El capital amortiza a Valcárcel/El Minarete

Francisco Poveda

El PP murciano se desangra a borbotones, herido de muerte por la rampante supuesta corrupción, que no le cede, desde Águilas a Cartagena y desde Ulea a Murcia. (Al alcalde aguileño Juan Ramírez, ya no lo presentan a la reelección ante todo lo que le espera en el TSJ de aquí a mayo, y le reemplaza de urgencia, Inmaculada García, la actual consejera de Hacienda).

El miedo cierto a la derrota electoral se ha instalado en el corazón del Palacio de San Esteban, sin solución de continuidad, aunque todavía no se perciba desde fuera, y son muchos los cargos públicos que, desde la ventaja de tener las manos limpias y los bolsillos vacíos, miran ahora con notable expectación hacia ese nuevo partido regionalista de centro, Unión Democrática de la Región de Murcia, que muy bien se puede llevar los miles de votos que no quieren legitimar por más tiempo el presunto expolio y saqueo, a mayor escala a manos del amigo concejal, el gran hermano y algunos clientes muy significativos de su, cada día, más claro despacho de presunto tráfico de influencias. El rumor, que había llegado a la Fiscalía, es ya un clamor en todos los ambientes más avanzados de nuestra tierra.

Algunos tienen ya más futuro penal que político, como ha dicho el líder socialista regional, Pedro Saura, de Pilar Barreiro, la todavía alcaldesa de Cartagena, en medio de la galerna desatada por un “Lo Poyo”, cuya masiva recalificación urbanística por el gobierno Valcárcel de turno, tumbó el Tribunal Supremo en su día por un recurso judicial de los grupos ecologistas murciano-cartageneros. Ahora se miente sin pudor a todos los murcianos con la confusión de decir que el gobierno autónomo no permitirá ya ni una sola construcción en esa finca colindante con la orilla sur del Mar Menor, en el codiciado término de Cartagena.

¿Alguien sabe, por cierto, de las verdaderas andanzas y pitanzas del arquitecto municipal de Cartagena y destacado miembro del Opus Dei, señor Masdeu? Investiguen, señores fiscales, por si acaso. Los “gargantas profundas” de la zona no paran de aherrojar tramas de supuestas relaciones para la conspiración urbanística.

La suerte está más que echada para todos ellos con algunas excepciones muy contadas. Gómez Fayrén, un hombre libre y refractario a la trágala, ha cruzado su particular Rubicón y se ha instalado claramente en la acera de la honradez antes de ser engullido por los grandes errores de los más necios. (¿Le ha avisado, para que se aparte a toda prisa de ese cirio, su amigo y fiscal anticorrupción, Alcázar Vieira de Abreu?) El alto funcionario del Estado ya no se identifica con Valcárcel ni con su estrategia donde, supuestamente cabe, que el consejero-portavoz, Cierva, intervenga sin tapujos como intermediario de “Polaris World” en la compra de suelo dentro de la Región sin ser cesado de manera fulminante en su cargo institucional.

En Génova 13 no dan crédito a noticias así, que llegan desde Murcia un día sí y otro también. La alternativa interna nacional no cuenta para el futuro con el todavía presidente regional murciano, preso de la presunta gran corrupción que le supera por doquier, y abandonado políticamente por Rajoy, puesto al tanto desde Interior de la que aquí se avecina más pronto que tarde. Nadie apuesta ya por su salida como eurodiputado en Estrasburgo, tal como sería su deseo. Cristina Gutiérrez-Cortines está más segura que nunca.

Y es que parece más cerca el día para que otro Valcárcel, de los de siempre en Mula, sea requerido por un juzgado de Lo Penal y ahí comience a saberse desde la Fiscalía todo lo imaginable sobre el trasfondo de la manipulación con el tema del agua. Será el punto de máxima inflexión de un antiproyecto político regional falsificado, oportunista y hueco, que ya no da más de sí porque su traducción real se ha revelado depredadora con la sociedad democrática y el medio ambiente, por más que ahora se quiera reducir el supuesto fraude urbanístico, que parece salpicar de lleno al PP regional, solamente a la cartagenera “banda de Trillo” y “Lo Poyo”, con el lugarteniente y capo del juego, Andrés Ayala, al frente.

El diputado popular parece estar muy rodeado a estas alturas de las investigaciones policiales y a duras penas podría cubrir a su jefe el ex ministro y al ex alcalde socialista Alonso, socio suyo en una empresa, sita en el madrileño Paseo del Prado, justo encima del Café Gijón, para intentar aprovecharse del paso de sus amigos por el poder, gobierne quien gobierne desde La Moncloa.

Algunas escenificaciones y gestos preelectorales aparentes, de comprensión y enmienda, no son más que ajustes de cuentas entre expresiones mafiosas a uno y otro lado del puerto de la Cadena. Se están peleando, aquellos y éstos entre sí, por un mismo botín que ya no hay manera de engrosar mucho más por culpa de Zapatero y su decálogo por un urbanismo ético, muy forzado desde Bruselas por el Parlamento y la Comisión Europea tras el fiasco urbanístico, que a tantos europeos afecta, en la vecina Comunidad Valenciana. Hasta Putin y el “Washington Post” se han hecho este mismo mes público eco de nuestras últimas miserias públicas.

Pero el rasero no se aplica aquí igual a “Nova Carthago” que a su colindante “Lo Poyo” porque las comisiones al primero ya fueron cobradas desde Murcia. ¿Por quién? Todo parece indicar que por el “nazareno”, apodo de bribón puesto por los mismos corruptores, según la Policía, al alto comisionado para “hacer caja” lo más rápidamente posible. Éste repartiría luego a tres bandas, según todos los indicios, entre avezados danzarines y corifeos de nuestro folclore más tradicional y costumbrista. La Guardia Civil tiene en su poder el diseño del “modus operandi” de esta supuesta mafia política de nuevo cuño pero muy reducida de tamaño para tocar a más.

La situación es de tal descomposición interna que no será Gómez Fayrén, probablemente, el último significativo político de la derecha decente que renuncie a continuar por más tiempo en ese barco, parece que repleto de corsarios, bucaneros y piratas, desencantado, como está, de la coordinación de la campaña electoral de un PP murciano cercado y a la defensiva en su derrota hacia ninguna parte por más televisiones afines onerosas que ponga en marcha Valcárcel para contar nuevas y viejas mentiras a todos.

El ex vicepresidente podría acabar con un papel relevante en esa nueva alternativa de centro-derecha, sabiendo como sabe, todo lo que sabe. Su talante le procuraría ser recibido con cariño pese a sus años en San Esteban, afortunadamente para él de mucho desencuentro con los golfantes y cerriles que allí se han hecho fuertes, avaros y más abúlicos que nunca. Avalistas no le van a faltar al inspector de Hacienda entre los voluntarios a financiar el desarrollo de este partido murcianista moderado, que catalice nuestras aspiraciones políticas más cercanas. “Murcia para los murcianos”, reza el lema de UDeRM ante el efecto llamada de los gobiernos de Valcárcel a todos los especuladores de España para que compren de saldo y revendan luego nuestra tierra con unas plusvalías que nunca se quedan aquí para enriquecer a todos los murcianos. Eso sí, con fuertes propinas y comisiones a los conseguidotes.

No hay que descartar tampoco la reaparición en escena del honrado concejal y catedrático de Química Orgánica, Ginés Navarro, el primer mártir histórico de “Nueva Condomina”, con todo su crédito intacto por haber antepuesto en su día los intereses generales del municipio de Murcia a los particulares de las Koplowitz y sus chulescos testaferros. Por algo más que prudencia y cuestión de agenda no apareció el Presidente en el partido-inauguración del nuevo estadio de tierno césped porque ese es un “marrón” que debe tragarse políticamente en solitario quien ahora aparece como único responsable de la madre de todos los convenios urbanísticos.

¿Investiga todavía la UCO de la Guardia Civil al alcalde Cámara, al concejal Fernando Berberena, a la concejala Pilar Megía (más que íntima de Valcárcel en otra época), al también concejal Moya-Angeler, al notario y promotor inmobiliario, Julio Berberena (hermano del anterior), y al abogado y asesor de urbanismo de “Nueva Condomina”, el alicantino Juan Enrique Serrano? Diversas fuentes policiales solventes creen que esa supuesta investigación estaría muy avanzada y en fase de primeras conclusiones respecto a posibles incrementos recientes de patrimonio.

El mundo del dinero murciano más clásico cree ahora, por todo eso, mucho más en Gómez Fayrén que en un alcalde de Murcia bajo una duda razonable o en un presidente regional arrinconado y sin salida política alguna, perdida como tiene ya la mayoría absoluta utilizada en demasía para abusar del poder otorgado por una Asamblea Regional a la que siempre despreció pese a ser la esencia de nuestra soberanía ciudadana. Los apoyos a la nueva formación y posibles coaligados, como el Centro Democrático Liberal (herencia ideológica de UCD y CDS), tienen bastante que ver con el anhelo de construir con urgencia un centro-derecha regional, civilizado y europeo, ante la extrema derecha, parece muy criminalizada, que se ha apoderado del control político y económico de la Región, con ayuda de elementos empresariales emergentes de muy dudosa catadura moral, amén de sospechosos de una larga lista de presuntos delitos de “cuello blanco” con un primer origen en el supuesto blanqueo de capitales opacos provenientes de la economía sumergida.

Precisamente por lo anterior, la empresa murciana de la economía productiva, frente a la resistencia numantina de la especulativa en trance de entrar en barrena, apoya sin ningún género de duda el nuevo proyecto político de UDeRM para la Región. Hasta el potentado industrial e inversionista de Alhama, Tomás Fuertes, parece encantado con que haya surgido una alternativa de ese perfil ante el riesgo que sus intereses corren ya con un PPRM sin rumbo y sin dueño cierto por estar casi todos sus dirigentes afanados en eso mismo. El capital autóctono más genuino (Vivancos, Huertas, Muñoz, Tomás, Zambudio, Fuertes, Montoro, Del Rivero, Galdón, Marín…) hace tiempo que tiene amortizado a Valcárcel y descontados los efectos adversos de su política de continua improvisación y de giros sin sentido por, cada vez, más esperpéntica e ineficaz. La Derecha inteligente y ese capital han sentenciado definitivamente a un presidente incapaz de controlar una situación que aconseja recambio por otra marca política y otros equipos de gestores públicos. Todo eso se evidenciará en pocas semanas para respaldar mucho más a los promotores de UDeRM.

El nuevo partido UDeRM, promovido y liderado por el prestigioso abogado liberal-católico Diego de Ramón, se ha fijado como prioridad desalojar de todos los resortes de cualquier poder a los corruptos que nos invaden. En ese sentido, se va a personar como formación política legalizada en todas las denuncias que efectúe en nuestra región la Guardia Civil como consecuencia de las diligencias ordenadas por la Fiscalía, incluso en las que afecten eventualmente a determinadas entidades financieras como cooperadoras necesarias para delinquir.

A juicio de su gabinete jurídico, algunos ilustres ciudadanos de la Región de Murcia han olvidado que, en cualquier país democrático serio, primero la prensa libre y responsable no se calla una, luego la sociedad civil denuncia cualquier indicio racional de delito público, a continuación la Policía investiga a fondo, en consecuencia la Fiscalía imputa y/o acusa, finalmente la Judicatura encausa y sentencia para restablecer las bases de la legalidad, tal como corresponde en un Estado de Derecho minimamente desarrollado.

En ese sentido, y especialmente en la actual situación de la Región de Murcia, es más que esperanzador para los escépticos con la Justicia que una jueza de Molina de Segura, Claudia López Peña, acabe de sentenciar a favor de “Vega Media Press”, razonando, en base a la sentada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, con dispensa a informaciones y opiniones de la protección constitucional a personajes de relevancia publica, que nuestra sociedad es altamente detractora con cualquier tipo de censura y sumamente protectora de la capacidad de crítica. Luego dice que “…es jurisprudencia consolidada de nuestro T.C. y otros de la Unión Europea, que las personas que ejercen funciones públicas deben soportar mayor riesgo de injerencia en sus derechos que las personas privadas”. Por todo ello conviene que de las expresiones controvertidas sobre asuntos que atañen al interés público, según la citada doctrina del T.C., se excluyan la afectación de la intimidad y se amplíen los límites de la crítica permisible a esas mismas personas. En consecuencia concluye que quedan amparadas por las libertades de expresión e información, “no sólo críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar”. ¿Qué opinará de esto el consejero Bascuñana?

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