Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 31,7% en la Región de Murcia en 2023

 MURCIA.- La Región de Murcia registró un total de 550 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en 2023, un 31,7% menos que el año anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato marca un mínimo histórico en la serie, que abarca hasta 2014, año en el que las ejecuciones hipotecarias ascendieron a 3.709.

Del total de viviendas afectadas el pasado ejercicio, 494 eran usadas y 56 eran nuevas, mientras que por titularidad, 494 eran de personas físicas y 56 de personas jurídicas.

A lo largo de 2023 se certificaron en la Región de Murcia 809 ejecuciones hipotecarias sobre fincas de cualquier clase: además de las viviendas, constan 75 sobre fincas rústicas, 19 sobre solares y 165 sobre fincas urbanas de otro tipo.

El cuarto trimestre cerró con 168 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en la comunidad autónoma, un 15,1% menos que en el mismo periodo de 2022. Del total, 14 eran nuevas y 154 de segunda mano, y 151 correspondían a personas físicas.

La firma de hipotecas cae un 39,72% en la Región de Murcia tras empeorar su evolución interanual en diciembre

 MURCIA.- La firma de hipotecas sobre viviendas en la Región de Murcia cayó un 39,72% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa el mayor descenso por comunidades, empeorando así su evolución interanual, hasta registrar un total de 525 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el mes anterior, el número de hipotecas firmadas han retrocedido en la comunidad autónoma al registrar una caída del 32,35%.

En la Región de Murcia se prestaron 45,26 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 42,12% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 37,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 711 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 61,1 millones de euros. De ellas, 28 fueron sobre fincas rústicas y 683 sobre urbanas.

De las 683 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Murcia, 525 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 154 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 11 y en una hipoteca cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 108 hipotecas con cambios en sus condiciones, 96 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.217 préstamos sobre fincas en la Región de Murcia, de las que 829 correspondieron a viviendas, 80 a fincas rústicas, 288 a urbanas y 20 sobre solares.

La cuota media hipotecaria suscrita en la Región de Murcia en 2023 fue de 470 euros

 MURCIA.- El precio de la vivienda en la Región de Murcia creció en 2023 un 4% hasta situarse por encima de los mil cien euros metro cuadrado, el cuarto más bajo en todo el país. Los extranjeros compraron uno de cada cuatro inmuebles, según datos de Registradores de España.

La Región fue en 2023 la sexta provincia donde se formalizaron más operaciones de compra venta. El precio medio subió en todo el país un 1%, mientras que en Murcia creció un 4% hasta situarse en mil ciento cuarenta y ocho euros en el último trimestre según explica José Ramón Sánchez, decano del colegio regional de Registradores.

Durante todo el año se formalizaron más de once mil hipotecas, un 18% menos que en el ejercicio anterior. La cuota media rondó los 470 euros frente a los más de setecientos en el resto del país. En relación al salario, los murcianos destinaron un 24% al pago de su hipoteca, nueve puntos menos que la media nacional.

Destaca en el balance anual la compra venta de vivienda a extranjeros, una de cada cuatro. La Región de Murcia se ha convertido ya en la tercera comunidad autónoma con más operaciones registradas.

La firma de hipotecas en Murcia mejora, pero continúa en tasas negativas con una caída del 23,34% en octubre

MURCIA.- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Murcia en octubre ha bajado un 23,34 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 22,29 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 910 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 21,5 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 76,08 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 28,82 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,52 por ciento.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.205 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 161,31 millones de euros. De ellas, 45 fueron sobre fincas rústicas y 1.160 sobre urbanas.

De las 1.160 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en Murcia, 910 fueron sobre viviendas; 14 en solares y 236 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 30 y en 8 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 339 hipotecas con cambios en sus condiciones, 301 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.675 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.164 correspondieron a viviendas, 93 a fincas rústicas, 377 a urbanas y 41 sobre solares.

Murcia registra 327 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre del año

MURCIA.- La Región de Murcia registró 327 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre de 2021, la quinta mayor cifra por comunidades.

Por otro lado, la Región registró 492 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre el total de fincas, la sexta mayor cifra por comunidades.

En concreto, de las 492 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre el total de fincas, 46 lo fueron sobre fincas rústicas y el resto hasta 446 sobre fincas urbanas, correspondiendo 327 a viviendas, 16 solares y 103 otras urbanas.

La firma de hipotecas sobre viviendas crece un 52,9% en junio en la Región, el segundo mayor aumento por

 MURCIA.- El número de hipotecas para comprar una vivienda aumentó el pasado mes de junio en comparación con el mismo mes de 2020 en todas las comunidades autónomas salvo País Vasco, y en la Región de Murcia se incrementó un 52,9%, mientras el importe de las mismas subió un 52,2%.

En el sexto mes del año, se firmaron en la Región 1.136 hipotecas frente a las 743 del mismo mes del año 2020, en un contexto de plena pandemia. En cuanto al capital desembolsado, la cantidad ascendió a 94,1 M€ frente a los 61,8 M€ de junio de 2020.

Es decir, la hipoteca media firmada en junio de 2021 en Murcia fue de 82.834 €, frente a los 83.176 € del mismo mes del año pasado.

Todo ello se traduce en que en la Región se firman más hipotecas como consecuencia de la recuperación económica, pero la crisis ha abaratado los precios, por lo que las hipotecas firmadas son por menos dinero.

El TJUE obliga a la banca a devolver todos los gastos hipotecarios abusivos

LUXEMBURGO.- Las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca que estén incluidas en una cláusula declarada abusiva deben ser devueltas al consumidor salvo que el derecho nacional establezca lo contrario, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hecha pública este jueves. 

Según el TJUE, si se declara como nula una cláusula abusiva que carga al cliente con el pago de todos los gastos de constitución y cancelación de una hipoteca, el Derecho comunitario se opone a que el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades pagadas en virtud de esa cláusula. En esta situación, según cifras de Asufin, se encontrarían ocho millones de clientes de las entidades financieras.

La única salvedad residiría en el caso de que las disposiciones de Derecho nacional aplicables a este efecto impongan al consumidor el abono de la totalidad o de una parte de esos gastos. 

De este modo, el TJUE recuerda que si la cláusula es declarada abusiva solo pueden moderarse la devolución de las cantidades cuando la ley imperativa así lo acuerde, lo que significa que, salvo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) , el resto de los importes satisfechos habrán de restituirse al 100%. 

En esta línea, la sentencia subraya que solo se podría cargar «la totalidad o una parte» de los gastos hipotecarios al cliente si así lo estipulan «disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula».
Esto supone un varapalo para la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo. Este concluyó que, cuando se anulara una cláusula, los gastos hipotecarios habían de repartirse entre prestamista y prestatario al 50%. Una «moderación» de los gastos. La justicia europea tumba ahora esta tesis y obliga a la banca a restituir el total de costes de constitución y cancelación de una hipoteca.

La posición del TJUE respecto a la restitución del dinero abonado conforme a cláusulas abusivas es clara: «Debe considerarse que, en principio, una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula». 

En otras palabras, que si se declara como tal, el cliente no puede ver menoscabados sus derechos y debería restituirse al consumidor el dinero que no debió pagarse.
Las reacciones a nivel financiero no se han hecho esperar. Fuentes bancarias apuntan a que el sector se mantiene tranquilo ante el conocimiento de esta sentencia. «Impacto limitado», señalan. Y ahondan en que esto no supone problema alguno para las entidades financieras, que acatarán, como siempre, las resoluciones judiciales que vengan a causa de esta decisión de la justicia comunitari. Asimismo, la tranquilidad del gremio obedece también a que el impuesto AJD queda fuera de toda duda y sin cuestión, después de que el Supremo lo atribuyera a los clientes.

Plazo de prescripción

El plazo de prescripción empezaría a contabilizarse desde la conclusión del juez y no a partir del momento de firma del préstamo. «El TJUE vuelve a confirmar que si bien la devolución de las cantidades pagadas como consecuencia de la aplicación de una cláusula declarada nula está sometida a prescripción, ese plazo, que en nuestro Derecho será de cinco años, ha de empezar a contar desde que esa declaración de nulidad se produzca por parte del juez», interpretan los expertos del portal legal Reclamador.es.
Además, la nueva sentencia abre la puerta a que los clientes bancarios recuperan no solo una parte, sino la totalidad de los gastos que se vieron obligados a sufragar para la constitución de sus préstamos, salvoel AJD. 

«Para los casos en que los clientes no pudieron recuperar la totalidad de los gastos hipotecarios, a excepción del AJD, se prevé la posibilidad de reclamar esas cantidades, las cuales en muchos casos suponen un gran porcentaje del total de los gastos abonados», interpreta la directora jurídica de Reclama Por Mí, Cristina González Piñeiro.

El TJUE brinda además la oportunidad de solicitar la nulidad de la comisión de apertura del crédito con la consiguiente restitución de las importes ya pagados. «Algunas entidades bancarias cobraban elevadas cantidades, hasta 5.000 euros, que ahora se podrán reclamar», señala González Piñeiro. 

«Es importante destacar y no podemos olvidar que, al igual que la reciente sentencia dictada sobre el IRPH, el TJUE señala que la apreciación de la abusividad o no de esta cláusula recae sobre losntribunales españoles», remarca la directora jurídica de Reclama Por Mí.
Asimismo, la justicia europea dicta que no puede cargarse a los consumidores una parte de las costas procesales derivadas de las reclamaciones de devolución contra los bancos en vía judicial. «Esto crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho», indica la sentencia.

El TJUE se pronuncia así sobre el pago de los gastos hipotecarios como el notario, registrador, gestoría, tasación, impuestos, la comisión de apertura o las costas de estos litigios. Las cuestiones fueron planteadas por los juzgados de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca en procedimiento contra Caixabank yel número 6 de Ceuta contra BBVA.
La nueva Ley Hipotecaria española establece que en lo que respecta a las nuevas firmas los bancos deben abonar todos los gastos de formalización (notaría, registro y gestión) salvo la tasación del inmueble. En este sentido, con esta norma nacional, que lleva apenas un año en vigor, se solucionan futuras controversias que puedan surgir respecto a nuevas hipotecas. Y el TJUE resuelve los conflictos respecto a los préstamos anteriores. 

[ Consulte aquí la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ]

El Gobierno aprueba que ninguna familia en situación de vulnerabilidad será desahuciada hasta 2024

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en "riesgos de desahucio hipotecario". 

Así lo ha señalado la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha resaltado que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha.

De hecho, mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este Real Decreto Ley se extiende a cuatro años, “de modo que hasta 2024 ninguna familiar vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca”.

En el mismo texto de la norma también se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir a las familias monoparentales e incluso con un solo hijo.

Además, según Montero, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse por el número de hijos que tiene la persona o la pareja.

Este Real Decreto Ley también prevé la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.

“El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger”, ha resaltado.

Según Montero, de no extenderse esta protección, el Gobierno estima que se podrían haber visto afectadas más de 29.000 familias, sin contar con las que en el futuro se puedan beneficiar de estas medidas.

La ministra portavoz también ha resaltado que estas medidas complementan a las tomadas ya en 2019 con respecto al mercado del alquiler y que introdujeron mejoras en los desahucios de vivienda por contratos de arrendamientos.

“En todo caso, también quiero comunicar que es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y protección de ciudadanos”, ha apostillado, tras afirmar que la intención del Gobierno es la de continuar tomando medidas para proteger a los más vulnerables en el caso del alquiler, medidas que se van a adoptar en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La Región registró 125 suspensiones de pagos en 2019, un 15% menos

MADRID.- España registró 4.483 concursos de acreedores en 2019, un 5% menos respecto a la cifra registrada el año anterior, y 26.342 disoluciones, un incremento del 2%, según un estudio elaborado por Informa D&B, que destaca también que en Murcia se formalizaron 125 suspensiones de pago, un 15% menos que en el año anterior.

Por autonomías, Cataluña (1.126 concursos) es la que más procesos acumuló durante el año, lo que supone el 25% del total nacional, aunque reduce sus datos un 2%. Le sigue Madrid, con 808, y la Comunidad Valenciana, con 670, un 2% y un 1% menos en cada caso. En diciembre también son las que más acumulan, 99 operaciones en el caso de Cataluña, 79 en Madrid y 55 en Valencia.

Durante el mes de diciembre se iniciaron 399 procesos concursales, un 13% más que el mismo mes de 2018, mientras que las disoluciones descendieron un 2%, hasta las 2.721 operaciones. Del total de concursos presentados en el año, cerca del 80% corresponde a microempresas, casi el 18% a pequeñas empresas, un 2,5% a medianas y solo un 0,13% a grandes empresas.

Tan solo Baleares (+5,13%), Canarias (+7,63%),  (+0,87%), y las ciudades autónomas de Ceuta (+33,33%) y Melilla, con tres en valor absoluto, han visto crecer sus datos desde enero. Por su parte, Asturias y Castilla-La Mancha son las regiones que más han contribuido al descenso en los datos acumulados, con recortes de 55 y 50 concursos, respectivamente.

En 2019, las disoluciones las encabeza Madrid, con 7.198, el 27% del total, un 0,5% más que el año anterior. Andalucía registra 3.447, un 5% menos, y Valencia, con 3.016 disoluciones, un aumento del 7%, el segundo incremento más significativo en números absolutos tras los 405 que suma Castilla-La Mancha.

En diciembre repiten con las disoluciones Madrid (819), Comunidad Valenciana (318) y Andalucía (308), aunque el aumento de las cifras acumuladas se debe principalmente al incremento de las disoluciones en el sector energético en Castilla-La Mancha.

Las empresas concursadas en 2019 contaban con 45.000 empleados y una facturación de casi 7.000 millones de euros, superior a los 6.000 millones que sumaban el año anterior. En las afectadas por disoluciones trabajaban 77.800 personas y contabilizaban unas ventas de 13.700 millones de euros, por debajo de los 20.500 millones del 2018.

Comercio y construcción, líderes

Los sectores de comercio y construcción han registrado el mayor número tanto de concursos como de disoluciones en 2019. Comercio lidera los concursos, con 1.199 operaciones, el 27% del total nacional, seguido de construcción, con 919, cerca del 21% del conjunto, aunque el primero sube un 1%, mientras que el segundo es el que más recorta en valor absoluto, 145 procesos menos, un descenso del 14%. En diciembre también encabezan los datos: comercio alcanza 119 concursos y construcción, 76.

Atendiendo a las disoluciones, construcción es el que más acumula, con 6.319 en todo el año y 677 en diciembre. Comercio es el segundo sector, con 5.404 operaciones y 567 en cada periodo, respectivamente. Energía crece en 651 procesos en el acumulado del año, el mayor incremento en valor absoluto, hasta quedar en 1.678 disoluciones.

El Supremo congela los recursos sobre cláusulas suelo negociadas con bancos

MADRID.- El Tribunal Supremo ha suspendido, hasta que se pronuncie el TJUE, tramitar los recursos sobre acuerdos o novaciones que algunos hipotecados firmaron con sus bancos para reducir o eliminar cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y a recuperar lo cobrado en exceso.

En una providencia fechada el 10 de septiembre, el alto tribunal señala que congela dicha tramitación hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva varias cuestiones prejudiciales presentadas por juzgados de primera instancia de toda España.

La fecha prevista para que el abogado general del TJUE presente su informe es el 12 de diciembre, aunque la sentencia se conocerá ya en 2020.

En diciembre de 2017, el TJUE decidió que la restitución de las cláusulas abusivas debía producirse a partir de la firma del contrato, aclarando que los efectos económicos de la sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013 sobre este mismo asunto no se limitaban a esta última fecha, sino a toda la vida de la hipoteca.

A partir de entonces, muchos titulares de un préstamo hipotecario firmaron con sus bancos acuerdos para modificar sus contratos, bien en el propio banco o a través de un notario.

Y lo que ahora ha puesto en suspenso el alto tribunal español es la tramitación de los recursos presentados por los clientes que novaron su hipoteca, ya que si se anula una cláusula abusiva se considera que no existe, por lo que no se puede renegociar.

En opinión de la presidenta de Asufín, Patricia Suárez, con esta decisión el Supremo, que cuenta con "excelentes juristas" que han defendido en muchas ocasiones al consumidor, demuestra que "tiene miedo", lo que le lleva a hacer "política económica y no normas ajustadas a derecho".

En otras ocasiones, añade, lo que ha hecho es "legislar, lo que no está del todo mal", aunque ello no repercuta en beneficio de la seguridad jurídica.

La banca española paga casi 22 millones de euros en multas por hipotecas, 900.000 a BMN

MADRID.- La banca española ha abonado casi 22 millones de euros -21,7 millones- en menos de siete meses por distintas sanciones impuestas por el Banco de España tras detectar irregularidades en distintas operaciones hipotecarias.

Se trata, en la mayoría de los casos, de multas por deficiencias en la documentación suministrada al cliente o fallos en el sistema operativo de concesión y liquidación de esos préstamos hipotecarios que hacían que se cobraban comisiones indebidas.

En ocasiones son sanciones por infracciones "muy graves", entre las que destacan los 3,6 millones abonados por CaixaBank o los 1,05 millones de Unicaja Banco, ambas reducidas un 40 % por pronto pago y admisión de los hechos.

Completa la lista de "muy graves" una multa de 900.000 euros a BMN, abonada por Bankia tras integrar a esta entidad.

El resto de los casos son sanciones graves, ya que el Banco Santander consiguió con sus alegaciones que el organismo supervisor rebajara la calificación de una de las dos multas impuestas, aunque aún así es el que mayor cantidad ha abonado: 6,4 millones.

Parte de la explicación está en que el Banco de España determina el importe de sus multas teniendo en cuenta los recursos de la propia entidad sancionada, pero también que el descuento aplicado ha sido del 20 % porque el Santander no reconoce los hechos.

Atendiendo al importe total en multas abonados por las entidades españolas, después del grupo presidido por Ana Botín figura CaixaBank con 4,8 millones, pues a la citada sanción de 3,6 millones se suma otra grave de 1,2 millones, ambas rebajadas un 40 %.

Completa el pódium Abanca, que ha abonado una multa de 3 millones de euros por esta misma cuestión, superior a los 2,7 millones pagados por el BBVA con la suma de dos sanciones graves.

En el lado opuesto figuran las multas a entidades de menor tamaño como el Banco Pichincha, 351.000 euros, y el Banco Pueyo, 876.000 euros.

A continuación en una tabla las sanciones impuestas por el Banco de España a cada entidad tras la revisión de la cartera hipotecaria, distinguiendo si se trata de multas por infracciones muy graves o graves.

Entidad /Infracción muy grave /Infracción grave SUMA

Banco Santander 3,2 millones

3,2 millones 6,4 millones

Unicaja Banco 1,05 millones 450.000 euros 1,5 millones

Abanca 3 millones 3 millones

CaixaBank 3,6 millones 1,2 millones 4,8 millones

BBVA 1,5 millones

1,2 millones 2,7 millones

Bankia (BMN) 900.000 euros 300.000 euros 1,2 millones

Bankia 900.000 euros 900.000 euros

Banco Pichincha 351.000 euros 351.000 euros

Banca Pueyo 876.000 euros 876.000 euros 

TOTAL 5,55 millones 16,18 millones 21,73 millones

La banca vende a los fondos hipotecas por 8.000 millones

MADRID.- La banca española se está quitando las hipotecas y traspasándolas a fondos de inversión. Lo han hecho con créditos avalados por inmuebles por un valor de en torno a 7.400 millones de euros el año pasado a los que se suman al menos otros 600 en lo que va de año. Eso, teniendo en cuenta que la hipoteca media ha oscilado entre los 100.000 y los 125.000 euros en los últimos años, supone que entre 64.000 y 80.000 familias han cambiado de acreedor sin intervenir en el negocio, según revela Público.

Los bancos endosan principalmente hipotecas morosas, aunque no solo, ya que entidades como Unicaja están negociando también la colocación de créditos que han dejado de estar considerados como dudosos tras haber reanudado el pago de las cuotas sus titulares.

El proceso tiene paralelismos con las titulizaciones que hace unos años provocaron una avalancha de demandas en los juzgados por familias que eran desahuciadas por los bancos con los que habían contratado los préstamos cuando el titular del crédito, y por lo tanto el acreedor, había pasado a ser otra entidad. Eso no impidió la mayoría de los desalojos.

En este caso, la situación no cambia para el cliente, ya que se mantiene como deudor y en las mismas condiciones (principal por amortizar e intereses por cubrir) aunque cambia el fiador, pero sí para el banco vendedor, que se asegura el ingreso líquido de una parte de esas hipotecas (entre un 25% y un 50% del valor nominal) al tiempo que puede liberar el dinero apalancado para su provisionamiento, que suele situarse en el 70% del valor de los créditos. También incluye un expectativa de beneficio del 200% al 300%, intereses aparte, para el comprador.

El objetivo de estas prácticas es simple: seguir soltando lastre para sanear sus balances y cuentas de resultados tras haberse deshecho del grueso del ladrillo ante el gripado del negocio por el escaso margen que generan los intereses por la política expansiva del BCE (Banco Central Europeo), el desplome del crédito (especialmente el hipotecario por las amortizaciones masivas) y las cada vez mayores exigencias de rentabilidad y capitalización del BCE y la UE.

Las principales entidades financieras del país han cerrado acuerdos de este tipo en los últimos meses. Las operaciones formalizadas, en trámite o aplazadas suman un valor superior a los 6.000 millones de euros desde principios del año pasado.
BBVA decidió aplazar a finales del año pasado la colocación de 900 millones de euros en créditos dudosos dentro de una operación que incluía otros 2.600 en inmuebles, y CaixaBank acaba de activar la venta de un paquete valorado en 400 por el que espera ingresar entre 120 y 140 pero que, al mismo tiempo, le permitirá liberar 280.

Bankia, por su parte, tiene en marcha el traspaso de otros 1.420 millones en préstamos de cobro incierto al fondo de inversión Lone Star, mientras Sabadell traspasó en julio un bloque de 2.295 millones de euros en créditos dudosos con garantía hipotecaria, en este caso a Deustche Bank y el fondo Carval Investors.
Santander y Bankinter son los únicos entre los seis ‘grandes’ que no han cerrado operaciones de este tipo en los últimos meses, aunque la entidad de los Botín sí lo ha hecho de manera indirecta al deshacerse hace unas semanas la Financiera El Corte Inglés, de la que controla el 51%, de una cartera de 70.000 impagados que suman un valor nominal superior a los 105 millones. 

Unos meses antes se había retirado de su participación en la empresa de tarjetas WiZink, adquirida con la compra de Popular, que arrastraba un paquete de algo más de 90 millones en créditos dudosos en España que ha endosado a un banco sueco.

Por último, Unicaja ha encargado a Ernst&Young que coloque una cartera de 3.700 hipotecas valoradas en 250 millones de euros dentro de una operación que incluye inmuebles por valor de otros 750 mientras su futuro socio, Liberbank, se ha quitado de encima en dos años casi 2.000 millones en activos tóxicos (600 el año pasado), parte de ellos en créditos y el resto en ladrillo.

Y las operaciones de saneamiento por el endose de deuda de cobro incierto siguen acelerándose. Los resultados del primer trimestre de este año comunicados a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por BBVA reflejan la reducción de la cartera de créditos dudosos en 1.800 millones de euros en el último año, aunque mantiene 17.300 tras aumentar en 200 de enero a marzo; los de Santander señalan un recorte de siete puntos en su cobertura, los de CaixaBank indican un recorte de 2.700, de ellos 200 desde enero y los de Bankia recogen un descenso de 3.662 en el año y de 447 en los tres primeros meses del año.

El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España señala que “desde diciembre de 2013, los activos dudosos se han reducido en más de 122.000 millones de euros, lo que representa un 64,5% del total” de los que acumulaba la banca española.

En el último año el descenso fue de 27.500 millones, de los que un 26,9%, es decir, 7.400, correspondían a hipotecas, principalmente aquellas cuyos titulares han dejado de atender al menos una cuota en los doce meses previos, que es el criterio que el Banco de España aplica para considerarlas dudosas.

“Una parte sustancial de este descenso” de los créditos dudosos anotados en los balances “vino motivado por la venta de carteras de activos asociados a las actividades de construcción e inmobiliarias que han llevado a cabo algunas entidades”, señala el informe, que anota que esos movimientos “no son ajenos a la intensa presión ejercida por los supervisores en los últimos años”.

Pese a esas operaciones, la banca española presenta “una ratio de morosidad del crédito ligeramente superior a la media europea”. Concretamente, de seis décimas, un 3,9% frente al 3,3% comunitario, con recortes del volumen inferiores a los de Irlanda, Italia y Portugal, países que, no obstante, “siguen situándose significativamente por encima” de ese promedio.

“Una parte del descenso [en España] se explica por la venta, por parte de algunas entidades, de carteras de crédito dudoso”, remarca el documento, que añade que “si se excluye del análisis el crédito dudoso, el descenso se limitaría al 1,8%”.
Con todo, la actividad de concesión de créditos de la banca española sigue animada: mantiene un saldo vivo de 1,15 billones tras varios años de retroceso. Casi un 40% de esa cifra, 441.000 millones de euros, fue concedida el año pasado a hogares y sociedades no financieras (empresas, básicamente), ya fuera mediante nuevos préstamos o con la ampliación de otros ya existentes.

El BdE pide a los bancos evaluar a fondo a los clientes hipotecarios

MADRID.- La subgobernadora del Banco de España (BE), Margarita Delgado, ha recordado hoy a los bancos que deben evaluar en profundidad a los potenciales clientes hipotecarios, porque el elemento fundamental que deben considerar para conceder un préstamo es la capacidad de pago del deudor y no el valor de la vivienda. 

"No debería ser necesario recordar que todo préstamo se debe conceder pensando en la probabilidad de cobro, tanto del principal como de los intereses comprometidos, nunca en la supuesta calidad de las garantías", ha dicho Delgado en una jornada sobre la Ley Hipotecaria organizada por PWC.

La subgobernadora ha recordado a los bancos que la responsabilidad de analizar la capacidad de pago es enteramente de la entidad y no del cliente.

La aplicación de unos estándares estrictos, como exige la ley, restringirá, al menos a corto plazo, el acceso a la vivienda en propiedad a algunos colectivos con rentas bajas, según Delgado.

No obstante, cree que a medio y largo plazo el efecto será más positivo, al favorecer una mayor estabilidad en los precios durante todo el ciclo económico. En todo caso, corresponde a los poderes públicos articular las medidas sociales para garantizar una vivienda digna a los colectivos menos favorecidos.

Además, para asegurar una mayor estabilidad del mercado inmobiliario es preciso contar con tasaciones "rigurosas, prudentes y, por tanto, menos volátiles".

Los cambios en la Ley Hipotecaria (mayores gastos de constitución, límites a las comisiones por amortización anticipada y retraso en la recuperación de la deuda impagada) producirán un aumento "inevitable" en los costes de los nuevos préstamos, que las entidades deberán trasladar a los clientes para poder ser viables y retribuir adecuadamente su capital.

La subgobernadora ha valorado que los requisitos que introduce la ley para evaluar la solvencia del cliente de este tipo de préstamos sean más estrictos, porque, aunque podrían suponer un endurecimiento en el acceso al crédito hipotecario, favorecerán una mayor estabilidad del mercado inmobiliario y una mejora de la calidad de la cartera crediticia de las entidades.

"Como supervisor coincido plenamente con todos estos requerimientos (...) pero resulta un tanto descorazonador tener que verlos reflejados expresamente en un texto legislativo", ha dicho.

La nueva Ley favorece, en su opinión, la seguridad jurídica y reduce significativamente los riesgos de litigiosidad, que tienen un "terrible" efecto en la reputación de todo el sector. "Sólo a través de un comportamiento ético con la clientela podrá la banca recuperar a medio plazo la reputación y la confianza".

Ha recordado que antes y durante la crisis se produjeron prácticas comerciales bancarias "más que cuestionables", con incentivos "perversos" en la venta de hipotecas, que produjeron un drama social y tampoco dejaron "en muy buen lugar" a los supervisores.

Delgado ha alertado de que una normalización de la política monetaria a medio plazo tendrá inevitablemente un efecto sobre las cuotas hipotecarias, porque el 87% de los préstamos hipotecarios son a tipo variable.

Finalmente, ha recordado que las hipotéticas actuaciones de la recién creada Autoridad Macroprudencial podrán, previsiblemente, acarrear críticas de la opinión pública, de los consumidores y de las propias entidades, porque el objetivo que buscan es la restricción del crédito focalizada en un sector determinado.

En el caso del sector inmobiliario, esas medidas encarecerán y frenarán el crédito y dificultarán inevitablemente el acceso a la vivienda en propiedad, aunque sea de modo coyuntural. 

"El resultado de la no acción por parte del supervisor es infinitamente peor que su alternativa", ha concluido.

La hipoteca inversa vuelve a España en el centenario de las pensiones públicas

MADRID.- La hipoteca inversa, que permite a los mayores de 65 años recibir un préstamo avalado con su vivienda y complementar así sus ingresos durante la jubilación, ha vuelto a comercializarse en España coincidiendo con el centenario del sistema público de pensiones, que atraviesa un momento crítico al no poder garantizar ni su sostenibilidad ni su suficiencia, según publica www.vozpopuli.com.

A diferencia de lo que se suele creer, la hipoteca inversa es un producto bancario por el que la entidad te concede un préstamo (de un máximo de 500.000 euros) que puede ser entregado de una sola vez al firmar el contrato o bien mediante mensualidades vitalicias a un tipo de interés habitualmente fijo, sin que el dueño de la casa deje de ser propietario de la misma. 

En caso de que el dueño quiera vender la casa, por ejemplo, puede cancelar el préstamo con el banco y devolver la deuda, y mientras esté en vigor puede a la vez mantenerla alquilada. 

La peculiaridad radica en que en el momento del fallecimiento del propietario, sus herederos recibirán la casa con la deuda acumulada y deberán devolver al banco el total del préstamo entregado más los intereses acumulados (lo habitual es vender la casa y saldar la deuda). En caso de renunciar a la herencia, el banco se queda con la vivienda. 

Después de cinco años sin estar disponible, la consultora Óptima Mayores ha promovido que este producto vuelva a comercializarse, después de encargarle su diseño a la entidad portuguesa BNI Europe, que lo ofrece a un tipo de interés de entre el 5 y el 6%.

Esta entidad ha visto que en España hay una oportunidad de negocio, explica a Vozpópuli Íñigo Hernández, director de Desarrollo de Negocio de la consultora, que señala que en el Reino Unido se firmaron 47.000 hipotecas inversas el año pasado y que España es un "mercado potencial mucho más grande". 

La complejidad del producto y el hecho de que el banco tenga que esperar varias décadas -de media- para poder recuperar el principal más los intereses han provocado que la oferta sea muy residual, así como el desconocimiento que existe por parte de los pensionistas de esta posibilidad: sólo un 12% de los mayores de 65 años en España sabe que esta alternativa existe, según cálculos de esta consultora.

Dado que las familias españolas tienen el 70% de sus ahorros invertidos en vivienda y que los mayores de 65 años acumulan un ahorro de 600.000 millones de euros en vivienda, esta firma cree que esta solución es muy interesante para los que necesiten ampliar sus ingresos durante el retiro. 

"El perfil tipo del cliente que contrata la hipoteca inversa en España tiene 76 años, vive en Madrid o Barcelona y su casa tiene un valor medio de 700.000 euros. Son personas que no quieren asumir la pérdida de poder adquisitivo que supone pasar de ser asalariado a jubilado", explica Íñigo Hernández a este medio. 

Coincide en la defensa del producto el Instituto Santalucía, que en un informe sobre "Alternativas a la insuficiencia de las pensiones" señala que "transformar la riqueza inmobiliaria en complemento de la pensión" es una de las soluciones más interesantes para los españoles que no llegan a fin de mes con la pensión de jubilación. 

A cierre de febrero de 2019, la pensión media de jubilación en España es de 1.136,86 euros al mes, un 5,04% superior a la que se cobraba en febrero del año pasado. Las mujeres cobran de media 850,99 euros al mes, mientras que los hombres reciben 1.305,99.

El BOE publica la ley hipotecaria, que entrará en vigor en tres meses

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la ley reguladora de los contratos del crédito inmobiliario que añade elementos de protección al consumidor y equilibra el reparto de los gastos que conlleva la constitución de una hipoteca, y que entrará en vigor dentro de tres meses.

La publicación en el BOE se produce casi un mes después de que la norma fuera aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados.

En concreto, fue el pasado 21 de febrero, cuando el Parlamento dio completamente el visto bueno a la ley, que es el resultado de la transposición de una directiva europea que va con casi tres años de retraso, por el que la Comisión Europea amenazaba a España con una multa de más de 100.000 euros diarios.

La norma establece, entre otras cuestiones, que la hipoteca para la primera vivienda quedará grabada con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que pagarán las entidades financieras.

Además, los bancos deberán pagar las primeras copias del notario, los gastos del registro y los de la gestoría, mientras que el cliente abonará las segundas copias del notario y los gastos de tasación.

La ley también elimina las cláusulas suelo y es más exigente con el inicio del procedimiento de desahucio, que solo podrá comenzar si hay doce cuotas impagadas o el 3 % del capital prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, o 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del crédito.

Las comisiones de amortización anticipada bajan a la mitad para las hipotecas de tipo fijo (2 % durante los 10 primeros años y 1,5 % a partir de este período) mientras el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable, cuyas comisiones serán del 0,25 % o del 0,15 %, respectivamente.

Los bancos deberán dar a los clientes diez días para analizar la información precontractual de los préstamos inmobiliarios antes de firmarlos, y tendrán que ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente pueda comparar las condiciones hipotecarias que le ofrece cada entidad.

La comisión por interés de demora ha quedado en el interés remuneratorio más el 2 %.

La norma también establece que la banca podrá vender seguros ligados a la hipoteca, aunque deberá aceptar pólizas alternativas sin empeorar por ello las condiciones del préstamo y el cliente podrá renovarlas cada año.

El cliente podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.

La nueva ley hipotecaria no entrará en vigor hasta junio al seguir sin publicarse en el BOE

MADRID.- La nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario seguía este jueves sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), casi un mes después de que la aprobara el Congreso y cuando ha pasado una semana desde que se recogiera en el Boletín de las Cortes. 

Esta circunstancia retrasará aún más su aplicación, al menos hasta finales de junio, ya que es a partir del BOE cuando empezará a contar el plazo de tres meses fijado para su entrada en vigor.

De esta forma, las nuevas condiciones para conceder hipotecas que recoge la ley no entrarán hasta el verano. La nueva ley establece, entre otras cuestiones, el reparto de gastos entre la entidad financiera y el consumidor, un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, o el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito.

Pese a que el Congreso celebró el pasado 21 de febrero las últimas votaciones de esta ley, relativas a las enmiendas introducidas a su paso por el Senado, han pasado tres semanas y aún no ha aparecido publicada en el BOE. 

Precisamente una de estas enmiendas de última hora concedió a las entidades financieras un mayor plazo para adaptarse a las novedades.

Así, a propuesta de PP y Ciudadanos, el Senado alargó los 30 días de plazo fijados inicialmente por el Congreso, elevando este plazo para su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. Esta modificación fue avalada después en el Congreso, con el respaldo de PP, Cs, PDeCAT, UPN y Foro Asturias.

Una vez el Congreso decidió los últimos cambios a la ley, el Boletín Oficial de las Cortes Generales no publicó el texto definitivo de la misma hasta el pasado 7 de marzo, justamente dos semanas después de estas votaciones.

La ley sirve para trasponer una directiva para la cual España ya acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para trasponer esta directiva acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción. 

Este puede derivar en una multa de 105.991,6 euros por cada día de retraso, más de 116 millones de euros en total.

Las hipotecas se encarecen 35 euros al año en la Región

MADRID.- El euríbor volvió a cerrar en negativo febrero y acumula tres años consecutivos por debajo de cero, pero las hipotecas que se revisan ahora con este último dato se encarecen una media de 50 euros, 35,34 en el caso de la Región de Murcia, donde el importe medio es de 80.281. En cuatro autonomías el incremento es mayor, Madrid, Baleares, Cataluña y el País Vasco, las que tienen las hipotecas medias más caras de toda España.

En Madrid el incremento mensual ronda los 6 euros y supera los 71 euros en el cómputo anual, mientras que en Baleares la subida media de las hipotecas será de 5,46 euros mensuales, que se elevan a 65,57 euros en el acumulado de un ejercicio.
En el caso de Cataluña, el alza es de 5,24 euros mensuales o 62,93 anuales y en el País Vasco de 5,22 euros al mes o 62,70 al año.
Estas subidas se explican por que el euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular una hipoteca, volvió a subir en febrero.
Aunque registró una tasa del -0,108 %, fue superior al -0,191 % de febrero de 2018, cuando fue aún más negativo, lo que provoca el alza de los créditos hipotecarios.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero de 2018, el importe medio de una hipoteca para la compra de una vivienda era de 111.484 euros.
Si a este importe se le aplica el euríbor de febrero de ese año más un diferencial de un punto porcentual, la cuota de las hipotecas por esa cantidad, a un plazo de 25 años, alcanzó los 410,65 euros.
Cuando se revise la hipoteca con el dato de febrero de 2019, la cuota del préstamo ascenderá a 414,74 euros, lo que supone un incremento mensual de 4,09 euros, o de 49,08 euros al año.
Pero el incremento en las hipotecas depende de la firma de estos créditos que se registre en cada comunidad, y el importe que se solicite para ello.
Así, el importe medio de las hipotecas varía desde los 161.461 euros en Madrid a los 74.669 de Extremadura.
De esta manera, los créditos hipotecarios que más suben son los de Madrid, con los citados 71,08 euros al año, y los que menos, los de Extremadura, 32,87 euros.
Después de Madrid, Baleares, Cataluña y el País Vasco, ya por debajo de la media nacional las mayores subidas de las hipotecas se dan en Cantabria, 48,86 euros; en Navarra, 48,67 euros; en Andalucía, 45,93 euros, y en Galicia, 41,68 euros.
En Asturias, la subida anual alcanza los 41,03 euros; en la Comunidad Valenciana, 38,41 euros; en Castilla y León, 38,26 euros; en Canarias, 37,88 euros y en La Rioja, 37,73 euros.
Completan la lista las tres autonomías en las que se encarecen menos las hipotecas: Castilla-La Mancha, 37,31 euros anuales; Murcia, 35,34 euros, y Extremadura, 32,87 euros.

Año nuevo, ley hipotecaria nueva

MADRID.- Después de dos años y nueve meses, tras dos cambios de Gobierno y la sombra de una multa europea, el Congreso de los Diputados ha dado finalmente el visto bueno a la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que tendrá que ser ratificada ahora por el Senado, ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y un mes después entrará en vigor, aproximadamente en marzo de 2019, recuerda hoy El Confidencial.

Las medidas contenidas en la nueva ley afectarán a todos aquellos hipotecados que firmen un préstamo tras su publicación en el BOE, ya que la norma no tendrá carácter retroactivo de forma general. No obstante, sí que afectará a aquellos contratos celebrados con anterioridad si son objeto de novación o de subrogación con posterioridad a su entrada en vigor.

A grandes rasgos, ¿qué debes saber si vas a firmar una hipoteca en base a la nueva ley? Estos son los nueve aspectos fundamentales que destacan desde iAhorro.

1.- Mayor protección al usuario

El cliente dispondrá de su contrato un mínimo de diez días antes de la firma. "El objetivo es que disponga de tiempo suficiente para leer el contrato con tranquilidad, resolver las dudas que le puedan surgir y dialogar con la entidad si hay alguna discrepancia. Relacionado con esto y con el fin de evitar que se concedan hipotecas a personas sin capacidad de pago, el banco deberá evaluar en profundidad la solvencia del futuro hipotecado", señala Manuel Gonzalvez, director de hipotecas de iAhorro. La norma obliga al banco a consultar el historial crediticio del cliente en el Banco de España, y si concede el préstamo le permite ceder los datos del usuario a plataformas privadas de información crediticia. El coste de esta ‘investigación’ deberá asumirlo el banco, tal y como aclara este experto.

2.- El papel del notario

El papel del notario cobra relevancia a la hora de ratificar que el titular conoce el producto que está contratando. Antes de la ley, el hipotecado solo tenía que ir al notario para firmar su hipoteca. Sin embargo, con la nueva ley, el titular tendrá que acudir al notario un mínimo de dos veces. La primera será sin la entidad para poder realizar cualquier pregunta que surja sobre los entresijos de su contrato. La segunda será con la entidad para la firma del contrato hipotecario. "Además, el contratante tendrá que responder a un cuestionario para demostrar que conoce los entresijos de su contrato. En esta vía, la ley dice que se entregará una manifestación firmada por el prestatario, en la que declare que ha recibido la documentación y que le ha sido explicado su contenido", explica Gonzalvez.

3.- Reparto de gastos

Otro de los puntos que más afecta a los clientes es el nuevo reparto de gastos a la hora de formalizar la hipoteca. Con la nueva ley, el cliente solo pagará la tasación. El resto de los gastos serán abonados por la banca (gestoría, IAJD, notaría y los gastos del registro). Esta parte supone un ahorro muy importante a la hora de formalizar su contrato. De esta manera, solo tendrá que hacer frente al coste de la tasación, que puede rondar entre los 300 y los 600 euros. Además, el cliente podrá elegir libremente a los tasadores, que podrán ser personas físicas. Ahora el banco será el que pague la gestoría, notaría, IAJD y el registro. De ellas, la partida del impuesto de AJD es la más elevada y depende de cada comunidad autónoma. Esta cantidad puede variar entre los 1.500 euros hasta los 6.000 euros en función del préstamo y de la comunidad en la que esté la vivienda. El resto de los gastos podrían suponerle a la entidad un coste entre los 1.000 y los 3.000 euros.

4.- Adiós a las cláusulas suelo

La ley aprobada prohíbe las cláusulas suelo, de esta manera en las operaciones con tipo de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés. El fin de esta norma es que el cliente se pueda beneficiar de las caídas del euríbor, aunque el interés mínimo se establecerá en el 0%, nunca podrá ser negativo.

5.- Novedades en las vinculaciones

Seguro de hogar, seguro de vida, tarjetas… Estas son algunas de las vinculaciones que las entidades proponen a los clientes para acceder al préstamo hipotecario. La nueva ley establece que las entidades no podrán imponer sus productos vinculados, aunque sí podrán hacer bonificaciones por los productos que se contrate, como se hace en la actualidad. "Muchos bancos bonifican con descuentos en sus tipos de interés si el cliente contrata alguno de sus productos vínculados. Los bancos podrán seguir comercializando sus productos vinculados, pero ahora el cliente podrá presentar a su entidad pólizas alternativas y "en ningún caso" la aceptación por el banco de una póliza alternativa distinta de la propuesta por su parte podrá suponer empeoramiento en las condiciones del préstamo", aclaran desde iAhorro.

6.- Comisión de apertura

A la hora de formalizar el préstamo muchas entidades cobraban a sus clientes una comisión de apertura del préstamo. En este punto se pueden encontrar grandes diferencias en las entidades, desde las que no cobran nada hasta las que cobran un 2%. La nueva norma no prohíbe el cobro de esta comisión aunque sí establece que esa tasa se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación y concesión del préstamo u otros similares.

7.- Subrogación y novación, claves tras la firma

El cliente también podrá cambiar de banco o mejorar su hipoteca cuando quiera. Con la nueva regulación, el cliente con préstamos anteriores a la ley podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca. Desde este comparador financiero explican que "entre las dos entidades en las que se haga el cambio se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste de formalización de la hipoteca. En el caso de la novación si el hipotecado no está conforme con las condiciones que firmaste en tu hipoteca podrás cambiarlas sin que la entidad te cobre ninguna comisión por la novación".

8.- Mayor protección en caso de embargo

La ley también protegerá más a los hipotecados en caso de embargo. "Antes, si el hipotecado dejaba de pagar en la primera mitad (imaginemos una hipoteca de 20 años, en los 10 primero años), para ejecutar la hipoteca bastaba con que el cliente hubiera dejado de pagar tres meses. El nuevo acuerdo eleva los meses de impago para ejecutar la hipoteca (proceder a un desahucio) a 12 meses o el 3%. Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses. La nueva ley establecerá que el impago tendrá que suponer el 7% o 15 meses", explica Gonzalvez.

9.- Menos comisiones por amortizar

Por último, bajan a la mitad las comisiones de amortización anticipada para hipotecas de tipo fijo (2% durante los 10 primeros años y 1,5% después), mientras que el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable (comisiones del 0,25% o del 0,15% respectivamente).

La Región de Murcia lidera el incremento de compraventa de viviendas en España

MURCIA/MADRID.- El incremento de la compraventa de viviendas en la Región de Murcia es el mayor del país. Aquí ya crece al triple de velocidad que en el conjunto de España. Estos datos se muestran en un documento con los gráficos actualizados por APIRM sobre la compraventa de viviendas en la Región de Murcia a partir de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Estos datos muestran que en octubre de este año se vendieron en la Región de Murcia 1.501 viviendas y 43.536 a nivel nacional.

El dato representa un notable aumento del 51,2% frente al mismo mes de 2017, situando a la Región de Murcia como la Comunidad Autónoma con mayor incremento en el número de operaciones.

El incremento en el conjunto del país es del 15,8% en España, por lo que la subida en la Región de Murcia equivale a más del triple de la experimentada de media en España.

De enero a octubre de este año las compraventas de viviendas ascendieron a un total de 14.037, lo que supone un incremento del 26,5% frente al mismo periodo del año anterior.

Esta subida fue del 11,4% a nivel nacional, con 439.070 viviendas vendidas.

En cuanto a la tipología, 344 transacciones correspondieron a vivienda nueva, lo que representa un espectacular incremento del 135,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la vivienda de segunda mano con 1.157 se ha incrementado un 36,6%.

La PAH protesta en el Congreso tras la aprobación de la nueva ley hipotecaria

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el texto de la nueva ley de crédito inmobiliario, que pasará ahora al Senado. La cámara baja ha dado el visto bueno con 262 votos a favor la nueva ley que regirá los contratos hipotecarios y que procede de una directiva comunitaria con más de dos años de retraso.

La aprobación de este texto ha supuesto el lanzamiento de panfletos desde la tribuna por miembros de la PAH que seguían durante la jornada el debate y la votación sobre la nueva ley. El texto ha salido adelante con 77 votos en contra de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu. Estos partidos han hablado de "oportunidad perdida" y han lamentado que la ley no haya sido más fuerte en la protección del cliente.

El texto de la ponencia ha sido aprobado por 262 votos aportados por el PP, el PSOE, Ciudadanos, PNV y Pdecat. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha celebrado durante la jornada el amplio apoyo que había recabado la ley que era un documento "mejorado" respecto al inicialmente presentado, todavía con Mariano Rajoy en la Moncloa.

Sin embargo, algunos grupos como Unidos Podemos ha mostrado su rechazo al texto. Rafael Mayoral ha criticado que se trate de una normativa hecha a la medida "de la banca y de los fondos buitre". Además, ha apuntado que se trata de una norma "ilegal" fuera de la legislación europea.

El propio PSOE ha reconocido su falta de conformidad con la norma. "No es el texto que nuestro grupo habría redactado", ha señalado Gonzalo Palacín, diputado del PSOE. Sin embargo, ha reivindicado que el texto supone "una mejora notable frente a las posiciones distantes iniciales". "Hemos tenido que renunciar a algunas de nuestras posiciones".

Cambios en la ley

Durante la tramitación de esta norma en el Congreso, los grupos han realizado múltiples cambios e incluso han introducido aspectos nuevos que no se contemplaban en el texto original.

Es el caso del reparto de gastos a la hora de formalizar una hipoteca, ya que tras la polémica decisión del Tribunal Supremo de primero obligar a la banca a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados, y después corregir su decisión, los grupos decidieron precisar qué gasto correspondía a cada parte. Así, según la nueva normativa, será el prestamista quien deba asumir todos los costes asociados, a excepción de la tasación, cuyos gastos correrán a cargo del prestatario.

Otro de los cambios introducidos ha sido el de elevar los meses de impago que se requieren para ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio), fijándolo en 12 meses (o en 3% del capital concedido) si el impago se produce en la primera mitad del préstamo y en 15 meses (o el 7% del capital concedido) a partir de entonces.

Sin embargo, estas nuevas condiciones para ejecutar una hipoteca no afectarán a aquellos contratos pendientes de resolución judicial, algunos de ellos suspendidos en los tribunales a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión.

Concretamente, la nueva ley recoge que las condiciones de vencimiento anticipado no se apliquen a contratos donde se haya activado esta cláusula antes de la aplicación a la entrada en vigor de esta ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo y estuviera suspendido o no.

Para el resto de contratos suscritos anteriores a la entrada en vigor de la ley sí que serán de aplicación las nuevas condiciones de vencimiento anticipado, salvo que las suscritas sean más favorables para el deudor.

Por otro lado, se han rebajado los intereses de demora planteados en la norma --del triple del interés legal inicial al interés remuneratorio más tres puntos porcentuales-- y las comisiones por amortización anticipada de una hipoteca sobre el capital reembolsado anticipadamente, que varían en función de si eran de tipo fijo y variable.

Para aquellos de tipo variable se contempla eliminarlos a partir del quinto o tercer año, según acuerden ambas partes, con un coste máximo del 0,15% o del 0,25%, respectivamente. En caso de hipotecas a tipo fijo, la comisión por amortización anticipada se diferencia entre el 2%, si la comisión se producía en los primeros diez años y a partir del 1,5% desde entonces.

Otra de las modificaciones incorporadas en la novación de créditos es el coste de pasar de una hipoteca a tipo variable y a tipo fijo, que pasa a ser del 0,15%. En el proyecto de ley estaba fijado en el 0,25%.

Reformas en el proceso de subrogación

También se modifican las condiciones de subrogación de hipotecas, ya que se ha apostado por realizar un reparto de los costes que conlleva la formalización de una hipoteca entre los bancos. Estas nuevas condiciones de subrogación de hipotecas --inicialmente no estaba contemplado-- se establecen tras los cambios en el impuesto de actos jurídicos documentados y el reparto de gastos contemplado en la ley.

Y es que los grupos temían un endurecimiento de las condiciones del crédito por parte de los bancos para prevenir que, ante el aumento de los gastos de constitución, compensara más llevar a cabo subrogaciones que formalizar hipotecas.

Este reparto, según han informado los grupos, incluirá todos los gastos contemplados en la nueva ley que debe asumir el banco y se realizará proporcionalmente en función de los intereses cobrados y pendientes de cobro, ya que la distribución de estos no es regular a lo largo de la vida del crédito.

Las que fija la nueva ley elevan los meses de impago que se requieren para ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio), fijándolo en 12 meses (o en 3% del capital concedido) si el impago se produce en la primera mitad del préstamo, y en 15 meses (o el 7% del capital concedido) a partir de entonces.

Finalmente, la ley permitirá al deudor subrogar a otra entidad financiera sin consentimiento de la entidad acreedor y se establece un reparto de gastos en las subrogaciones para que la entidad que pasaba a hacerse cargo de la hipoteca asumiera parte de los mismos de formalización de la hipoteca.

Por último, también recogerá una nueva disposición adicional para que los prestamistas puedan consultar el historial crediticio del cliente o deudor y, en caso de conceder el crédito o préstamo, "comunicar a las entidades privadas de información crediticia los datos que correspondan".

La Ley Hipotecaria activará préstamos "verdes" para los edificios eficientes

MADRID.- La nueva Ley Hipotecaria activará préstamos "verdes" para fomentar los edificios energéticamente eficientes tanto para su compra como para su rehabilitación y los bancos se beneficiarán de estas "hipotecas verdes" a cambio de no pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

El grupo parlamentario del PP ha introducido esta iniciativa en la ponencia de la nueva ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario que será votada en el pleno del Congreso el próximo jueves y que previsiblemente entrará en vigor en marzo, una vez que se traslade al Senado.

La denominada "hipoteca verde" podrá ser solicitada por cualquier cliente, sea particular, empresa o administración y gozará de los beneficios de los créditos refaccionarios, que no requieren otorgar escritura pública, o cuyo acreedor tiene prioridad, por ejemplo, a la hora del cobro de la deuda.

El diputado del PP en la Comisión de Economía que ha tramitado esta ley, Miguel Ángel Paniagua, ha señalado que se trata de fomentar un "producto estrella" entre la banca ante la necesidad de canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de inversión sostenibles.

La concesión de estas hipotecas estaría limitada a proyectos cualificados que cumplan con una serie de parámetros vinculados a la generación de ahorro en gasto energético (agua, luz o utilización de fuentes de energía renovables).

Dichos ahorros se medirían sobre una "base de coste energético y de agua" que deberían suministrar las compañías eléctricas, de gas y comercializadoras a las entidades administradoras de estos programas.

En el caso de contratar una hipoteca para mejorar un inmueble o un conjunto de edificios con el fin de hacerlos eficientes el constructor debería ser también un contratista cualificado.

Por otra parte, la "hipoteca verde" también se contempla para préstamos vinculados al mantenimiento de instalaciones permanentes de generación de energía renovable y sistemas de almacenamiento de energía en la edificación de un propietario, obligándose este último a comprar la energía producida por tal instalación a un precio fijo acordado en un "Contrato de Compra de Energía a largo plazo".

Este préstamo inmobiliario podría anotarse en el registro de la propiedad sin necesidad de otorgamiento de escritura pública, aunque para ello necesitará de una certificación de una entidad de verificación acreditada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) sobre la idoneidad del proyecto cualificado.

La enmienda del PP fue aprobada con los votos de los populares y las abstenciones de Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT ya que el PSOE y Nueva Canarias votaron en contra.