MADRID.- Unos 30.000 bienes, entre catedrales, iglesias, garajes,
frontones, jardines, apartamentos y campos de labranza. Esos son los
bienes que, a falta de confirmación oficial, ha entregado el Colegio de
Registradores al Gobierno, y que hacen referencia a los bienes
inmatriculados –puestos a nombre de la Iglesia–
gracias a la Ley Aznar entre 1998 y 2015, recuerda https://www.eldiario.es.
Un informe que, según ha
podido confirmar eldiario.es, el Ejecutivo socialista tiene en sus manos
desde hace más de un año y que todavía no ha decidido cómo hacer
público.
Sin embargo, esa cifra –adelantada por El País– no
refleja toda la realidad. "Es el chocolate del loro", lamenta el
responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al
Gobierno que la Iglesia "lleva inmatriculando bienes a su nombre desde
1946".
"Es imposible saber cuánto", recalca este activista aragonés, que
ha conseguido, después de muchos años de pelea, que Aragón diera una
cifra concreta: 49 en la capital (Zaragoza) y 2.023 en toda la
comunidad. Aunque sin decir cuáles, ni por supuesto hablar de los
inmuebles puestos a nombre de la Iglesia con anterioridad.
Y es que, si solo contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año
de la proclamación de la Constitución española), la cifra se
incrementaría por tres o por cuatro. Distintos expertos en Patrimonio
consultados por este diario cifran en más de cien mil los inmuebles
inmatriculados desde la instauración de la democracia.
"Se han 'afeitado' las cifras"
"A
mí no me gusta dar más cifras que las oficiales", apunta Jorge García,
que no obstante ve "extraño" que el propio gerente de la Conferencia
Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, admitiera el pasado año que los
bienes inmatriculados rondarían los 40.000, y que una primera
estimación elevaba los datos a entre 40 y 60.000. "Da la impresión de
que se han 'afeitado' las cifras", denuncia el responsable de
Recuperando.
Y es que, por el momento, las únicas
cifras oficiales (el Gobierno no ha confirmado ni desmentido que el dato
de 30.000 bienes sea real) son las que distintas asociaciones han
arrancado en algunos territorios.
Así, la Plataforma
en Defensa del Patrimonio de Navarra ha conseguido que el Gobierno hable
de 1.087 propiedades públicas anotadas entre 1998 y 2007, que casi se
triplicarían si se tiene en cuenta el periodo en que estuvo en vigor la
'Ley Aznar'.
Hace meses, la plataforma Recuperando anunció que había
logrado documentar otros 1.500 registros anteriores a la reforma en el
territorio foral, aunque, explicaban, en muchos casos una sola
inmatriculación incluye varios bienes. En un mismo paquete se hablaba de
parroquia, atrio, casa parroquial o huerto.
Sólo en la ciudad de León se registraron más de 2.000, y
en la Iglesia vasca, apenas 530. En Córdoba, hasta 401 inmuebles, entre
los que destaca la mezquita-catedral. Un templo registrado por 30 euros y
que el nuevo alcalde de la capital andaluza ya se ha reunido con el
obispo para confirmarle que el Consistorio no pone en duda la titularidad de la Iglesia.
Sea
como fuere, lo cierto es que desde hace años, distintas plataformas en
favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia
denuncian el "negocio inmobiliario" de la institución católica en
España, que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la
Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara
suyos, con la mera firma del obispo, que resulta tan válida como la de
un notario.
Algunos de esos bienes, con posterioridad, fueron vendidos
para otros usos que no fueran meramente litúrgicos.
Una
vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia,
serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero
también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que
poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.
Batalla legal
A
partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución
puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron
registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que
pueda presentar el obispo de cada diócesis.
Esta es
una de las razones por las que el Gobierno socialista aún no ha hecho
público el listado de bienes, sin un informe jurídico anexo, en el que
señalará las dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo
que advierte de una posible parálisis del sistema jurídico español, sin
olvidar los más que seguros recursos a la justicia europea.
La Iglesia,
que hace unos meses hablaba de "clima de desamortización encubierta",
está preparada para una hipotética batalla legal.
Distintos
expertos han apuntado que, una vez publicados los registros (si logra
salvarse otro escollo, que es el de la Ley de Protección de Datos, a la
que los Obispados podrían acogerse), tendría que verse qué instituciones
o particulares podrían, llegado el caso, denunciar la titularidad de
cada inmueble individualmente.
"Nosotros no podemos hacerlo", apunta
Jorge García, de Recuperando, que apunta a que debería ser cada
Ayuntamiento, o particular, quien habría de intentar hacerlo. "Siempre y
cuando tuviera algún título de propiedad anterior" lo cual, en el caso
de los templos, se antoja sumamente complicado.
Además, según la
normativa, pasados dos años desde que el bien es registrado resulta casi
imposible demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia perjudicó a
terceros.
Lo que sí podría plantear el Ejecutivo a la Iglesia sería
negociar la titularidad de los más de 3.000 edificios reconocidos como
'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso litúrgico y religioso
de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno considera "bienes de
dominio público" y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones.
La cifra es
estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia
Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que "3.168
bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia".
Entre
ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de
la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es,
fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y
ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como sucede en Portugal o
Francia.
En una respuesta de Justicia al diputado
socialista Antonio Hurtado en la legislatura pasada, se avanzaba que "la
Constitución española consagra los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio
público".
Esto quiere decir –afirmaba el Ministerio–
que, "si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran
accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que
efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la
correspondiente depuración física y jurídica".
La decisión
"correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al
Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho
sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial
efectiva".
¿Qué bienes podrían verse afectados? Hasta
31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos
mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros
templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla.
Del mismo
modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como
'de interés cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y
2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de
la inmatriculación.
Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios
existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca
de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).
