Cehegín, Mula y Totana acuerdan con Empleo luchar contra la economía irregular

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de convenios entre la Consejería de Educación, Universidades y Empleo y los  ayuntamientos de Cehegín, Mula y Totana en materia de lucha contra la economía irregular. 

   El objetivo es favorecer y establecer vías de comunicación recíprocas para la detección de actividades no declaradas con ánimo defraudatorio, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

   Este acuerdo forma parte de las medidas incluidas en el primer Plan Regional contra la Economía Irregular puesto en marcha por el Gobierno regional para perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y afectan negativamente a la competitividad de las empresas.

   Uno de los objetivos prioritarios del Plan es reforzar la colaboración entre las administraciones para incrementar la eficacia en la lucha contra la economía irregular. Se favorece así el intercambio de información entre las partes ante cualquier indicio de actividad no declarada que se pueda producir en los municipios de la Región.

   Los municipios de Cehegín, Mula y Totana se suman así a los ayuntamientos que ya colaboran con la Administración regional en esta materia, que son Alhama de Murcia, Jumilla, Mazarrón, Cieza, Puerto Lumbreras y Torre Pacheco.

   De este modo, se comprometen a facilitar información relevante de la que se pueda deducir la existencia de una actividad económica.

IU critica que "los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca" no están incluidos en el Plan de Economía Irregular

CARTAGENA.- El portavoz de IU-Verdes en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, ha criticado que los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura "no se han sumado al Plan de Economía Irregular", precisamente "cuando están gobernados por el Partido Popular" y "deberían ser los primeros".

   Pujante ha hecho estas declaraciones este miércoles con respecto al Plan de Economía Irregular, presentado por el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca.

   Para Pujante, la economía sumergida "es economía ilegal", puesto que "se está vulnerando la legalidad" y "hay que llamarla así".

   El portavoz de IU-Verdes ha pedido "resultados" del plan a Sotoca, porque ha estimado el fraude fiscal en la Región de Murcia entre "un 26 por ciento y un 30 por ciento", lo que supone "un lastre importante".

La economía sumergida moverá 195.600 millones en España este año

MADRID.-  La economía sumergida alcanzará un valor total estimado de 195.600 millones de euros a finales de este año, lo que supone un 18,6% del PIB, ligeramente inferior al de 201.300 millones de euros (un 19% del PIB) contabilizado al cierre de 2012, según un estudio elaborado por Visa.

   Estos datos sitúan a España, junto con Portugal, en el tercer puesto entre los países de Europa Occidental cuya economía sumergida equivale a un porcentaje mayor respecto al PIB. Por volumen total de economía sumergida en euros, España sería el quinto país del ranking, por detrás de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido.

   "La economía sumergida tiene un gran tamaño en España, que supera a las de la mayoría de los países de Europa Occidental, aunque se mantiene en un nivel similar al de la media europea (18,5%), un total de 2,15 billones de euros", indica el informe.

   Según el estudio, el peso de la economía sumergida en España no ha cambiado sustancialmente respecto a los datos de 2008, y se concentra especialmente en los sectores de la construcción, industria, comercios, restaurantes e inmobiliarias.

   Los expertos señalan que la economía sumergida consiste especialmente en trabajos y en ventas no declaradas, y apuntan que, de centrarse en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas podría significar reducir la economía sumergida en España en unos 23.400 millones de euros, un 11,6% del total estimado actualmente.

   Este tipo de práctica se concentra en los sectores de ventas de coches y recambios, bares y restaurantes, taxis, autobuses y transporte comercial, alojamientos de bajo coste, tiendas de venta no especializada y servicios de comedor y catering.

   La economía sumergida se fomenta debido al nivel impositivo relativamente alto y complejo para particulares y empresas y a la burocracia extendida y con bajos niveles de servicio, entre otras causas. También influye el hecho de que el 16% de los billetes de 500 euros que circulan por Europa están en España.

   En este sentido, el director general para España y Portugal de Visa Europe, Luis García Cristóbal, ha explicado que está a favor de reducir el número de este tipo de billetes. "Cualquier medida que se adopte encaminada a reducir el efectivo la apoyaremos. Los pagos en efectivo son menos eficientes y más caros", ha dicho.

   Los autores del estudio destacan que incentivar los pagos electrónicos en un 15% ayudaría a reducir la economía sumergida en un 9%. Esto podría conseguirse gracias a medidas como la instalación de Terminales de Puntos de Venta (TPVs en comercios pequeños), la devolución de impuestos por el uso de tarjetas en comercios o la obligatoriedad del uso de pagos electrónicos para operaciones a partir de un cierto importe hasta el uso y aceptación obligatorio de los pagos con tarjeta en todas las administraciones públicas.

   García Cristóbal ha resaltado que la economía sumergida también se fomenta con la reticencia a aceptar pagos con tarjeta por importes menores a 10 ó 15 euros en muchos comercios, así como la tendencia de algunos sectores como el de la construcción o el inmobiliario a demandar determinados pagos en efectivo.

   Para frenar el avance de la economía sumergida, el director general para España y Portugal de Visa Europa ha señalado que, pese a que se ha realizado una "buena labor" hasta ahora, es necesario seguir tomando medidas.

   "Es necesaria la actuación conjunta y coordinada de las administraciones públicas, entidades financieras, sistemas de pago y comercios para romper con el círculo vicioso del efectivo y luchar así de forma eficiente contra la economía sumergida", ha afirmado.

   Según ha explicado, la tendencia en España es positiva, ya que la economía sumergida se ha reducido en 10.000 millones de euros en los últimos cinco años, pero ha manifestado que aún estamos "a años luz" de países como Italia o Alemania".

   Por este motivo, ha ofrecido su colaboración al Gobierno y ha avanzado que Visa Europa está analizando las fórmulas de otros países para poder proponer medidas similares que aplicar en España.

La Comunidad Autónoma establece un protocolo con cinco ayuntamientos para detectar indicios de economía irregular

MURCIA.- El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, ha presentado este lunes los protocolos de colaboración que ha suscrito con los ayuntamientos de Cieza, Mazarrón, San Javier, Jumilla, y Alhama de Murcia, para "avanzar en la lucha contra la economía irregular en la Región de Murcia". 

   En concreto, los protocolos "abren nuevas vías de comunicación e información que son relevantes para detectar cualquier actividad no declarada con ánimo defraudatorio en los municipios".

   El objetivo, según Sotoca, es "analizar el trabajo que ya se está haciendo por parte de las corporaciones locales a una nueva finalidad, que es la detección de actividades no reconocidas".

   Se ha referido a indicios de actividad sumergida a través de obras detectadas por servicios de inspección urbanística, inmuebles descubiertos que no figuren en el catastro, producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas detectados por los servicios de limpieza viaria, denuncias de actividades ruidosas o molestas, actividades profesionales no declaradas descubiertas por la policía municipal o los datos relativos al consumo de agua.

   Toda la información recogida será remitida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será quien cruce los datos que obran en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, e identifiquen aquellas actividades no declaradas, informa la Comunidad.

   Para el intercambio de toda esta información se han creado comisiones mixtas de seguimiento entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y los distintos ayuntamientos. El consejero ha adelantado algunos datos recogidos hasta el momento, aunque ha precisado que "no son todos los datos, puesto que aún no están configuradas todas las comisiones".

   Hasta el momento se han recogido datos identificativos referidos a 1.440 declaraciones de Impuestos sobre Bienes e Inmuebles que afecten a actividades económicas. Se han recabado también datos relativos a 953 registros de recogida de basuras en inmuebles con actividad económica, y datos identificativos de 431 licencias de actividad.

   El titular de Empleo ha destacado el "carácter pionero" de esta iniciativa, ya que "es la primera vez que las tres administraciones públicas (nacional, autonómica y local) intercambian información con el objetivo de identificar este tipo de comportamientos, claramente insolidarios".  

   En este sentido, Sotoca ha recordado que los convenios con los ayuntamientos "forman parte de las medidas contempladas en el primer Plan Regional contra la Economía Irregular y, por tanto, no son las únicas actuaciones que se han puesto en marcha con este objetivo".

   Igualmente, ha subrayado el establecimiento de un protocolo de colaboración entre las consejerías con competencias en la materia (Hacienda, Trabajo e Industria), que ha supuesto el intercambio de una gran cantidad de información relevante para detectar actividades irregulares a través del pago de impuestos autonómicos, las declaraciones de fallidos por insolvencia de empresas o las declaraciones de actividad en industria.

   En concreto, en el ámbito tributario y de recaudación, la Consejería ya ha remitido a la Inspección de Trabajo más de 7.000 transmisiones de participaciones sociales y 109 sucesiones de actividades empresariales y económicas, con los datos identificativos correspondientes. La Inspección de Trabajo hará una verificación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de los nuevos titulares.

   Además, se ha recabado también información relativa a 92 donaciones de negocios y actividades, con sus datos identificativos correspondientes, así como 706 expedientes de declaraciones de insolvencia que la Inspección de Trabajo investigará para comprobar la realidad de esta situación.

   En cuanto a la gestión empresarial, el consejero ha resaltado que se ha recogido toda la información del Registro Industrial de la Región de Murcia, donde están inscritas más de 22.000 empresas. Una información, ha dicho, que "también será cruzada con los datos declarados ante la Tesorería de la Seguridad Social".

Los ayuntamientos de Cieza y Mazarrón se suman a la lucha contra la economía irregular

MURCIA.- El Ejecutivo regional ha autorizado la celebración de sendos convenios entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo y los ayuntamientos de Cieza y Mazarrón en materia de lucha contra la economía irregular. 

   El objetivo es favorecer y establecer vías de comunicación recíprocas de información que puedan ser relevantes para la detección de actividades no declaradas con ánimo defraudatorio en ambos términos municipales, según ha detallado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

   La celebración de este acuerdo forma parte de las medidas incluidas en el primer Plan Regional contra la Economía Irregular que ha puesto en marcha el Gobierno regional para perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y afectan negativamente a la competitividad de las empresas.

   Uno de los objetivos prioritarios del Plan es reforzar la colaboración entre las administraciones para incrementar la eficacia en la lucha contra la economía irregular. Para ello, se favorece principalmente el intercambio de información entre las partes, sobre todo ante cualquier indicio de actividad no declarada que se pueda producir en los distintos municipios de la Región.

   Así, Mazarrón y Cieza se suman a los municipios que ya colaboran con la Administración en materia de lucha contra la economía irregular, como Alhama de Murcia y Jumilla.

   En el marco de estos acuerdos se comprometen, entre otros aspectos, a facilitar información sobre obras detectadas por los servicios de inspección urbanística que no hayan obtenido la licencia, inmuebles que no figuren en el catastro, producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas, denuncias de actividades ruidosas o molestas, o actividades profesionales no declaradas.

El Ministerio de Trabajo destapa un 11,8% más de economía sumergida

MADRID.- “Racionalización de los recursos y organización, porque los inspectores siempre han trabajado mucho”. Así explican en el Ministerio de Trabajo los extraordinarios datos facilitados por la ministra Fátima Báñez (en la imagen) en el transcurso de la reunión con directores territoriales y jefes provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  De enero a septiembre de este año se han realizado 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. El plan de lucha ha permitido que afloren 57.457 empleos hasta septiembre, un 11,86% más que el año anterior, según http://www.hispanidad.com

Los datos son magníficos. La actuación de la inspección permitió detectar  1.064 empresas ficticias y anuló 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que el año anterior.

Las cifras no guardan ninguna relación con el nuevo régimen de empleadas del hogar ni posibles inspecciones ejercidas al respecto para detectar trabajadores sin dar de alta durante este verano, entre otras cosas, porque, según fuentes del propio Ministerio, los hogares son muy difíciles de inspeccionar por su especial condición jurídica.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó, entre los siete meses de enero a septiembre de este año, un total de 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. De ellas, 15.097 guardan relación con las prestaciones por desempleo. Se han detectado 4.730 infracciones de empresarios, un 30% más que en el mismo período del año anterior que se cerró con un saldo de 3.642 infracciones detectadas.

Se ha descubierto a 6.943 trabajadores que, o bien compatibilizaban indebidamente las prestaciones con un trabajo, o las han obtenido mediante el recurso al fraude. El incremento de infracciones detectadas ha sido de un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Las empresas ficticias, otra bolsa de fraude, han sido objeto de la atención del Ministerio de Trabajo. Se han llevado a cabo 14.110 inspecciones, un 70,5 % más que las 8.274 del año pasado. Se han detectado 1.064 infracciones en esta área, frente a las 208 detectadas en los nueve primeros meses de 2011, lo que implica un incremento del 411,5%.

También se anularon 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que en los nueve primeros meses del año 2011 (10.919 altas anuladas).

Báñez puso en valor la labor realizada por los inspectores de trabajo y seguridad social, “un servicio público con más de 100 años de historia…” y ha añadido que los resultados obtenidos “son datos positivos que revelan vuestro trabajo y vuestro compromiso en estos años de crisis económica”.

A la vista de los resultados, la nueva legislación  de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobada por el PP está consiguiendo los resultados esperados. Aunque cabe preguntarse si muchos de los delitos fiscales cometidos, como las altas ficticias, no han aumentado con el empeoramiento de la crisis este último año, lo que da lugar a su detección, lo cierto es que el número de actuaciones se ha incrementado. Los inspectores, por mucho que hayan trabajado antes y después, y sin un incremento significativo de medios, deben estar echando humo.

El Gobierno aprobará en semanas la norma contra la economía sumergida

MADRID.- El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal en las próximas semanas, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida y preguntas relacionadas con el IVA.

   "Existe esa economía sumergida y hay que combatirla y eso es el sentido de la regularización fiscal promovida por el Gobierno", ha señalado Montoro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que el Ejecutivo está siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la práctica de otros países desarrollados del entorno, entre ellos Italia, Alemania o Reino Unido.

   Durante su intervención, Montoro ha negado que el Gobierno haya puesto en marcha una 'amnistia fiscal' y ha precisado que se trata de una regularización fiscal, lo que va en paralelo con un proyecto de ley que dotará a la Agencia Tributaria de la mayor capacidad para luchar contra el fraude fiscal.

   "Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida, eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda Pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro pais", ha señalado.

   Montoro ha afirmado que, a diferencia del anterior Gobierno socialista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está acometiendo una serie de medidas para terminar con el fraude fiscal en un momento de caída de ingresos tributarios, algo que es "muy perjudicial" para sostener el Estado de Bienestar.

IU-Verdes reprocha a Valcárcel que "destinara como máximo 60.000 euros al año contra la economía sumergida"

MURCIA.- El responsable regional de Economía y Empleo de IU-Verdes, Cayetano Jaime Moltó, ha reprochado al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, que "en tiempos de crecimiento económico haya destinado como máximo 60.000 euros anuales a la lucha contra la economía sumergida".

   Jaime Moltó ha afirmado que "no es una sorpresa que ahora, en un contexto de crisis, Valcárcel admita que la tasa de economía irregular en la Región alcanza el 27 por ciento", y ha destacado que "lo más lamentable" es que en momentos de bonanza económica el Ejecutivo autonómico "no invirtió lo suficiente para paliarla".

   A su juicio, "lo lógico sería que en un panorama económico positivo se atacara la economía sumergida porque hay más posibilidades, pero lejos de eso el equipo de Gobierno de Valcárcel ha hecho una aportación más bien residual".

   Ha instado a Valcárcel a que sea "valiente" e informe de su gestión en relación a la "economía irregular" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a los responsables de la Unión Europea (UE), ya que el dato de la Región se sitúa "muy por encima" de la media comunitaria, del 12 por ciento

   Asimismo, ha tachado de "escandaloso" que en la Región de Murcia los trabajadores "declaren de media 20.000 euros al año mientras los que los contratan, los empresarios, declaran unos 16.000 euros", por lo que ha reclamado "más medios humanos y técnicos para perseguir este fraude".

El director territorial de la Inspección de trabajo dice que "la economía sumergida va unida a una tolerancia social clara"

CARTAGENA.- El director territorial de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, Diego Martínez, ha comparecido este jueves ante la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional, donde ha dicho que "la economía sumergida va unida a una tolerancia social clara" y que "existe un problema de empresas ficticias, empresas inexistentes, que se crean sin una actividad real, de las cuales se han eliminado 34 desde 2009".

   De éstas ha dicho que son "fuente de facturas falsas, donde las personas pagan porque les den de alta de cara a la obtención de prestaciones como el desempleo o la incapacidad temporal o la maternidad".

   Igualmente ha señalado que "Murcia es pionera en sistemas de detección de esta problemática", ya que "en 2009 se anularon 34 códigos de cuenta de cotización de estas empresas", suponiendo la anulación de su alta "7.800.000 euros". También ha indicado que actualmente hay "132 casos en investigación, lo cual da una imagen del fenómeno".

   Diego Martínez ha admitido que "hay más economía sumergida, pero que Murcia es pionera en sistemas de detección gracias al cruce de datos, que está dando magníficos resultados".

   Martínez ha querido destacar también "que comparece ante la comisión para trasladar datos desde 2006 hasta la actualidad", y que así éstos "se puedan analizar, contribuyendo a minimizar la economía sumergida", ya que "es un fenómeno complejo".

   Además, el director territorial ha informado de que "Murcia funciona con 3 inspectores y 10 subinspectores". También ha dado datos como que "hay previstas 8.516 actuaciones para 2012".

   Diego Matínez ha propuesto ante la Comisión de Empleo de la Asamblea, que lo ideal sería un "cambio de concepción social", ya que actualmente "el trabajador joven no valora su situación de futuro", a lo que ha añadido que "la Seguridad Social sí que somos todos" y que "desgraciadamente la crisis aumenta la economía sumergida".

   Como solución, ha propuesto "una mayor coordinación administrativa", eso es, "un grupo conjunto de actuación entre la inspección de trabajo y la agencia tributaria".

   Finalmente, ha dicho que "en Murcia no hay más economía sumergida que en otras regiones".

   Por parte del PSOE, Francisco Javier Oñate ha dicho que "Murcia tiene el 35 por ciento de economía sumergida, que es el mayor de España" y que "si afloraran los ocho millones de euros de la economía sumergida, se equilibrarían los porcentajes de déficit".

   José Antonio Pujante, del Grupo Mixto, ha pedido "el incremento de medios humanos con el fin de regularizar la eco sumergida", así como "la necesidad de llegar a acuerdos entre la Administración regional y la del Estado" pues "hay que incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda".

   Y ha finalizado diciendo que "los 60.000 millones de fraude fiscal al año, es la cantidad justa para ajustarse al déficit" y que "así serían innecesarios los recortes del Gobierno".

Murcia tiene una tasa de economía sumergida del 35% del PIB, la mayor de España

MADRID.- Más de un tercio de la economía regional de Murcia está fuera de control. Es decir, “sumergida” o “informal”. O ambas cosas a la vez. Con más de un 26% de paro, una de las mayores tasas de desempleo de España, y un tejido productivo al margen de la legalidad, los males financieros de la Comunidad, cuyo déficit público alcanza el 4,8%, tienen difícil solución, según publica hoy www.elconfidencial.com

La crisis sistémica ha provocado que las prácticas económicas fuera de control se incrementen en los últimos tres años. Según las estimaciones de Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la región, la tasa de economía sumergida en Murcia llega al 40%. Para Daniel Bueno, su homólogo de CCOO, el nivel no es quizá tan alto, pero se le aproxima: más del 35%. Por su parte, el presidente de la cúpula patronal murciana, CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia), Miguel del Toro, cree que “es una lacra que nos afecta a todos”, pero prefiere no concretar porcentajes.

La última estadística oficial disponible sobre el asunto, el Informe de Economía sumergida 2000-2009 de Gestha (asociación de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda), fijaba en el 24,3% del PIB regional el nivel de la economía sumergida. Una cifra inferior a la de La Rioja (31,4%), Canarias (28,7%), Castilla-La Mancha (26,5%), Galicia (26,3%), Aragón (25,5%), Castilla y León (25,0%), Andalucía (24,9%) y el mismo de la Comunidad Valenciana (24,3%).

Desde entonces, ambas fuerzas sindicales coinciden en que el tremendo golpe sufrido por la economía regional debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha disparado esa tasa. El resultado es que la economía sumergida mueve en un año la mitad del actual presupuesto regional.

Esto tiene unas consecuencias nefastas para las arcas públicas. El PIB regional es de unos 25.000 millones de euros, razona el secretario general de UGT, y unos 10.000 millones escapan del control público. “Lo que significa que no se recaudan unos 3.000 millones de euros, cuando la recaudación oficial tributaria por todos los conceptos es de unos 4.500 millones. O sea que solo se tributa por el 60% de lo que realmente se mueve”, concluye.

Jiménez mantiene que su estimación del 40% no es desmesurada y recuerda que ya en 2007 el fallecido secretario general de su sindicato, Antonio López Baños, aseguraba con datos que el porcentaje de Murcia era superior al que daba Gestha: el 33%. Para él, “cuando hablamos de economía sumergida no nos referimos solo al arquetipo del trabajador sin dar de alta sino a todo lo que escapa del control fiscal y de la Seguridad Social”.

Antes de eso, en 2006, un estudio del Consejo Económico y Social (CES) murciano ya señalaba a la región como la de mayor porcentaje de España de economía sumergida, citando como ejemplos, entre otros, el que casi el 22% de trabajadores no estaba dado de alta en la Seguridad Social y uno de cada cinco cobraba parte de su sueldo fuera de nómina.

Pero ambos secretarios generales recalcan que la actividad fuera de control no consiste solamente en esos dos ejemplos. Profesionales liberales y oficios que cobran sin factura, es decir, sin incluir el IVA, horas extras sin contabilizar oficialmente, compras de materias primas que se producen clandestinamente, alquileres sin declarar de pisos y locales, ventas al contado, rechazo de tarjetas de crédito, etcétera.

Bueno cuenta el caso de una conocida empresa de “banderillas” de aperitivo para bares que son ensartadas en sus correspondientes palillos mondadientes en casas particulares de la huerta de Murcia, por las que pasa periódicamente una furgoneta para recogerlas y llevarlas a envasar, etiquetar y vender legalmente.

Ambos coinciden en que en Murcia existe una gran tolerancia hacia la irregularidad laboral y fiscal, cosa que favorece el crecimiento de la economía sumergida e informal que, además, en épocas de crisis como la actual sirve de colchón social para la disminución generalizada de ingresos y el crecimiento desmesurado del paro.

La falta de coordinación entre administraciones (Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo, administraciones autonómica y local) y un sistema impositivo inadecuado para la estructura industrial de pymes y autónomos (el 90% del tejido productivo murciano) favorece la extensión de la economía sumergida e informal. En esto todos los agentes sociales están de acuerdo.

Pero no parece que las instancias oficiales estén muy decididas a luchar contra ella. En el recién firmado (13 de enero) “Acuerdo Marco para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Región de Murcia”, Gobierno regional, CROEM y los dos sindicatos mayoritarios dedican solo uno de los catorce puntos a este tipo de economía. A pesar de la antigüedad del problema y de la creciente extensión de la economía irregular, se limitan a declarar que “es necesario elaborar (…) un plan de control que potencie su rechazo social y que fomente la coordinación entre las distintas administraciones competentes para asegurar una adecuada detección y corrección de este tipo de prácticas”.

La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB

MADRID.-   La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB, según un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

   Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo 'MIMIC' (Multiple Indicator and Multiple Causes).

   Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

   A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

   En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.

   Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.

   En cuanto al efecto en el empleo, sea cual sea el procedimiento de estimación de la economía sumergida que se utilice, el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones al final de la muestra.

   Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

La economía sumergida ya representa casi el 25% del PIB regional murciano

MURCIA.- La economía sumergida asciende en la Región de Murcia, igual que en la vecina Comunidad Valenciana, al 24,3% del Producto Interior Bruto (PIB), el octavo porcentaje más alto por comunidades autónomas, según el Informe de Economía sumergida 2000-2009, elaborado por técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ante este elevado nivel de fraude, los técnicos de Hacienda piden que se priorice la lucha contra la economía sumergida y las grandes bolsas de fraude para elevar los ingresos.

Los técnicos sostienen que si los defraudadores "pagaran lo que deben" no sería necesario que "los más débiles" asumieran el alza de impuestos, que incluye, entre otras, la eliminación de la deducción de los 400 euros en el IRPF o la subida del IVA prevista para julio.

Igualmente, reequilibraría el sistema de pensiones, por lo que tampoco sería necesario elevar la edad de jubilación ni aumentar el periodo empleado para el cómputo de la pensión.

Si a los defraudadores se les exige que paguen lo que han evadido en los últimos cuatro años, habría dinero para reducir el déficit público, aumentar las pensiones y garantizar la Ley de Dependencia, a juicio de los técnicos fiscales.

Sólamente superan a Murcia en economía sumergida, La Rioja, comunidad que registró un mayor porcentaje de dinero negro con un 31,4%, seguida de Canarias (28,7%), Castilla-La Mancha (26,5%) y Galicia (26,3%).

A continuación se situaron Aragón (25,5 por ciento), Castilla y León (25,0 por ciento), Andalucía (24,9 por ciento). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron niveles de economía sumergida sobre el PIB del 27% y del 26,9%, respectivamente.

En la actualidad, la bolsa de dinero negro en España asciende a cerca de 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB, según las mismas fuentes.

Con la reforma administrativa propuesta por los propios técnicos de Hacienda, la Agencia Tributaria podría reducir la economía sumergida y, de este modo, aflorar cerca de 90.000 millones de euros anualmente en España, lo que supondría una recaudación adicional de unos 38.500 millones de euros que permitirían asegurar y mejorar las prestaciones sociales, evitando los recortes a los colectivos menos favorecidos.

Las Administraciones aumentarán un 25% las inspecciones para controlar la economía irregular el próximo año

MURCIA.- La Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano colegiado de cooperación y coordinación entre el Gobierno regional y la Administración del Estado, acordó hoy realizar el próximo año un total de 6.393 acciones para controlar la economía irregular, lo que supone un incremento del 25 por ciento en relación a este ejercicio.

En este sentido, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, explicó que "en estos momentos de crisis económica la economía irregular puede acentuarse y por ello lo hemos tenido en cuenta en la planificación para 2010".

Y es que, hasta septiembre se detectó en la Región un incremento de la economía irregular, según reconoció el director territorial-jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social, José Fuentes.

Al respecto, Fuentes explicó que "el número de trabajadores extranjeros en situación irregular cayó un 50 por ciento, pero el número de inmigrantes con autorización para trabajar y los españoles que estaban fuera del sistema de la Seguridad Social creció un 20 por ciento". De hecho, estimó que previsiblemente el año se cerrará con unos 3.000 expedientes por infracción por estos conceptos, frente a los 2.600 del año 2008.

La Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que asistió también la subdirectora general de apoyo a la gestión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Pilar Carranza, dio luz verde a la propuesta, previamente consensuada con los agentes sociales, de aumentar un 10 por ciento el número de actuaciones planificadas para el próximo año, llegando a las 10.727.

Sotoca apuntó que las medidas establecidas están agrupadas en cuatro apartados, como son empleo y relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, y Economía Sumergida.

Así, al incremento en un 25 por ciento de las actuaciones previstas para luchar contra la economía sumergida, hay que sumar las 1.225 actuaciones planificadas en el área de empleo y relaciones laborales.

De estas últimas, destacan las 275 acciones relacionadas con el control de las obligaciones que se derivan de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y las 339 acciones dirigidas a velar por la Igualdad entre hombres y mujeres, controlando la implantación de planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores y evitando que se produzcan situaciones de discriminación en el acceso al empleo.

Asimismo, se han previsto 60 actuaciones para comprobar el cumplimiento de la normativa de integración laboral de personas con discapacidad y otras 250 actuaciones inspectoras de control de fraude en la contratación temporal.

A su vez, se realizarán 1.691 acciones, un 3 por ciento más que en 2009, de control de la ejecución de la normativa en prevención de riesgos laborales. Un incremento que, según Sotoca, refleja "nuestra prioridad para luchar contra la siniestralidad laboral, a pesar la positiva evolución que venimos experimentando en esta materia".

Al respecto, resaltó que los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo "sitúan a la Región como la tercera comunidad con menos siniestralidad" y aseguró que "en los que llevamos de año, se ha reducido en más de un 21 por ciento la tasa de incidencia, siendo especialmente significativa la reducción de los accidentes graves a la mitad y en un 43 por ciento los accidentes mortales".

En este apartado, la Comisión planificó realizar 590 acciones para vigilar las condiciones de seguridad en el sector de la construcción, tales como la comprobación de medios de protección colectivos (redes de seguridad y barandillas), la vigilancia en la colocación de los andamios, la protección de los huecos para evitar las caídas de altura o, en materia de higiene, comprobar si la ventilación en los lugares de trabajo es la adecuada.

Además, el consejero destacó 150 acciones encaminadas a vigilar la obligatoriedad de integrar la prevención en la estructura orgánica de las empresas, y subrayó la importancia de "incorporar la prevención de riesgos a todos los departamentos y procesos productivos de las empresas, como parte de la filosofía empresarial".

Por otro lado, la Comisión aprobó la realización de 300 actuaciones que efectuarán los técnicos de prevención del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) para colaborar de nuevo con la Inspección en su labor fiscalizadora en prevención de riesgos.

Al hilo, Sotoca destacó la "exitosa labor de los técnicos del Instituto, que el año que viene realizarán, por primera vez, visitas al sector de la construcción para comprobar las condiciones de seguridad".

Así, los técnicos del ISSL centrarán su atención en 2010 en cuestiones como "control de máquinas y lugares de trabajo, polvo y vapores orgánicos, sobreesfuerzos, y vigilancia de la salud y ruido, que afecta a sectores como el de la fabricación de calzado, muebles y piezas de madera, transporte de mercancías, o el de procesado y conservación de frutas, hortalizas y productos cárnicos", añadió Sotoca.

Finalmente, comentó que se mantendrán las actuaciones dirigidas a controlar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de coordinación preventiva entre empresas que comparten un mismo centro de trabajo, que ascienden a 172.

Valcárcel advierte de los inconvenientes de la economía sumergida

ALHAMA.- Ramón Luis Valcárcel , que ha visitado esta mañana el nuevo centro de procesamientos de carnes de ElPozo en Alhama de Murcia, se ha referido al incremento en la Región de la economía sumergida, que los sindicatos cifran en un 40 por ciento y el Ejecutivo autonómico en un 30 por ciento, y ha apuntado que es "muy malo para el trabajador y afecta a sus intereses".

También ha afirmado que para "el empresario verdadero" es, además, perjudicial porque genera "deslealtad en la competencia" y supone "fraude al fisco".

"Hay que alertar a estos empresarios para que dejen de actuar de esa manera y al trabajador para que no caiga en la tentación de mantener un puesto de trabajo en esas condiciones porque se cierra las puertas al futuro", ha reiterado el jefe del Ejecutivo murciano.

Así mismo, ha señalado que Gobierno, patronal y sindicatos van "de la mano al unísono" en este asunto e intensificarán las campañas para luchar contra la economía sumergida, más ahora en un momento de crisis, que es más frecuente que se den este tipo de casos.

Pujante (IU) considera "claramente insuficiente" la campaña contra la economía sumergida

MURCIA.- El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, valoró hoy la campaña para combatir la economía sumergida anunciada por el Gobierno murciano, aunque indicó que esta iniciativa, basada en la concienciación de la ciudadanía, es "claramente insuficiente".

Pujante insistió en la necesidad de que el Gobierno central aumente la plantilla de la Inspección de Trabajo, así como las labores de vigilancia en las comunidades con mayor tasa de economía sumergida, con el fin de "luchar con eficacia contra este fenómeno".

En este sentido, señaló que uno de los factores que influyen en el aumento de esta práctica es la apuesta por determinados modelos productivos ligados a actividades económicas "que se prestan más a la irregularidad".

Asimismo, recordó que en el último Debate sobre el estado de la Región trasladó una propuesta al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, para la elaboración de un pacto social de lucha contra la economía sumergida al que éste "hizo caso omiso", informaron en un comunicado fuentes de la coalición de izquierdas.

Finalmente, Pujante se refirió, además, a una medida planteada por su grupo para la creación de una unidad especial de la Policía Local que adquiera funciones administrativas y judiciales en materia de prevención de riesgos laborales, lo que liberaría parte de la labor de los inspectores de trabajo.

Gobierno regional y agentes sociales coinciden en que la crisis incrementa la economía sumergida

MURCIA.- El Gobierno regional y los agentes sociales coincidieron hoy en que la crisis económica incrementa la economía sumergida y aunque discreparon sobre los porcentajes, rehusaron entrar en una guerra de cifras porque "lo importante es que existe la voluntad de todos de poner medidas para frenarla y erradicarla", indicó el secretario general de CCOO, Daniel Bueno.

Y es que, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, estimó que desde 2006 la economía sumergida entendida en su sentido amplio, esto es, incluyendo aspectos como cobrar parte del salario en 'negro' o no declarar las horas reales de jornada, creció en la Región un 20 por ciento, pasando del 33 al 40 por ciento actual, unos cálculos que consideró "bastante equilibrados" y "comedidos".

Como ejemplo, citó que durante el primer semestre del año se registraron 1.179 expedientes de la Inspección de Trabajo por detectar personal no dado de alta en la Seguridad Social "y esto es un aumento del 50 por ciento" en relación a los 733 expedientes de enero a junio de 2008.

Por su parte, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, indicó que "el sentido común dice que ha habido un aumento de la economía sumergida, pero no voy a entrar en una guerra de cifras porque sencillamente no existen esas cifras", pese a que advirtió que "personalmente creo que el 40 por ciento es una cifra muy elevada".

"Todo lo que hay son dos estudios serios del Consejo Económico y Social --uno de los años 90 que situaba la economía sumergida en el 33 por ciento del PIB regional y otro de 2006 que hablaba del 20 por ciento--, y todo lo demás son cifras estimativas", matizó Sotoca.

Desde Croem, su presidente Miguel del Toro opinó de forma similar al consejero, por cuanto "no hay datos", pero alertó que el "riesgo de ocultarse en la economía sumergida es mayor en crisis".

"Son prácticas rechazables, intolerables e insolidarias y suponen una hipoteca para nuestro futuro", indicó, al tiempo que opinó que "la salida a esta situación tan peliaguda será más lenta y dificultosa".

Del Toro recalcó que "la gran mayoría de los empresarios de la Región cumplen con sus obligaciones" y calificó de "ejercicio de competencia desleal e insolidaridad" este tipo de prácticas que, a su entender, deberían implicar a toda la sociedad en su rechazo. "El que defrauda engaña a todos y hay que señalarlo con el dedo", apostilló.

También llamó el líder de UGT la atención sobre la necesidad de "colocar las prácticas fraudulentas fuera de la permisividad de la vida social" pues "son un plato muy mal cocinado para el trabajador y una indigestión para el conjunto de la sociedad".

De hecho, la nueva campaña contra la economía sumergida que hoy presentaron Sotoca, Del Toro, Jiménez y Bueno tiene por objetivo concienciar a los ciudadanos sobre los perjuicios de la economía sumergida y propiciar la implantación de buenas prácticas empresariales.

La campaña, que lleva por lema 'Con la economía sumergida, tolerancia cero', tiene una doble intención. Así, apuntó Sotoca, persigue "concienciar de que la economía sumergida perjudica a todos los ciudadanos y que, por tanto, no es un problema sólo de trabajadores y empresarios, pero también tiene el objetivo de favorecer las buenas prácticas empresariales, invitando a los ciudadanos a reflexionar acerca de su responsabilidad en su erradicación".

Sotoca explico que "la campaña se apoya en la imagen de un niño como símbolo de la sociedad murciana, cuyo futuro se tiene que cimentar sobre la base de una economía regular". Además, por primera vez y como novedad, cuenta con una página web específica sobre este asunto, a la que se accede a través de 'www.sineconomiasumergida.com'.

Esta página incluye respuestas a cuestiones como qué es la economía sumergida, cómo afecta a las empresas, la sociedad y los trabajadores o los beneficios de su eliminación. La Consejería de Educación, Formación y Empleo destinará 95.000 euros para ejecutar esta campaña, que permanecerá activa del 15 de octubre al 15 de diciembre.

La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, realizó en 2008 un total de 7.015 visitas (1.000 más que el año anterior). Estas visitas permitieron detectar, según datos aportados por Sotoca, un total de 588 trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar, y 2.048 trabajadores sin alta en la Seguridad Social.

La previsión para este año 2009 acordada con la Inspección de Trabajo es de 5.305 actuaciones planificadas únicamente en lo que respecta a economía sumergida, de las que 1.874 serán en el sector de la Construcción, 1.013 en Hostelería, 488 en Industria, 476 en Comercio, 455 en Agricultura, 22 en Transportes, 3 en Hogar, 447 en Servicios y 480 no programados.

Para el próximo año, Sotoca avanzó que la intención del Gobierno regional es proponer a la Inspección de Trabajo un incremento del 48 por ciento, para llegar a las 7.881 órdenes de trabajo. De ellas, 2.100 serían en la Construcción, 520 en Agricultura, 950 en Industria, 850 en Comercio, 1.150 en Hostelería, 50 en Transportes, 5 en Hogar, 768 en Servicios y 1.488 en no programados.

Finalmente, el titular de Empleo manifestó su intención de mantener también medidas de estímulo para implantar buenas prácticas, tales como los premios institucionales que, por segundo año consecutivo, convoca la Consejería a través de la Dirección General de Trabajo y cuyo principal objetivo es reconocer las buenas prácticas empresariales.

Corbacho dice que el 30% de las inspecciones previstas por Trabajo persiguen economía sumergida

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que su gabinete, "consciente" de que las épocas de crisis son propicias para el incremento de la economía sumergida, viene dedicando desde principios de año el 30% de las inspecciones a la lucha contra esta actividad irregular, con "buenos resultados".

Preguntado por el diputado del PP Antolín Sanz, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Corbacho reconoció que la economía sumergida aumenta en periodos de dificultades económicas por "la necesidad de aceptar cualquier trabajo", si bien recalcó que "se va a superar la crisis" y que, "cuando llegue el momento, se creará empleo".

En cuanto a la subida de impuestos y su supuesto efecto generador de fraude fiscal, Corbacho se mostró convencido de que, más bien al contrario, "favorecerá la economía", con un efecto global en 2010.

Por otro lado, el titular de Trabajo replicó al diputado 'popular' que se saliera del enunciado de la pregunta, que versaba sobre la subida de impuestos y su efecto en la economía sumergida, ya que Sanz echó en cara al ministro de Trabajo las cifras del paro.

Así, acusó al PP de utilizar cualquier "percha" para desplegar la "canción aprendida", en relación a sus reiteradas críticas. "Ahora tocan impuestos y el mes que viene tocará otra cosa. El paro toca recurrentemente ", apostilló.

Por su parte, el diputado del PP aseguró que la economía sumergida alcanza el "alarmante" nivel del 23% del PIB y que la subida de impuestos en el actual momento de la economía es un "suicidio" para la creación de empleo y un incentivo para el fraude.

Los gestores administrativos piden aflorar la economía sumergida y destinar los recursos a financiar pymes

MADRID.- El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España propone emitir bonos para atraer recursos sin declarar ocultos en la economía sumergida y utilizarlos después, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para financiar a microempresas, pymes y autónomos, con un tipo de interés reducido. Además, apostaron por mayores esfuerzos en materia de inspección.

Según indicaron, esta medida no supondría una "amnistía fiscal" para los defraudadores, pues, 'arrinconados' por los mayores controles del fraude, optarían por hacerse con estos bonos, que tendrían un rendimiento por debajo de los niveles del mercado y un compromiso de permanencia de cuatro años, características que suponen en sí una "penalización". Además, el dinero estaría revirtiendo en "los que lo están haciendo bien".

Esta es una de las propuestas expuestas por el presidente del Colegio, Jesús Fernández de la Pradilla, el vicepresidente primero, Alfonso Lluzar, y el responsable de Asuntos Laborales de la organización, Miguel Ángel Pertejo, dentro de un paquete de medidas para "salvar a las pymes a toda costa", puesto que aún sufren problemas de financiación en plena crisis y son el grueso del tejido productivo.

Según indicaron, esta medida ya se ha puesto en marcha en otros países europeos, como Italia, donde se calcula que existen unos 300.000 millones de euros 'sumergidos', de los que podrían aflorar en torno a 100.000 millones. No obstante, Lluzar aseguró que la economía sumergida podría suponer en España entre un 19% y un 20% del PIB.

Los gestores administrativos reconocieron que esta medida "no está dentro de las cuestiones que están en marcha" en los planes fiscales del Gobierno, mientras que las adoptadas hasta la fecha no son suficientes, empezando por la subida de impuestos, que "no cubrirá las necesidades", hará pagar "mucho dinero al que le toque" y, en el caso del IVA, tendrá un efecto importante en bienes como medicamentos o el transporte.

Por ello, expusieron otras actuaciones desde el punto de vista fiscal encaminadas a aumentar la liquidez de las pymes, rebajar la presión fiscal que afrontan, fomentar la I+D+i y homogeneizar el sistema tributario español para evitar distorsiones.

Así, propusieron reducir la presión fiscal sobre las actividades económicas hasta un tipo máximo del 25%, agilizar las devoluciones tributarias y permitir que el IVA se liquidez cuando las facturas son realmente cobradas, y no cuando se emiten, como en la actualidad.

En esta línea, la organización llamó a solucionar el problema de la morosidad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con las empresas.

Por otra parte, los gestores administrativos se unieron a las voces que consideran necesaria una reforma laboral. Si bien, se limitaron a proponer algunas posibles medidas a medio camino, como convertir la ayuda a los parados sin prestaciones de 420 euros en una bonificación directa en sus cotizaciones sociales para las empresas que les contraten. Esta bonificación se aplicaría durante 6 meses o durante el plazo de tiempo que le quede por consumir al trabajador.

Según Pertejo, otra medida que permitiría reducir los niveles de paro sería ajustar las plantillas a las necesidades del mercado con la reducción de la jornada laboral o la suspensión del empleo por periodos de seis meses, antes de recurrir al despido objetivo.

Por otro lado, indicó que también sería positiva una reducción del 10% en los importes de los módulos del IRPF y del IVA, en línea con el descenso de la actividad, así como elaborar un sistema de bonificación a las cuotas de la Seguridad Social para aquellos trabajadores con más de cinco años de antigüedad en la empresa.

Por último, el presidente de los gestores administrativos transmitió la "petición angustiosa" de las empresas de la automoción para que se amplíe el plazo y los recursos del Plan 2000E que, según dijo, está apunto de agotarse, y que podría comprometer operaciones de venta que ya incluyen la previsión de descuento.

CiU pronostica un aumento de la economía sumergida

VITORIA.- El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, cree que "difícilmente" se podrá evitar que su grupo enmiende a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado, y pidió al Gobierno que modifique la subida de impuestos.

Además, aseguró que una de las consecuencias más graves de las cuentas públicas será el aumento de la economía sumergida que, a su juicio, provocará la subida del IVA.

En declaraciones a los medios de comunicación, Duran Lleida afirmó que los presupuestos "no sirven para salir de la crisis, son sólo para salir del agujero de gasto en el que se ha metido el PSOE".

"Son presupuestos que afectan a las clases trabajadoras y clases medias, tanto en lo que se refiere al no pago de los 400 euros que el año pasado Zapatero dijo que lo hacía en favor de las clases trabajadoras y medias, como en lo que se refiere a la subida de impuestos, tanto en referencia al IVA como en el IRPF a través de las rentas de capital", añadió.

En su opinión, las cuentas "no se corresponden con la realidad" porque las previsiones que se hacen del incremento de paro para el próximo año son insuficientes", ya que "182.000 nuevos parados es una cifra que no refleja la realidad". Por ello, consideró que "se cierran el falso los presupuestos".

Asimismo, aseguró, en referencia al gasto, que baja la inversión efectiva en I+D+i, en inversión productiva y en obras públicas".

"Entendemos que, en estos momentos, no debería bajar sino subir porque es la iniciativa pública, la inversión pública, la que debería sustituir la falta de inversión privada", señaló.

El representante de CiU manifestó que, "con la subida del IVA, los presupuestos van a provocar un aumento de la economía sumergida en España, van a provocar una menor recaudación por parte de una parte de la economía, que se va a reflejar en la economía sumergida y será una de las consecuencias más graves de los presupuestos".

Sobre la posibilidad de que la formación nacionalista catalana pueda optar por la presentación de una enmienda a la totalidad contra las cuentas, Josep Antoni Duran Lleida, afirmó que todavía la decisión "no está adoptada" porque "no se conocen los presupuestos y una decisión definitiva".

"Pero difícilmente pueden aparecer en los presupuestos algo que modifique nuestra posición de entrada, que es votar en contra y la de presentar una enmienda a la totalidad. Hoy no puedo darlo por fijo, pero sería temerario dar un 'no'", afirmó.

A su juicio, lo razonable y lo "mínimo por ética es leerse el documento". Por ello, reclamó que el Gobierno "modifique lo principal, que es la subida de impuestos".