El Gobierno facilita el acceso a la prestación de los ERTE a los trabajadores de temporada

MADRID.- El Gobierno ha ampliado la cobertura de la prestación por desempleo a más trabajadores, como los despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo o a los que no hayan podido incorporarse a un nuevo puesto a causa de esta crisis del Covid-19.

Según ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Según ha detallado el Gobierno, la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa.
Junto a esto se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
El objetivo de todas estas medidas es seguir protegiendo a trabajadores en esta crisis, ha subrayado Calviño quien ha avanzado que habrá medidas de financiación especificas para las empresas que están apostando por el teletrabajo.
Según ha detallado el Gobierno, se amplía la cobertura de la prestación de desempleo a los trabajadores cuyos contratos terminaran durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que dejaran un trabajo por tener una oferta laboral en firme que no se haya materializado a causa de la pandemia.
También se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos que podrán incorporarse a los ERTE o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.
Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha destacado en un comunicado que esta medida beneficia a muchos empleos asociados a actividades de temporada que empiezan en este época y que trabajan sólo unos meses al año (muchos de ellos ligados al sector turístico).
Se ha acordado suspender plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el Covid-19 y reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.
Habrá una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE que además y se obligará a las empresas a devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.
El Ejecutivo también ha acordado la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020.
Por otro lado, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en el Congreso que durante un tiempo tras el levantamiento del estado de alarma los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) mantendrán exoneradas o reducidas las cuotas sociales y los trabajadores afectados cobrarán el desempleo.
Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra ha explicado que en una primera etapa, posterior a la vigencia del estado de alarma, todavía serán necesarias medidas de excepcionalidad, como los ERTE por fuerza mayor que "seguirán teniendo gran relevancia por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda".
La duración exacta de la prolongación de esta medida y su aplicación por sectores está siendo debatida en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, según han explicado  fuentes del Ministerio de Trabajo.
La ministra ha añadido que después los ERTE evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción, y que también evolucionarán los mecanismos de exención o reducción de cotizaciones a la seguridad social y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones.

Empleo elimina 7.000 ERTE de sus listados y reduce las solicitudes válidas a 15.750

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha rebajado la cifra real de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de las casi 23.000 registrados al acabar la pasada semana a 15.750 tras eliminar casi 7.000 solicitudes que se habían contabilizado varias veces.

A su vez, el número de ERTE registrados oficialmente se sitúa en 9.062 y el número total de trabajadores afectados por estos expedientes en trámite se reduce a 49.423, cuando se había estimado que la cifra de contratos suspendidos superaba los 120.000 según las anteriores cifras de la Consejería, aunque los sindicatos calculaban que había al menos 150.000 personas en su casa debido al cierre de empresas provocado por la crisis del coronavirus.

Según ha informado el departamento de Miguel Motas en un comunicado oficial, la ampliación de la plantilla que tramita las solicitudes de los ERTE hasta las 222 personas ha permitido revisar "la ingente documentación presentada", que contenía todo tipo de "incidencias" e incorrecciones.

Añade que la depuración de los documentos remitidos por las empresas que se han acogido a los ERTE desde que se declaró el estado de alarma ha revelado que había un elevado número de expedientes presentados "por duplicado, triplicado y cuadruplicado", por lo que no se han contabilizado correctamente.

La nota precisa que "la presentación de los ERTE se estuvo haciendo durante semanas a través de una plataforma con una solicitud de inicio genérica, en la que no solo se recogían peticiones, sino millares de documentos administrativos relacionados con los mismos y con el procedimiento administrativo".

Añade que cuando se abrió el plazo de presentación tras la declaración del estado de alarma la Consejería "no disponía de la formación ni de las herramientas apropiadas para poder trabajar desde casa", al tiempo que el equipo de gestión de los ERTE ha pasado a contar desde hoy con 222 efectivos, 120 de perfil administrativo, que descarga la documentación entrante, la registra en una aplicación informática y efectúa las notificaciones y 102 de perfil jurídico y técnico, que resuelve los expedientes.

De los 49.423 trabajadores afectados por los expedientes registrados oficialmente hasta hoy, 15.807 corresponden a la hostelería, 8.867 a la industria, 8.548 al comercio, 1.505 a la construcción y 1.230 al transporte.

El 50,5% (24.973) de los contratos suspendidos corresponden a mujeres y el 49,5% (24.450) a hombres.

La Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral ha resuelto hasta hoy 4.445 expedientes, que suponen cerca de la tercera parte de los 15.750 contabilizados en total. Precisa que con "el equipo de trabajo funcionando al 100% y tras haber puesto en marcha una plataforma específica de presentación de ERTE, se calcula que en las próximas semanas será posible resolver a diario tantos expedientes como se reciban".

La directora general, Manuela Marín, precisa que "en coordinación con el SEPE, se decidió alterar el orden de resolución para facilitar que, los trabajadores dependientes de los expedientes presentados a partir del 16 de abril puedan recibir su prestación el próximo 10 de mayo, por estar en plazo para su resolución por la Comunidad Autónoma, como consecuencia de la acertada medida de ampliación del plazo del silencio administrativo".

El Banco de España cifra en más de 4,6 millones los trabajadores afectados por los ERTE

MADRID.- El Banco de España estima que con una duración del estado de alarma de ocho semanas la cifra de españoles afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) será de 3,1 millones, que se sumarán a unos 900.000 por las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos y otros 600.000 por las prestaciones por desempleo de trabajadores temporales, con un total de 4,6 millones de afectados, lo que comportará un coste conjunto para las arcas públicas de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, calcula un importe de hasta 22.800 millones derivado de la moratoria de deudas tributarias y otros 3.500 millones la cuantía por el aplazamiento de los pagos impositivos al 20 de mayo.

Este es el cálculo que realiza el organismo supervisor en su artículo analítico ‘Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19’, publicado este lunes, en el que, en función de distintos escenarios dependiendo de la duración, prevé una caída del PIB de entre un 6,6% y un 13,6%, un déficit de entre el 7% y el 11% y una tasa de paro de entre el 18,3% y un 21,7%.

El organismo explica que las actuaciones implementadas por el Gobierno para paliar la crisis del Covid-19 se centran en tres ámbitos: el reforzamiento del sistema sanitario, la protección del empleo y el apoyo a los hogares vulnerables, y la provisión de liquidez a las empresas.

El gasto sanitario crece

De estas tres áreas, señala que la única que tiene un coste presupuestario “bien definido” es el aumento del consumo público relacionado con el incremento del gasto sanitario, que engloba partidas por 4.400 millones de euros (el 0,4% del PIB de 2019).

Esta cantidad incorpora 2.800 millones de euros destinados a las CCAA, 1.000 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad, 30 millones para la investigación relacionada con la creación de una vacuna contra el virus y 600 millones para que las CCAA y las corporaciones locales puedan garantizar los servicios sanitarios de los más vulnerables.

Sobre el resto de las actuaciones contempladas apunta que tendrán un impacto “potencialmente elevado” sobre el déficit público de 2020, pero “de magnitud todavía incierta”.

Así, señala que las medidas de apoyo al empleo y a las rentas de hogares vulnerables incluyen una flexibilización de los expedientes de suspensión temporal de empleo y reducción de jornada (ERTE) y la exoneración de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social, un subsidio especial de desempleo para trabajadores temporales y del régimen especial de empleo doméstico y, por último, la facilitación del acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La vigencia de la mayor parte de estas medidas coincide con la duración del estado de alarma anunciado hasta el momento por el Gobierno (8 semanas), pero el Banco de España calcula que el coste es un 50% mayor en el escenario 3 (en el que el período de confinamiento es de doce semanas) que en los escenarios 1 y 2 (en los que se asume que el confinamiento termina cuatro semanas antes).

Por lo demás, indica que el coste depende de la cuantificación del número de personas que, dentro de cada uno de los colectivos afectados por las medidas, se acogerán a ellas, aunque sus simulaciones apuntan a 4,6 millones de afectados en un estado de alarma de dos meses (3,1 millones por ERTE, 900.000 por cese de actividad de autónomos y 600.000 por desempleo de temporales), con un coste de 6.000 millones de euros, el 70% por mayor subsidio de desempleo y el 30% en menores cotizaciones a la Seguridad Social.

Préstamos y moratoria

El tercer ámbito “significativo” de las medidas aprobadas viene dado por las que están dirigidas a proveer de liquidez a empresas potencialmente viables, explica el Banco de España, lo que incluye la concesión de garantías públicas a préstamos de empresas privadas por un volumen de fondos de hasta 102.400 millones de euros, equivalentes al 8,2% del PIB de 2019.

Esta cifra resulta de sumar las correspondientes a las líneas de avales y créditos públicos para los préstamos de las empresas no financieras (100.000 millones de euros), para empresas exportadoras y pymes (2.000 millones de euros), y créditos del ICO para el sector turístico (400 millones).

“El coste que finalmente tendrá para las finanzas públicas esta medida está sometido a una elevada incertidumbre”, subraya el Banco de España, que cree que dependerá de la profundidad de la caída de la actividad de su impacto sobre la capacidad de las empresas para devolver los créditos, cuya incidencia, además, será “con toda probabilidad muy distinta por sectores”.

Por otro lado, señala que ha sido aprobada una moratoria de deudas tributarias por un período de seis meses para pymes y autónomos por un importe de hasta 22.800 millones de euros, así como el aplazamiento de todos los pagos impositivos de las empresas hasta el 20 de mayo por una cuantía de 3.500 millones de euros.

Elasticidad en la recaudación

Por último, el Banco de España explica que en la construcción de los escenarios se ha tenido en cuenta, sobre la base de la experiencia de la pasada recesión, que cabe esperar que las elasticidades de la recaudación de las distintas figuras impositivas al comportamiento de sus respectivas bases se acreciente “significativamente” ante “una contracción de la actividad tan intensa como la que se espera en 2020″.

En concreto, el retroceso de la recaudación por IVA e impuesto sobre Sociedades en 2008-2009 superó en torno a un 50% el que cabía esperar según las elasticidades históricas.

Para 2021, las previsiones se apoyan en los supuestos técnicos habituales, por lo que supone que las partidas sujetas a una mayor discrecionalidad, entre las que destacan por su tamaño las compras o la inversión pública, evolucionarán en línea con el crecimiento potencial nominal.

Además, se asume que la trayectoria de las restantes partidas que componen las cuentas de las administraciones públicas vendrá definida, en ausencia de medidas adicionales, por sus determinantes habituales, lo que, en particular, implica que los ingresos impositivos vuelvan a crecer en línea con sus bases.

Más del 40% de empresas del metal de la Región ha presentado ERTE o prevé hacerlo

MURCIA.- El 41,5% de las pymes y autónomos del sector del metal regional han recurrido a un ERTE o tiene previsto acogerse a él por el coronavirus, según un comunicado de la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm). Además, el 57% conserva la totalidad del empleo y el 1,5% restante ha llevado a cabo despidos o reducciones de jornada.

Según apunta Fremm, la regulación temporal tuvo que adoptarse por razones de fuerza mayor en un 60,7% de los casos. De estos, el 15,3% redujo la jornada, en tanto que las suspensiones de contratos afectaron al 85,5% de las empresas de menos de once trabajadores. Del personal que sigue activo, según la patronal del sector, un 12,2% optó por adelantar vacaciones, un 11,60% está con permiso retribuido obligatorio y un 27,10% engloba otro tipo de medidas.

La Federación del Metal ha llevado a cabo una encuesta entre todos sus asociados, según la cual el 98,5% manifiesta su intención de hacer un esfuerzo para mantener sus plantillas, pese al revés económico que sufren en sus negocios por la crisis sanitaria del coronavirus y el estado de alarma en vigor.

La información se ha obtenido a través de una encuesta telemática con 14 preguntas claves que la federación formuló la semana pasada a todas sus empresas vinculadas, un total de 398. Con las respuestas, se ha elaborado un mapa que refleja la situación actual de las pymes y autónomos del metal y su incidencia en el empleo, además de recoger propuestas para impulsar el sector en la Región de Murcia.

Sobre sus propuestas para afrontar el impacto de la crisis actual en el sector del metal, los empresarios proponen que haya unidad política para luchar contra los efectos económicos de la pandemia y que se aplacen y bajen impuestos.

En materia de financiación, los empresarios demandan que se agilice la tramitación de los préstamos ICO y una ampliación de los plazos de amortización de estos fondos, al igual que la habilitación de ayudas a fondo perdido para inversores. También reclaman una dotación extra de fluidez para las empresas, un apoyo financiero más ágil, mayor flexibilidad en créditos y préstamos, así como prórrogas, una reestructuración de las deudas y medidas para atajar la morosidad.

A nivel sanitario, los encuestados proponen el cumplimiento de las medidas de protección sanitarias por trabajadores y clientes y que los servicios de prevención faciliten las medidas preventivas necesarias a las empresas para evitar contagios, entre otras medidas recogidas.

La muestra recoge distintos perfiles empresariales, de los que el mayoritario es el de aquellas que desarrollan su actividad dentro de las instalaciones y acabado de obra, con un 39,8%. Le siguen automoción (32,6%), industria (17%) y comercio del metal (10,5%). Asimismo, el 71,20% de las empresas tiene menos de 11 trabajadores, mientras que el 24,20% tiene entre 12 y 50 trabajadores.

El 80% de los encuestados manifestó haber sufrido restricciones en la apertura de sus negocios. Asimismo, más del 50% registró una caída del 76% en su volumen de negocio o, incluso, de los motivos que más ha influido en este desplome, figura en primer lugar la falta de trabajo (84%), en segundo, la falta de suministros por parte de los proveedores (40,30%) y el tercero, las bajas médicas por coronavirus (36,90%), entre otros motivos.

La muestra refleja que las empresas están tomando medidas preventivas durante la pandemia para evitar contagios, mientras que un 51% sostiene que tiene dificultades para aprovisionarse de medios de contención.

Asimismo, los empresarios estiman insuficientes o inadecuadas las medidas adoptadas por las administraciones en materia sanitaria, económica y social. Así, el 54,80% está preocupado por la falta de actividad, un 35,60% por la falta de liquidez y el 8,4% por seguir manteniendo los puestos de trabajo.

Empleo ha resuelto el 16,5% de las solicitudes de ERTE recibidas

MURCIA.-La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha registrado hasta el momento 8.927 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de las más de 22.700 solicitudes recibidas hasta el pasado viernes 17 de abril, y se han resuelto ya 3.812 de ellas.

Así, las solicitudes registradas hasta el momento suponen cerca del 40 por ciento del total, mientras que las resueltas son algo más del 16,5 por ciento del total.

Fuentes de las consejería han informado de que durante la jornada de hoy se está modificando la plataforma de gestión de los ERTE, lo que permitirá, junto con la ampliación del equipo y la implantación de mejoras técnicas, "resolver expedientes a mayor velocidad y poderanalizar los datos de manera más exhaustiva y rápida.

Debido a estas gestiones, la Consejería no ha podido actualizar el número de nuevos expedientes que se han presentado desde el pasadoviernes y que, según las estimaciones de este departamento, afectarán a unos 120.000 trabajadores, más de la mitad de ellos (unos 73.000),en el sector servicios

Critican el retraso del Gobierno regional a la hora de resolver los ERTE

MURCIA.- El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia critica con severidad el retraso permanente de la Administración Regional en la tramitación de los 21.000 ERTE en la Comunidad Autónoma.

Este colectivo profesional, que ha tramitado el 80% de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, muestra su profundo malestar ya que la demora en la resolución administrativa de los ERTE por parte de la Consejería de Empleo afecta muy negativamente tanto a empresas como a los trabajadores.

El órgano colegial entiende que no se ha aplicado el Silencio Positivo conforme a la Ley y los criterios de los Tribunales de Justicia, puesto que las resoluciones tan solo pueden dictar la confirmación del citado silencio administrativo.

Las resoluciones emitidas entran en contradicción. Por un lado, confirman el Silencio Positivo, pero, a su vez, manifiestan que no concurren las causas que motivan el Expediente por Fuerza Mayor.

Los graduados sociales, como operadores jurídicos en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, entiende que las resoluciones de la Administración, en el caso del silencio, únicamente deben de pronunciarse sobre la existencia del mismo o no, y si no es ajustado a derecho, instar la correspondiente revisión, de acuerdo con las leyes sustantivas y procesales correspondientes.

Las solicitudes de ERTE siguen subiendo en la Región: más de 450 en un día

MURCIA.- Un total de 22.732 empresas han solicitado acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia desde la declaración del estado de alarma, según datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

En concreto, en las últimas 24 horas la Comunidad Autónoma ha recibido 459 peticiones de entidades para acogerse a esta figura recogida en la normativa laboral.
La Comunidad ha llevado a cabo una labor de ampliación y reorganización de los medios personales y materiales de los que dispone para la tramitación y resolución de estos expedientes, adscribiendo personal funcionario de todos sus órganos administrativos y de los de otras Consejerías.

Un total de 22.273 empresas solicita acogerse a un ERTE en un mes desde el inicio del estado de alarma

MURCIA.- Un total de 22.273 empresas han solicitado acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia desde la declaración del estado de alarma, según datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

En concreto, en las últimas 24 horas la Comunidad Autónoma ha recibido 556 peticiones de entidades para acogerse a esta figura recogida en la normativa laboral.

Este lunes, la Comunidad Autónoma decidió ampliar de cinco a diez días el plazo de resolución de ERTE por fuerza mayor ante "el ingente número de las solicitudes formuladas".

Según explicó el titular de Empleo, la gran cantidad de expedientes presentados hacía "imposible" resolver y notificar los procedimientos en el plazo señalado en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Además, la Comunidad Autónoma ha llevado a cabo una labor de ampliación y reorganización de los medios personales y materiales de los que dispone para la tramitación y resolución de estos expedientes, adscribiendo personal funcionario de todos sus órganos administrativos y de los de otras consejerías.

El SEPE recibe 1.100 resoluciones de ERTE de la Comunidad y resuelve más de 2.600 expedientes

MURCIA.- El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tramitado un total de 2.633 ERTES de los 13.600 recibidos por el doble canal de entrada establecido por el propio SEPE, pues la Comunidad Autónoma "solo ha remitido 1.100 de los 21.717 que dice haber registrado", según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"Hemos tramitado un 20% del total recibido, y nuestro ritmo de reconocimiento es de 850 al día. El objetivo es reconocer todos los recibidos antes del 30 de abril, pero para cumplir con ello hay varios impedimentos, y el principal es que la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Comunidad Autónoma sólo nos ha remitido hasta el momento 1.100 resoluciones", asegura José Antonio Morales, director provincial del SEPE.

El delegado del Gobierno, José Vélez, ha exigido al Gobierno regional que "asuma sus propias responsabilidades" en este asunto y "cese en su campaña de desinformación, con la que pretende ocultar su propia ineficacia y desacreditar la labor del SEPE y del Gobierno de España".

"La realidad es que el SEPE se está anticipando y supliendo la ineficacia y falta de responsabilidad de la consejería tramitando expedientes que le llegan por sus propios canales", según Vélez.

"Si no fuera por el extraordinario trabajo que están realizando los funcionarios de Servicio Público de Empleo Estatal, miles de familias se enfrentarían en las próximas semanas a un auténtico drama social y económico", ha denunciado Vélez, que desmiente, en contra de lo afirmado, que funcionarios de la Comunidad Autónoma estén prestando ayuda al SEPE para la gestión de los ERTES.

"Ninguna ayuda en este sentido, y tan solo se han iniciado gestiones para que el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma colabore en tareas de información sobre prestaciones", ha indicado.

Vélez ha manifestado que, para comprender el esfuerzo de sus 250 funcionarios, hay que recordar que el SEPE no solo gestiona ERTES, sino prestaciones contributivas, (gestionadas a través del buzón exprés, cita virtual y reconocimiento telefónico), subsidios, además de la habitual atención telefónica y los citados ERTES.

El director del SEPE ha añadido que para la completa resolución de los expedientes de ERTES hay condicionantes como los derivados de los supuestos de incumplimiento de los plazos de resolución por el órgano competente, que obliga a esperar al plazo legalmente establecido de 5 o 10 días para ser considerada estimada por silencio administrativo positivo.

FRECOM "preocupada" por el "llamativo retraso" en la tramitación de los ERTE

MURCIA.- La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) ha manifestado su "enorme preocupación" por el "llamativo retraso" en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

La patronal ha advertido de que "estamos muy lejos del resto de regiones en cuanto a porcentaje de resolución de expedientes, incluso por detrás de algunas en las que se han presentado muchos más", y ha lamentado que esta situación genere "inseguridad jurídica" en las empresas del sector.
Además, la Federación ha criticado "la publicación de anuncios por parte del Gobierno Regional destinados a la puesta en marcha de comisiones de trabajo para elaborar planes de recuperación" porque, a su juicio, "lo que necesita la economía" de la Región "son medidas reales e inmediatas".
"No es el momento de destinar recursos a auditorías, consultorías y profesionales independientes vinculados a las distintas administraciones autonómicas", ha señalado Frecom, tras insistir en que "mientras el tiempo pasa, la economía cae y no se ponen en marcha medidas para mitigar el efecto de la COVID-19".
En este sentido, ha considerado que "debe haber menos tramitación de planes y más aplicación de medidas reales a día de hoy".
Por otra parte, Frecom ha remitido una carta a la delegación del Gobierno, a las consejerías de Fomento y de Empleo, a la Confederación Nacional de la Construcción y a Fundación Laboral solicitando que aclaren "si las mascarillas que deben llevar los trabajadores deben cumplir unos requisitos determinados o si se adecuan a las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad".
La patronal también ha solicitado a esos organismos que den información de empresas que suministren material de protección en un periodo de tiempo razonable, para abrir el abanico de suministradores.
Los empresarios de Obra Pública han solicitado que se requiera a la Administración para que reanude las licitaciones y levante las suspensiones de los contratos, como ocurre, según han asegurado, en otras comunidades autónomas.
En cuanto a las consultas planteadas, el personal de Frecom ha realizado con éxito 71 encuestas telefónicas, que se suman a las 711 registradas en días pasados. De los resultados de dichas encuestas se desprende que los almacenistas reportan un nivel de actividad en torno al 40%, y que el 90% de las empresas necesitan material de protección porque "empieza a escasear".
Además, desde la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia se considera que existe una serie de medidas fundamentales para apoyar al sector de la industria extractiva del árido y contrarrestar los perjuicios ocasionados por las medidas impuestas por el estado de alarma.
Entre las propuestas se encuentran la agilización en la tramitación, aprobación y firma de Planes de Labores y otros expedientes administrativos; la convocatoria de concesión de ayudas financieras a fondo perdido para renovación de equipos y materiales fijos y móviles y la prórroga durante un año de la vigencia de los Planes de Labores anuales en vigor de los Proyectos de Explotación.
También han planteado la necesidad de prorrogar durante un año de los plazos para acometer las prescripciones impuestas en la resolución de autorización de los Planes Laborales y la exención, también durante doce meses, de la obligación de actualización de garantías de rehabilitación.
A estas propuestas se suman la suspensión durante un año de las obligaciones de rehabilitación de las zonas afectadas por las actividades mineras; el aplazamiento del pago del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% para las empresas del sector y el recargo del IVA del 21% sobre el consumo eléctrico.

Unos 120.000 trabajadores de la Región están afectados por un ERTE

MURCIA.- Unos 120.000 trabajadores, el 53% de ellos mujeres, están afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Región de Murcia desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus.

Según los datos aportados este miércoles por la consejería de Empleo, Investigación y Universidades, desde el pasado 14 de marzo se han presentado 21.717 solicitudes de ERTE, de las que ya se han registrado 4.953 y se han resuelto 1.628.
Por sectores, el más afectado es el de los servicios con 11.467 expedientes y 73.341 trabajadores afectados, según los cálculos de la comunidad.
Le siguen el comercio, con 5.081 ERTE y 23.721 empleados; la industria, con 919 expedientes y 11.412 trabajadores, y la construcción, con 358 ERTE y 2.507 personas.
Tras esos sectores se sitúan el transporte (245 ERTE que afectan a 2.009 personas), la agricultura (38 ERTE a 341 empleados) y los suministros (29 ERTE a 278 personas).
Hay otros 2.744 expedientes registrados en sectores diversos que afectan a 5.913 personas.
En total, desde el inicio de la crisis sanitaria, se han incorporado al equipo de gestión de ERTE 169 personas, de las que 100 son administrativos y 69 técnicos.
El consejero del ramo, Miguel Motas, se ha mostrado satisfecho con la evolución del trabajo en los últimos días y es optimista con respecto de la capacidad para continuar resolviendo ERTE "a buen ritmo".
Con respecto a las acusaciones a la dirección general de estar impidiendo que los trabajadores afectados por un ERTE cobren su sueldo, ha subrayado que ese pago no depende del Gobierno regional, sino que se trata de un trámite que debe llevar a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Gobierno central.
De hecho, ha destacado, el SEPE está siendo apoyado por el SEF tras solicitar ayuda para evitar el colapso.
"En el mismo momento que se presenta un ERTE, la empresa obtiene un código que debe remitir al SEPE, para que este gestione los pagos a sus empleados. Todo ello sin necesidad de que el ERTE haya sido revisado ni aprobado", ha indicado.
Podemos ha pedido este miércoles explicaciones "urgentes" al consejero de Empleo, Miguel Motas, de por qué se han resuelto sólo el 7,5% de los 20.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados en la Región de Murcia.
En un comunicado, la formación morada ha considerado este porcentaje una muestra de una "mala gestión" de este departamento y coincide con un momento en el que "miles de personas esperan una prestación urgente", además de advertir de que la situación se va a agravar en los próximos días.
En un comunicado, el partido ha criticado que "7 de cada 10 expedientes registrados se han encontrado con el silencio administrativo, con una cola que aumenta cada día", al tiempo que se aumentará de 5 a 10 días el periodo de tramitación de los expedientes.
La diputada de Podemos María Marín ha comparado esta gestión con la de la Comunidad Valenciana, donde, "a pesar de presentarse cerca de 60.000 expedientes, le ha dado salida al 60 por ciento.
Esta cifra supone que en la comunidad vecina se han resuelto 36.000 expedientes frente a los solo 1.500 de la Región de Murcia y pone de manifiesto una gestión "muy deficiente" por parte del Gobierno regional, según Marín.
Además, ha pedido al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que "tome de una vez en serio las necesidades de los ciudadanos" ante esta situación, y ha criticado que se dedique "cada día a atacar al Gobierno de España".

CCOO exige al Gobierno regional que dedique a las personas necesarias para evitar retrasos en los ERTE

MURCIA.- CCOO ha exigido a la Administración regional que dedique a las personas "necesarias" para que no existan retrasos en la resolución de Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) para que los trabajadores y trabajadoras afectadas puedan cobrar las prestaciones por desempleo a las que tienen derecho.

Y es que el sindicato ha tenido conocimiento este miércoles de que en la Región de Murcia se han presentado 21.717 ERTE, de los cuales se han registrado 4.953 y se han resuelto 1.628. "Es decir, de los 21.717 ERTE presentados, solo se han registrado 25%, y resueltos apenas un 12%", según informaron fuentes de CCOO en un comunicado.

CCOO es consciente de que esta situación ha "desbordado" a la administración, pero eso "no puede ser excusa para que, como máximo, el 10 de mayo, los más de 120.000 trabajadores y trabajadoras afectadas puedan cobrar sus prestaciones por desempleo".

"En estos momentos es imprescindible que los mínimos recursos económicos a los que tienen derecho por la ausencia de trabajo en sus empresas lleguen en tiempo y forma", destaca CCOO.

CCOO exige a la Administración regional que dedique a las personas necesarias para que no existan retrasos en la resolución de estos expedientes, "aun reconociendo que el esfuerzo realizado hasta la fecha haya sido importante, según los datos ofrecidos por la Consejería".

Asimismo, CCOO destaca la paralización de sectores tan importantes para esta Región como los Servicios y el Comercio, que representan 16.548 expedientes de los 21.717, es decir casi el 77% del total de ERTE presentados hasta la fecha.

"Sin olvidar que sectores como la Industria (919 expedientes), la Construcción (358 expedientes) y el Transporte (245 expedientes), también se van a ver muy perjudicados con esta crisis", añade.

Por otro lado, CCOO solicita a la Inspección de Trabajo que compruebe los 38 expediente presentados en la agricultura, una actividad que está supuestamente necesitada de trabajadores.

Asimismo, lamenta que los datos ofrecidos por la Consejería de Empleo "vienen a demostrar que una vez más que la crisis golpea con más fuerza a las mujeres, el 53% de las personas afectadas son mujeres y el 47% hombres".

"Desde CCOO hemos planteado al Gobierno central medidas encaminadas a paliar situaciones que afectan a una parte de la sociedad más vulnerable y, dentro de este colectivo, entre las más afectadas están las mujeres, ya que, además de ser las más afectadas por la crisis, sufren discriminación en materia de salarios".

Y dentro de los colectivos de mujeres más discriminados, CCOO hace "mención especial" a las empleadas de hogar, "que ya de por sí tienen menos derechos que cualquier trabajador de otro sector".

CCOO emplaza al Gobierno regional para que "tome las medidas de protección necesarias especialmente con colectivos de víctimas de violencia de género, a las que no podemos olvidar en esta crisis sanitaria".

Asimismo CCOO exige al Gobierno regional que convoque una mesa regional de Dialogo social en la que se elabore un Plan de recuperación económica y social para superar las consecuencias producidas por el COVIP19 en la Región de Murcia.

El 59% de los centros sin hospitalización han presentado un ERTE en la Región

MURCIA.- Desde que se iniciara la epidemia, los Centros Sin Hospitalización de la Región de Murcia, asociados a la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC), han suspendido su actividad asistencial programada como medida imprescindible, adoptada por la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad, para evitar la propagación del coronavirus, adaptándose de manera diferente a la nueva situación.

Así, a fecha de hoy, el 54% de estas clínicas permanecen abiertas, prestando, fundamentalmente, atención de Urgencias. Mientras que el 52% se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas por no tener actividad. Aún así, estos centros siguen atendiendo las llamadas de pacientes para que puedan realizar sus consultas con los especialistas sanitarios.
Por otra parte, la interrupción de la actividad asistencial especializada que ha generado esta crisis sanitaria ha provocado que el 59% de los centros sin hospitalización se hayan visto obligados a presentar ERTES con el fin de buscar la sostenibilidad del centro.
"Nuestros centros sin hospitalización han empeñado todos los esfuerzos necesarios durante este tiempo para cumplir con la importante iniciativa de la Consejería y del Ministerio de protección a los pacientes y a la sociedad, aunque el resultado respecto a la viabilidad de estos centros que, en muchos casos, tienen concierto con el Servicio Murciano de Salud, y en casi el 100%, con aseguradoras y mutuas, ha sido bastante desigual. Aún así, muestra de su compromiso con la salud de la ciudadanía es que, incluso aquellos que permanecen cerrados, continúan con su atención asistencial telefónicamente", afirma el Presidente de la UMHC, Pedro Hernández Jiménez.
La UMHC representa al sector sanitario privado y concertado de la Región de Murcia, integrada por el 100% de los hospitales privados de la Comunidad Autónoma y por las principales clínicas sin hospitalización, centros asistenciales, de diagnóstico y laboratorios de la Región.

Un total de 20.881 empresas solicita acogerse a un ERTE en un mes desde el inicio del estado de alarma

MURCIA.- Un total de 20.881 empresas han solicitado acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia desde la declaración del estado de alarma, según datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

En concreto, en las últimas 24 horas la Comunidad Autónoma ha recibido 832 peticiones de entidades para acogerse a esta figura recogida en la normativa laboral.

Este lunes, la Comunidad Autónoma decidió ampliar de cinco a diez días el plazo de resolución de ERTE por fuerza mayor ante "el ingente número de las solicitudes formuladas".

Según explicó el titular de Empleo, la gran cantidad de expedientes presentados hacía "imposible" resolver y notificar los procedimientos en el plazo señalado en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Además, la Comunidad Autónoma ha llevado a cabo una labor de ampliación y reorganización de los medios personales y materiales de los que dispone para la tramitación y resolución de estos expedientes, adscribiendo personal funcionario de todos sus órganos administrativos y de los de otras consejerías.

CCOO denuncia graves fraudes en los ERTE murcianos, despidos y coacciones

MURCIA.- CCOO ha denunciado graves fraudes empresariales con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Murcia por la crisis de la Covid-19, como presentarlos con fecha anterior al cierre, obligar a empleados a tomar vacaciones o a trabajar a puerta cerrada, despedir durante el estado de alarma o coaccionar para que firmen bajas voluntarias de empleo.

En un comunicado, cita también obligar a acudir al trabajo a personal incluido en un ERTE, no adecuar los turnos de trabajo a las medidas preventivas ni hacer que se mantengan las distancias entre trabajadores para evitar contagios, no incluir en esos expedientes al personal fijo discontinuo ni a los eventuales y computar el derecho a tiempo de lactancia durante el estado de alarma.
Además, señala que se están llevando a cabo ERTE de personal sanitario en centros privados que se pretenden incluir bajo la premisa de fuerza mayor.
Respecto a los cálculos de la Consejería de Empleo que sitúan en 107.200 los trabajadores afectados por ERTE en la comunidad murciana, las estimaciones del sindicato casi duplican esa cifra al considerar que "el número real se acercaría más a las 200.000 personas".
Por último, recuerdan que siguen asistiendo en estas fechas a los trabajadores afectados en el teléfono a través de sus federaciones y delegados y en el teléfono 968 355 030.

Más de 800 empresas de la Región se acogen a un ERTE en 24 horas

MURCIA.-Un total de 20.881 empresas han solicitado acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia desde la declaración del estado de alarma, según datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

En concreto, en las últimas 24 horas la Comunidad Autónoma ha recibido 832 peticiones de entidades para acogerse a esta figura recogida en la normativa laboral.

Este lunes, la Comunidad Autónoma decidió ampliar de cinco a diez días el plazo de resolución de ERTE por fuerza mayor ante "el ingente número de las solicitudes formuladas".

Según explicó el titular de Empleo, la gran cantidad de expedientes presentados hacía "imposible" resolver y notificar los procedimientos en el plazo señalado en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Además, la Comunidad Autónoma ha llevado a cabo una labor de ampliación y reorganización de los medios personales y materiales de los que dispone para la tramitación y resolución de estos expedientes, adscribiendo personal funcionario de todos sus órganos administrativos y de los de otras Consejerías.

La CARM amplía de 5 a 10 días el plazo de resolución de los ERTE ante el "ingente" número de peticiones

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha ampliado de cinco a diez días el plazo de resolución de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor ante "el ingente número de las solicitudes formuladas".

El consejero del ramo, Miguel Motas, ha explicado que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica de las empresas que han solicitado a un ERTE, que en el caso de la Región ya son 20.049, ", informaron fuentes de la Comunidad Autónoma en un comunicado.

La decisión consta en la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

"Si hasta la fecha el plazo máximo de resolución de los ERTE era de cinco días, el ingente número de las solicitudes formuladas en la Comunidad y derivadas de la suspensión de actividades ha llevado a que este plazo sea de difícil cumplimiento", ha señalado el consejero.

El volumen de las solicitudes presentadas y, sobre todo, de aquellas que se van a seguir presentando en los próximos días, "hace imposible" la resolución y notificación de los procedimientos en el plazo de cinco días señalado en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Además, la Comunidad Autónoma ha llevado a cabo una labor de ampliación y reorganización de los medios personales y materiales de los que dispone para la tramitación y resolución de estos expedientes, adscribiendo personal funcionario de todos sus órganos administrativos y de los de otras consejerías.

El fin es "desarrollar funciones administrativas y de tramitación en apoyo de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, órgano competente en la materia, tanto de forma presencial como mediante teletrabajo".

"Estamos constatando que una vez están siendo resueltos los problemas derivados de la falta de personal y equipos técnicos, a los que hay que sumar la complicación asociada a la modalidad de teletrabajo y el entorno normativo cambiante, el equipo de gestión de los ERTE está agilizando notablemente la tramitación de dichos expedientes, de modo que se irán resolviendo en tiempo y forma".

Así, al objeto de "facilitar su trabajo y que cuente con un margen de éxito mayor", el consejero ha considerado "necesario" dar cinco días más de margen, "de forma que sea el mayor número de empresas las que se beneficien y que dispongan de una mayor seguridad jurídica en las resoluciones".

Otra de las razones en las que se apoya esta decisión es el hecho de que los procedimientos de regulación de empleo, aunque sean temporales, tienen un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo y la economía y, en especial, sobre los trabajadores y los empresarios.

"Así lo han considerado a su vez otras comunidades como Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana, por ejemplo", ha explicado el consejero, que ha insistido en que la Administración "debe ser rigurosa en su aplicación".

"Es obligado que examine y constate la existencia, caso por caso, de la fuerza mayor alegada por cada una de las empresas, requiriendo la subsanación de deficiencias de la documentación aportada y de la acreditación de la fuerza mayor, especialmente en aquellos casos en que esta se motive en causas indirectas".

El titular de Empleo ha asegurado que así se evitará que se puedan producir autorizaciones no ajustadas a la legalidad vigente, en perjuicio de los trabajadores y del interés público.

La decisión de ampliación del plazo máximo está amparada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 23.1 determina que, de manera excepcional, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, se podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

En todo caso, la Consejería "mantiene el compromiso asumido por la Consejería de agilizar y simplificar al máximo la tramitación de todos los ERTE recibidos en el contexto de la situación de alarma decretada por el coronavirus".

Asimismo, la Consejería ha reiterado su petición al Ministerio de Trabajo y Economía Social de que elimine la obligación de constatación de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, a través de la modificación del artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de las actividades expresamente tipificadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En su lugar, se solicita la sustitución por una declaración responsable de la empresa, que permita acortar los tiempos de la tramitación.

La Región dobla el tiempo de respuesta de los ERTE ante el ingente número de solicitudes

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha ampliado de cinco a díez días el periodo máximo de resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que tengan su causa en el Covid-19, ante el ingente número de solicitudes presentado en la comunidad. 

En un comunicado, el Gobierno regional ha informado este lunes del nuevo plazo de resolución, publicado en una orden en el Boletín Oficial de la Región.

Según la Comunidad, el volumen de las solicitudes presentadas en la Región de Murcia (20.049 a fecha de hoy) y, sobre todo, de aquellas que, indefectiblemente, se van a seguir presentando hacen imposible la resolución y notificación de los procedimientos en el plazo de cinco días señalado.

"Ante este escenario y, tras una ardua labor de ampliación y reorganización de todos los medios personales y materiales de los que dispone para la tramitación y resolución de estos expedientes, la Consejería ha decidido llevar a cabo esta ampliación con el principal objetivo de cumplir con el plazo de resolución establecido y con los mínimos requisitos de seguridad jurídica que la resolución de estos expedientes exige", añade la nota.

El consejero Miguel Motas afirma que "estamos constatando que una vez están siendo resueltos los problemas derivados de la falta de personal y equipos técnicos, a los que hay que sumar la complicación asociada a la modalidad de teletrabajo y el entorno normativo cambiante, el equipo de gestión de los ERTE está agilizando notablemente la tramitación de dichos expedientes, de modo que se irán resolviendo en tiempo y forma".

"A fin de facilitar su trabajo y que cuente con un margen de éxito mayor, consideramos necesario darles cinco días más de margen, de forma que sea el mayor número de empresas las que se beneficien, y que dispongan de una mayor seguridad jurídica en las resoluciones", afirma el consejero.

Otra de las razones en las que se apoya esta decisión es el hecho de que los procedimientos de regulación de empleo, aunque sean temporales, tienen un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo y la economía y, en especial, sobre los trabajadores y los empresarios.

Así lo han considerado a su vez otras comunidades como Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, explicó el consejero.

Por este motivo, "la Administración debe ser rigurosa en su aplicación. Es obligado que examine y constate la existencia, caso por caso, de la fuerza mayor alegada por cada una de las empresas, requiriendo la subsanación de deficiencias de la documentación aportada y de la acreditación de la fuerza mayor, especialmente en aquellos casos en que ésta se motive en causas indirectas, para evitar que se puedan producir autorizaciones no ajustadas a la legalidad vigente en perjuicio de los trabajadores y del interés público".

Pese a la ampliación de los plazos de resolución, la Comunidad subraya que se mantiene el compromiso asumido por la Consejería de agilizar y simplificar al máximo la tramitación de todos los ERTE recibidos en el contexto de la situación de alarma decretada por el coronavirus.

Asimismo, la Consejería insiste en su petición al Ministerio de Trabajo y Economía Social de que elimine la obligación de constatación de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, a través de la modificación del artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de las actividades expresamente tipificadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En su lugar, se solicita la sustitución por una declaración responsable de la empresa, que permita acortar los tiempos de la tramitación.

Un total de 19.644 empresas solicitan acogerse a un ERTE en la Región de Murcia

MURCIA.- Un total de 19.644 empresas han solicitado acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) en la Región de Murcia desde la declaración del estado de alarma, según datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Son 368 más que ayer.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha confirmado que ya se está trabajando "a pleno rendimiento" y que se va a llevar a cabo una reorganización del personal de la consejería para poder agilizar la resolución de expedientes.

En este sentido, han hecho una petición a Función Pública para que dote a Empleo de más personal "porque se trata de una prioridad para el Gobierno regional". Motas también ha tenido palabras de agradecimiento para el resto de carteras regionales, que están cediéndole su personal.

Y es que, el pasado lunes, la Consejería informó de que los ERTE presentados en la Comunidad hasta ese momento --un total de 16.130-- afectaban a unos 107.200 trabajadores.

Los sectores profesionales más perjudicados son servicios, comercio, industria, agricultura, construcción y la pesca, según fuentes del Gobierno regional.

Solo dos de cada 100 afectados por ERTE cobrarán su prestación en abril

MADRID.- Solo 2 de cada 100 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) cobrarán su prestación este 10 de abril; día habitual de cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tramitado y autorizado para pago un total de 36.000 prestaciones en toda España, según datos publicados por UGT; que a su vez cita al SEPE como fuente. A fecha de 28 de marzo un total de 2.004.224 trabajadores habían entrado en un proceso de ERTE.

La disparidad de cifras llega marcada por el plazo mínimo de cinco días entre que una empresa comunica un erte a la autoridad laboral, esta da el 'ok' al expediente y dichos datos pasan posteriormente al SEPE. También debido a los cambios normativos introducidos al principio del estado de alarma, pues el Gobierno habilitó posteriormente a las empresas el presentar de manera colectiva las solicitudes de los trabajadores afectados para agilizar dicho proceso.

Fuentes de Trabajo desmienten la cifra de UGT y señalan que el SEPE ha reconocido durante el mes de marzo un total de 619.688 prestaciones (una cifra que incluiría también a nuevos parados); aunque no precisan cuántas prestaciones se han abonado. Desde UGT exigen mayor celeridad a las oficinas públicas de empleo para tramitar y autorizar las prestaciones y así evitar que los ocupados vinculados a una suspensión tengan que esperar hasta el mes de mayo para percibirla.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas avanzan que desde el Gobierno se ha solicitado a los bancos que avancen ya desde el mes de abril el pago de las prestaciones para que los empleados afectados puedan percibirla desde el momento en el que el SEPE la haya tramitado. 

El Ejecutivo cerró dicho compromiso con las entidades bancarias para avanzar los pagos del 10 de mayo al día 2; pero desde el Ministerio de Trabajo se pretende acelerar el proceso para poder garantizarlo mediante dicha vía ya en abril. Con este movimiento, el Ejecutivo pretende evitar que un afectado por erte deba afrontar dos finales de mes (el de marzo y el de abril) sin haber cobrado todavía la prestación por desempleo.

UGT urge al departamento liderado por Yolanda Díaz a acelerar los plazos desde que el SEPE recibe la notificación por parte de la empresa de que un trabajador va a ser objeto de un erte, hasta que ese trabajador se le reconoce el derecho a cobrar el paro. 

Pues entre el 16 y el 31 de marzo el SEPE ha tramitado un total de 659.791 prestaciones por desempleo vinculadas a erte. No obstante, de estas, solo ha autorizado el pago para este 10 de abril a 36.000.

En este sentido, UGT y CCOO han coincidido en solicitar, en sus respectivos comunicados, el reconocimiento de una 'nómina continua' para el cobro de la prestación. Es decir, que si bien tradicionalmente el SEPE abona la prestación de paro el día 10 de cada mes, ante las actuales y excepcionales circunstancias, pase a abonarla una vez el SEPE verifique y tramite la solicitud. Algo que desde el Ministerio de Trabajo ya han puesto en marcha vía entidades financieras y que está pendiente del 'ok' de las mismas.

Pese a que el Gobierno habilitó la posibilidad de un permiso retribuido recuperable para los trabajadores considerados no esenciales, en su lugar se ha impuesto la vía de los ERTE. Aquellas compañías que se han visto afectadas por la "hibernación" decretada entre el 31 de marzo y el 11 de abril por el Gobierno han preferido en mayor medida mandar a casa vía ERTE a sus empleados, que no avanzarles dos semanas de sueldo y recuperarlas más adelante; tal como reconocen fuentes sindicales y patronales consultadas.