BARCELONA.- “¡No nos haga un Montoro!”. El aviso de Joan Baldoví a Pedro
Sánchez desde la tribuna del Congreso se producía veinte días después de su toma de posesión como presidente del Gobierno en junio del 2018. El líder del PSOE se había empleado a fondo desde la oposición contra Mariano
Rajoy por no actualizar el sistema de financiación caducado desde
el 2014. Con Sánchez en la Moncloa la historia se repitió y la reforma
se enterró bajo argumentarios electorales, hasta que esta semana se
convirtió, de nuevo, en promesa probablemente electoral, recuerda hoy La Vanguardia.
Los gobiernos de las comunidades autónomas ya no están para promesas.
El aumento de la recaudación apaciguó las demandas pero ahora vuelve la
sensación de asfixia así que más que un proceso de reforma de la
financiación lo que urgen las autonomías es desbloquear recursos como
los 2.500 millones de euros que les corresponden por el IVA de diciembre del 2017.
Ahí coinciden los gobiernos autonómicos del PP, del PSOE y hasta el ejecutivo independentista de Catalunya. La Generalitat ya
ha puesto en marcha medidas de contención del gasto para este ejercicio
que se verían aligeradas si se traspasaran los 480 millones que
corresponde a Catalunya por ese concepto.
La demanda reiterada por presidentes y consejeros de
economía de diferentes comunidades ante la ministra de Hacienda en
funciones, María Jesús Montero, siempre recibe la misma
respuesta, según diferentes consejeros. El Gobierno no acaba de dar con
la fórmula que permita distribuir esos fondos sin presupuestos generales
del Estado y estando en funciones.
El propio Sánchez cerró la puerta el miércoles después del despacho con el Rey en Mallorca –Baleares,
con Gobierno socialista, reclama 117 millones por el IVA–. “No se
puede”. “Mientras estemos en funciones y mientras no tengamos un
Gobierno en plenas competencias no es legalmente posible plantear
ninguna fórmula compensatoria”.
Según Montero, el Gobierno tenía “casi
convencida” a la Abogacía del Estado de la posibilidad de
articular un mecanismo que permitiría actualizar las entregas a cuenta
–7.000 millones extras– mediante decreto ley sin haber presupuestos.
Sin
embargo, ahora sostiene que no es posible estando en funciones. Entre
el IVA y la actualización de las entregas a cuenta, la financiación de
las autonomías tiene ya un agujero de 9.500 millones.
Para el PP, sí que hay salida. Los populares esgrimen como ejemplo el
decreto ley para aprobar el techo de gasto que sacó adelante Rajoy
estando en funciones y se ofrecen a “estudiar y favorecer” su
convalidación para liberar recursos y que vaya a gasto social.
Pero el
Gobierno socialista quiere más y considera que el problema de la
financiación es un “efecto secundario” de no tener gobierno, por lo que
instan a los presidentes del PP a pedir que su partido se abstenga en la
investidura.
La misma solución se ofrece desde Hacienda para liberar el
denominado “mes 13 del IVA”: “Si en el PP quieren ser coherentes, que
faciliten la formación de gobierno”.
