Los socialistas hablan ahora del agua del Ebro

El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, realizó hoy una oferta de diálogo al presidente de la Generalidad, Francisco Camps, para establecer las bases de un "gran pacto del agua" que pase por la defensa del Júcar y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura (en la imagen), sin excluir la posibilidad de trasvasar recursos de otras cuencas, incluida la del Ebro.

En rueda de prensa, Pla instó a Camps a "abandonar sus intereses partidistas" y a defender una posición de "consenso" entre las dos principales fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana en materia de agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la Conferencia de Presidentes convocada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el próximo jueves.

El líder de los socialistas valencianos pidió al jefe del Consell que se reúna con él antes de ese día para alcanzar un pacto en materia de agua, en el que el PSPV condicionará la ejecución de trasvases procedentes de otras cuencas vecinas al nivel de "satisfacción" de las necesidades hídricas de esta autonomía en un medio plazo de aplicación del Programa AGUA.

El portavoz del Consell, Vicente Rambla , reprochó hoy al secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, que su propuesta de diálogo para alcanzar un pacto sobre el agua antes de la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo jueves llega "tarde y mal".

Rambla señaló a los periodistas que Pla no ha aportado nada a la agenda de la tercera Conferencia de presidentes autonómicos, ni tampoco ofrece respuestas a los problemas que afectan a la Comunidad Valenciana.

Consideró que el dirigente de los socialistas valencianos, después de un mes de vacaciones, "no se ha involucrado" en cuestiones "fundamentales" para la defensa de los intereses valencianos, en concreto en lo relacionado con temas hídricos o de servicios públicos.

El conseller lamentó además la actitud del presidente del Gobierno por no haber permitido la celebración de reuniones previas para preparar la agenda y los contenidos de la Conferencia del jueves, y consideró que el objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero es "salir en la foto" con los presidentes autonómicos.

El jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, dijo ayer en ese mismo sentido que la Conferencia de Presidentes convocada por Rodríguez Zapatero para el próximo jueves “carece de contenido político y sirve para tratar de vender imagen”, y criticó que este encuentro no ha estado precedido de reuniones preparatorias, pese a haberlo solicitado. En un comunicado del Gobierno de Murcia, el presidente manifestó su confianza en que la reunión “sea algo más que una simple foto o un gesto para la galería”.

“Muchas comunidades nos tememos que se quedará en una mera excusa para la pose, la escenificación y la sonrisa”, añadió el presidente murciano, quien advirtió de que esta reunión entre los responsables autonómicos y Zapatero “corre el riesgo de quedar despojada de verdaderos contenidos”, por lo que “se imposibilitarán acuerdos de alcance necesarios para la vertebración del Estado”.

En este sentido, explicó que las comunidades “han pedido durante las últimas semanas la celebración de reuniones preparatorias a la conferencia”, y lamentó que “todas las solicitudes han sido rechazadas por el Ejecutivo central”. Asimismo, añadió que “sólo el problema del agua o el de la inmigración darían para una sesión monográfica”.

Por otro lado, Valcárcel expresó sus dudas sobre los compromisos anunciados por Rodríguez Zapatero en materia de agua, y recordó que éste “aseguró en el último Debate sobre el Estado de la Nación que en siete meses se solucionaría para siempre la escasez de agua en España”.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, afirmó ayer que en la Conferencia de Presidentes convocada por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, “Valcárcel va a defender los intereses de los especuladores y de los socios de su hermano por encima de los de la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia”.

“No hay duda de que Valcárcel va a llevar a la mesa de presidentes de comunidades autónomas la voz de los especuladores, que es para los que quiere el agua”, y apuntó “algunos de los que representan a este grupo, como los socios de su hermano, los de Sánchez Carrillo o los del alcalde de San Javier”.

Para Jara, Valcárcel “no es un interlocutor válido para los murcianos”, por lo que urge en la Región es un cambio de presidentes que mire por los intereses de la mayoría y no sólo por los que se están inflando a ganar dinero con su forma de hacer política.

El portavoz del PSOE recordó que el presidente Rodríguez Zapatero “ha hecho lo que no hizo Aznar en todos sus años de gobierno: reunir a todos los presidentes de las Comunidades Autónomas para hablar de los temas que interesan a los ciudadanos de cada territorio, entre ellos, el tema del agua, que para Murcia es una prioridad”. (Efe)

Camps apuesta por Crespo para presidir la CAM

La apuesta inequívoca del Gobierno valenciano por Modesto Crespo (en la fotografía de la derecha) como uno de los hombres fuertes de la economía alicantina se antoja a largo plazo. Tanto es así que el Consell tiene previsto avalar al máximo dirigente de la patronal provincial COEPA para que alcance la presidencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia próximas al Ejecutivo autonómico.

Crespo, que ya conoce de primera mano las intenciones del Consell, fue elegido presidente de COEPA el pasado mes de junio gracias a una victoria aplastante entre el empresariado alicantino. Desde entonces compagina su cargo en la patronal con la presidencia de la Institución Ferial Alicantina (IFA), donde hace apenas dos semanas fue reelegido por petición expresa de la Generalitat. Crespo aceptó la renovación aunque advirtió que dejará la presidencia en el plazo de unos meses. En este tiempo, se ha ganado la confianza del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller de Hacienda, Gerardo Camps, quienes necesitan referentes económicos en la provincia de Alicante. Por ello, el Gobierno valenciano tiene reservados objetivos superiores para este empresario de la automoción en la quinta caja de ahorros por volumen de negocio de España.

Límites legales

Para llegar a este punto, no obstante, habrá que aguardar al año 2010. En el actual proceso electoral en el que está inmersa la caja de ahorros -que finalizará el próximo 2 de febrero- la entidad alicantina renovará a once de los veinte miembros de su consejo de administración.

Uno de los que tiene garantizada la permanencia en el cargo es el actual presidente, Vicente Sala, que forma parte del máximo órgano de gobierno en representación del grupo de impositores.

Sin embargo, el límite de edad -fijado en setenta años- que estipula la ley de Cajas de Ahorros como tope para formar parte del consejo de administración, limitará su renovación a tan solo tres ejercicios, según confirmó la entidad. La voluntad del Consell es proponer a Modesto Crespo para reemplazar a Vicente Sala al frente de la entidad financiera.

Número uno de la lista

Como paso previo, el empresario ilicitano accederá el próximo mes al consejo de administración con una vicepresidencia ejecutiva. El presidente de la patronal alicantina fue elegido el 23 de noviembre como nuevo miembro de la asamblea general de la CAM en representación de las Cortes, con el significativo número uno de la lista que pactaron PP y PSPV.

Ese acuerdo incluía también tácitamente la remodelación de la estructura del consejo de administración de la caja de ahorros, de tal forma que se ampliarán a cinco las tres vicepresidencias actuales de la entidad.

Ampliación de vicepresidencias

Según el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas mayoritarias, una de ellas recaería en Modesto Crespo, al tiempo que la otra plaza que emanaría del consenso entre populares y socialistas está «reservada» para el empresario de Novelda Jesús Navarro -propietario de Proaliment- ungido directamente por el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla.

Para poder llevar a cabo esta remodelación resulta necesario modificar los estatutos de la CAM, en concreto el artículo 48, que regula el número de vicepresidencias -hasta ahora tres, tantas como demarcaciones territoriales de Alicante, Valencia y Murcia- así como sus funciones ejecutivas. Las nuevas carteras estarán destinadas a las áreas de expansión e internacional, según las previsiones que maneja la entidad.

Estos cambios deberán ser refrendados por mayoría en una asamblea general. Sin embargo, el orden del día previsto para la que debe celebrarse el próximo 2 de febrero no incluye las modificaciones previstas por los partidos políticos, según ha podido saber este periódico.

Fin a la era Zaplana

Fuentes oficiales de la entidad consultadas por ABC señalaron que, en dicha convocatoria, únicamente se procederá a renovar a los 98 miembros de la asamblea y, una vez configurada la misma, tendrá lugar otra convocatoria para determinar los cambios en la estructura actual del consejo de administración.

En todo caso, las mismas fuentes recordaron que en la cita del 2 de febrero se escogerán las once plazas vacantes del consejo de administración, pero no se distribuirán los cargos.

Esta asignación se realizará a posteriori en una votación entre los consejeros. Si todo sale según el guión previsto -el mismo que pactaron el 22 de noviembre los portavoces parlamentarios del PP y del PSPV, Serafín Castellano y Joan Ignasi Pla-, se pondría fin a una etapa en la CAM marcada por la influencia de Eduardo Zaplana, que en la actual legislatura ha provocado no pocas fricciones entre la cúpula de la entidad y el Consell presidido por Camps.

Asuntos como la negativa de la CAM a entrar en el accionariado del aeropuerto de Castellón, los flirteos con Zaplana en la recta final del proceso de salvación del caos financiero en Terra Mítica o el bloqueo a la renovación del consejo de administración de la corporación que comparte con Bancaja -que derivó en la disolución por falta de acuerdo en el seno del propio PP-, son sólo algunos ejemplos que han marcado una relación tortuosa que, con los cambios previstos, tiene los días contados.

Presentación de candidatos

Para ello, resultará clave un fecha. El próximo 17 de enero expira el plazo para la presentación de candidaturas para la elección de vocales del consejo de administración, la comisión de control y la comisión delegada de la asamblea general.

Ese día se determinará hasta que punto se mantiene el pulso de la corriente minoritaria del PP-CV, asentada en la provincia de Alicante.

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El PSRM de la derrota se resiste a morir

Francisco Poveda

El Minarete

El PSRM de la derrota se resiste a morir. La “vieja guardia” de los Navarro, los Ortiz, los Escudero, los Fuentes Zorita, y hasta los Abellán, entonan estos días su “canto del cisne”, aprovechando el atentado de ETA en Barajas y tiran a la cabeza de Saura y Jara por elevación contra el presidente del Gobierno. No se quieren convencer de que, para algunos de ellos, un cuarto de siglo en política les equipara a Francisco Franco y que los intereses a defender sólo son ya los suyos personales y de la pirámide de poder particular que han ido construyendo desde el viejo Estatuto de Autonomía. Están alineados ahora con la extrema derecha de San Esteban para frustrar, si pueden, la expectativa de cambio a partir de la evolución de su propio partido, lo que resulta muy patético pero clarificador en suma.

Todos, absolutamente todos, venían siendo cómplices resignados, hasta la llegada de Saura-Jara, de la “ley del péndulo” y del pasteleo con los neofranquistas por indicación de los caciques de nuevo y viejo cuño. Contribuyeron, en su cuota, al frustrado despegue electoral del murciano consorte, Joaquín Almunia, hacia la presidencia del Gobierno, y son responsables, en gran parte, del Duodenato más nefasto en la historia de la Región de Murcia después de sus tres lustros socialistas de incompetencia manifiesta en la gestión político-administrativa de la Comunidad Autónoma, incluida la “Caja Murcia” presidida (?) por el también lorquino Martínez Serrano, y que tiene tela aparte que cortar si se auditase hoy. Pero arrieros somos…Fernando.

Ninguno de ellos desea ahora, por puro egoísmo, un cambio generacional en el PSRM con jóvenes profesores universitarios al frente, sin tacha y con otro estilo y ética política, debido a su sentido patrimonialista, que reduce las históricas siglas alumbradas en Jumilla a una mera franquicia electoral y de canonjía para los más vivos. Por eso, a la desesperada, echan actualmente mano de voceros locales, sin diploma y pagados a pieza, para amplificar sus lamentos, con la vana esperanza de erosionar a los hombres de Ferraz en Murcia. Un destacado socialista lorquino, con todas sus aspiraciones aún intactas, ha llegado a negar estos días su apoyo a Zapatero, dando la razón al PP respecto a ETA y agua, en momentos de fuerte crisis moral para el ejecutivo progresista que preside el líder del PSOE. Quizá se ha equivocado demasiado pronto al dar por “muy tocado” a Bambi.

Los culpables políticos directos de la “larga travesía” (durante ese negro duodenato) de la organización regional socialista hoy, además, se frotan las manos como cobardes viendo sufrir moralmente a Zapatero, el aval político de la renovación socialista murciana, y señalándole con falsedad manifiesta como sujeto de todos los males del secular déficit hídrico estructural de la cuenca del río Segura. Mientras el semanario conservador británico “The Economist” lo descubre como el político preferido de los europeos, y otros medios prestigiosos, como el futuro líder socialdemócrata de la Unión Europea, desde Murcia su activa extrema derecha en el poder trata de desprestigiarlo y enfrentarlo a los murcianos porque lo sienten objetivamente liquidador de sus privilegios y corruptelas, mientras nadie de la “vieja guardia” del PSRM sale en su pública defensa cara a su visita.

La opinión pública murciana no manipulada debe saber que el “lobby” de nuestros regantes no quiere el agua solamente para regar sino que, algunos, envilecidos por la “mafia del agua” (que hace mucho menos negocio estos meses de sequía con los trasvases cero), trafican con ella para el turismo y la construcción ante lo ruinoso de sus cosechas en un mercado crecientemente globalizado y exigente con precios, calibres, calidades y condiciones sostenibles de producción. Ahí hacemos poco pié aunque se esgrima la escasez de agua de riego como perversa munición de guerrilleros contra la renovación y la modernización de España, encarada desde La Moncloa con más de 150 nuevas leyes en una sola legislatura.

El líder regional, Saura, tiene pues un supuesto problema con el dinamitero Navarro (el expresidente de la cámara bajo cuya presidencia ardió en 1992 la Asamblea Regional a manos de obreros desesperados con su ineficacia, y actualmente en brazos de la extrema derecha lorquina y de las mafias locales del ladrillo) y sus secuaces encubiertos, pero no parece achantarle que el PP le agite a sus prejubilados del poder socialista en Lorca, Los Alcázares, Águilas, La Unión, Cieza, Cartagena, Caravaca, Jumilla… El ex alcalde lorquino (en la fotografía con su digno sucesor Leoncio Collado), tal vez sabedor ya de que la renovación “zapaterista” prescindirá totalmente de él, se echa al monte y quema sus pocas naves.

Navarro va a ser “fichado” muy pronto por el gobierno autónomo del PP para la gerencia de la AIR (Actuación de Interés Regional) de Cabo Cope-Calnegre y ahora su mérito es tratar de desgastar a sus correligionarios dentro de una resentida estrategia pactada con el mismo Valcárcel. Luego, Ortiz (el que votó contra la designación de Zapatero como secretario general del PSOE), actúa en la sombra mientras su puchero se calienta, en ocasiones, desde la empresa de Sánchez Carrillo vía proyectos de arquitectura. Escudero aguarda intranquilo al juez Torres. Abellán, pienso, quiere “apalgatarse” para los restos de los restos, y Martínez Serrano sigue fiel a la corruptela financiera carolingia en la confianza de que Zapatero se estrelle antes de que se destape en Europa lo que ha pasado en la Caja de todos los murcianos, desde sus tiempos de presidente y hasta la fecha.

Los medios regionales de comunicación sintonizados, más económica que políticamente, con San Esteban, han sobredimensionado la situación de Lorca al darle un protagonismo fuera de lugar a los viejos zombis socialistas, que ya carecen de cualquier horizonte político en un PSRM bastante renovado de cara a unas elecciones y cuyo único lastre es su propio pasado y quienes protagonizaron y forzaron un cisma que le arrastró a la derrota en tres comicios autonómicos consecutivos. Ahí no queda tema.

Sólo los necios creen las apariencias mientras el abuso de poder acelera la destrucción del opresor, dijo el mito nicaragüense Augusto César Sandino. Es una frase aplicable a la actual realidad regional murciana, donde lo contado no se corresponde en valor con lo sucedido, y donde la opinión publicada dista bastante de la imagen mental forjada en la opinión pública. Todo esto quiere decir que las apariencias comienzan a dejar paso al verdadero escenario no trucado y que la proliferación de medios independientes evita la foto fija de una Murcia que sólo conviene a la reacción y a la nostalgia, pero que realmente está en marcha irreversible hacia el protagonismo de la sociedad civil en la “sociedad de la información y el conocimiento”. Saura y los suyos vienen de ese mundo.

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Desciende un 14% la inversión extranjera en inmuebles de la costa, según el Banco de España

La inversión extranjera en inmuebles desciende en el resultado provisional de 2006, por encima del 14%, según las últimas estadísticas del Banco de España. Estas cifras indican que el volumen de dinero que destinan los extranjeros a la adquisición de viviendas sigue la tendencia decreciente iniciada en 2004, cuando la inversión en bienes inmuebles comenzó a bajar drásticamente.

En esta evolución negativa influyen, cada vez más, los elevados precios de las viviendas, que llevan a los extranjeros a preferir otros países donde los precios aún tienen posibilidades de subir. Otro factor decisivo es la gradual subida de los tipos de interés. Ni siquiera la suave desaceleración del precio del m2 en los últimos años ha ayudado a impulsar la inversión en este sector.

“Ha llegado el momento de que todos pensemos en impulsar otras economías alternativas, más allá del mercado inmobiliario, para el desarrollo”, ha dicho el presidente de la patronal de la construcción alicantina, FECIA, Ramón Jerez, quien reconoce que el sector seguirá siendo decisivo, pero que no puede ser la única actividad de la que dependa una sociedad. En su opinión, el turismo y las industrias emergentes, ligadas a la innovación, el I+D+i, deben ser impulsadas desde los organismo públicos para que se conviertan en ese motor de desarrollo alternativo.

Jerez ha hecho hincapié en que “la construcción no es la solución para todo y que es necesario otras vías para el reequilibrio”. Y es que hacer depender una parte importante de la riqueza de un sólo sector, que, además, se ha sobredimensionado en exceso, supone claramente una temeridad.

De hecho, al igual que Jerez, otras voces del mundo empresarial también coinciden con este análisis. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en la que se integran importantes promotores, alerta de la “excesiva dependencia” que tenía la estructura productiva de la Comunidad Valenciana en relación con el negocio del ladrillo.

El máximo responsable de FECIA es consciente de que un sector ordenador y en equilibrio con el resto, supone un aval de futuro porque, además, permite ofrecer una mejor imagen y de mayor transparencia. En este sentido, considera beneficioso el ajuste en marcha cuando el “boom” inmobiliario toca a su fin y se ha abierto ya una nueva etapa de estabilización que supone una reducción del peso constructor en la economía. Así lo reconocen los analistas y los propios representantes del sector.

Jerez, reconoce que “ha llegado el momento de ajustarse, tras años de crecimientos espectaculares, en este sentido, lo que permitirá estabilizar al sector ante los nuevos niveles de demanda en el mercado. El último ejercicio ha sido determinante en este cambio de tendencia, ya que ha dejado patente el recorte. La saturación de viviendas que sufre el mercado, unido a una reducción de la demanda y la falta de suelo terminal en muchos municipios, se convierten en factores claves a la hora de explicar el reajuste. También influyen mucho los altos costes de producción que reducen enormemente la rentabilidad.

Jerez sostiene que “el auge de la construcción ha durado algo más de lo normal, con un nivel de crecimiento que, evidentemente, se sabía que tenía que parar. Por eso llega ahora ese momento”. Sin embargo, descarta que la redimensión vaya a ser traumática, al contrario, “irá ajustándose dentro de unos parámetros de normalidad, porque la construcción sigue siendo decisiva”. El presidente de FECIA resalta la necesidad de que los constructores y los subsectores auxiliares introduzcan nuevas vías de actividad, más allá de la vivienda nueva, a la hora de poder diversificar. Al respecto, el segmento de la rehabilitación deberá cobrar un mayor protagonismo en los próximos años.

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Escisión en ETA

Andrés Montero Gómez
Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia

El atentado de ETA en Madrid ha sorprendido a todos, menos a quienes lo cometieron. Cierto es que, unos en forma de desiderata y otros a la manera de una premonición, un número de voces venía advirtiendo sobre la eventual ruptura del proceso por parte de ETA. Los más, desde el Gobierno, desde la izquierda abertzale, desde los involucrados o desde quienes lo analizamos e incluso desde un sector de la propia ETA, estábamos en la convicción de que, aunque con sus momentos críticos, todavía era demasiado pronto para que esto se frustrara. El aparato que controla las armas en ETA se ha encargado de ponerlo más difícil si cabe, de sembrar la frustración además del terror.

Si algún fracaso podemos apuntar en el momento en que ETA quiebra sus años de atentados sin víctimas mortales es el de Arnaldo Otegi. La bomba de ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos, ha producido daños cuantiosos en un aeropuerto internacional, ha dinamitado el proceso de negociación para la desactivación terrorista y, desde luego, ha desautorizado a Batasuna y a la opción política que presuntamente quiere representar. El atentado de ETA es la ruina de Otegi. Al primero que se le quedaría expresión de estupefacción ante la noticia del atentado sería a Otegi. Estoy seguro de que no creería que ETA iba a llegar tan lejos. Probablemente, o bien estaba sobreestimando su propio liderazgo al frente del proceso o bien ignorando completamente la historia de ETA. En la banda terrorista siempre ha predominado el componente armado sobre el político, los txerokis sobre los terneras. Continúa siendo así.

La racionalización estratégica del atentado por parte de ETA es absolutamente equivocada. La matriz del argumento etarra es que Zapatero depende de obtener algo sustancial en el proceso de disolución de ETA para revalidar su escaño en La Moncloa. De entrada, es una premisa del todo cuestionable. Es evidente que, a estas alturas, varios serán los maitines que estarán dándole vueltas al paralelismo de que el PP perdiera las elecciones tras un atentado y el PSOE pueda sucumbir tras otro, aunque más en diferido. Ambos escenarios no resisten la comparación, desde luego, pero seguro que en muchos análisis ya habrán manejado la metáfora. Con todo, queda aún recorrido para que el proceso derive en resultados incluso sorprendentes. De momento, Otegi podría convertir su fracaso en un triunfo, pero para ello tendría que ser muy, muy valiente. Y me caben dudas de que sea tan inteligente.

Tras la reunión entre representantes de Zapatero y de ETA, el aparato armado terrorista debía estar calculando que todavía podía ejercer más presión en el espacio de negociación. Los terroristas ejercen presión con la violencia. Kepa Aulestia describe brillantemente, en ese sentido, cómo la identidad de ETA está fraguada en una constante inercial hacia la expresión de la violencia. Así se han socializado como organización y su instinto de supervivencia, en los momentos de toma de decisiones, es decantarse por lo violento. De manera que ETA ha debido de sopesar, erróneamente como tendrán ocasión de comprobar, que un atentado obligaría al Gobierno a hacer alguna concesión antes de que Zapatero se metiera en campaña para las elecciones generales, siempre que el atentado no cruzara la línea roja de las víctimas mortales. ETA se ha equivocado, porque ni el retorno a la violencia va a generar más concesiones, pues Zapatero está limitado por su compromiso con el Congreso en ese sentido, ni ellos mismos pueden garantizar que su violencia en lugares públicos no ocasione muertes, pues han asesinado a dos ciudadanos.

Además de ser un instrumento absurdo de presión a Zapatero, el atentado tiene una lectura en la clave interna de ETA, como siempre. Es imprescindible no olvidar estas claves si se quiere leer apropiadamente el proceso, aunque a veces nos equivoquemos en las interpretaciones o en los pronósticos. Escribiendo en el lenguaje interno de la banda, la facción armada de ETA está haciendo un ejercicio de autoafirmación por encima de Otegi y de Ternera. ETA ha bombardeado el puente hacia su propio final, aunque Otegi y Ternera pueden reconducirlo. Afortunadamente, Zapatero no ha hecho ninguna concesión durante todo este tiempo, actuando con un olfato e inteligencia que puede que ni él mismo se esperara. Esta dosificación en los movimientos del Gobierno le otorga ahora una ventaja estratégica que no es desdeñable pero que, desgraciadamente, depende para materializarse de lo que ahora estén dispuestos a hacer Otegi y compañía.

El proceso puede reorientarse si Otegi, ahora ninguneado por el aparato armado de ETA, se desmarca definitivamente de la violencia y se presenta a las elecciones municipales. La jugada tendría el mismo valor posicional, en clave interna de ETA, que el atentado. La banda terrorista no se lo esperaría y quedaría momentáneamente fuera de juego, lo que recuperaría para Batasuna el centro del espacio negociador. Claro que esto supondría que Otegi es independiente de ETA, que tiene peso específico, que puede creerse eso de ser el Gerry Adams de Euskadi. Hace falta ser muy optimista para tener esperanza en esta alternativa.

La única opción de recobrarse ahora es una escisión, una lo suficientemente potente como para que sea creíble. Otegi puede convocar una rueda de prensa declarando que Batasuna descarta la violencia como medio para conseguir la autodeterminación y la independencia de Euskadi. La guinda sería que Josu Ternera apoyara desde ETA esa maniobra. Lo máximo que le puede ocurrir es que Txeroki le tenga a pan y agua durante un mes. No vamos a pedir el cielo. Sin embargo, si alguno de los dos estaba buscando el escenario ideal para pasar a la historia, éste es sin duda su momento. Ellos saben que las bases de la izquierda abertzale apoyarían esa aventura en las urnas. También son conscientes de que ETA anunció el cese de atentados hace nueve meses porque ya no tiene más recorrido. En ausencia de negociación, ETA puede ser reducida a escombros con acción jurídica, policial y judicial en dos legislaturas si se recupera el consenso contraterrorista.

Zapatero no ha fracasado. El presidente del Gobierno ha cumplido escrupulosamente lo que el Congreso le autorizó, sin trasladar a un solo preso. Menos mal. Ahora le queda desarticular comandos y continuar asfixiando legalmente a Batasuna, incluso abrir investigaciones alrededor del PCTV, a la espera de que se fracture la izquierda abertzale.

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"Hefame" pierde gas por incapacidad de gestión

La situación estratégica de la primera empresa de la Región de Murcia, todavía por delante incluso, de “Caja Murcia”, “El Pozo” y “García Carrión”, la cooperativa farmacéutica “Hefame”, hoy tercera distribuidora de medicamentos en España por detrás de “Cofares” y “Cecofar”, atraviesa un momento más que incierto tras el rechazo de sus socios a una fusión con la primera y decidir continuar en solitario su singladura en medio del proceloso mar de unos márgenes comerciales a la baja porque su residual situación de fondo continúa siendo buena y se lo permite.

La incapacidad manifiesta de gestión de su actual presidente, el farmacéutico lorquino Antonio Abril, y la ignorancia del sector evidenciada por su actual director general, el veterinario turolense y ex consejero del gobierno autónomo murciano, Francisco Marqués, denotan una continuada gestión muy deficiente, que aflora al fallar la política comercial y el día a día de esta cooperativa de distribución farmacéutica. “Hefame” está perdiendo gas mientras vuelven los rumores sobre su eventual venta a “Safa”, una de las principales multinacionales europeas del sector asentadas en nuestro país, e interesada desde hace unos años en llegar a un acuerdo de adquisición.

Un retorno al planteamiento de fusión con la madrileña “Cofares” o la andaluza “Cecofar” no parece probable por más alejado de la segunda e incompatible con la primera debido al recelo suscitado por su verdadera situación patrimonial y contable. “Cofares” tampoco parece estar en su mejor momento y relativamente puede estar peor que “Hefame”. La fusión no nata era más ventajosa para la cooperativa madrileña que para la murciana que, sin embargo, necesita salir de su actual “impasse” para asegurar el largo plazo sin pretendientes que la necesiten vitalmente para salir de situaciones legalmente complicadas.

Su política de recursos humanos no es tampoco un dechado de virtudes desde la necesidad objetiva de reducir 800 de sus actuales empleos a base de un expediente de regulación, que, en el segundo semestre de 2006, ya se ha cobrado la cabeza de algunos gerentes discrepantes de la gestión del tándem Abril-Marqués. Hasta el despido del anterior director comercial, que lo fue también general, el alcoyano Joaquín Victoria, le ha costado a “Hefame” 40 millones de pesetas para que luego este le haga directamente la competencia con una pequeña empresa, que enseguida ha conseguido algunas emblemáticas exclusivas de distribución farmacéutica para España como “Shering”.

Mientras tanto, desde fuera, algunos socios y trabajadores de la cooperativa de Santomera siguen sosteniendo que existen unas pérdidas contables encubiertas, de entre 900 y 1.800 millones de pesetas como consecuencia de la forzada e ilegal revalorización de activos en el balance correspondiente al ejercicio 2001. Y que en 2001 y 2003, “Hefame” no presentó, como es legalmente preceptivo, sus cuentas en el Registro Mercantil correspondiente; es decir, el de Murcia capital.

Los mismos denunciantes en los juzgados afirman que se traspasaron reservas al capítulo de ingresos, con perjuicio económico para todos los socios de “Hefame”, tras la pérdida del 88% de esas reservas. Relacionan esas pérdidas con una ampliación de capital, dicen que se ocultaron y que se dieron unos beneficios inexistentes, por lo que hubo que ajustar la contabilidad y ahora la situación es peor que en esa fecha de 2001.

Murcia ha sido la tercera ciudad en crecimiento demográfico durante 2006 por detrás de Valencia

Las capitales de las ocho provincias del arco mediterráneo español, desde Gerona hasta Almería, lideran el crecimiento demográfico en nuestro país, según se desprende de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006 aprobada en el último Consejo de Ministros del año.

Estas últimas cifras oficiales de población sitúan a Valencia como la segunda capital que más habitantes ha ganado por detrás de Barcelona, Murcia es la tercera, y Castellón la cuarta entre las 50 capitales provinciales que más han crecido, siempre en términos absolutos. Alicante se sitúa en séptimo lugar mientras Elche y Cartagena, sin ser capitales de provincia, siguen creciendo igualmente, hasta alcanzar ambas una población muy similar en torno a los 230.000 habitantes cada una. .

Las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2006, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúan a las ocho capitales de ese eje mediterráneo como las ciudades que más crecen entre las 50 españolas. La revisión del Padrón Municipal aprobada en el último Consejo de Ministros del año revela que Valencia fue la segunda capital con un mayor crecimiento absoluto de población, al ganar 8.755 vecinos entre el 1 de enero de 2005 y el primer día de 2006. Castellón, con 4.665 habitantes nuevos, es la cuarta que más aumentó su censo. Alicante es la séptima que más ganó, con 3.051 nuevos empadronados. La tabla la lidera Barcelona, con un aumento de 12.527 habitantes. El tercer lugar es para Murcia, con 7.186 vecinos más, y el quinto para Almería con un crecimiento de 3.607 empadronados. Gerona (3.218 habitantes más) ocupa la sexta posición y Tarragona la octava, con una ganancia de 3.051 vecinos.

En términos relativos, la segunda capital española que más creció fue Castellón que, en doce meses, vio como su población aumentó un 2,8% al pasar de 167.455 vecinos a 172.110. El porcentaje de variación demográfico de la capital de la Plana duplica el crecimiento medio interanual español, que fue del 1,4%. La capital que relativamente más creció fue Gerona, cuyo padrón aumentó un 3,7%.

El Real Decreto publicado el pasado sábado en el BOE con las cifras de población a 1 de enero de 2006 en España, que ascienden a 44.708.964 personas empadronadas, supone una revisión al alza de 310.000 más que los 44,39 millones que figuraban en los datos provisionales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de julio.

Según fuentes del INE, en el avance no se contabilizaban casi 493.000 extranjeros en situación ilegal en España debido a que no renovaron su inscripción en el Padrón Municipal. Sin embargo, en las cifras oficiales se ha incluido por primera vez el resultado de la aplicación del procedimiento de caducidad de las inscripciones de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia, que no sean renovadas cada dos años.

El volumen de inscripciones afectadas - todas las existentes en diciembre de 2003 que no fueron renovadas - hicieron necesario ampliar los plazos de obtención de las cifras de población para garantizar que fueran lo más ajustadas posible a la realidad, según fuentes autorizadas del INE. Esas cifras oficiales aumentan el censo de la Comunidad Valenciana en 34.500 vecinos extranjeros más con respecto al avance de julio, con lo que sus tres provincias sumaban a 1 de enero de 2006 una población total de 4.806.908 habitantes. Así pues, la Comunidad Valenciana ganó 114.459 habitantes con respecto al primer día de 2005, lo que en cifras relativas supone un aumento del 2,4%.

Este porcentaje sitúa a la valenciana como la segunda autonomía que más creció en España, por detrás de la Región de Murcia (2,6%) y un punto por encima del crecimiento medio español, que fue del 1,4%. Tal y como avanzó el INE en julio de 2006, la inmigración extranjera es el motor de la bonanza demográfica valenciana y murciana. Ya entonces, la Comunidad Valenciana era la séptima autonomía donde más había aumentado el número de extranjeros empadronados, con un 10,14% en un año.(NEM)

¿Hacia dónde camina la Región de Murcia?

José Ramón Jara Vera
Portavoz del PSRM-PSOE

Una de las principales responsabilidades de los gobiernos –sean locales, regionales o nacionales– es crear el ambiente necesario para que la economía funcione adecuadamente y los ciudadanos puedan vivir con dignidad de su trabajo. Las distintas experiencias históricas han demostrado que los gobiernos no deben sustituir a los empresarios, y mucho menos entrar en oscuras connivencias, pero sí están obligados a establecer reglas de juego claras y transparentes para asegurar a todos ellos la igualdad de trato, y a enfocar la orientación económica hacia el beneficio colectivo.

En la Región de Murcia vivimos una situación económica teóricamente buena pero que tiene, a mi juicio, los pies de barro y está condenada a estallar si no corregimos rápidamente sus graves defectos estructurales. Los altos índices de empleo y crecimiento económico se basan en un modelo simple: ausencia de reglas, permisividad absoluta para casi todo, construcción masiva y apoyo a la agricultura intensiva en las grandes explotaciones (que requieren muchísima mano de obra no cualificada y es altamente rentable). La especulación sobre el suelo añadida (en los diez últimos años ha aparecido tanto suelo recalificado como existía hasta entonces) ha hecho inmensamente ricos a unos pocos –aunque haya habido migajas para muchos– haciendo aparecer una clase de “nuevos ricos” que han invertido a su vez en mayor especulación y mayor construcción salvaje.

La recalificación masiva y la construcción de “resorts” está destruyendo los espacios naturales de la región, y acabando con los “encantos turísticos” que precisamente se esgrimen como reclamo publicitario. Los extranjeros pueden hablar raro, pero no son tontos: pronto dejarán de comprar viviendas en una región llena de asfalto, que no ha sabido además planificar su crecimiento y empieza a generar ya problemas de tráfico, saturación de hospitales, ausencia de centros escolares etc. No se está invirtiendo en turismo, no está ahí el negocio: sólo en la venta del pisito, y después ya no hay beneficios para nadie; sólo gastos para la sociedad que deberá soportar una población más o menos estable, improductiva y consumidora de servicios e infraestructuras.

El capital regional ya no invierte en industria; ¿para qué, si con una inversión mucho menor es posible, en muy corto plazo, alcanzar beneficios inmensamente mayores, y sin arriesgar nada ni competir en el mercado?. Por eso nuestro tejido industrial tradicional se ha desmoronado en los últimos años, y por eso estamos perdiendo el tren de las nuevas tecnologías, de la innovación, del desarrollo tecnológico. En porcentajes relativos la industria va pesando cada vez menos en nuestra región, si exceptuamos la directamente ligada a la construcción y que para pervivir necesita forzosamente de ésta.

La agricultura tradicional también ha entrado en crisis: ya no es rentable, ni puede competir con las enormes producciones, mucho más modernas, de las grandes empresas agrícolas; o con los precios mucho más bajos del norte de África. La Consejería de Agricultura de Murcia ha acabado con los programas de apoyo a la pequeña explotación agraria que puso en marcha el lamentablemente fallecido Antonio León en época del gobierno regional socialista. El Consejero Cerdá se pasa todo el día hablando de agua, pero no toma una sola medida para proporcionarla a los campos (está construyendo una desaladora y ya ha dicho que es sólo para las nuevas urbanizaciones), y además sabe que el verdadero problema de la agricultura regional no es la falta de agua, sino la falta de competitividad y de precios para los pequeños agricultores.

El modelo de construcción masiva y agricultura intensiva en grandes explotaciones necesita, forzosamente, de abundante mano de obra, a precios muy bajos y en absoluto estable: de ahí la necesidad de admitir a miles de inmigrantes, esos mismos que la derecha desprecia frecuentemente y a la que hace culpable de la inseguridad ciudadana…

Si no ponemos remedio, cuando dentro de unos años, no muchos, el suelo se haya agotado, la región no soporte más habitantes y el deterioro de los servicios y del medio ambiente frene la demanda de vivienda se producirá un parón terrible de la economía regional y se generarán grandes bolsas de desempleados, nacionales e inmigrantes, que provocarán además (ahora sí) enormes problemas de inseguridad ciudadana… ¿de qué vamos a vivir los murcianos entonces?. No podremos acudir a la industria, porque ya no existirá, y habremos perdido además el tren de las nuevas tecnologías. Tampoco podremos mirar a la agricultura familiar, porque ni quedará suelo agrícola (todo se habrá vendido, y estará en manos de las grandes empresas o construido) ni al turismo, porque el barato habrá huido a los países del Este y al Norte de África, y el caro y de alta calidad a los países que hayan sabido cuidar su entorno y hacerlo atractivo…

Es necesario que los murcianos despertemos de una vez, que reconozcamos que el modelo de Valcárcel, que no es otro que la falta de modelo, el “laisser faire” a los grandes intereses especulativos, no provoca más que un espejismo de riqueza, un encarecimiento del suelo y de la vivienda y un abandono de la inversión realmente productiva. No podemos seguir permitiendo el saqueo de esta región, porque está en juego el futuro no ya lejano, sino el más inmediato.

Se hace necesario un nuevo gobierno regional que apueste firmemente por la economía productiva, por la reindustrialización, por la agricultura familiar de alta calidad más que la de producción masiva, por el turismo rentable y respetuoso y por la construcción ordenada para que tenga futuro, y no sólo pasado. Necesitamos un nuevo gobierno regional radicalmente honrado, que apueste por la regeneración de la vida pública y el establecimiento de fronteras inviolables entre lo público y lo privado, entre el interés general y el interés particular. Necesitamos un nuevo gobierno regional sin plomo en las alas ni lastre en los bolsillos, que no tenga más servidumbre que la de todos los ciudadanos, que establezca reglas de juego económico iguales para todos y se permita así, de verdad, la competencia y el libre mercado.

Ese nuevo gobierno, que no me cabe duda llegará muy pronto, no tendrá por delante una tarea nada fácil: la defensa del interés público y la lucha contra los privilegios nunca lo ha sido; pero es tan necesario como el aire que respiramos. Nos jugamos el bienestar de todos los murcianos, y aún estamos a tiempo de evitar el colapso.

Águilas Press

Siempre habrá "proceso"

Francisco M. Martínez

El “proceso” nunca se podrá romper, porque siempre “se está” en proceso. Siempre ha habido y siempre habrá proceso. Quienes acusan al presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, de instalarse en la “banalidad” política y en una “inconsistencia” intelectual que pone en “gravísimo” riesgo al Estado de Derecho español (como ha dicho el director del diario Abc, J.A. Zarzalejos) porque sigue repitiendo –también tras el atentado del 30-D en la Terminal 4 de Barajas- que no se “rompe” el proceso, pretenden que el sentido común e histórico desaparezca en la mente del actual presidente del gobierno y en el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos, cuando nunca lo han pretendido antes, es decir, en los prácticamente treinta años de Democracia española, y cuando, es más, han participado activamente en dicho “proceso” cuando han asumido responsabilidades de poder o han asumido intelectualmente desde la tribuna esas responsabilidades.

El “proceso” es intrínseco a la existencia del nacionalismo extremista vasco que utiliza la amenaza, la violencia, la extorsión, el asesinato y, en suma, el terrorismo. Y el proceso es “político” porque el terrorismo de ETA y el activismo de HB es “político”. La política “criminal” de la banda terrorista y la negación política de “condenar” los crímenes son una realidad que sería de necios negar. Es un error negar que las pretensiones de ETA y HB son “políticas”.

Pongamos un ejemplo histórico y cercano: Sería de una fatuidad consistente negar que Franco no fue un general que hizo “política” y que su dictadura militar no fue “política” además de criminal. Y lo sería igualmente negar que el “proceso” abierto, incluso antes de su muerte, sigue abierto y lo seguirá estando por mucho tiempo.

Quienes niegan al actual gobierno español su “potestad” de seguir actuando en el “proceso” le acusan también de “jactancia” al haber dicho, un día antes de que la tregua fuera “rota” por el atentado de Barajas, de que “se estaba mejor que hace uno año” y que “se estará mejor un año después”. ¿Quién es el necio que puede negar que el 29 de diciembre de 2006 los ciudadanos estábamos mejor porque se habían sumado otras 24 horas sin haberse producido ningún atentado de la banda terrorista? ¿Quién es el irresponsable “agorero” que pretende que estemos peor dentro de un año? ¿Quién se obstina en negarle a priori la eficacia a quienes han sido facultados, llamados y obligados a dirigir la lucha antiterrorista?

La obstinación del director de El Mundo, P.J. Ramírez, es acusar de “ignorancia” al Ministerio del Interior que dirige Pérez Rubalcaba, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no “supieron” detener previamente a los autores del atentado de Barajas. Qué soberano disparate la de este famoso periodista al exigir inexcusablemente a Rubalcaba conocer cuanto plan asesino pergeñe la serpiente asesina de ETA. Sólo los intereses también “políticos” del director de El Mundo pueden sostener tal exigencia el mismo día de la comisión del atentado de Barajas sin que se hayan dilucidado antes las circunstancias de tipo pericial que pudieran dar cobijo a alguna sospecha de negligencia operativa.

Por la misma regla de tres, el director de El Mundo debería culpar a los responsables gubernamentales de toda política preventiva de cuanto acto criminal se haya cometido y, lo que es peor, se siga cometiendo. Por ejemplo, el que costó dos centenares de víctimas mortales en Madrid el 11-M de 2004.

P.J. Ramírez y cuantos dinamitan intelectual y políticamente, por vez primera en la Democracia española, la política de un gobierno en la lucha contra el terrorismo siguen tozudamente inmersos en su regresión antidemocrática de negar a HB la posibilidad de expresar sus deseos de autodeterminación. Pretenden lo improcedente en democracia. Como improcedente es pretender la autodeterminación a través de la amenaza, la extorsión, la violencia y el asesinato, y en definitiva el dolor y la sangre, como ha expuesto en su editorial El País. Sólo el peor de los nacionalismos puede ofrecer y enaltecer como moralmente aceptable el martirio como objeto ideológico. Sólo los dioses y los nacionalismos sanguinarios aceptan estas ofrendas de sus creyentes. Qué patria vale la vida de un inocente. Qué idea vale la vida de una persona.

Cómo se puede calificar de “falso” un proceso, como titula su editorial el diario Abc. El proceso es y seguirá siendo un “proceso de paz”, es decir, un proceso para alcanzar la “paz” que lleva implícito la desaparición de los actos criminales y de la banda que los perpetra para conseguir objetivos políticos, y, por tanto, seguirá siendo un proceso “real”, al que cualquiera que pretenda calificarlo de “falso” o “verdadero” estará aspirando a moldearlo a sus propios intereses políticos e ideológicos. A no ser que a todo lo “real” lo califiquemos de “falso”.

El proceso no puede “morir” y nunca podrá suponer ningún “fracaso” para ningún gobierno. Quien diga que la única opción de derrota posible del terrorismo etarra es la policial pretende lo imposible y niega que la autodeterminación es un aspiración política tan digna como cualquier otra aspiración ideológica siempre y cuando se exprese a través de los cauces establecidos en un Estado de Derecho. La dignidad se mide por aceptar las reglas del juego, la dignidad de cualquiera, del que no ha matado y del que ha matado y cumpliendo su pena se arrepiente de ello.

El proceso de paz será largo y difícil y su terrible dureza no se la puede desear. Quienes tachan a Zapatero de cara de palo, califican su discurso antiterrorista de jactancioso, rimbombante o grandilocuente, los que califican a quienes entienden que alcanzar la paz forma parte de su realidad y de su dignidad política, de incautos o necios, tienen sus miras demasiado cortas en este a veces penoso proceso hacia la paz. Un proceso al que se pretende hurtarle ese bien preciado quienes a la vez acusan con romo pudor al gobierno de “rendirse” al “enemigo” en una “guerra” inexistente. Atrincherarse en estos eufemismos y ambigüedades sirve para calentar sólo orejas y cabezas ya predispuestas a estas calenturas políticas e ideologicas.

www.vegamediapress.com

En Castellón aún se acuerdan del obispo Reig Pla

El nuevo obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón ha tomado las riendas de la economía del órgano eclesiástico, que vio mermada su solvencia con la gestión de su predecesor, Juan Antonio Reig Pla, actual obispo de Cartagena-Murcia (arriba en la imagen) y sus fallidas inversiones en Bolsa, que generaron unas pérdidas de cinco millones de euros, según párrocos diocesanos.

Con una actitud sosegada y sin eludir las cuestiones más polémicas de la gestión de su predecesor en el cargo, el actual obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Lorente, reconoció los problemas económicos que atraviesa la Diócesis y cuyo origen hay que buscarlo, entre otras razones, en las inversiones fallidas en Bolsa del anterior prelado, el contestano Juan Antonio Reig Pla.

López Lorente ha impulsado una renovación en el entramado financiero de la Diócesis para “reconducir la situación”. Sus seis meses al frente de las parroquias de Segorbe-Castellón han sido suficiente tiempo para que el prelado tome la riendas y busque soluciones.

“Los problemas son conocidos y están ahí. Ahora mismo están siendo estudiados. He encargado una pequeña auditoría interior para reconducir esos problemas en un recorrido de tiempo. Para ello, estoy trabajando con los sacerdotes para encauzar la situación y poder seguir trabajando”, explicó el obispo.

Los aires de cambio que el nuevo obispo ha traído hasta la diócesis de Segorbe-Castellón se materializarán en los próximos meses con una renovación a fondo de los principales consejos: el económico, el pastoral y el presbiteral.

La gestión de Reig Pla
“En enero nombraré el nuevo Consejo Presbiterial y, un poco más adelante, daremos los pasos para renovar el Consejo Diocesano de Economía, y el Consejo Diocesano Pastoral”, señaló el obispo de Segorbe-Castellón.

Con estas iniciativas, Lorente implantará las nuevas directrices de la Diócesis y marcará distancias con la polémica gestión de Reig Pla, sobre todo en su etapa final al frente del Obispado. Durante este período, el prelado tuvo que hacer frente a inversiones fallidas en Bolsa, que generaron a la Diócesis una deuda de cinco millones de euros, siempre según párrocos diocesanos.

Son los mismos sacerdotes que denunciaron en 2005 el recorte de los sueldos y la invitación del anterior obispo a completar las nóminas con el cepillo de las parroquias. Reig Pla animó a los fieles a contribuir con sus aportaciones al sustento de sus párrocos, una decisión que abrió fisuras en el seno de Diócesis.

Por otra parte, la renovación de Lorente no sólo vendrá a subsanar los déficits de la anterior gestión económica, sino que el obispo insistió en que antes de 2008 aplicará un nuevo plan diocesano pastoral.

Se trata de la herramienta que el Obispado de Segorbe-Castellón utilizará en los próximos “cuatro o cinco años” para impartir doctrina en las parroquias de la diócesis.

www.lasprovincias.es

Valcárcel apela al diálogo para salvar a la Región

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, llamó en su mensaje de felicitación de Navidad y Año Nuevo, a la "suma de esfuerzos" y a la responsabilidad de los gobernantes para "tomar el pulso a la calle, escuchar al pueblo y conocer su sentir" y así conseguir que la "Murcia del mañana sea la que sus ciudadanos quieran".

Para el Presidente, la Navidad, Año Nuevo y Reyes "tiene un mensaje que trasciende las barreras ideológicas y confesionales, y alcanza una dimensión universal: la de la paz y el amor", por lo que deseó a todos los residentes en la Región que estos días se "vean presididos por la paz y el amor".

Valcárcel, al hablar sobre la importancia de "aunar voluntades y caminar juntos por la senda que conduce a un horizonte de prosperidad", aludió al grado de participación social obtenido para debatir sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y el Plan Estratégico 2007-2013, que considera como "documentos esenciales para el devenir de la Comunidad Autónoma”.

Según el todavía jefe del gobierno autónomo, "comprobamos que nuestra región avanza, se desarrolla, crea instrumentos que han de servir para obtener el óptimo aprovechamiento de sus potencialidades y capacidades" y, en su opinión, "lo hace, no sin esfuerzo" porque "triunfa la firme voluntad de una inmensa mayoría que apuesta por el progreso y el bienestar de los ciudadanos".

Ramón Luis Valcárcel dijo además que "estamos necesitados de paz, no solo en los países asolados por interminables conflictos; también en nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, familiares. Porque sin paz no podemos construir. Sin concordia no podemos avanzar y sin diálogo no hay forma de entendernos y prosperar".

Junto a la paz, el Presidente aseguró que las fiestas navideñas, año nuevo y Reyes son días también para el "amor con mayúsculas, entendido como solidaridad con los más desfavorecidos de la sociedad, como actitud de servicio, como disposición a corregir las injusticias", y apuntó que "sin ese amor no hay verdadero progreso, sin esa solidaridad no hay auténtico bienestar y sin esa actitud de servicio no hay justicia social".

"Ojalá estos días sean de gozo para todos. Ojalá estas fiestas, entrañables y familiares, se vean presididas por el mensaje de paz y amor, y que esos mismos sentimientos impregnen nuestra forma de obrar a lo largo del año venidero", concluyó.

"Te doy lo que me pidas"

Hacía mucho tiempo que no hablaban cara a cara. Hace unos días, el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, consiguió por fin, tras varios intentos, entrevistarse con el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco García. La reunión entre ambos políticos, en vísperas de Navidad, duró más de tres horas, tiempo suficiente para echarse en cara sus diferentes formas de ver la realidad local. Aunque el fondo del encuentro era otro. El dirigente socialista, y presumiblemente candidato a la alcaldía en las elecciones de mayo, a preguntas de esta redacción, no quiso dar entonces detalles de la conversación, argumentando que era más bien una reunión pendiente desde hace varios meses, sobre temas personales.

Pero la discreción del edil del PSOE no fue suficiente para conocer los entresijos de lo que hablaron en esa fría tarde de diciembre. El alcalde de Mazarrón, muy nervioso, ofreció a García su liberación como concejal, con el sueldo similar al resto de concejales liberados, unos 31.000 euros anuales, entre otras prebendas.

Pero además, Blaya prometió su dimisión en los próximos días como alcalde de Mazarrón. ¿Y que pedía a cambio? Que el PSOE retirara su denuncia en los tribunales, a los que tendrá que acudir a declarar el regidor municipal el próximo día 22 de enero.

La devolución de los anticipos por parte de Domingo Valera, casi cinco millones de las antiguas pesetas, (ha hecho una recolecta popular, dice), parece que no va a ser eximente suficiente para los tribunales.

Ni que decir que a estas alturas, el portavoz socialista rechazó la oferta del alcalde de un ayuntamiento, en donde algunos de sus concejales ostentan vehículos y otros lujos, que no se corresponden con su habitat natural de ciudadano de a pie.

Sobre el ayuntamiento de Mazarrón supuestamente pende una espada de Damocles, apuntando a una presunta prevaricación y corrupción. La influencia y el apoyo decisivo del peculiar Domingo Valera al gobierno popular, no han sido un buen ejemplo para el alcalde. Condenado Domingo Valera por un tribunal, encausado el alcalde por otro, y las sospechas de trato de favor y tráfico de influencias hacia una empresa que compró terrenos rústicos, por millones de m2, curiosamente recalificados a los pocos meses, o así lo contempla el PGOU, son solo algunos de los datos que hacen pensar que Mazarrón no va bien.

A ello, se añadirán otros asuntos que este mismo mes, al parecer, desvelará el periódico Mazarrón Press, y su edición digital, www.mazarronpress.com.

Tal vez no sea demasiado tarde para Francisco Blaya, si todavía adoptase una actitud valiente y explica el cuando, el cómo y el por qué de algunas de sus decisiones. También si se desligase de quien no está, por sus habituales salidas de tono, en condiciones de apoyar a un gobierno municipal que rige los destinos de miles de mazarroneros. No se puede ofrecer el pueblo la compañía política de iluminados, charlatanes, mitineros nocturnos y nudistas callejeros, que probablemente deberían estar sentados en el diván de Woody Allen. Dar ejemplo a la sociedad empieza por ser un ejemplo para sí mismo.

No se trata de quien gobierna ni gobernará. Se trata de normalidad municipal. Del cese de persecuciones políticas. De la tolerancia, el debate, el diálogo, el respeto al adversario, el reconocimiento mutuo de los logros del gobierno y de la oposición, y sobre todo la honradez. No es posible un Mazarrón próspero si los políticos se empeñan en decir siempre no a las propuestas del contrincante político, por sistema. Y quién utiliza un ayuntamiento, pagado con los impuestos de todos los vecinos, para presuntamente enriquecerse y enriquecer a otros, merece la más enérgica repulsa. Tal vez ahora sea el momento de que el alcalde de Mazarrón hable alto y claro. Seguro que será un acto de valentía por su parte. Y el pueblo se lo reconocerá.

Podría ser un final más feliz...

Zapatero exhibe el éxito de su política socialdemócrata durante el año 2006

Lo primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos dan una gran confianza y una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Además, ha sido un año de conquistas sociales, especialmente, con la aprobación de la Ley de la Autonomía Personal, de la Ley de la Dependencia, y con la Ley de Igualdad.

Permítanme que haga, desde esta perspectiva, una consideración de carácter general: España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del Estado del Bienestar, fortaleciendo nuestro Estado de Bienestar y nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país y para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la Legislatura tienen y presentan un balance de hechos y de datos objetivamente muy satisfactorio.

Crecer por encima de la media europea o de países como Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos; crear el 60 por 100 de los empleos de la Unión Europea; fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el Estado del Bienestar, es, sin duda alguna, un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país, y, sin duda alguna, es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del Gobierno.

Algunos datos son muy llamativos: un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4 por 100, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3’8 o el 3’9 por 100; 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo.

Quiero aportarles un dato: desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre se han registrado 1.200.000 contratos fijos; la cifra, con mucho, más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado y un crecimiento nada menos que del 61 por 100 del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54 por 100 son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica.

En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo, y al final del cuatro trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de veinte millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa ésa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad de cualquier política social para un Gobierno.

Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la Historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio con 1’5 por 100 de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto en un año, quiero recordar, que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

Además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo, del Estado del Bienestar. Más de un millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles, se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas, a los discapacitados, y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga, sin ninguna ayuda pública, de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado.

Ese cuarto pilar del Estado del Bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social. Con la Ley para la Autonomía personal, la Ley de la Dependencia, los españoles van a estar más seguros y más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas.

Quiero decirles que, desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia y también afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la Legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror.

Un año después he de decirles que, en lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos, por supuesto, mejor que antes de cinco años, pero también estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y, desde luego, el Gobierno seguirá trabajando, dentro de los principios establecidos, por el fin de la violencia.

Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de Estatutos; tres ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa Comunidad Autónoma. Hay otros Estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado Autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España y para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Un año después hace un año lo oíamos es evidente que España no se rompía; más bien, al contrario, España ha crecido, es más fuerte económica, política y socialmente. Ésa es la conclusión y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial.

Por último, quería decirles que en materia de política exterior el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada y ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Éste año, 2006, pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo.

Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para el año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años.

Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento de empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. España necesita, y ésas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo y salir del pelotón en el que hemos estado demasiados años:

El primero de ellos es la Economía del Conocimiento, la Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30 por 100 desde que llegamos al Gobierno, y por ello queremos tratar una nueva estrategia nacional con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I en la próxima Conferencia de Presidentes.

El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales; algunas están ya en las Cortes, como la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente; o la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; o la Ley de Parques Nacionales; o la Ley del Suelo.

Pero, además, para el próximo periodo el Gobierno va a presentar distintos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, el Proyecto de Ley de la defensa del patrimonio natural y la Biodiversidad, el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental y el Proyecto de Ley de la reforma de la Ley de Aguas, unido a la Ley del desarrollo sostenible del medio rural.

En definitiva, el medio Ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones Naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la Legislatura.

Y, en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos, proceso de modernización que tiene que empezar o que tiene como prioridad la seguridad, la seguridad en todos los ámbitos: la seguridad ciudadana con un incremento para este año de nueve mil policías y guardias civiles --se han incrementado cinco mil el año pasado-- , con la puesta en marcha del 50 por 100 de la Unidad Militar de Emergencias o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Éste ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar.

Modernización de nuestra seguridad y modernización de la Administración para los ciudadanos, para que la Administración esté en el mismo tiempo de modernidad que están la ciudadanía y la sociedad. Por ello les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación de fotocopia del DNI; antes de 2008 se eliminarán más de veinte millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites; antes del 31 de diciembre de 2007 tres millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios.

Éstas son medidas algunas de las cuales forman parte de esos tres grandes objetivos para este periodo de la Legislatura, que son las tres grandes necesidades de España.

Además de ello, quiero anunciarles una serie de Proyectos de Ley que también, por su significado, van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo:

• Ley de Tramitación de Adopciones Internacionales.
• Ley de medidas en materia de Seguridad Social, fruto del acuerdo en materia de Seguridad Social.
• Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los cuarenta mil millones de euros.
• Ley del Estatuto del Profesorado no Universitario.
• Ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
• Ley del Cine.
• Ley de desarrollo sostenible del medio rural, a la que antes hacía referencia.

Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más Proyectos de Ley, que tenemos para el próximo periodo.

Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y ocho en el Senado, en distintas fases del procedimiento legislativo, y en el año que ahora comienza el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a cuarenta leyes, algunas de las cuales acabo de referir, que abordarán todos los ámbitos de acción política y de acción administrativa.

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM

El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.