:

1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.

2. La modificación de los planes es frecuente.

3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.

5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.

8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.

Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”.

La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.

El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien apunta que las administraciones locales, especialmente las que gobiernan los pueblos costeros, son las más vulnerables a la corrupción por su dependencia del urbanismo.

Este hecho, constatado a través de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción y las sentencias del Tribunal Supremo, tiene su origen en la dependencia de los ayuntamientos de los ingresos urbanísticos.

Por esta razón, en opinión de Villoria, los alcaldes son tan proclives a firmar convenios urbanísticos. Además, la vigilancia sobre las construcciones ilegales "es poco intensa", mientras que las sanciones no tienen capacidad disuasoria "porque consisten en una multa y rara vez en la demolición".

En este contexto, Villoria cree esencial que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo de financiación municipal para cortar esta dependencia de los ingresos urbanísticos. También entiende imprescindible que se endurezca la ley de incompatibilidades para prohibir taxativamente que un constructor o un empresario que contrate con las administraciones sea alcalde.

En el informe se pone de manifiesto que aproximadamente el 30% del precio de las casas en España se paga con dinero negro, un dato que, a juicio de Villoria, no pasa desapercibido en Hacienda. En su opinión para poner freno a esta práctica sería necesario actualizar el catastro e investigar todas aquellas ventas que se produzcan formalmente por debajo de los precios establecidos.

En el informe se pone de relieve cómo la corrupción va vinculada a la inestabilidad política y a la aparición de partidos independientes con fuerte dependencia de grupos inmobiliarios, aunque también destaca que los partidos tradicionales se ven asaltados por militantes que responden a intereses ajenos al político.

Villoria sospecha que los sucesivos gobiernos realmente no ponen en marcha las medidas precisas para impedir la corrupción vinculada al urbanismo porque "la construcción representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto (PIB) y es difícil, por tanto, que se tomen medidas drásticas que se sabe que penalizarían una actividad clave".

Este panorama se cierra, según resalta el estudio de Transparencia Internacional, con la corrupción judicial. "La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. Así, donde es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias", sentencia. Villoria precisa, además, que la judicatura española es una de las que peor imagen, "sino la peor", transmiten en Europa. "En teoría los jueces se autocontrolan, pero no lo hacen y muestran gran corporativismo".

Para Villoria 'negocios y política cada vez van más unidos' y destaca el sector de la construcción en España como 'el más peligroso para la ética empresarial, influye en el blanqueo de capitales de los grupos criminales, se conecta con la corrupción política de los ayuntamientos y con la financiación de los partidos políticos'.

Ya en su informe de 2005, TI decía que la retención de bolsas de suelo en el entorno de las ciudades más pobladas y con mayor densidad, a la espera de recalificaciones, viene a ser el denominador común de unas prácticas que sitúan a España entre los países más corruptos de la UE por obra y gracia del fraude inmobiliario. De acuerdo con esta organización, se trata de los lodos que arrastran las aguas de un sistema de ingresos “preconstitucional” de los ayuntamientos y las corporaciones locales en España. Según este análisis, la exigencia de que los promotores cedan hasta un 10% de los terrenos a la Administración local sin que se especifique en qué condiciones se ha convertido en “un impuesto revolucionario” que genera “irregularidades y desigualdades”, ya que favorece a los grandes constructores y propietarios.

El Gobierno planea ahora aumentar la cesión de suelo obligatoria a los ayuntamientos, lo que, de acuerdo con el análisis de este organismo fiscalizador, se traducirá en mayores riesgos de prácticas corruptas. Gran desproporción entre el peso del sector público y el privado. Pero siempre hay más recursos al alcance de los ayuntamientos. Los planes parciales son, a juicio de muchos, el parche idóneo para retocar a la medida la estructura urbana de una ciudad sin tener que llegar al meollo de unos planes generales que, en muchos casos, datan de los ochenta. Sobre ese escenario, con políticas de remiendos, es donde muchos promotores entran en acción. Éstos son sólo dos botones de muestra de un sector que ni se inmuta ante los planes del Ejecutivo de liberar suelo público para promover hasta 28.000 pisos protegidos al año.

El contraste de otros dos datos sirve para ilustrar grandes desequilibrios: durante el último año, auspiciado por el Plan de Vivienda (se ejecuta exista ministerio del ramo o no), se ha aprobado la construcción de algo más de 51.400 viviendas protegidas para su venta. Mientras, en el mercado libre se han empezado a levantar más de 650.000. El 51% de la inversión extranjera en España, destinada a inmuebles. Mucho tiene que ver en todo esto ese urbanismo a toda costa del sol y playa que ha convertido la costa mediterránea en la más amenazada por un boom sin precedentes. ¿Las causas? Pues, entre otras, una de peso. Y es que la compra de inmuebles copa ya el 51% de la inversión extranjera en España.

Según datos de Caixa Catalunya, en el año 2000 las adquisiciones de pisos por no residentes representaban tan sólo un tímido 9% del total. Es esta tendencia lo que marca un inédito furor urbanístico en la costa mediterránea y que se salda, por ejemplo, con una previsión para levantar hasta medio millón de viviendas en Murcia y Almería. Pero estos planes se dan de bruces con la tozuda realidad que muestra la Confederación Hidrográfica del Segura. En esta cuenca, según Medio Ambiente, no hay un litro de agua para el desarrollo urbanístico de hasta un total de 23 municipios. Pero si la urbanización del litoral mediterráneo se encuentra en el dique seco, no es menor el auge que están experimentando las zonas costeras del norte peninsular. Sólo en la comunidad gallega está previsto construir más pisos que en toda la Costa del Sol.

Un total de 76 municipios costeros están revisando sus planes generales para aumentar la edificabilidad y abrir hueco urbanístico a nada menos que 600.000 nuevas viviendas. Otro tanto sucede en Asturias y Cantabria, mientras que en el centro, en comunidades como Madrid, es tal la presión urbanística que son los municipos del área metropolitana los que desde hace años albergan a auténticos magnates del suelo. La nómina vuelve a ser tan reducida como heterogénea la procedencia de estos empresarios, algunos originarios del mundo del fútbol; otros, antiguos concejales, como sucede en Getafe. Sus negocios se suman a las grandes del sector (ACS, Acciona, Fadesa, Ferrovial, Obrascón, con grandes bolsas) que, además, ven ahora en las filiales de las cajas de ahorros a un nuevo competidor.

martes, 31 de octubre de 2006

La vuelta de Javier Guillamón a Murcia


El actual vicepresidente murciano de la CAM, Javier Guillamón Álvarez, cesará en breve tras las negociaciones entre el PP y el PSPV-PSOE para cubrir los puestos vacantes en el consejo de administración de la entidad a comienzos de 2007. Ni en Valencia ni en Murcia tiene suficientes apoyos ahora como para mantenerse en el puesto. Su vuelta a casa como docente e investigador universitario no tiene retorno.

El vicepresidente alicantino, Armando Sala, muy relacionado con el sospechoso sector de la promoción inmobiliaria, tampoco repetirá ante su insensibilidad manifiesta con la Obra Social y sus peligrosas amistades, conservadas en su calidad de viejo aparejador. Su antigua relación personal con Zaplana también ha servido para descartar desde Valencia su continuidad. Un alicantino en la órbita de Camps será ahora su sustituto.

En total, el catedrático de Historia de la UMU ha estado casi una década en su actual cargo gracias al apoyo político recibido en su día de los diputados y ex ministros de Aznar, Federico Trillo y Eduardo Zaplana, y por la fuerte aportación previa de su suegro, el especulador Miguel Vivancos, a los recursos ajenos de la CAM. Sin embargo, su aportación intelectual a la actividad ordinaria ha sido casi nula y errática las más de las veces por su desconocimiento del negocio bancario y por no dar nunca la talla en la concepción de la actividad cultural.

Su fuerte concurso político, además, en el espinoso asunto de “Nova Cartago”, junto al Mar Menor, que ha enredado a la CAM en una investigación sobre presunta corrupción urbanística, ha terminado de una con Guillamón, quien también llegó a ser presidente de la cuestionada empresa promotora-inmobiliaria “Hansa Urbana”, hoy con polémica presencia en Mazarrón. Los sindicatos presentes en la entidad tampoco han aprobado nunca sus fuertes gastos en dietas y viajes, a cargo de la partida de representación, pagados finalmente por todos los impositores. Su imagen interna ha terminado siendo desastrosa.

El actual presidente de la Generalidad, Francisco Camps, del PP, no piensa ahora, pues, en Guillamón para mantenerlo como consejero elegido por las Cortes Valencianas y, por tanto, al no ser tampoco, por falta de confianza política, el candidato de Ramón Luis Valcárcel, ha de salir y dejar paso a otro de consenso esta vez, que muy bien pudiera ser en enero uno de los actuales consejeros del gobierno autónomo o persona muy próxima (como su hermano Carlos, el verdadero“cerebro” de la familia) en lugar del empresario Ángel Martínez, tal como se deseaba en 2003. (Sus relaciones con el Presidente están muy deterioradas por la libertad de crítica que ejerce el ex dirigente de la UCD murciana y su enorme pérdida de peso en un PP regional controlado “de facto” por el concejal y también íntimo amigo, Antonio Sánchez Carrillo).

La manejada candidatura del ex consejero Patricio Valverde, aparte de estar fuera de tiempo, resulta ya prácticamente inviable ante las investigaciones policiales sobre el fuerte incremento experimentado por su patrimonio en 300 millones de pesetas, valor de tasación de su actual residencia en la exclusiva urbanización “Monte Príncipe”, junto a “Altorreal”, construida por el cuestionado empresario cartagenero Alfonso García, quien antes recibió cuantiosas subvenciones del INFO para el parque eólico de La Unión cuando Valverde era director general o consejero de Industria e Innovación. Su parentesco con Egea Krauel hace también desconfiar en la sede central de la CAM en Alicante.

Durante la permanencia de Guillamón en la CAM, sus enfrentamientos frecuentes con el presidente y potentado Vicente Sala (nombrado en su día por los socialistas de Juan Lerma) y el vicepresidente valenciano, Gil Terrón, han sido el denominador común y el más notable balance del murciano en las reuniones del Consejo, que él siempre iniciaba con divagaciones para luego nunca concretar nada tras exasperar al presidente Sala. Sus relaciones con "Polaris World" tampoco eran bien vistas.

Ariete de Zaplana contra esa Presidencia y su principal valedor para conseguir los arriesgados créditos a “Terra Mítica”, Guillamón se ha “quemado” en su misión institucional para Madrid, Murcia y Vega Baja del Segura, precisamente por ser agente del hoy muy cuestionado cartagenero más que hombre en la CAM del otro asesor de Aznar en La Moncloa, el vallisoletano Carlos Aragonés, hoy en la órbita de Rajoy, en excedencia registrador de la Propiedad en Santa Pola. ¿Irá ahora su colega y sustituto Riquelme, también de consejero a la CAM?

Las relaciones nada discretas de Guillamón con la extrema derecha mediática de Alicante y sus extrañas alianzas con felones dentro de la nómina de la CAM para preparar la conjura de Zaplana contra el ex director general, Juan Antonio Gisbert, socialista, pronto le valieron la desconfianza de círculos económicos alicantinos históricamente relacionados con la entidad. El paso de Guillamón por Alicante le ha proporcionado numerosos detractores, entre quienes le han conocido personalmente, por mantener una postura demasiado identificada públicamente con sus dos mentores políticos de fuera. Para el empresariado clásico ha resultado ser un fiasco.

En su década prodigiosa, este catedrático nacido en la Ronda de Garay, en el seno de una conocida familia murciana (es hermano del decano del colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Guillamón), tampoco supo granjearse las simpatías de los círculos económicos de la Región mientras la CAM ha seguido cediendo cuota de mercado en Murcia a favor de otras cajas, entre ellas “Cajamar” por ser la que más ha crecido a su costa. (En Alicante siempre lo consideraron como un infiltrado de “Cajamurcia” en la CAM por su vieja amistad y proximidad con su eterno director general, Carlos Egea).

lunes, 30 de octubre de 2006

Los hombres de Ramón Luis/Hemeroteca para amnésicos


Begoña García Retegui
Diputada regional del PSRM

Hace una semana la portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique preguntaba al Presidente Valcárcel en la Asamblea Regional si este conocía la relación entre su hermano, Carlos Valcárcel, un concejal de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo y los propietarios de Polaris, empresa presente en la vida diaria de los murcianos, a raíz de los últimos acontecimientos acontecidos en Alhama, en donde la aritmética democrática frustró las expectativas de la empresa de construir miles de viviendas. Todo ello aderezado con singulares ruedas de prensa y declaraciones amenazantes en los medios de comunicación por parte de los dirigentes de la mencionada empresa.

En los últimos días se había añadido a la polémica urbanística la noticia sobre la sociedad mercantil tan peculiar que al parecer mantienen los dueños de Polaris con el hermano de Valcárcel y con el concejal. En un primer momento cuando se desveló esta relación el Gobierno del Partido Popular en declaraciones públicas se apresuró en considerar la noticia como una mentira, una infamia.... pero una vez supieron que era cierta, se apresuraron a hablar de ciudadanos liberales ejerciendo su profesión libremente, sin incompatibilidades....Todo muy legal se encargaban de proclamar a los cuatro vientos. Legal........ Pero si nadie había cuestionado la legalidad. ¿porqué se pusieron la venda antes de que tener herida?

Quizás sea porque aún pudiendo ser legal todo ello da mayor idea del entramado empresarial y político, de la confusión entre lo privado y público y todo ello siembra la duda más que razonable sobre posibles connivencias y tratos de favor.

Todo lo que por otra parte ya se venía comentando en los mentideros públicos: que los grandes negocios y las grandes inversiones en la región pasan siempre por determinados despachos

Para añadir más salsa a la cosa, el propio presidente y sin cambiar de camisa tras un viaje desde Berlín convoca la tarde de un viernes a los medios de comunicación en el Palacio de San Esteban, sede de la presidencia regional, para dar una rueda de prensa en la que defiende el honor familiar, la honradez de su hermano. ¿Es normal convocar una rueda de prensa en la sede presidencial para informar de un asunto al parecer sólo familiar?

El presidente regional vino a la Asamblea para contestar a las tres preguntas de rigor, una por grupo parlamentario con las que se despacha una vez al mes y no todos los meses. La contestación a la pregunta socialista la esperada: el no conocía las actividades del ciudadano Carlos Valcárcel, al que en ningún momento se refirió como su hermano. Y rápidamente pasamos a escuchar la pregunta del portavoz del grupo popular: valoración de la visita del presidente a La Moncloa el día anterior..

Zapatero no había dejado pasar la oportunidad. Su compromiso con la región dejaba sin argumentos las demandas de Valcárcel. Este se vio pillado. Por un lado la valoración de la reunión con Zapatero era positiva . Por otro el temor de que los titulares de la prensa ahondaran en los negocios de su hermano y en su débil posición marcaron la estrategia. Valcárcel como quien saca un conejo de la chistera anunció, sin venir a cuento, que acababa de pedirle al consejero de presidencia que estudiara la posibilidad de poner en marcha, unas brigadas de apoyo a la policía local, apodados hoy ya por algunos como "los hombres de Ramón Luis". Ni policía nacional ni local ni guardia civil. Ni carne ni pescado.

Nunca en las dos últimas legislaturas el PP ha permitido debatir sobre seguridad ciudadana en la Asamblea Regional.

Durante 8 años de gobierno de Aznar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han disminuido en la Región de forma significativa.

El PP ha incumplido su programa electoral y después de 8 años de vigencia de la Ley de coordinación de Policías Locales sigue sin aprobar las normas que posibiliten su cumplimiento.

Las plantillas de Policías municipales siguen muy por debajo de las necesidades de la población. Se estima que la región necesita por lo menos unos 600 efectivos más sólo para la población actual.

El "No modelo de desarrollo" de Valcárcel, con miles de viviendas aisladas y complejos privados nos condenan a ser una sociedad dividida en pobres y ricos. Y eso va siempre asociado a mayor inseguridad.

Valcárcel nos arrastra hacia ese modelo. El que ha prendido la mecha quiere aparecer con una manguera intentando convencernos de que ahora es el bombero.

Los sindicatos nos recuerdan que esa propuesta de Brigadas Policiales está fuera de toda legalidad. Ni siquiera lo permite nuestro Estatuto de Autonomía.

Primero fueron Los hombres de Harrelson. Después "Los hombres de Paco". Ahora los de Ramón Luis: Vaya parodia. Una mentira. Un invento de última hora para fabricar una noticia con la que pretende tapar los escandalosos negocios de algunos de sus familiares y amigos.

viernes, 27 de octubre de 2006

El capital amortiza a Valcárcel/El Minarete


Francisco Poveda

El PP murciano se desangra a borbotones, herido de muerte por la rampante supuesta corrupción, que no le cede, desde Águilas a Cartagena y desde Ulea a Murcia. (Al alcalde aguileño Juan Ramírez, ya no lo presentan a la reelección ante todo lo que le espera en el TSJ de aquí a mayo, y le reemplaza de urgencia, Inmaculada García, la actual consejera de Hacienda).

El miedo cierto a la derrota electoral se ha instalado en el corazón del Palacio de San Esteban, sin solución de continuidad, aunque todavía no se perciba desde fuera, y son muchos los cargos públicos que, desde la ventaja de tener las manos limpias y los bolsillos vacíos, miran ahora con notable expectación hacia ese nuevo partido regionalista de centro, Unión Democrática de la Región de Murcia, que muy bien se puede llevar los miles de votos que no quieren legitimar por más tiempo el presunto expolio y saqueo, a mayor escala a manos del amigo concejal, el gran hermano y algunos clientes muy significativos de su, cada día, más claro despacho de presunto tráfico de influencias. El rumor, que había llegado a la Fiscalía, es ya un clamor en todos los ambientes más avanzados de nuestra tierra.

Algunos tienen ya más futuro penal que político, como ha dicho el líder socialista regional, Pedro Saura, de Pilar Barreiro, la todavía alcaldesa de Cartagena, en medio de la galerna desatada por un “Lo Poyo”, cuya masiva recalificación urbanística por el gobierno Valcárcel de turno, tumbó el Tribunal Supremo en su día por un recurso judicial de los grupos ecologistas murciano-cartageneros. Ahora se miente sin pudor a todos los murcianos con la confusión de decir que el gobierno autónomo no permitirá ya ni una sola construcción en esa finca colindante con la orilla sur del Mar Menor, en el codiciado término de Cartagena.

¿Alguien sabe, por cierto, de las verdaderas andanzas y pitanzas del arquitecto municipal de Cartagena y destacado miembro del Opus Dei, señor Masdeu? Investiguen, señores fiscales, por si acaso. Los “gargantas profundas” de la zona no paran de aherrojar tramas de supuestas relaciones para la conspiración urbanística.

La suerte está más que echada para todos ellos con algunas excepciones muy contadas. Gómez Fayrén, un hombre libre y refractario a la trágala, ha cruzado su particular Rubicón y se ha instalado claramente en la acera de la honradez antes de ser engullido por los grandes errores de los más necios. (¿Le ha avisado, para que se aparte a toda prisa de ese cirio, su amigo y fiscal anticorrupción, Alcázar Vieira de Abreu?) El alto funcionario del Estado ya no se identifica con Valcárcel ni con su estrategia donde, supuestamente cabe, que el consejero-portavoz, Cierva, intervenga sin tapujos como intermediario de “Polaris World” en la compra de suelo dentro de la Región sin ser cesado de manera fulminante en su cargo institucional.

En Génova 13 no dan crédito a noticias así, que llegan desde Murcia un día sí y otro también. La alternativa interna nacional no cuenta para el futuro con el todavía presidente regional murciano, preso de la presunta gran corrupción que le supera por doquier, y abandonado políticamente por Rajoy, puesto al tanto desde Interior de la que aquí se avecina más pronto que tarde. Nadie apuesta ya por su salida como eurodiputado en Estrasburgo, tal como sería su deseo. Cristina Gutiérrez-Cortines está más segura que nunca.

Y es que parece más cerca el día para que otro Valcárcel, de los de siempre en Mula, sea requerido por un juzgado de Lo Penal y ahí comience a saberse desde la Fiscalía todo lo imaginable sobre el trasfondo de la manipulación con el tema del agua. Será el punto de máxima inflexión de un antiproyecto político regional falsificado, oportunista y hueco, que ya no da más de sí porque su traducción real se ha revelado depredadora con la sociedad democrática y el medio ambiente, por más que ahora se quiera reducir el supuesto fraude urbanístico, que parece salpicar de lleno al PP regional, solamente a la cartagenera “banda de Trillo” y “Lo Poyo”, con el lugarteniente y capo del juego, Andrés Ayala, al frente.

El diputado popular parece estar muy rodeado a estas alturas de las investigaciones policiales y a duras penas podría cubrir a su jefe el ex ministro y al ex alcalde socialista Alonso, socio suyo en una empresa, sita en el madrileño Paseo del Prado, justo encima del Café Gijón, para intentar aprovecharse del paso de sus amigos por el poder, gobierne quien gobierne desde La Moncloa.

Algunas escenificaciones y gestos preelectorales aparentes, de comprensión y enmienda, no son más que ajustes de cuentas entre expresiones mafiosas a uno y otro lado del puerto de la Cadena. Se están peleando, aquellos y éstos entre sí, por un mismo botín que ya no hay manera de engrosar mucho más por culpa de Zapatero y su decálogo por un urbanismo ético, muy forzado desde Bruselas por el Parlamento y la Comisión Europea tras el fiasco urbanístico, que a tantos europeos afecta, en la vecina Comunidad Valenciana. Hasta Putin y el “Washington Post” se han hecho este mismo mes público eco de nuestras últimas miserias públicas.

Pero el rasero no se aplica aquí igual a “Nova Carthago” que a su colindante “Lo Poyo” porque las comisiones al primero ya fueron cobradas desde Murcia. ¿Por quién? Todo parece indicar que por el “nazareno”, apodo de bribón puesto por los mismos corruptores, según la Policía, al alto comisionado para “hacer caja” lo más rápidamente posible. Éste repartiría luego a tres bandas, según todos los indicios, entre avezados danzarines y corifeos de nuestro folclore más tradicional y costumbrista. La Guardia Civil tiene en su poder el diseño del “modus operandi” de esta supuesta mafia política de nuevo cuño pero muy reducida de tamaño para tocar a más.

La situación es de tal descomposición interna que no será Gómez Fayrén, probablemente, el último significativo político de la derecha decente que renuncie a continuar por más tiempo en ese barco, parece que repleto de corsarios, bucaneros y piratas, desencantado, como está, de la coordinación de la campaña electoral de un PP murciano cercado y a la defensiva en su derrota hacia ninguna parte por más televisiones afines onerosas que ponga en marcha Valcárcel para contar nuevas y viejas mentiras a todos.

El ex vicepresidente podría acabar con un papel relevante en esa nueva alternativa de centro-derecha, sabiendo como sabe, todo lo que sabe. Su talante le procuraría ser recibido con cariño pese a sus años en San Esteban, afortunadamente para él de mucho desencuentro con los golfantes y cerriles que allí se han hecho fuertes, avaros y más abúlicos que nunca. Avalistas no le van a faltar al inspector de Hacienda entre los voluntarios a financiar el desarrollo de este partido murcianista moderado, que catalice nuestras aspiraciones políticas más cercanas. “Murcia para los murcianos”, reza el lema de UDeRM ante el efecto llamada de los gobiernos de Valcárcel a todos los especuladores de España para que compren de saldo y revendan luego nuestra tierra con unas plusvalías que nunca se quedan aquí para enriquecer a todos los murcianos. Eso sí, con fuertes propinas y comisiones a los conseguidotes.

No hay que descartar tampoco la reaparición en escena del honrado concejal y catedrático de Química Orgánica, Ginés Navarro, el primer mártir histórico de “Nueva Condomina”, con todo su crédito intacto por haber antepuesto en su día los intereses generales del municipio de Murcia a los particulares de las Koplowitz y sus chulescos testaferros. Por algo más que prudencia y cuestión de agenda no apareció el Presidente en el partido-inauguración del nuevo estadio de tierno césped porque ese es un “marrón” que debe tragarse políticamente en solitario quien ahora aparece como único responsable de la madre de todos los convenios urbanísticos.

¿Investiga todavía la UCO de la Guardia Civil al alcalde Cámara, al concejal Fernando Berberena, a la concejala Pilar Megía (más que íntima de Valcárcel en otra época), al también concejal Moya-Angeler, al notario y promotor inmobiliario, Julio Berberena (hermano del anterior), y al abogado y asesor de urbanismo de “Nueva Condomina”, el alicantino Juan Enrique Serrano? Diversas fuentes policiales solventes creen que esa supuesta investigación estaría muy avanzada y en fase de primeras conclusiones respecto a posibles incrementos recientes de patrimonio.

El mundo del dinero murciano más clásico cree ahora, por todo eso, mucho más en Gómez Fayrén que en un alcalde de Murcia bajo una duda razonable o en un presidente regional arrinconado y sin salida política alguna, perdida como tiene ya la mayoría absoluta utilizada en demasía para abusar del poder otorgado por una Asamblea Regional a la que siempre despreció pese a ser la esencia de nuestra soberanía ciudadana. Los apoyos a la nueva formación y posibles coaligados, como el Centro Democrático Liberal (herencia ideológica de UCD y CDS), tienen bastante que ver con el anhelo de construir con urgencia un centro-derecha regional, civilizado y europeo, ante la extrema derecha, parece muy criminalizada, que se ha apoderado del control político y económico de la Región, con ayuda de elementos empresariales emergentes de muy dudosa catadura moral, amén de sospechosos de una larga lista de presuntos delitos de “cuello blanco” con un primer origen en el supuesto blanqueo de capitales opacos provenientes de la economía sumergida.

Precisamente por lo anterior, la empresa murciana de la economía productiva, frente a la resistencia numantina de la especulativa en trance de entrar en barrena, apoya sin ningún género de duda el nuevo proyecto político de UDeRM para la Región. Hasta el potentado industrial e inversionista de Alhama, Tomás Fuertes, parece encantado con que haya surgido una alternativa de ese perfil ante el riesgo que sus intereses corren ya con un PPRM sin rumbo y sin dueño cierto por estar casi todos sus dirigentes afanados en eso mismo. El capital autóctono más genuino (Vivancos, Huertas, Muñoz, Tomás, Zambudio, Fuertes, Montoro, Del Rivero, Galdón, Marín…) hace tiempo que tiene amortizado a Valcárcel y descontados los efectos adversos de su política de continua improvisación y de giros sin sentido por, cada vez, más esperpéntica e ineficaz. La Derecha inteligente y ese capital han sentenciado definitivamente a un presidente incapaz de controlar una situación que aconseja recambio por otra marca política y otros equipos de gestores públicos. Todo eso se evidenciará en pocas semanas para respaldar mucho más a los promotores de UDeRM.

El nuevo partido UDeRM, promovido y liderado por el prestigioso abogado liberal-católico Diego de Ramón, se ha fijado como prioridad desalojar de todos los resortes de cualquier poder a los corruptos que nos invaden. En ese sentido, se va a personar como formación política legalizada en todas las denuncias que efectúe en nuestra región la Guardia Civil como consecuencia de las diligencias ordenadas por la Fiscalía, incluso en las que afecten eventualmente a determinadas entidades financieras como cooperadoras necesarias para delinquir.

A juicio de su gabinete jurídico, algunos ilustres ciudadanos de la Región de Murcia han olvidado que, en cualquier país democrático serio, primero la prensa libre y responsable no se calla una, luego la sociedad civil denuncia cualquier indicio racional de delito público, a continuación la Policía investiga a fondo, en consecuencia la Fiscalía imputa y/o acusa, finalmente la Judicatura encausa y sentencia para restablecer las bases de la legalidad, tal como corresponde en un Estado de Derecho minimamente desarrollado.

En ese sentido, y especialmente en la actual situación de la Región de Murcia, es más que esperanzador para los escépticos con la Justicia que una jueza de Molina de Segura, Claudia López Peña, acabe de sentenciar a favor de “Vega Media Press”, razonando, en base a la sentada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, con dispensa a informaciones y opiniones de la protección constitucional a personajes de relevancia publica, que nuestra sociedad es altamente detractora con cualquier tipo de censura y sumamente protectora de la capacidad de crítica. Luego dice que “…es jurisprudencia consolidada de nuestro T.C. y otros de la Unión Europea, que las personas que ejercen funciones públicas deben soportar mayor riesgo de injerencia en sus derechos que las personas privadas”. Por todo ello conviene que de las expresiones controvertidas sobre asuntos que atañen al interés público, según la citada doctrina del T.C., se excluyan la afectación de la intimidad y se amplíen los límites de la crítica permisible a esas mismas personas. En consecuencia concluye que quedan amparadas por las libertades de expresión e información, “no sólo críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar”. ¿Qué opinará de esto el consejero Bascuñana?

http://www.vegamediapress.com

miércoles, 25 de octubre de 2006

Venganza de la Naturaleza


Los políticos murcianos en el poder están notando la venganza de la Naturaleza tras haber sido atacada por la codicia de quienes les promocionan y financian campañas electorales desde el cemento y el ladrillo. La desprotección de tantas miles de hectáreas en la Región de Murcia y una más que agresiva Ley del Suelo regional en los últimos cinco años ha sido suficiente detonante como para que la madre de todo exija lo suyo a unos seres tan depredadores.

Parece como si los hubiese vueltos locos a tenor del ambiente tenso, crispado y desquiciante que reina en el Palacio de San Esteban de un tiempo a esta parte así como en altos despachos de la “Caja” y de la patronal fascista desde donde se dicta al Presidente todo, absolutamente todo, lo que tiene que hacer a cambio de la quincalla de una inmerecida medalla.

Para eso está. ¡Qué se creía!

Pocos saben que la pena de muerte para la Marina de Cope la dictó Egea, el “gran hermano” de la provinciana política que nos asquea y rebota a la mayoría, y en contra de todos los criterios imaginables del Consejo Jurídico Consultivo.

La tensión arterial de algunos está por las nubes precisamente por eso desde comienzos de este año tras el nombramiento de un fiscal jefe con cierta conciencia social y sentido democrático mientras otros acaban el día tambaleándose de tanto alcohol para olvidar en compañía de quien va y lo que han hecho. Algo les queda de pudor.

En esos despachos todo el mundo anda a gritos de la mañana a la noche como si de posesos se tratase. Ante el temor al derrumbe próximo de todo el entramado consejeros como Cierva han optado por dedicarse a negocios de bienes raíces en su bellísima comarca de los Vélez, Lorca y Cartagena. El velezano mantiene desde hace pocos meses una mirada extraña y una expresión creciente de incoherencia aunque no renuncia a los viejos placeres probados desde sus tiempos de la Gran Vía. No se esconde. Es un clamor su historia en las tardes capitalinas. El medio físico ya le pasa factura y dicen que por eso le cuesta mucho concentrarse.

El consejero Medina, la gran esperanza blanca del gabinete, ha perdido todos los papeles excepto los de sus escandalosas dietas, kilometraje y etiquetas de su güisqui preferido. Su mayor pena a estas alturas es el cierre de su rincón de asueto habitual en las inmediaciones de la capital a manos de su propio partido como concesión al tiempo preelectoral. Viaja cada fin de semana a su hogar familiar de Sevilla a costa del bolsillo de todos los murcianos. Porque ni coge el AVE en Madrid ni el avión de “Iberia” en Alicante. Prefiere subir al coche con chofer porque no le supone ni un duro. En total 1.200 kilómetros entre sábado y domingo. Se sabe que es el alto cargo que más caro nos cuesta a todos porque se va a dormir todas las noches a Cartagena.

De Cerdá poco cabe decir. Algún retrovirus ha cogido en el campo y sus meninges ya no son lo que eran. Mientras su hermano se ha hecho millonario con una bodega de alta selección de vino de Alicante nuestro hombre parece que ha perdido la razón por falta de agua del Ebro. Ha liquidado de paso al limón murciano en los mercados internacionales. Dicen que le han visto hablando solo por la calle.

Es algo parecido a lo sucedido a Marqués pero éste con el “footing”. Ambos pueden haber pagado un alto precio en salud por haber querido aniquilar el medio natural murciano desde su insignificancia humana frente a la Creación. El turolense tiene ahora un rictus raro en la cara y está más que inquieto como director general de “Hefame” tras su enfrentamiento con varios gerentes territoriales a los que ha despedido en medio de su nerviosismo por el cerco policial y judicial en torno al pelotazo de La Cerrichera. Ha pasado de ser el “delfín” a ser casi un apestado en la tierra que le acogió para curar cerdos por ser veterinario.

Pero quien se lleva la palma del nerviosismo y desazón es Bascuñana. Aparte de amenazar por teléfono a periodistas honestos y recaudar dinero para su partido en plan mafioso por las empresas también ha perdido los papeles por la dinámica nacional desatada en torno a la corrupción urbanística y las diligencias policiales y judiciales que ahora conlleva. Sabe que va a pagar muy caro su desafío al medio ambiente regional en Águilas, Mazarrón, Valle de Ricote y Lo Poyo. Comienza a acusar mentalmente la presión mediática de las últimas semanas y se sabe chivo expiatorio en caso de emergencia por un “marrón” que no se quiere comer Valcárcel antes de las elecciones próximas. Está muy pero que muy nervioso cuando la cosa apenas ha echado a andar. Se sabe en el centro de la ira de humanos e inertes y como viejo exseminarista intuye que todo esto no terminará bien. Acabará más sonado que cuerdo por sus fechorías.

A la pérdida diaria de apoyos de todo tipo a este gobierno regional en Madrid, Murcia y Cartagena hay que añadir la delicada situación de los alcaldes más depredadores con la “gaia” murciana. Estamos hablando de los de San Pedro (pese a su fuero de senador), San Javier (un aparejador envilecido), Mazarrón (un verdadero dictador que no escucha) y Águilas (un osado ambicioso). Todos se ven esposados en sus sueños nocturnos porque tres de los cuatro tienen abiertas diligencias por los fiscales murcianos.

Mención aparte merece el de Aledo y amigo personal del presidente por poseer éste allí una finca. Ya se atormenta por el pulso echado a Sierra Espuña. Sabe que la Naturaleza termina pasando factura a nuestra conciencia y a nuestra mente. Para muestra ahí está el alcalde de Ulea mordiendo a viejos por las calles. Atacar a lo que nos cobija es una actitud de suicidas. Ya lo están pagando con tanto temor a su incierto destino. La Tierra no sólo es propiedad de la generación que está viva sino el legado recibido de Dios para encomendarlo a las nuevas generaciones.

http://murcia-digital-news.blogspot.com

Infierno o paraíso


Un día, mientras caminaba por la calle, un dirigente de un importante partido político es trágicamente atropellado en Murcia por un camión y muere. Su alma llega al paraíso y se encuentra, en la entrada, a San Pedro en persona.

-"Bienvenido al paraíso -le dice San Pedro- Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Verás, muy raramente un alto político de tu partido ha llegado aquí y no estamos seguros de qué hacer contigo. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y luego tú podrás elegir dónde pasar la eternidad".

Y con esto, San Pedro acompaña al político murciano al ascensor y baja, baja hasta el infierno. Las puertas se abren, y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club, y de pie, delante de él, están todos sus amigos políticos que habían trabajado con él, todos vestidos con traje de noche y muy contentos, incluido un conocido financiero local.
Corren a saludarlo, lo abrazan y recuerdan los buenos tiempos en los que se enriquecían a costa del pueblo. Juegan un agradable partido de golf y luego, por la noche, cenan juntos en el Restaurante Gourmet del club, con langosta como plato principal. Comparten la noche con hermosísimas y liberales jovencitas. Se encuentra también al Diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando.
Se está divirtiendo tanto que, antes de que se dé cuenta, es ya hora de irse. Todos le dan un apretón de manos y lo saludan mientras sube al ascensor. El ascensor sube, sube, sube, y se reabre la puerta del paraíso donde San Pedro lo está esperando.
-"Ahora es el momento de pasar al paraíso". Así que el político (inescrupuloso, ciertamente), pasa las 24 horas sucesivas saltando de nube en nube, tocando el arpa y cantando. Pedro va a buscarlo: "Ya has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora debes elegir tu eternidad".
El hombre reflexiona un momento y luego responde: "Bueno, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno", así que San Pedro lo acompaña hasta el ascensor, y otra vez baja, baja, baja, hasta el infierno.
Cuando las puertas del ascensor se abren, se encuentra en medio de una tierra desértica cubierta de mierda y desperdicios. Ve a todos sus amigos vestidos con trapos, recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. El Diablo lo alcanza y le pasa un brazo por los hombros. "No entiendo -balbucea el político-. Ayer estuve aquí y había lindas mujeres, un campo de golf y un club, comimos langosta y caviar, bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es un terreno desértico lleno de porquería..., y mis amigos parecen unos miserables".
El Diablo lo mira, sonríe y dice: "Ayer estábamos en campaña. Hoy...ya votaste por nosotros...".
Narración anónima

Zapatero, el presidente mejor valorado en Europa


El instituto Harris Poll Interactive, en una encuesta realizada para el Financial Times, ha publicado que José Luis Rodríguez Zapatero es considerado el presidente que mejor hace su trabajo por la mayoría de los europeos.

La encuesta ha sido realizada por la empresa Harris Poll Interactive, uno de los 12 institutos de opinión más importantes del mundo, y se ejecutó a través del envío de cuestionarios on-line a más de 5.100 personas mayores de 16 años de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España.

Sus resultados sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero como el líder político mejor valorado por los europeos, quienes consideran que es el presidente que mejor está haciendo su trabajo.

Valorar el trabajo de los líderes

El cuestionario recoge una pregunta en la que se compara el trabajo de 8 líderes políticos (Toni Blair, George Bush, Jacques Chirac, Jose Durao Barroso, Angela Merkel, Romano Prodi, Vladimir Putin y José Luis Rodríguez Zapatero) y en ella el presidente español es el que sale mejor parado con un 14 por ciento de opiniones a favor, seguido de cerca por la canciller alemana Angela Merkel (13 por ciento de apoyos).

Los encuestados valoran después el trabajo de los presidentes inglés y francés con un 7 y un 5 por ciento de votos favorables respectivamente. Les seguirían empatados con un 4 por ciento George Bush y Romano Prodi, y cierran la lista Vladimir Putin y Durao Barroso, apoyados por el 2 y el 1 por ciento de los encuestados respectivamente.

Estudio sin publicar

Este estudio, que se completó a finales de septiembre y analiza otros puntos de la política internacional europea con respecto a la posición de Gran Bretaña, aún no se ha publicado en el Financial Times. Sin embargo, sus resultados pueden consultarse en la página web de Harris Poll Interactive (en inglés).

Reflexión sobre el cotarro urbanístico


Hecha la ley, hecha la trampa. Así podemos resumir el planteamiento del Partido Popular respecto a la corrupción urbanística, una vez ha rechazado por dos veces el ofrecimiento del PSOE para aplicar una serie de medidas en los ayuntamientos con el fin de poner coto a los desmanes urbanísticos que asolan nuestra geografía. La actitud distante, como el que piensa que la cosa no va con él, nos exige que una vez más pongamos los puntos sobre la íes para desenmascarar un nuevo ejercicio de hipocresía y cinismo en el Partido Popular.
En Génova se deben pensar que los ciudadanos somos gilipollas o unos dementes, y que nos vamos a creer a pies juntillas que la corrupción urbanística ha venido de la mano del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es perfectamente demostrable que el origen de estos desmanes nace de un modelo establecido en los 8 años de gobierno popular, un modelo que fue desarrollado con celo y precisión milimétrica para dejar el camino libre a constructores, especuladores y grupos empresariales, algunos de ellos presididos por amigos de pupitre del ex-presidente y otros por ilustres familiares en los consejos de administración de las sociedades beneficiadas.La corrupción urbanística se enquista en nuestra sociedad durante los años de Aznar, amparada en las siguientes medidas:

- Ley del Suelo de 1998: libera y convierte en urbanizable todo el suelo con la única excepción de aquel que sea de especial protección. Aznar alude por entonces que "liberar suelo hará que la vivienda se abarate". No hace falta decir que ha ocurrido todo lo contrario, las consecuencias han sido dispares, mientras ha llenado los bolsillos a la derecha mediática y a los poderes fácticos, por otro lado ha empobrecida la clase trabajadora, mayoritaria, incapaz a día de hoy de acceder a una vivienda o hacerlo a costa de la mitad del sueldo. Liberar todo el suelo fue la decisión más nefasta jamás tomada por un gobernante.
- Régimen de Financiación Local deficiente: durante los años de gobierno popular los ayuntamientos recibieron insuficientes medios económicos del Estado y de las Comunidades Autónomas, lo que dió lugar a que los consistorios optaran como única vía de financiación la venta de suelo. La pésima delimitación de competencias durante la legislatura de Aznar llevó a que los ayuntamientos ofreciesen servicios a los ciudadanos que no son de su competencia mientras perdían vías de financiación como el IAE sin compensación alguna. No se establecieron suficientes garantías en las leyes de incompatibilidad de cargos, lo que ha dado lugar que constructores en ejercicio se hayan podido presentar a unas elecciones sin tener que dar la más mínima explicación.
- Vacío de Fiscalías Anticorrupción: fue una constante en los años de gobierno del Partido Popular. Paralelamente a la escalada urbanística en toda España las Fiscalías Anticorrupción fueron desmanteladas y vaciadas de efectivos. Los Poderes del Estado y el gobierno quedaron impasibles ante el fenómeno, quien sabe si premeditamente y en complicidad con los sectores económicos afines. El descenso continuado de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las dos últimas legislaturas populares permitieron el asentamiento definitivo de mafias de todo tipo que encontraban en el urbanismo un medio favorable para blanquear dinero. Mano ancha y permisividad, solo les faltó extender a los ladrilleros una alfombra roja (bueno roja no, azul).
- Reducción de Viviendas de Protección Social: si en 1996 1 de cada 3 viviendas era social, durante los 8 años del Partido Popular la VPO fue abandonada sistemáticamente y los ya de por sí poco ambiciosos planes de vivienda desarrollados por Aznar fueron incumplidos por activa y por pasiva mientras el precio de la vivienda crecía un 400%. La vivienda pública fue arrinconada por la vivienda privada igual que la seguridad pública fue arrinconada por la privada, haciéndose realidad el cambio de modelo privatizador del Partido Popular también llevado a cabo en la sanidad y en la educación.Un cambio de modelo planeado y sigilosamente ejecutado para dar rienda suelta a la fiebre urbanística y enriquecerse directa o indirectamente a través de sociedades de testaferros o recalificaciones masivas a familiares directos o indirectos. Con todo su ejército de ex-constructores y empresarios del ladrillo copando sus listas, el PP no se conformó con darle pelotazos de obra público al yerno Alejandro Agag o regalarle Telefónica al compi de pupitre para hacer un desastre con ella (stock options), sino que pudo movilizar todas las variables para que su tan cuidado "sector privado" pudiese pillar cacho del negocio urbanístico.
El dinero negro y la economía sumergida crecieron como la espuma y el trapicheo fue una constante cuando Mariano Rajoy fue ministro del Interior. La entrada de inmigrantes a malsalva para que trabajasen como mano de obra barata en las obras es otra característica peculiar de los años de Aznar. Entraron tantos que el gobierno se encontró con 800.000 ilegales en edad de trabajar (sumale las familias) más los más de 500.000 regularizados torticeramente por Aznar en varios procesos de regularización. Ahora tenemos que tragar con que estos hipócritas digan que "España se ha llenado de moros y ecuatorianos" cuando fueron ellos los que dejaron las fronteras abiertas de par en par para favorecer el negocio urbanístico. Un plan perfecto para un negocio perfecto basado en una corrupción de guante blanco que pasaría desapercibida para los ciudadanos y que era ya imparable.
El modelo especulador como era de esperar terminó por contaminar a todos los partidos. La corrupción-modelo del Partido Popular, vista como única tabla de salvación para financiarse, y entendida por todos como "las reglas del juego", llevó a que alcaldes del PSOE y IU también desarrollaran también, aunque en menor medida y cantidad, trapicheos urbanísticos; hecha la ley, hecha la trampa.Sin querer justificar nada y reclamando que todos sean del partido que sean, cumplan ante la justicia (corruptos hay en todos los partidos), ¿qué opción les quedaba? ¿Acaso los ayuntamientos socialistas debían renunciar a la única fuente de financiación que los gobiernos de Aznar les permitía? ¿Debían aceptar dejar atrás a sus municipios cuando los vecinos populares recibían millones de euros por ceder suelo? ¿Debían dejar atrás sus ciudades, municipios y pueblos, con un programa electoral incumplido por falta de presupuesto? ¿Por qué el pueblo de al lado iba a tener una bonita residencia de mayores y una biblioteca nueva con tan solo empuñar una firma y ellos no?
Con esto busco hacer entender que ellos, a pesar de tener una ideología de izquierdas, tuvieron que jugar con el tablero y las reglas que otros les impusieron. Y con todo no justifica la prevaricación y el tráfico de influencia, pero ¿acaso no era de esperar? ¿quién tenía la responsabilidad y la capacidad ejecutiva?Intento que reflexionen para entender por qué ese modelo deliberado de corrupción de guante blanco ha llegado a salpicar a todos; para más inri las Comunidades Autónomas correspondientes (casi siempre del PP, aquellas que tienen las leyes del Suelo más permisivas) dan el visto bueno a los proyectos y con su firma legitiman estas actuaciones.
En Ciempozuleos, fue el PP el que inició y aprobó el proyecto, proyecto que fue redactado por el ex-Consejero Porto, ahora dimitido. Y tuvo los votos de los ediles del PP. ¿Todos en el ajo? ¿Y la responsabilidad de quienes tienen que controlar y revisar los convenios? ¿Mano ancha? Callada debería estar Esperanza con Ciempozuelos, sobre todo si no toma medidas con otros municipios populares igualmente salpicados.No es la norma que en el PSOE haya alcaldes que sean constructores, aunque pueda haberlos es raro, sí es bastante común en el PP. Son matices que por encima de casos puntuales, hay que saber reconocer sin que eso suponga justificación alguna a lo que hayan hecho fulano o mengano. No igualemos por favor, porque no es justo, hay que contextualizar y razonar, poniendo sobre la mesa el origen y desarrollo de los hechos que nos han llevado a este punto, para en su caso, pedir responsabilidades y poder así denunciar que Rajoy se quiera lavar las manos como el que no tiene nada que ver con el asunto cuando tiene todo que ver.
Punto aparte ya comentado merece la actitud de los partidos frente a la corrupción. La mera sospecha hace que el PSOE cese fulminantemente a cualquier cargo salpicado; los casos populares son respaldados y confirmados desde la sede de Génova, y así podemos ver el apoyo por poner un ejemplo de Camps a Fabra y a Alperi, que casi son toda seguridad y estando encausados judicialmente, repetirán en sus respectivos feudos. Parece que el Partido Popular no quiere renunciar al modelo que desarrolló y ni por la cabeza se le pasará aceptar nada que pueda poner coto a este festín urbanístico. Hoy José Blanco ha afirmado que el PSOE no llevará en sus listas a dirigentes encausados o con meras sospechas de su gestión. El PP no recogerá el guante porque se quedaría sin candidatos en Levante. ¿Doble moral señor Rajoy?Las Comunidades Autónomas y diputaciones gobernadas por el PP han tenido al mismo tiempo una actitud conciliadora y permisiva con sus ayuntamientos, dándoles mano ancha para todo tipo de desmanes, dejando de lado la ordenación del territorio en un continuo desprecio a la sostenibilidad. Todo lo que pase en Madrid es responsabilidad última del gobierno regional, porque es este el que debe dar el visto bueno a los proyectos urbanísticos de sus municipios.
Igual pasa en Murcia, Alicante, Valencia, Castellón...y diréis, ¿y Andalucía? También, pero con dos matices. El primero es que la Junta ha actuado todos estos años judicialmente respecto a Marbella, habiendo cursado decenas de denuncias en los Tribunales para parar convenios urbanísticos (lástima que Jesús Gil, como hemos sabido, tenía a los jueces comprados). La segunda es que las diputaciones, como la de Málaga por seguir con el ejemplo (en Andalucía casi todas están gobernadas por el PP) se han lavado las manos y en el caso de Marbella, la pinza PP-GIL ha sido determinante en numerosas votaciones que han dado oxígeno al Gilismo.Gil y Gil, el difunto alcalde de Marbella, pidió el voto para Aznar en 1996. “Los socialistas me han perseguido como auténticos canallas”, argumentó el jefe de la corrupción organizada. En 1995, un pacto/pinza entre Gil y Gil y Javier Arenas permitió que el PP controlara la Diputación de Málaga y que el GIL presidiera la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. ¿Se creen que nos hemos olvidado?
El PP da la impresión de estar comprometido con la especulación, como el que tiene asuntos turbios, negocios y chanchullos como el mundo empresarial. ¿Alguien entiende que en casos como los del concejal de Murcia y constructor Sánchez Carrillo, socio del hermano de Valcárcel en numerosos proyectos urbanísticos favorecidos por el gobierno regional del PP, se siga ejerciendo la actividad política sin ningún tipo de pudor? ¿Qué dice Mariano Rajoy a todo esto? Callada por respuesta porque no le conviene sacar pecho.El "aquí todos son iguales" es un mensaje que resuena desde Génova para justificar sus desmanes, lanzado con toda la intención para tapar sus vergüenzas una vez demostrado y destapado el tinglado urbanístico que montaron durante 8 años, así que no le deis bombo.
No le deis bulo, porque la responsabilidad no es equidistante y el PP debe dar cuenta de su modelo especulador, de su actividad política y de su labor contra la corrupción durante 8 años, de un modelo que ha empobrecido inexorablemente a los españoles, ha destrozado su patrimonio ecológico y cultural y ha depredado el territorio para gracia de un grupo de constructores afines a la derecha mediática que se han llenado los bolsillos. Todos tenemos un precio, todos tenemos debilidades, todos o casi todos caeríamos a las garras de don dinero. No tiene la misma responsabilidad el que vende droga que el que la compra, y así está estipulado en el código penal.Que los chorizos, sean del color que sean, paguen ante la Justicia. Mariano Rajoy, que perteneció a un gobierno que arrinconó a la Justicia y nos dejó limpias las Fiscalías Anticorrupción, pide ahora que el peso de la ley caiga sobre los ladrones, curioso, para él solo los hay socialistas, extremo que no se ha producido en declaraciones socialistas.
Afortunadamente este gobierno ha apostado fuerte por acabar con la corrupción y ha puesto en marcha decenas de unidades de anticorrupción, las ha dotado de medios y efectivos, ha reforzado a la Agencia Tributaria para perseguir delitos económicos, está entrenando agentes de Guardia Civil para investigar in situ delitos urbanísticos, ha reformado el Código Penal para perseguir testaferros y sobre todo, plantea medidas imprescindibles como una nueva Ley del Suelo más justa y transparente, que reserve el 30% de los nuevos desarrollos para hacer viviendas sociales, en la que el Estado recupere influencia en la gestión urbanística y se pague por la tierra su precio real y no por sus rendimientos anticipados.
La nueva financiación local que se está negociando debe dar también respuesta a este fenómeno y quitar de en medio definitivamente las tentaciones urbanísticas.No se puede ser equidistante. Unos pusieron en juego todas las condiciones para hacer de España un paraíso de mafias, especuladores y ladrones de guante blanco, mientras nosotros sufríamos el creciente precio de la vivienda. Otros están poniendo en juego todas las herramientas para perseguir todo delito urbanístico caiga quien caiga, algo que le honra. Si en 2003 el gobierno de Aznar paralizó las investigaciones de Malaya, hoy podemos congratularnos de que esa gentuza esté entre rejas. Como dijo Albert Castillón, experto en la trama Malaya, "jamás ningún gobierno ha hecho tanto como el actual para erradicar la corrupción urbanística". Eso hay que reconocérselo.
Si Rajoy no quiere recoger el guante para acabar con esa lacra él sabrá por qué, quizás porque sus dirigentes, incluido algún portavoz de su grupo, podrían tener serios problemas con la Justicia en breve.No podemos tampoco ser hipócritas y pretender girar un modelo en cuestión de meses. La gente suele criticar, “sí, se moderan las subidas pero sigue subiendo el precio de la vivienda, y las hipotecas siguen asfixiándonos, qué ha hecho el PSOE?”. Sería una locura un drástico cambio de modelo por cuanto nos guste o no, nuestra fortaleza económica reside hoy en el sector de la construcción. Se deben plantear medidas paulatinas que hagan aterrizar poco a poco el boom inmobiliario, porque supongo que tampoco nos convendrá que la economía haga “crack” y perdamos nuestro empleo.
La Ley del Suelo supondrá el inicio del verdadero cambio de modelo hacia uno más productivo, más centrado en la industria (la gran abandonada por Aznar) y más sostenible. De momento el fomento de las ayudas directas a los jóvenes, el tímido fomento al alquiler y la cifra record de promoción de viviendas VPO son hechos que hay que reconocer el gobierno por mucho que quede un eternidad por caminar.El PSOE está cumpliendo de momento y donde aparecen problemas actúa con cirugía, con contundencia y con higiene democrática, sin embargo el PP no rectifica, ni asume responsabilidades, ni tampoco acepta compromisos institucionales con el Partido Socialista, la respuesta de los dirigentes populares demuestra su empeño en seguir amparando y protegiendo a los especuladores y a los corruptos por encima de todo.
Mirar para otro lado no les va a salvar de dar respuestas ante la Justicia que tanto pide Rajoy, que no lo duden. Hoy en día sí tenemos un gobierno decidido a arrancar de cuajo el cáncer, afortunadamente.

lunes, 23 de octubre de 2006

Mazarrón, codiciado objeto de deseo


El municipio costero de Mazarrón se ha convertido, junto a los otros también litorales de Águilas, Lorca, Cartagena, La Unión, San Javier, Los Alcázares y San Pedro, en codiciado objeto de deseo de grandes corporaciones inmobiliarias cercanas al poder político-económico residente en el Palacio de San Esteban o Génova 13, del tipo “Polaris” (10.000 viviendas aprobadas y previstas en “El Mayorazgo”, con financiación de la Caja de Ahorros de Murcia) o “Hansa” (otras 5.000 con licencia, entre El Alamillo y la rambla de Valdelentisco, financiadas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Se trata de terminar de construir en los 41 millones de m2 de suelo ya recalificado que todavía queda, mediante convenios urbanísticos específicos, por el Ayuntamiento hoy gobernado por el PP en coalición con el PIxM del tránsfuga Domingo Valera, un pintoresco grupo político financiado curiosamente desde Murcia para controlar desde allí el total de este estratégico término municipal, con dos grandes núcleos de población y trece pedanías rurales dispersas para más de 25.000 personas, entre las que se engloban unos 18.000 electores, bastantes de ellos ahora residentes censados pero foráneos de hecho.

Lo sucedido en Mazarrón en 2003 y 1999 con el concurso electoral del PIxM (financiado en origen por grandes terratenientes agrícolas del municipio hoy convertidos en dueños de mucho suelo recalificado y/o promotores inmobiliarios) es algo muy similar al proceso experimentado con el MIRA (Movimiento Independiente para la Renovación de Águilas) en esas anteriores elecciones municipales en el pueblo costero colindante para despistar al electorado con una segunda marca, dividir el voto que no va al PP y procurar el gobierno en coalición con quien más dinero ha podido dedicar para financiar la campaña.

Es el “modus operandi”, a gran escala, a repetir en 2007, también en todos aquellos otros municipios de la Región de Murcia donde el ladrillo ha puesto su ojo especulador sobre un medio físico virgen: Caravaca, Calasparra, Bullas, Cehegín, Moratalla, Jumilla, Fortuna, Abanilla, Ricote, Ulea, Villanueva, Archena, Blanca, Cieza, Campos del Río, Ojós, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Alhama, Totana, Aledo, Mula…

La profusión de teóricos grupos locales independientes que nos espera en las próximas semanas, también revela el interés de las mafias por penetrar en el centro de decisión política de cada municipio citado, y los litorales apuntados más arriba, aprovechando las reglas del sistema pero malversándolo en origen por no aparecer nítidos los verdaderos fines ni una interesada financiación desde despachos profesionales o empresas con expectativas de hacer y deshacer a su antojo ante la fuerte despolitización de la sociedad murciana en su conjunto.

En el caso de Mazarrón, la permisividad urbanística ya se ha visto, sino animada, al menos sí tolerada desde Ayuntamiento y Comunidad Autónoma para un desarrollo inmobiliario desmesurado a partir de la recalificación masiva de las tierras de labor más cercanas al mar y generalmente propiedad de grandes tomateros de la zona como “Hernández Zamora” o “Durán”, entre otros. Es la misma dinámica de lo que viene sucediendo en Águilas (200.000 nuevas viviendas programadas) y Lorca con otros relevantes tomateros y sus socios encubiertos de Alhama para explicar la aparición ahora de partidos oportunistas para la ocasión, generalmente asociados a un medio de comunicación local cercano y financiado por un dinero fácil, a veces procurado por despachos “profesionales” de fuera pero que aspiran a mover los hilos dentro, más que nada porque la población cuenta con 33 playas en 35 kilómetros de litoral.

El nuevo PGOU de Mazarrón en trámite consolida una situación que ha colocado a este municipio en el pelotón de cabeza regional en cuanto a construcción de vivienda libre, entre enero y septiembre de 2005, con 1.726 construidas (sólo un 1,39% de VPO) frente a las 5.464 de Murcia, 2.798 de Cartagena y 2.014 de San Javier, y muy por delante de Molina (1.184) y Águilas (1.119). Significa un incremento del 54,7% respecto a las edificadas en 2001 (782) y un 7,83% en comparación con las 1.495 de 2004, que ya supusieron otro incremento respecto a las 1.181 de 2003, siempre con Francisco Blaya, del PP, como alcalde gracias a su coalición de gobierno con el PIxM de Domingo Valera. La composición actual del consistorio mazarronero es de nueve concejales del PP, ocho del PSRM-PSOE, tres del PIxM y uno de IURM.

Blaya es investigado por la Fiscalía del TSJ desde hace varios meses ante una presunta malversación de 60.000 euros de caudales públicos en beneficio del líder de su partido coaligado, Domingo Valera. Un consistorio al que no importa que se pierdan las señas de identidad de este pueblo al no pujar finalmente por “Casa Saura” e impedir el continuo destrozo de patrimonio arquitectónico histórico-artístico.

Los tratos de favor, las recomendaciones, discriminación en las aprobaciones, presuntas contrataciones ilegales…parecen moneda corriente en un ayuntamiento presidido por Blaya, donde los grandes empresarios de la localidad recalifican suelo cuando, dónde y cómo quieren, pese a que los más modestos ven despreciados sus necesidades y proyectos en beneficio de emprendedores foráneos con intereses urbanísticos, directos o indirectos, en este municipio. Puede ser el caso del necesario polígono industrial, aprobado en 2002 en una sesión municipal con una muy diferente correlación de fuerzas políticas, y que el actual alcalde ha venido trabando hasta que la mayoría de sus promotores privados de entonces han vendido sus participaciones o están a punto de hacerlo, hartos y aburridos de tanta zancadilla y falta de apoyo institucional a una iniciativa privada desde la sociedad civil de Mazarrón.

El momento ha sido aprovechado por el alcalde para procurar que otros de fuera, pero amigos suyos, arrebaten la iniciativa a los de dentro y quedarse con el negocio gracias al apoyo del grupo gobernante municipal y así poder ofrecer el logro a los electores de una idea que ahora se presentará como mejorada y en manos expertas.

En Mazarrón, donde el 70% del presupuesto municipal se dedica a personal, tienen la Policía Municipal mejor pagada y también de las más incontroladas democráticamente de la Región de Murcia. Su nombre se ha visto asociado al “caso Malaya” tangencialmente, tras el paso en tiempos de Carlos Sánchez (amigo de Roca) por “Ordenación Bahía” y “Playa Grande” como promotor inmobiliario y comprador de suelo. Sus gobernantes son reacios a integrar una futura provincia de Cartagena para no caer en manos de su depredadora mafia político-económica aunque han sido conniventes cuando desde allí se ha invadido el término municipal mazarronero con las cinco “Torres del Mojón” donde, al igual que en la promoción “Isla del Puerto”, aparecen dos nombres de familiares de ilustres mandamases de la capital regional: el abogado Daniel Valenzuela y el arquitecto Juan Sánchez Carrillo.

Y hasta son capaces de alterar el curso de la rambla de Las Moreras para que edifique un amigo o de autorizar en Bolnuevo más de una desaladora para satisfacer los intereses económicos de quien, en realidad, son los verdaderos dueños de todo Mazarrón mediante una dictadura en la sombra, que supuestamente hasta parece permitirse coger de forma ilegal agua del trasvase Tajo-Segura para regar sus campos de golf.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Mazarrón, Francisco García, ha dicho que la empresa Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L. ha manejado información privilegiada y recibido trato de favor por el gobierno municipal respecto a los terrenos rústicos que adquirió en la zona norte y que figuran como urbanizables en el avance del Plan General.

Según García, esos terrenos por sus características geomorfológicas "no serían urbanizables en condiciones normales" por lo que no tenían valor económico y, sin embargo, Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L. los compró a 12 euros el metro cuadrado a pequeños propietarios.
Informa asimismo de que la citada empresa se constituyó el 15 de noviembre de 2005, un mes después adquirió la deuda que el Ayuntamiento de Mazarrón mantenía con Urbaser, antigua concesionaria de la recogida de basuras, que ascendía a 7,2 millones de euros, "y a partir de entonces comienza a adquirir terrenos rústicos en la zona norte".

En opinión de García, Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L "se creó ex profeso para adquirir esta deuda y comprar terrenos en la localidad".

El edil socialista indica que el pasado septiembre el Ayuntamiento de Mazarrón aprobó el avance del Plan General de Ordenación Municipal, en el que esos terrenos figuran como suelo urbanizable.


sábado, 21 de octubre de 2006

Nervios en las alturas


Los escándalos de presunta corrupción urbanística que han salpicado decisivamente a la imagen pública percibida sobre la Región de Murcia en las últimas semanas, desde revelaciones de la prensa nacional y, más en concreto, desde el diario “El País” o la revista "Interviú", han provocado el nerviosismo de determinados altos cargos públicos implicados en la investigación de los fiscales anticorrupción, hasta llegar al extremo de intentar achantar abiertamente a periodistas que han colaborado en dichas informaciones y/o relacionados con determinados medios de comunicación no controlados por nuestras tramas locales, ahora bajo seria investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía, y a los que anteriormente los mismos personajes probaron primero en persona a comprar su conciencia y/o voluntad mediante dádivas. Al no conseguirlo, ahora en algún caso, prueban con las "advertencias", gracias a una cacareada supuesta influencia sobre determinados soportes, sus directivos y propietarios, aunque a renglón seguido pidan perdón por su exceso verbal y el "farol" que se han marcado. ¡ Qué nivel moral !

A los anteriores casos de periodistas indómitos amenazados sin caretas en los últimos meses y, a partir, de comienzos de 2006, desde centros locales de poder político-económico y empresas promotoras bajo fuerte sospecha criminal, casos de Chema Gil (“Gaceta del Mar Menor”), Alberto Castillo (Radio Murcia-SER), Jesús Pons (“Vega Media Press”) y Francisco Poveda (“Economía Avanzada”), hay que añadir ahora esas nuevas coacciones, incluso sutiles presiones, de las mafias sobre alguno más concreto del resto de los periodistas independientes murcianos, por parte de quienes desesperadamente buscan una impunidad mediática, ya imposible conforme se estrecha el cerco policial en torno a ellos, hasta perder los papeles e intentar, una vez más en la última década, matar al mensajero o mensajeros con los peores modos imaginables en un régimen de libertades públicas, entre ellas las constitucionales básicas de prensa y expresión.

En paralelo, esbirros y envíados "blandos" de esa descompuesta pirámide de corrupción, hoy sin solución de continuidad, están intentando a la desesperada un acercamiento suave al grupo de los periodistas independientes de la Región de Murcia, utilizando a personajes menos pringados por ser de aristas más recortadas, en busca de un rápido pacto vergonzante y “contra natura” hasta las elecciones del 27 de mayo próximo, dadas las enormes dificultades que se avecinan para salvaguardar los nuevos intereses económicos de gentes muy destacadas, desde una impunidad puesta en riesgo objetivo por los medios de comunicación sin hipotecas que, finalmente, han provocado entre nosotros la intervención contundente e irreversible del Estado frente al crimen organizado y con todo su sistema legal democrático por delante.
La alianza entre esas mafias emergentes y una extrema derecha murciana de nuevo cuño tiene hoy su principal obstáculo, para lograr sus inconfesables objetivos, en una prensa alternativa realmente libre, que señale el camino a la Fiscalía. La creación, control, alquiler o compra onerosa de medios de comunicación complacientes, para silenciar todo lo que estaba pasando y no se veía, ha resultado un rotundo fracaso por mor de las nuevas tecnologías y la existencia entre nosotros de periodistas con dignidad y coraje en medio de tanto fango acumulado desde la codicia y la falta de principios. Sin ellos, prácticamente nada trascendente se hubiese sabido.

Tal situación de tensión emocional ha provocado ya, igual que en la Rusia de Putin por aquello de intentar vengar las propias culpas con escarmientos de corte gansteril a quienes no se doblegan ante las mafias surgidas de un capitalismo local degenerado, denuncias antes las autoridades corporativas, gubernativas, policiales y judiciales, al objeto de solicitar un mínimo de discreta, aunque eficaz, protección para esos periodistas murcianos a los que sin ningún pudor se intenta silenciar, dentro de un último esfuerzo oficial para que el cuerpo electoral no llegue a percibir, antes de esa decisiva fecha de cita con las urnas, la verdadera calaña oculta de las gentes que, desde amplios sectores del poder establecido, tienen secuestrada la soberanía popular de la Región de Murcia en beneficio de unos pocos privilegiados, cuyo único mérito consistió en financiar determinadas campañas electorales y utilizar concretos despachos profesionales, especializados en tráfico de influencias, para asesorarse sobre el método extralegal a seguir.

lunes, 16 de octubre de 2006

El triángulo de la impunidad



El Estado se dispone, sin más retraso, a restablecer el orden legal en el triángulo geográfico que forman las ciudades de Alicante, Murcia y Cartagena, gobernado mayoritariamente por consistorios y gobiernos autónomos del PP y donde, según todos los indicios, la presunta delincuencia urbanística parece alcanzar toda su virulencia ante la sensación generalizada de impunidad por parte de las mafias locales del sector inmobiliario. El proceso se presenta ya como irreversible, según fuentes posteriormente consultadas del Ministerio del Interior, y alcanzará plenamente a los tres últimos años.

Se trata de averiguar, entre otros muchos extremos, el concurso de esas tramas criminales en la financiación de los partidos y políticos de la zona, y el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, amén del origen de los capitales invertidos y las eventuales afecciones al medio ambiente. La Guardia Civil será la única encargada de todas las investigaciones, según confirman medios de comunicación afines al PSOE. Un núcleo central de 30 agentes, con un comandante al frente, podrá venir ya a prestar apoyo desde Madrid a la fuerza desplegada en nuestra región.

Tras la intención del Gobierno, revelada hoy por el diario “El País”, de desplegar en ese “triángulo” a partir de enero una fuerza especializada operativa cercana al medio centenar de efectivos, dependiente directamente de la Fiscalía Anticorrupción, también anida el ánimo oculto de inflamar los primeros meses de 2007, por previos a la campaña electoral de finales del próximo mes de mayo. Aunque el fiscal-general Conde-Pumpido ha dicho hoy en el Senado que la Justicia “no está para favorecer procesos políticos” también ha puntualizado que “tampoco está para obstaculizarlos”. Al PSRM le puede venir esto, y nunca mejor dicho, como agua de ídem. Este partido cuenta aquí con la cadena SER como altavoz idóneo cuando “El País” habla ya abiertamente en sus páginas de “Puerto Mayor” y “Polaris” en nuestro caso.

Murcia será la región donde se esperan los mejores y más espectaculares efectos de la actuación inaplazable del Estado como forma de escarmiento. No en vano, desde la Región se ha venido provocando e insultando, en plan cortina de humo, a miembros del Gobierno legítimo de España y a los presidentes de otras regiones, Barreda, Maragall o Iglesias, como parte de una sucia estrategia manipuladora del tema del agua y de los trasvases, y que ahora encuentra una respuesta acorde para las cuestiones que, como sociedad diferenciada, nos ponen en tela de juicio frente al resto de las sociedades españolas. Se trata de restarnos legitimidad por vociferantes.

Por otra parte, la diferencia máxima de nueve puntos en intención de voto entre el PP de Valcárcel y el PSRM de Saura (doce, en el caso de la Comunidad Valenciana), aconseja sacar partido de los errores del largo mandato del adversario y poner blanco sobre negro aplicando la ley de forma implacable. Los analistas coinciden en que la eventual victoria de Saura necesita, en cualquier caso, de cierto tipo de fórceps para terminar siendo redonda, y que una “limpieza” de los delincuentes de cuello blanco puede atacar las bases financieras de una extrema derecha que mueve los hilos del PP murciano. Parte esencial de las investigaciones son los incrementos no justificados, ni justificables, de patrimonios personales, ya en marcha y a cargo de unidades de la UCO, Seprona y Policía Judicial especializadas en la lucha contra la delincuencia económica, organizada y medioambiental, y basadas desde hace meses en Cartagena unas y las otras de siempre Murcia.

En ese sentido y, según “El País” de hoy lunes, un Grupo especializado de la Guardia Civil que viene hacia aquí, combatirá el delito urbanístico tras las múltiples denuncias ciudadanas recibidas por la Benemérita en las últimas semanas. La alarma social causada por los supuestos abusos de determinados constructores con premio de la Cámara de Comercio, cierta complacencia de la patronal CROEM y la financiación privilegiada de “Caja Murcia”, es el origen de una decisión que pone a la Unidad Central Operativa (el núcleo de elite de esta fuerza policial) a disposición de la fiscalía Anticorrupción y destina a la Comandancia de Murcia a un mínimo de tres agentes permanentes, especializados en investigar presuntos delitos de corrupción urbanística.

Antes de las elecciones de mayo, el Estado pretende detectar y reprimir todos los delitos urbanísticos en suelo murciano y concluir la investigación sobre tramas mafiosas relacionadas con otros delitos que afectan a la ordenación del territorio. La dotación de personal idóneo y medios materiales suficientes a la Guardia Civil de la UCO tiene que ver con la reciente creación en nuestro TSJ de un fiscal anticorrupción (Alcázar Vieira de Abreu) y de un fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente dentro de la propia Fiscalía General del Estado. El núcleo central y móvil de la UCO se ubica en Madrid y depende de un coronel.

Otros agentes de la UCO investigan discretamente desde hace algunos meses la relación directa de determinados patrimonios emergentes con determinados presuntos delitos y delincuentes de cuello blanco, hasta probar su vinculación con el fruto de una actividad ilegal del investigado. Murcia es señalada por el mando unificado de la Policía Nacional y Guardia Civil como una región donde menudean, mucho más que en otras, presuntos casos de corrupción urbanística.

Los datos e inventario en manos del Seprona contra la ordenación territorial por cuestiones relacionadas con obras y edificaciones ilegales desde 2003, servirán de guía y partida a las nuevas investigaciones sobre procesos mercantiles sobre el suelo, aguas, costas y vías pecuarias en la Región de Murcia para determinar luego la Fiscalía infracciones urbanísticas penales y administrativas sobre nuestro territorio. Un equipo delegado del de Investigación Central Medioambiental también actuará en breve para reprimir los delitos o ilícitos penales contra la ordenación del territorio en zonas que, como la nuestra, ha experimentado un mayor crecimiento y desarrollo urbanístico en muy poco tiempo.

viernes, 13 de octubre de 2006

El salón de los capos/El Minarete


Francisco Poveda

Antes de Santa Lucía y de que los días vuelvan a crecer, la Región de Murcia volverá a ver la luz de la decencia. De aquí al 13 de diciembre se esperan en Murcia y Cartagena sonadas detenciones de conocidos personajes de la política y los negocios, a cargo de brigadas especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ahora con un eficaz mando único de 44 años, al objeto de cortar de raíz el poder económico y el súbito crecimiento de las mafias locales con base en la corrupción urbanística y peligrosas amistades en el exterior. La detección de demasiado dinero ruso, de dudosa procedencia, en determinadas manos murcianas encendió la alarma policial y alertó a los sensibilizados políticos norteamericanos.

Será, es, una de las derivaciones de la “Operación Malaya” pero que aquí tendrá nombre propio y unos protagonistas sorprendentes, por muy conocidos algunos e inesperados otros. Podemos estar en vísperas de una verdadera catarsis de nuestra pequeña democracia, afrentada tras la codicia desatada en aparentes ciudadanos teóricamente entregados a un interés general, al que han tumbado brutalmente en los últimos tiempos aunque con mucho menos beneficio y más riesgo del que esperaban. Su número fatal es el 42, que son precisamente los meses de un desatado frenesí de Cabo Palos al Noroeste pasando por la Castellana.

Las significativas deserciones expositoras en un reciente salón inmobiliario regional, muy parcial y desangelado en su última edición, más conocido ya de antes como el “salón de los capos” (trajes de Armani, vehículos de gran cilindrada, jóvenes amantes y algo de polvo blanco) son todo un síntoma de la tormenta que se aventa y de la esperada decisión del Consejo de Ministros de retirar temporalmente las competencias de supervisión urbanística a la Comunidad Autónoma por su presunta violación sistemática de la legalidad vigente. Por algo más que una ocupada agenda no apareció esta vez Valcárcel por el sospechoso Torre Pacheco.

Sería la primera y triste vez de algo así en la reciente historia descentralizadora de España por un ¿inmoral o amoral? desempeño de funciones públicas, que debe sentar precedente para Andalucía y la Comunidad Valenciana en primer lugar. Pero el escarmiento se prefiere dar en una región pequeña, atrasada (la penúltima, según el último estudio de las cajas de ahorro), dividida y casi irrelevante por representar en el contexto nacional un 2,5% en casi todo. Crear la provincia de Cartagena no añadiría valor económico y seguramente complicaría el “statu quo” político aunque sea de justicia tender sin prisas a su creación al margen de ocultas intenciones y las fuertes resistencias a perder poder algunos desde Murcia.

Un determinado consejero del actual gobierno autónomo puede tener, debido a esa supuesta falta muy grave, serias dificultades con la Justicia en los próximos meses y, hasta el propio presidente-candidato, podría verse obligado a declarar en un sumario, aunque sea por escrito, en/desde su despacho de San Esteban. De verdadera traca todo esto, a medio año de las elecciones locales y regionales, de llegar a producirse finalmente esa inhabitual circunstancia desde una institución mucho más impermeable a las presiones mafiosas y con mayor capacidad de resistir la corrupción.

Hay quien busca por eso, desesperadamente, llegar a ser cuanto antes diputado regional para disfrutar del estatus de persona aforada. Puede ser el caso de un relevante, y como ahora vemos, ingenuo concejal-constructor huertano, con relaciones societarias bastante comprometidas a día de hoy por su pulso a una devaluada mafia cartagenera tras el golpe asestado en Marbella a los testaferros de prominentes republicanos de nuevo cuño. ¿Está dificultando esa circunstancia la reforma del Estatuto de Autonomía para no tener que abordar la creación de una nueva provincia? La mafia de Lorca ya se encarga de enredar con Murcia para complicar la situación, amenazando con pedir la suya para que todo siga igual: pacto histórico a dos contra uno, si no, ¿cómo pudo gobernar Collado tanto tiempo?

Diversas fuentes policiales y de la Audiencia Nacional coinciden en confirmar en privado la existencia real de una lista de ilustres ciudadanos a detener en nuestra región a raíz de unas diligencias previas relacionadas con algún tipo de presunto delito económico a gran escala y que hace unos meses podría haber llevado hasta las islas Caimán, en el Caribe, a un conocido financiero lorquino en busca de avales suficientes para una tan enorme operación, que hizo recelar al Departamento de Estado USA por su cuantía, hasta truncarla. Eso obligó a mirar a un singular, por muy profesional, paraíso fiscal europeo y a mantener unas accidentadas negociaciones, aún sin cuajar por la resistencia de la mitad de una de las partes. Hay que decir, que tanto el BBVA como el BSCH se negaron en su día a emitir esos avales al verlo todo muy polarizado, aparentemente en manos exclusivamente murcianas y sin las suficientes garantías de devolución.

La guerra abierta de años entre las mafias político-económicas de “cuello blanco” de Murcia y Cartagena ha provocado tal escalada de “y yo más”, que el intento más determinante de retorno a la normalidad ha requerido de un alto consenso institucional nacional para una definitiva solución policial y judicial, que tratará de descriminalizar de raíz la actual vida pública murciana; un hecho que también preocupa en Bruselas tras conocerlo oficiosamente hace más de año y medio, el comisario de Justicia, Franco Frattini, por medio de algunos murcianos discretos desplazados al efecto y tras hacerle llegar previamente algunos indicios racionales y provocar su interés. Durante cierto ministerio, el CNI no ha sido ajeno a lo que sucedía en la Región, hasta colar “topos” en San Esteban y trillar teléfonos de gentes conocidas por muy activas en la política y los negocios.

El nuevo mando unificado de Policía y Guardia Civil ya ha ordenado actuar en la Región de Murcia en dos frentes, en coordinación con los fiscales anticorrupción y de delitos urbanísticos o medioambientales, para descabezar de cuajo la delincuencia de “cuello blanco” con equipos de especialistas basados en Madrid y no susceptibles de ser influidos por un determinado entono. Se van a investigar y analizar patrimonios personales y, de paso, a investigar también la delincuencia organizada y los atentados flagrantes contra el medio natural. El objetivo político es acabar en nuestra tierra con una sensación generalizada de impunidad entre los que manejan mucho dinero fácil con origen en la corrupción desatada. Corruptores y corrompidos van a estar muy pronto, si no lo están ya, preocupados en la Región de Murcia. Parte del trabajo lleva algunas semanas terminado.

La presión financiera de las mafias foráneas para blanquear dinero del tráfico de droga en la muy rentable construcción o en suelo edificable, su capacidad de corrupción y coacción, parece la explicación más plausible a una desatada e irracional expansión urbanística que, con la complicidad de determinadas instancias públicas (son bastantes los políticos en oferta para ser corrompidos), se ha desarrollado también en la Región de Murcia aunque todavía de forma incipiente. De lo que ahora se trata es de abortar este nuevo ciclo delictivo y de detener esta corrupción rampante antes de que sea más determinante en la vida de todos los murcianos.

Está por probar sus conexiones estructurales con nuestras mafias locales y sus inversiones menores con dinero gris, pasado por Caimán y mezclado con otras monedas hasta confundirse. Nuestros mafiosos cercanos están callados o de viaje estos días de “puente” al saber del desplazamiento de dinero negro desde otras costas a la de Murcia, como un nuevo territorio de oportunidad pese al movimiento policial y judicial en torno a instituciones debilitadas por la corrupción aunque en la creencia de que, por el contrario, se estaba creando empleo y riqueza entre los votantes de cara a 2007. Son mayoría los alcaldes de la Región a quienes poco importa que, de forma irreversible, se deshaga nuestro medio ambiente tan bien conservado.

La no casual casi reaparición pública de Antonio Gómez Fayrén, uno de los pesos pesados de la política regional de la derecha murciana y, en principio, para sustituir al cartagenero Francisco Celdrán al frente de la renovada Asamblea Regional, puede tener mucho que ver con las eventuales consecuencias últimas de toda esta situación al reservarlo los poderes fácticos como una alternativa de urgencia en caso de que los efectos de las operaciones en marcha aconsejasen alguna dimisión inevitable, aún tras el 27 de mayo, o una retirada “in extremis” de la carrera electoral previa a esa fecha. Los cartageneros del PP se han lanzado ya a la yugular política del inquilino de San Esteban, con todo su poder político residual y fuero activo, por disputarles a los suyos territorio y negocio.

Asegurado el eventual relevo por una figura previsible y servidora del Estado como alto y leal funcionario, por si no ganara el PSRM de Saura las autonómicas próximas, quedan abiertas todas las posibilidades. Durante el pasado verano las actividades policiales sobre nuestro territorio han sido más que intensas y la Fiscalía del TSJ no ha llegado a cerrar por vacaciones. En esos tres meses de canícula, quienes se saben en las citadas listas han pasado los peores días de su vida ante la incertidumbre de ser detenidos en cualquier momento y, tal vez, hasta en presencia de su propia familia.

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