MADRID.- Según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de
Pedro Sánchez hace justo un año, el listado de los bienes que la Iglesia
ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30 000 propiedades, informa El País.
Estas 30 000 inmatriculaciones corresponden a una amplia variedad de
construcciones o terrenos: desde lugares de culto a casas parroquiales o
de maestro, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas.
El listado de bienes apropiados por la Iglesia se elaboró en
cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados y
permanece desde entonces oculto. El Gobierno indica que esta relación
de bienes sigue “en elaboración” y aún no
se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles
errores. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este
listado, ya sea PP o PSOE quién acceda al poder.
Proceso de impugnación de bienes
Su publicación permitiría iniciar el proceso de impugnación
que el propio Gobierno anunció el verano pasado que emprendería en caso
de que se compruebe que la Iglesia inscribió “bienes de dominio
público”.
El listado abriría la puerta también a que los afectados,
sobre todo los Ayuntamientos, pero también particulares, recurran la titularidad de los inmuebles. La tan esperada transparencia de las inmatriculaciones daría paso a una complicada batalla legal en juzgados de toda España.
Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946,
es la que permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los
templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma
de un obispo, que actuaba casi como un notario. Pese a esa excepción,
en los años ochenta se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según
han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones que defienden el
patrimonio.
El Gobierno socialista había indicado que reclamaría los
bienes de dominio público que la Iglesia católica española puso a su
nombre en las últimas décadas. El PSOE presentó una proposición no de
ley cuando estaba en la oposición que fue aprobada en abril de 2017 con
los votos en contra del PP y Ciudadanos.
Fue de mano del diputado
socialista Antonio Hurtado, quien en el Congreso de los Diputados se
interesaba por el destino de tantos templos, plazas públicas, fuentes
que los obispos escribieron en los registros de la propiedad.
El PSOE recalcaba la «inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público«, sin embargo, permite este tipo de actuaciones
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