El socialista Laborda ve urgente reformar el Senado para resolver el "problema territorial"

BURGOS.- El expresidente del Senado Juan José Laborda, actualmente miembro del Consejo de Estado, ha considerado "urgente" la reforma del Senado para terminar con los "problemas territoriales".

"Gran parte del problema territorial en España, como lo que ocurre ahora con Cataluña o lo que pasó con el País Vasco cuando gobernaba Ibarretxe, es un problema de partidos, por las comunidades autónomas se relacionan con el Estado a través de los partidos políticos", ha afirmado el socialista Laborda.

En su opinión, con un Senado constituido por representantes de las comunidades autónomas estos problemas no existirían porque el debate sobre temas autonómicos sería permanente.

"Lo que se necesita es que las comunidades autónomas estén presentes en las decisiones del Estado desde un órgano donde haya luz y taquígrafos y ese es el Senado, donde se podría llegar a posiciones comunes para elevarlas al Congreso, para decidir si se ejecutan o no", ha explicado Laborda.

Laborda, que fue senador constituyente, ha recordado que cuando se redactó la Constitución no se sabía cuál iba a ser el "Estado territorial".

Ha advertido de que fueron los partidos políticos los que definieron el mapa autonómico basándose en la parte dispositiva de la Carta Magna, porque en la disposición transitoria segunda solo se reconocían tres autonomías.

Las cicatrices de la crisis: ocho autonomías aún no han recuperado el nivel de PIB de 2008; la de Murcia, sí

MADRID.- Las cicatrices de la crisis en España siguen ahí. El paro, la desigualdad y la precarización del empleo con elevadas tasas de temporalidad han dejado huella en la economía de los hogares. Y en términos de PIB, también perdura el mordisco a las cuentas de ocho autonomías: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja eran más pobres al terminar 2017 que antes de la crisis, en 2008, según cifras de crecimiento de PIB reales, descontando el efecto de los precios. Todavía no han recuperado el nivel previo a la crisis nueve años después, según publica hoy El País.

Cataluña era, al terminar 2017, la comunidad autónoma con el PIB más alto de España, con 223.988 millones de euros. Repite a la cabeza de España, incluso en 2017, el año en el que la crisis por el referéndum ilegal independentista hizo peligrar esa posición frente a Madrid. Según los datos de contabilidad regional publicados este viernes por el INE, no se produjo el sorpasso y Madrid tenía al acabar el año una riqueza de 220.025 millones de euros.

Si se amplía la foto para analizar el efecto de la crisis, en el periodo 2008-2017, las cifras dicen que tanto Madrid como Cataluña son más ricas que antes de que estallara la recesión. Teniendo en cuenta los índices encadenados del PIB, la economía catalana es un 2,7% superior a la de 2008 y la de Madrid, un 7% más grande. 

En España el PIB es ahora en términos reales un 1,7% superior al de 2008. Sin embargo, no todas las comunidades han corrido la misma suerte: ocho todavía no han recuperado los niveles previos a la Gran Recesión y sus coletazos.

Las comunidades con más cicatrices

La autonomía que sigue más atascada en la crisis es Asturias. Su PIB, de 22.909 millones de euros, es ahora un 6,4% inferior al de 2008 en términos reales. La economía asturiana, que supone cerca del 2% del conjunto de España, sufrió un potente golpe con la crisis, y tocó fondo en los años 2013 y 2014, cuando su riqueza llegó a sufrir un recorte del 14% respecto a 2008. En los últimos dos años ha recuperado algo de terreno, pero todavía sigue rezagada.

Tras Asturias, aparece La Rioja. Esta comunidad tiene un PIB de 8.182 millones de euros. Es en términos económicos la región más pequeña de España, solo por encima de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Pero, además, su recuperación es también la más lenta. Por volúmenes encadenados, está un 5% por debajo de su riqueza de 2008. Incluso en 2017, en plena recuperación y con el PIB creciendo al 3% de media en España, esta comunidad fue la que menos avanzó, con un 1,5%. Cantabria (-3,6%), Comunidad Valenciana (-2,3%), Castilla y León (-2,2%), Castilla-La Mancha (-1,9%), Extremadura (-1,2%) y Andalucía (-0,8%) siguen también por debajo del nivel de 2008.

En el lado contrario está Madrid, que ha avanzado un 7% respecto a 2008. Sigue siendo la segunda región con más PIB y en 2015 ya había recuperado los niveles precrisis. Murcia también ha alcanzado ya la era previa al desastre, e incluso supera el PIB de 2008 en un 5,4%. 

Un nivel similar al de Baleares, que ha crecido un 5,1% en nueve años. Cierran el club de las comunidades que han crecido por encima del 1,7% de la media nacional País Vasco (3,5%), Navarra (3%) y Cataluña (2,7%). 

Por debajo están Canarias, con el 1,4%, y Galicia, con el 1%.

Aragón se ha quedado en tablas: al cierre de 2007 tenía exactamente el mismo nivel de riqueza que en el año tomado como base, 2008. Las dos ciudades autónomas están en el lado de los alumnos aventajados, con un alza del 4,4% en nueve años Ceuta, y del 5,9% Melilla, aunque en su caso, si se mira el PIB per cápita, han retrocedido.

Madrid y País Vasco, a la cabeza del PIB per capita

Cuando el análisis de hace por PIB per cápita, la foto de las comunidades más ricas y más pobres cambia. El ranking aquí lo lideraba en 2017 Madrid, con 33.824 euros. En un 35% más que la media española, que fue de 25.064 euros el pasado año. Le sigue El País Vasco, con 32.969 euros. Y Cataluña, con 30.064 euros. 

En la parte más baja de la tabla se coloca Extremadura: ahí la riqueza por habitante es de 17.554 euros, un 70% de la media nacional.

Si se mira la evolución durante los años de la crisis, la región que más ha aumentado su renta per cápita desde 2008 es Cataluña (un 6,1% en los nueve años), seguida de País Vasco y Galicia (5,5% ambas), Madrid (5,2%) y Castilla y León (4,6%). 

Entre las zonas más castigadas por la crisis en términos de riqueza por habitante destacan Melilla (baja un 7,9% el PIB per capita) y Ceuta (pierde un 5,8%) y Canarias, con una reducción del 2,9%.

El peso de la antigüedad sube del 30% al 40% en las oposiciones a la Administración regional

MURCIA.- La Mesa Sectorial de Administración y Servicios ha decidido elevar del 30% al 40% el peso que tendrá la antigüedad y los méritos en la nota final que saquen los interinos en las oposiciones a funcionario del próximo año. El acuerdo alcanzado esta mañana entre la Consejería de Hacienda y los representantes de los sindicatos establece además que los empleados eventuales podrán quedarse en la plaza que ocupan en este momento. 

A pesar de las facilidades para los interinos y empleados con contrato laboral aprobadas esta mañana en la mesa de negociación, CSIF mantiene la convocatoria de huelga de dos horas para el día 26 que anunció anoche, tras la celebración de una asamblea.
Este sindicato, al igual que Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Laborales de la Administración regional (AFIC), mantiene que la actual regulación permite a los empleados del Servicio Murciano de Salud competir por las plazas que salen a oposición en mejores condiciones, al considerar que tienen más antigüedad y que, por lo tanto, saldrán beneficiados en el concurso de méritos.
Los interinos y empleados con contrato laboral de la Administración regional se han movilizado para exigir mejores condiciones en las oposiciones. La protesta evitó que la Mesa Sectorial aprobara este martes las condiciones por las que se regirán las oposiciones. La Consejería de Hacienda, que ha vuelto a reunir esta mañana a los representantes sindicales, ha introducido algunas modificaciones en su propuesta inicial.
Según ha informado en una nota de prensa, la Comunidad y los representantes de los empleados públicos han acordado "promover la estabilidad laboral en la Administración regional, con la puesta en marcha de unas condiciones más favorables para el acceso del personal temporal a la nueva convocatoria de empleo, mediante la valoración de su experiencia en el desempeño de los puestos de trabajo".
En la Mesa Sectorial de negociación ambas partes establecieron los criterios de selección para la nueva convocatoria de Administración y Servicios, que consta de 1.561 plazas correspondientes a la oferta de empleo público y la oferta extraordinaria de 2017 y 2018.
De esta cantidad, 1.045 plazas serán convocadas dentro del proceso consolidación del empleo temporal y 322 serán de promoción libre. A esta cifra se suman otras 196 de promoción interna.
La directora general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora, señaló al respecto que "todas las medidas adoptadas facilitan la consolidación de los puestos de trabajo que ya desempeñan los funcionarios interinos y a la vez respetan los principios de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades, inherentes a cualquier proceso de selección de empleo público".
El proceso selectivo se basa en un concurso-oposición que otorga un 40 por ciento de la nota final a la valoración de los méritos y el 60 por ciento restante a la puntuación obtenida en el examen tipo test. 

Así se amplían los baremos iniciales, que otorgaban el 70 por ciento de la nota final al examen y el 30 por ciento a los méritos aportados.
Los méritos aportados se valorarán con cuatro puntos, de los que 0,5 se otorgarán a los candidatos que hayan aprobado alguna de las últimas tres oposiciones del mismo cuerpo, escala y opción sin conseguir plaza.
Los otros 3,5 puntos se repartirán de la siguiente manera: dos puntos por servicios prestados en la Administración regional en el mismo cuerpo, escala y opción o con funciones similares, un punto por servicios prestados en cualquier administración y otros 0,5 puntos por formación.
"Introducimos estas modificaciones para que prime la experiencia laboral en el caso de los empleados que ya ocupan un puesto de trabajo y evitar, en la medida de lo posible, que tengan que abandonarlo por la apertura de un proceso selectivo, ya que se trata de estabilizar el empleo", añadió la directora general.
La Comunidad sostiene que los nuevos criterios de selección "garantizan que los interinos que aprueban la oposición pueden permanecer en los puestos de trabajo que desempeñan en la actualidad. 

Además, se creará una lista de espera para los candidatos que no obtengan plaza, en la que se contabilizarán los últimos diez años de antigüedad y las personas que ya están en las listas tienen garantizada su continuidad, proporcionándoles así mayor seguridad de permanencia en su trabajo".
Las plazas convocadas por el turno de libre acceso siguen manteniendo los criterios de valoración, que son el 80 por ciento de la puntuación para la fase de oposición y el 20 por ciento para el concurso de méritos.

Los interinos que aprueben la oposición podrán permanecer en los puestos que desempeñan

MURCIA.- La Comunidad Autónoma y los representantes de los empleados públicos han acordado este jueves promover la estabilidad laboral en la Administración regional, con la puesta en marcha de unas condiciones más favorables para el acceso del personal temporal a la nueva convocatoria de empleo, mediante la valoración de su experiencia en el desempeño de los puestos de trabajo.

Así, los nuevos criterios de selección garantizan que los interinos que aprueban la oposición pueden permanecer en los puestos de trabajo que desempeñan en la actualidad.

Además, se creará una lista de espera para los candidatos que no obtengan plaza, en la que se contabilizarán los últimos diez años de antigüedad y las personas que ya están en las listas tienen garantizada su continuidad, proporcionándoles así mayor seguridad de permanencia en su trabajo.

En la Mesa Sectorial de negociación ambas partes han establecido los criterios de selección para la nueva convocatoria de Administración y Servicios, que consta de 1.561 plazas correspondientes a la oferta de empleo público y la oferta extraordinaria de 2017 y 2018.

La directora general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora, ha explicado, al respecto, que "todas las medidas adoptadas facilitan la consolidación de los puestos de trabajo que ya desempeñan los funcionarios interinos y a la vez respetan los principios de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades, inherentes a cualquier proceso de selección de empleo público".

El proceso selectivo se basa en un concurso-oposición que otorga un 40 por ciento de la nota final a la valoración de los méritos y el 60 por ciento restante a la puntuación obtenida en el examen tipo test. Así se amplían los baremos iniciales, que otorgaban el 70 por ciento de la nota final al examen y el 30 por ciento a los méritos aportados.

Los méritos aportados se valorarán con cuatro puntos, de los que 0,5 se otorgarán a los candidatos que hayan aprobado alguna de las últimas tres oposiciones del mismo cuerpo, escala y opción sin conseguir plaza. 

Los otros 3,5 puntos se repartirán de la siguiente manera: dos puntos por servicios prestados en la Administración regional en el mismo cuerpo, escala y opción o con funciones similares, un punto por servicios prestados en cualquier administración y otros 0,5 puntos por formación.

"Introducimos estas modificaciones para que prime la experiencia laboral en el caso de los empleados que ya ocupan un puesto de trabajo y evitar, en la medida de lo posible, que tengan que abandonarlo por la apertura de un proceso selectivo, ya que se trata de estabilizar el empleo", ha explicado la directora general.

Las plazas convocadas por el turno de libre acceso siguen manteniendo los criterios de valoración, que son el 80 por ciento de la puntuación para la fase de oposición y el 20 por ciento para el concurso de méritos.

La Plataforma de Técnicos Superiores de la CARM protestará este miércoles frente a San Esteban

MURCIA.- La Plataforma de Técnicos Superiores de la CARM por el Grupo B de la Región de Murcia que representa a un numeroso colectivo de empleadas y empleados públicos, convocó en apoyo de sus demandas ante el Servicio Murciano de Salud y la Administración General de la Región de Murcia, una concentración que tendrá lugar el miércoles 12 de diciembre a las 17:30 horas en el palacio de San Esteban, sede de la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Hay que recordar que los Técnicos Superiores llevan ya más de 11 años reclamando su adscripción en el Grupo B de clasificación profesional. Exactamente desde que en 2007 se aprobó por las instituciones europeas el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea.

Desde el mes de marzo en que constituyeron la Plataforma, los Técnicos superiores se entrevistaron con la directora general de la Función Pública de la Región de Murcia, a quien le transmitieron sus reivindicaciones. Se han reunido igualmente con todos los partidos políticos, grupos parlamentarios y sindicatos presentes en la Región, que les transmitieron su comprensión y apoyo a sus justas reivindicaciones.

Como fruto de ello, actualmente se encuentra pendiente de tramitación en la Asamblea Regional una moción que aboga por que en la nueva ley de Función Pública, en la que trabaja actualmente el Gobierno Regional, se recoja la adscripción al grupo B de las empleadas y empleados públicos Técnicos Superiores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del EBEP y porque, mientras no se aprueba la nueva ley de Función Pública Regional, se arbitren los mecanismos para que en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2019 se incorpore normativa y presupuestariamente dicha adscripción, con los consiguientes e inmediatos efectos económicos y laborales.

La reforma de la financiación autonómica: de la urgencia a la bonanza bilateral

MADRID.- La reforma de la financiación ha dejado de ser un asunto urgente para las comunidades autónomas que han relajado la presión al Gobierno al constatar que los ingresos crecen a buen ritmo y pueden obtener más beneficios en la negociación bilateral con el Ejecutivo.

Esta es la opinión de algunos de los expertos, que han participado en el informe para la reforma de la financiación autonómica encargado por el anterior Gobierno pero que pretende ser el punto de partida natural para una reforma que no se aprobará antes de las elecciones autonómicas y, seguramente, tampoco antes de las generales.

El experto designado por la Comunidad de Madrid y profesor de Economía Aplicada de la Complutense, Jorge Onrubia, lamenta que las autonomías estén "adormecidas" y que algunas muy reivindicativas hace unos meses, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Aragón, hayan "relajado" sus demandas al ver que "entra dinero y pueden ganar mucho en los contactos bilaterales con el Estado". 

Ante este nuevo escenario, Onrubia considera que las autonomías no pueden vivir "en la provisionalidad de según qué se negocie, qué saco del Estado" porque el modelo debe ser "estable en el tiempo y construido bajo parámetros de capacidad y equidad".

Además, este experto se muestra preocupado porque la situación actual "valide un sistema que arrastramos desde 2009" y se sorprende de que las comunidades hayan olvidado los "diagnósticos" que se hicieron en la comisión de expertos sobre lo mal que funcionaba el actual modelo, carente de transparencia y equidad.

Menos presión por la mayor recaudación

El experto designado por Murcia y profesor de Economía Aplicada de esta Universidad, José Carlos Sánchez de la Vega, coincide en que las "presiones" son menos intensas y una de las razones es la "buena senda" en la recaudación de tributos que está permitiendo que las comunidades reciban mayores recursos. 

Y otra razón, a su juicio, es que el país está en una constante precampaña electoral "y el coste político que puede suponer llegar a una propuesta que no cuente con suficientes apoyos o en la que algunas comunidades no vean reflejadas sus demandas, no es deseable".

Respecto a Cataluña, Sánchez de la Vega sostiene que sigue en la misma línea, es decir, "quiere un trato especial" por lo que previsiblemente no participará en reuniones con las restantes comunidades de régimen común. 

Para este experto, esta situación se va a prolongar en el tiempo, "no habrá avances sustantivos" hasta que se clarifique el panorama electoral o se resuelva, en un sentido u otro, la negociación de presupuestos.

Sin apuros

El economista Ángel de la Fuente, uno de los expertos designados por el anterior Gobierno para revisar el sistema, considera que el informe elaborado es una "propuesta completa" y el punto de arranque "natural" para empezar a negociar aunque "cuando se arremanguen para hablar de verdad, seguramente cambien muchas cosas".

De la Fuente coincide con el resto en que las comunidades pueden "aguantar" un tiempo "porque ya lo vienen haciendo desde hace siete u ocho años" pero ahora, además, la recaudación corre a su favor "y los ingresos están creciendo a un ritmo bastante bueno". Admite que el reparto no es equitativo pero las comunidades "no van a pasar apuros, todo lo contrario".

Respecto al documento de los expertos, De la Fuente espera que se mantengan algunas "prioridades" como que el sistema sea transparente y el reparto más igualitario aunque tiene dudas de que triunfe la responsabilidad fiscal que proponen, y que se basa en que las comunidades den la cara y suban impuestos si lo necesitan, "en lugar de pedir a Madrid".

De la Fuente explica que tras la comisión de expertos, hubo un grupo técnico que hizo un documento con aportaciones de todos y ahora hay uno "más político" que está trabajando aunque "no parece que avance mucho". 

"Están mareando la perdiz porque no hay perspectiva de acuerdo y cada uno quiere una cosa distinta" añade.

El experto designado por Baleares y catedrático de Economía por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, coincide en que las comunidades están "tranquilas" ya que el Estado les anticipa una liquidación favorable que pueden gastar a cuenta.

López Casasnovas sostiene que en el caso de Baleares saben que si la financiación no funciona está el régimen especial mientras que en Cataluña "la reforma de la financiación no prevalece en sus objetivos". 

Respecto a Cataluña, López Casasnovas comenta que, nuevamente, hay intentos a través del lehendakari Íñigo Urkullu para arrancar un acuerdo general pero la Generalitat quiere "un traje a medida".

A juicio de este experto, "la incógnita" está en la Comunidad Valenciana y Andalucía porque son autonomías con financiación muy ajustada que no presionan para un acuerdo global, lo que hace sospechar que "el Gobierno les ayuda de algún modo, si no se ahogarían".

López Casasnovas explica que la reforma de la financiación se planteó como urgente porque "da ganancias aleatorias a comunidades como Aragón o Cantabria y había que reconducir esa situación pero para que unos subieran, otros tenían que bajar". 

Ahora, dado que no se aplica ninguna reforma, "nadie baja y los que tienen peor financiación no reivindican porque ya no están ahogados o persiguen otras vías, y se ha perdido el carácter de urgencia".

Elisa Beni: “La Rioja es una de las autonomías más absurdas que hay”

LOGROÑO.- La periodista Elisa Beni (Logroño, 31 de julio de 1965) ha señalado que “La Rioja es una de las autonomías más absurdas que hay”. Tras hacer esta afirmación en el programa ‘Más vale tarde’ (La Sexta) de este viernes, el propio presentador del espacio, el conocido Hilario Pino, le ha advertido la rotundidad de su afirmación entre risas: “Te van a matar en tu tierra”. “Pues que me maten, pero yo cuento cómo se gestó”, ha rematado Beni.

La comunicadora riojana, en un debate sobre la organización autonómica en España, ha querido contar su experiencia personal: “Yo nací castellana y ahora soy riojana. Cuando se está haciendo el mapa de las autonomías y se llega al café para todos, hay que integrarse en una autonomía. Navarra tenía ciertas pretensiones sobre La Rioja, Castilla también quería La Rioja, Aragón llegó a tener pretensiones y el País Vasco se dejó caer porque hay una zona… Ezcaray, La Rioja Alavesa…”, ha comenzado a explicar.

“Yo recuerdo haber vendido con catorce años unas pegatinas que tenían la figura de La Rioja con patitas y tal. Por un lado tiraba un tío con chapela y por otro tiraba otro con un cachirulo, y poníamos abajo ‘Ninguna integración, Rioja región’. Este es el origen de La Rioja”, ha relatado, al tiempo que Hilario Pino bromeaba con que La Rioja existía gracias a la propia periodista nacida en Logroño.

Ironías aparte, Elisa Beni ha continuado argumentando que “hay autonomías que son autonomías por exclusión y por no querer depender de Valladolid, que no tenía nada que ver con nosotros”. “Para un riojano o un murciano una cosa es depender de Madrid y otra de Valladolid”, ha concluido.

La mayoría de los españoles pide una reorganización de las autonomías

SEVILLA.- El resquebrajamiento del amplio crédito que hasta entonces había tenido el sistema autonómico está datado en 2008, una hecho derivado del malestar general hacia prácticamente todas las instituciones que cundió entre los ciudadanos a raíz de la crisis económica y la respuesta que los poderes públicos dieron a la grave situación, se analiza hoy desde www.diariodesevilla.es.

El Estado de las Autonomías, con más luces que sombras sufrió también el apagón global, con un fundido impuesto desde instancias nacionales y supranacionales. Las drásticas medidas financieras, los recortes presupuestarios y, por ende, la merma de las prestaciones sociales, han conducido a los ciudadanos, desde esa fecha, a una mayor desconfianza y más dudas sobre la vigencia del actual sistema territorial. El estudio de Metroscopia registra que dos de cada tres españoles considera “urgente” su reorganización.

Si hace un decenio dicho sistema parecía plenamente consolidado, el escenario ha cambiado. Y para mal. En la actualidad se percibe una intensa y profunda quiebra de la confianza ciudadana en el funcionamiento, en conjunto, del sistema político, y ello salpica a las comunidades autónomas incluidas.

En el caso de los gobiernos regionales, es notorio el descontento provocado por la catarata de casos de corrupción sucesivamente desvelados y que, de forma más o menos directa, afectaban fundamentalmente a cuatro comunidades especialmente relevantes (Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana).

Las turbulencias adquirirían magnitud de tormenta dos años después, cuando en 2010 –y posiblemente tratando de sacar rédito del clima de crispación aportado por la propia crisis económica– el Gobierno de la Generalitat catalana optó por un nuevo rumbo inequívocamente independentista que contribuyó a reavivar el cuestionamiento, en amplios sectores de la población, de un sistema de organización territorial pensado en buena –aunque quizá no explícita– medida para ofrecer una salida a casos como el de Cataluña o del País Vasco.

Todos estos factores pueden haber propiciado en algunos sectores de la sociedad la sensación de que, después de todo, y muy lejos de afianzar la igualdad territorial, la apuesta autonomista ha contribuido a propiciar el efecto contrario: la consolidación y el fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas e independentistas. No ha conseguido canalizarlos ni remansarlos. Y así, en el actual escenario, un 21% de españoles se inclina ahora por el retorno a un Estado centralizado (frente al 10% que declaraba esta preferencia en 2003).

Un 22% mantendría el actual modelo autonómico, pero recortando las competencias transferidas. Un 23% preferiría que las cosas siguiesen como ahora están. Un 21% se muestra favorable a que las Comunidades Autónomas puedan tener un techo competencial más elevado que el actual. Finalmente, un 14% propugna que las Comunidades que lo deseasen pudieran convertirse en Estados independientes.

Con estos datos cabe concluir que, en última instancia, dos de cada tres españoles siguen creyendo en el esquema autonómico actual, si bien difieren en cuanto a las competencias que deberían ser transferidas a la Comunidades.

Hasta 21% expresa su preferencia por volver a un Estado centralizado

Las comunidades necesitarán más de 27.000 millones para financiarse en 2019

MADRID.- Las comunidades autónomas volverán a necesitar ayuda para financiar su déficit público el próximo año. Precisarán unos 27.000 millones de euros, según calcula de Moody's. De esta cantidad, unos 20.000 millones procederán de los mecanismos extraordinarios de liquidez (FLA y Facilidad Financiera) que proporciona el Estado central. La agencia de calificación prevé que las autonomías sigan reduciendo sus desequilibrios presupuestarios, pero también espera que el volumen de deuda neta siga creciendo, según recoge El País. 

Las comunidades autónomas siguen saneando sus cuentas, aunque a menor ritmo. Al principio de la crisis fueron señaladas como las culpables de los desbocados déficits públicos en que incurría España. El Gobierno del PP endureció la ley para tratar de enderezar las cuentas autonómicas. La situación era tan delicada que los mercados cerraron las puertas a las comunidades, que sufrían para financiarse.

 

Para paliar esta situación, el Estado central lanzó un salvavidas a las regiones en forma de préstamos. Las autonomías ya no tenían que acudir al mercado a negociar a cara de perro con los inversores puesto que encontraban condiciones más ventajosas en la ventanilla del Tesoro Público. Así se gestó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y similares, que han prestado desde entonces más de 166.000 millones a las autonomías.

Casi una década después de estallar la crisis financiera, Moody's cree que "las sólidas perspectivas económicas del país impulsan una perspectiva 'estable' para las regiones españolas en 2019", según un informe difundido este miércoles.

Más volumen de deuda neta

El dinamismo de la economía española, que seguirá creciendo en 2019, impulsará los ingresos fiscales, que ayudarán a equilibrar las cuentas regionales. "Sin embargo, se espera que el stock de deuda regional aumente", asegura Moody's. "El total de la deuda neta para las regiones calificadas (11 de las 17, que representan el 85% del PIB) por Moody's alcanzará alrededor de 271.000 millones en 2019, frente a los 263.000 millones en 2017", añade. Sin embargo, la deuda en porcentaje del PIB se reducirá.

"El crecimiento económico mejorará los márgenes operativos de las regiones e impulsará las reducciones del déficit en 2019", asegura Marisol Blázquez, analista de Moody's en una nota difundida por la agencia. El ciclo favorable sigue hinchando la recaudación y el reparto del sistema de financiación es cada vez más generoso. De hecho, las autonomías recibirán más dinero que nunca de este sistema. "Se espera que los ingresos fiscales representen alrededor del 75% de los ingresos operativos en 2019, en comparación con el 66% en 2011".

Pese a la holgura presupuestaria, las necesidades de financiación seguirán siendo elevada. Moody's espera que las regiones requieran más de 27.000 millones extras para financiarse en 2019. Cataluña y la Comunidad Valenciana serán las que mayores necesidades tengan.

La principal fuente de financiamiento seguirá siendo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) del Estado. Moody's espera que estos fondos inyecten unos 20.000 millones a las autonomías. Algunas como Madrid, el País Vasco o Andalucía ya han regresado a los mercados y tendrán más opciones.

La OCDE pide que las autonomías gasten menos a las puertas de las elecciones

MADRID.- La OCDE ha querido dar hoy un tono conciliador en sus impresiones sobre la economía española en presencia del Gobierno, después de que ayer rebajara sus previsiones de crecimiento , junto al FMI. 

El secretario general, Ángel Gurría, ha dado esta mañana una rueda de prensa con la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Madrid en la que ha mostrado su apoyo a la subida del 23% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «La utilidad del salario mínimo es ser un mínimo de protección social para evitar que haya empleos de extrema precariedad», ha aseverado y recoge Abc.

El propio Gurría, con Calviño a su vera, ha valorado que en plena desaceleración global, España lo está haciendo «mejor que otros países» si bien los mercados son «menos pacientes y tolerantes». Una defensa que el informe sobre España que presentó ayer el organismo no incluye, al estar repleto de deberes y advertencias para el Gobierno.

 La OCDE pide que las comunidades autónomas apliquen con más rigor la regla de gasto –el tope al desembolso ligado al crecimiento del PIB– en lugar del déficit. 

«Las comunidades autónomas únicamente aplican la regla de déficit, lo que en parte explica que sus gastos sean más cíclicos», denuncia la institución con sede en París.

«Es preciso (...) que la regla de gasto sea el instrumento principal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas», sentenció. 

El objetivo es que así vayan reduciendo su abultada deuda, del 24,7% del PIB, que según la Ley de Estabilidad debe bajar al 13% en 2020 –un objetivo imposible–. Pese a que las regiones ahora tienen déficits más acotados, la regla de gasto aseguraría que destinaran sus superávits a reducir el pasivo.
La petición del organismo no es casual y llega unos meses antes de las elecciones regionales. Las comunidades, hasta agosto, dispararon su gasto computable a efectos de la regla un 2,7%, por encima del límite del 2,4%. 

Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valencia: siete de las ocho tienen elecciones en mayo. Junto a ello reclama «recurrir a los impuestos ambientales y al IVA» para elevar la recaudación, recomendando elevar el tributo a productos con tipos reducidos y súperreducidos en el impuesto al consumo.
También exige eliminar y deducciones en el Impuesto de Sociedades, así como aumentar los impuestos sobre los combustibles. Tanto en su recomendación sobre el IVA como en impuestos medioambientales –tanto a combustibles como a emisiones– cifra cada alza tributaria en 4.800 millones de euros adicionales. 

Otro de los reproches van dirigidos a las diferencias de regulación entre comunidades: reclama potenciar la ley de unidad de mercado y eliminar distorsiones, ya que los servicios públicos difieren considerablemente, lo que arroja distintas tasas de abandono escolar y productividad entre regiones. 

También pidió la OCDE «ampliar el periodo de referencia» para calcular la pensión, que ahora está en los últimos 21 años, y «el número de años de cotización exigidos para cobrar una pensión completa». De esta forma se endurecería el cobro de la prestación, que ahora exige 35 años y seis meses trabajados.
El secretario general de la OCDE también ha recomendado al Gobierno «disminuir los incentivos a la jubilación anticipada», así como «vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el momento de la jubilación».
Ello significa elevar la edad de jubilación, que ahora está en 65 años y 6 meses. 

«Hay que prolongar la vida activa y elevar la edad de jubilación, para hombres y mujeres», ha añadido Gurría, que apostilló que es necesario aumentar también las cotizaciones sociales de empleados y empleadores, además de fomentar los planes de pensiones privados. A ello se le suma que Gurría ha instado a recortar las pensiones y «sus beneficios» en relación al porcentaje del último salario que se cobra en la primera pensión.

 La OCDE apunta que en el mercado laboral, España debe mejorar sus salarios y proteger con más ahínco a los desempleados de larga duración. «El riesgo de pobreza es significativo, con un 15% de la población viviendo en hogares pobres en 2014», subraya, para remarcar también la elevada pobreza infantil. 

En España el 20% que más posee gana seis veces más que el 20% más pobre, por encima de la media de la OCDE. Curiosamente, la desigualdad de ingresos es mayor internacionalmente que la de riqueza, que está por debajo de la media de los 35 países desarrollados incluidos en el organismo.
Por ello denuncia que las transferencias públicas son menores a los más pobres que a los más ricos: el 20% con menores ingresos recibe solo un 55% más que el hogar medio mientras que el 20% más rico recibe un 60% más. Ello se debe a que muchas de las exenciones fiscales en España «tienden a ser regresivas», como ocurre con los tipos reducidos del IVA.

Los funcionarios de la Comunidad Autónoma cobrarán el 100% del sueldo cuando estén enfermos

MURCIA.- Los 54.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma cobrarán el cien por cien de su sueldo cuando dejen de acudir al trabajo por enfermedad. La Mesa General de la Función Pública acordó ayer la desaparición de las penalizaciones establecidas en 2012 para los empleados públicos cuando están de baja, de acuerdo con los acuerdos alcanzados el pasado mes de marzo entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos representados en la Administración central. 

Esta medida empezará a aplicarse en la Administración regional cuando entren en vigor los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.
Los sindicatos que se han sentado en la Mesa General presidida por el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, aspiraban también a conseguir reducir la jornada semanal de las 37,5 horas actuales a 35 horas. De la Cierva avanzó antes del inicio de la reunión que la Ley de Presupuestos del Estado impide aplicar en Murcia la jornada de 35 horas.
Al terminar la reunión de la Mesa General, que ha permenecido reunida desde mediodía hasta casi las 18.30 horas con un breve receso para comer, la Consejería de Hacienda ha anunciado que los empleados públicos de la Administración regional que se encuentren en situación de baja laboral recibirán el cien por cien de su salario desde el primer día, gracias a un complemento que pagará la Comunidad para cubrir la diferencia entre el salario completo del trabajador y la retribución que percibe de la Seguridad Social, independientemente de la naturaleza de su incapacidad.
De la Cierva ha señalado que "nuestra prioridad es mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, así como evitar que pierdan poder adquisitivo, como llevamos haciendo a lo largo de esta legislatura con las últimas subidas salariales y la devolución de los complementos retributivos".
Otra de las medidas aprobadas es que se aplique con carácter inmediato la subida salarial para empleados públicos que establecen los próximos Presupuestos Generales del Estado, así como el abono del complemento autonómico correspondiente a la extra de diciembre de 2013.
El consejero ha recordado que "en la nómina del pasado mes de octubre los funcionarios recibieron el 25 por ciento de este complemento y ahora percibirán el 75 por ciento restante, un esfuerzo para las arcas regionales que supera los 32 millones de euros".
Ha añadido que, pesar del esfuerzo económico para la Administración regional, "estamos seguros de que la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos redundan en una mejora de los servicios que prestan a los murcianos", añadió De la Cierva.
En la Mesa General de Negociación se pactaron otras medidas, como la implantación de la carrera profesional en los ámbitos sectoriales de Educación y Administración y Servicios, además de darle continuidad en Sanidad.
También se eliminará la limitación para prolongar la prestación de servicios más allá de la edad de jubilación y se proyecta un nuevo plan de promoción interna.
A esto se añaden otras medidas para favorecer la conciliación de la vida profesional y personal, como una bolsa de horas de libre disposición que el funcionario puede acumular para disponer de ellas cuando necesite atender a familiares mayores, con discapacidad o hijos menores, así como el impulso del teletrabajo.
Además, las parejas de hecho tendrán los mismos derechos que los matrimonios en materia de función pública.
El acuerdo también contempla ultimar la redacción de la nueva Ley de la Función Pública Regional, "en la línea de trabajo que mantenemos con las organizaciones sindicales desde 2015 para mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados públicos, a los que les agradecemos enormemente su esfuerzo personal y profesional durante los años de crisis", concluyó De la Cierva.

El Gobierno nacional no reformará el sistema de financiación autonómica

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, confirmaba en el último Pleno del Congreso que no hay tiempo para reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura, en parte como consecuencia de los procesos electorales de 2019.

«Desde el primer minuto dijimos que en esta legislatura no habría posibilidad de sacar adelante el modelo de financiación autonómica», contestó Carmen Calvo cuando la portavoz adjunta de Ciudadanos en la Cámara Baja Melisa Rodríguez le había preguntado cuándo se va a llevar a cabo esa reforma.

Melisa Rodríguez, que criticó la «falta de coordinación» del Ejecutivo nacional, le recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo al llegar al cargo que no iba a tardar en convocar elecciones generales, y en ese caso entendía que no diese tiempo a modificar el sistema de financiación. Pero «ahora que sabemos que el señor Sánchez va a estar hasta 2832 atrincherado en La Moncloa, digo yo que algo de tiempo va a haber», añadió, reprochando a la vicepresidenta que los socialistas sólo se pongan de acuerdo, entre ellos y con el PP, para «dar privilegios a una comunidad autónoma por encima de otras» –en este caso Euskadi–, al pactar «el cuponazo vasco y el cuponazo eléctrico», mientras dejan esperando a los andaluces, los valencianos o los canarios.

Después de insistir en que no da tiempo a alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la financiación porque en breve se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas, Carmen Calvo respondió a Rodríguez que a Ciudadanos no le preocupa realmente este asunto y que su problema es que «no se ha sabido ubicar» en el escenario político desde que gobierna Pedro Sánchez.

«No están en la realidad, han perdido el pie desde la moción de censura» a Mariano Rajoy y «ahora no saben cuál es su sitio», afirmó después de que la diputada de la formación naranja acusara al Ejecutivo de no saber gestionar «los egos y la soberbia» de sus miembros y de «cambiar de opinión» sobre la necesidad de reformar la financiación autonómica.

El Gobierno asigna a las autonomías 5.563 millones para el cuarto trimestre de 2018

MADRID.- El Gobierno ha acordado hoy asignar a las comunidades autónomas un total de 5.563,41 millones de euros para el cuarto trimestre del año, cantidad con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y al Fondo de Facilidad Financiera (FF).

Hacienda indica en un comunicado que el Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha fijado 1.183,48 millones que corresponden al compartimento Facilidad Financiera y otros 4.379,93 al FLA.

Hacienda destaca que en el conjunto del ejercicio, "los mecanismos de liquidez suman 29.589 millones".

Las autonomías que más recibirán del FLA serán Cataluña (1.965 millones) y Comunidad Valenciana (1.055 millones).

Del FF, las que percibirán una mayor cuantía serán Castilla y León, con 476 millones, y Galicia, con 217 millones.

Además, Hacienda explica que de acuerdo con las solicitudes remitidas por diversas comunidades autónomas, "se ha modificado la distribución de los recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2018".

"Estas menores necesidades de financiación empiezan a reflejar el efecto de otro acuerdo reciente de la CDGAE, en concreto el del pasado 5 de julio de 2018, en el que se autorizó la salida al mercado de las comunidades autónomas", añade en la nota.

Cita como ejemplo Andalucía, autonomía que solicitó su salida a los mercados por un importe de 600 millones de euros, lo que, según Hacienda, "provocará que progresivamente vayan reduciendo sus necesidades de financiación" a través del fondo.

CSIF exige al Gobierno regional recuperar los recortes realizados a los empleados públicos durante la crisis

MURCIA.- El sindicato independiente CSIF exige al Gobierno regional que se siente a negociar para revertir esta "injusta situación", así como la urgente necesidad de un plan plurianual de empleo público que permita la verdadera estabilización de los empleados públicos interinos que han sido muy duramente castigados durante la crisis.

De igual modo, "reclamamos" que lleve a cabo una amplia promoción profesional de los empleados públicos fijos, tal y como se reconoce "como derecho" en el Estatuto Básico del Empleado Público. CSIF exige al Gobierno regional un acuerdo para "recuperar" los recortes sufridos por los empleados públicos durante los años de crisis.

No es de recibo que una vez pasada la crisis económica, el Gobierno regional siga "manteniendo" los recortes a 50.000 empleados públicos de la Comunidad, tanto económicos como de condiciones de trabajo, que afectan al personal docente, al de Administración y Servicios y al del Servicio Murciano de Salud.

Es necesario que el Gobierno regional devuelva las pagas extraordinarias (parte autonómica), reconozca y pague la carrera profesional, además de retornar la jornada de 35 horas, recuperar el cien por cien del Plan de Acción Social, no sancionar la incapacidad temporal, disminuir las cargas de trabajo y ratios de usuarios por empleado público, así como devolver las productividades ya reconocidas, etc.

En otras comunidades autónomas ya han empezado a devolver todo lo recortado a sus empleados públicos e incluso a implantar importantes mejoras, como por ejemplo, igualar los permisos de maternidad y paternidad, conciliación de la vida personal y laboral, entre otras.

Al mismo tiempo, CSIF reclama al Gobierno de la nación la necesidad de recuperar el 5 por ciento del salario que el "Gobierno de Zapatero" quitó a todos los empleados públicos de España en el año 2010 y que afectó a 80.000 empleados públicos en la Región de Murcia.

CSIF pide a los distintos gobiernos que "reconozcan el esfuerzo económico y laboral" que han realizado los empleados públicos, entre otros colectivos de este país, para ayudar a superar la crisis económica.

Finalmente, CSIF, sindicato independiente, recuerda a los partidos políticos que 80.000 empleados públicos en la Región de Murcia, de ellos 50.000 dependientes de la Comunidad, así como sus familiares, tendrán que decidir su voto en las próximas elecciones autonómicas y municipales del año 2019.

López Miras y Pedro Sánchez tendrán su primera reunión el 18 de septiembre

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reunirá el martes, 18 de septiembre, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en La Moncloa, según han confirmado fuentes del Gobierno murciano.

Por lo que se trataría del primer encuentro que mantendría ambos mandatarios desde que Pedro Sánchez llegara el pasado mes de junio al Gobierno de España.

Fernando López Miras ya había solicitado una reunión con el presidente del Gobierno antes del verano para tratar temas clave para la Región como la financiación, las infraestructuras y el agua, entre otros.

De hecho, el pasado miércoles, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en Cartagena con carácter deliberante, que el presidente de la Comunidad "seguía la espera" de que Pedro Sánchez acepte reunirse con él.

Entonces manifestó que "seguimos esperando la respuesta del Gobierno socialista para la reunión con el presidente de la Comunidad para mantener ese encuentro", recordando que la última carta insistiendo en esa reunión la mandaron "cuando conocimos por boca del delegado del Gobierno, Diego Conesa, que se secuestraba la llegada de la Alta Velocidad a la Región".

Un hermano de Samper pide 40 millones por el frustrado proyecto de 'Paramount' en Alhama de Murcia

MURCIA.- La firma Proyectos Emblemáticos de la Región (Premursa), sociedad impulsada por el empresario, ya fallecido, Jesús Samper, y hoy en manos de un hermano, ha reclamado hasta 39,58 millones a la Comunidad Autónoma y al Consistorio alhameño por el final del proyecto del Parque Paramount, tal y como informa 'El Confidencial' y confirmaron fuentes del Ejecutivo regional. 

Fuentes del Ejecutivo regional explicaron que esta reclamación se enmarca en un procedimiento administrativo contemplado en la Ley del Sector Público del Estado. 

Los jurídicos de la Administración regional evaluarán la información aportada en la demanda que será objeto de una resolución, previa al dictamen del Consejo Jurídico de la Región.

La promotora sostiene que Premursa obró diligentemente a lo largo de la tramitación y que fue la mala actuación de la Administración lo que impidió que saliera adelante el proyecto, generándole un «daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado». 

Esta parte, para acreditar ese perjuicio, incluye en su escrito numerosas facturas, tanto de la compra de los terrenos, como de las campañas de promoción... Reclama cerca de 40 millones de euros y exige que el montante lo desembolsen, a medias, el Gobierno regional y el Ayuntamiento alhameño.
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia dio el carpetazo definitivo a la posibilidad de levantar un parque temático en la localidad. Lo hizo después de que a mediados del pasado año la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulase el plan por invadir el parque de Carrascoy-El Valle.

El Consejo de Política Fiscal aprueba otra vez aliviar el déficit autonómico

MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado hoy, por segunda vez, los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías en el próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio y con la única novedad de la Comunitat Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable.

La senda de estabilidad propuesta por Gobierno para aliviar el déficit autonómico en el período 2019-2021, que fue rechazada por el Congreso, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas, también la Comunitat Valenciana tras asumir hoy su president Ximo Puig las negociaciones, y Cantabria.
De hecho, la Comunidad Valenciana ha votado a favor de suavizar el déficit a cambio de medidas que supondrán 850 millones de euros adicionales para la región valenciana y entre ellas destaca el acuerdo por el que el Estado asumirá la deuda del Consorcio Valencia 2007 que ronda los 350 millones de euros.
Además, según ha declarado el presidente valenciano, Ximo Puig, que hoy ha asumido personalmente las negociaciones con Hacienda, se ha acordado la refinanciación de 1.000 millones de euros de la deuda valenciana de corto a largo plazo.
La votación de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para aliviar el déficit autonómico (2019-2021), que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas y Cantabria.
Por tanto, los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados, que han sido votados por primera vez de forma telemática, pasarán al Consejo de Ministros donde serán ratificados este viernes.
De nuevo Cataluña ha rehusado participar en el Consejo y ha excusado su presencia con una carta enviada por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ha argumentado que las relaciones económicas entre la Generalitat y Estado deben dirimirse de manera bilateral.
Las comunidades gobernadas por el PP, que se han opuesto a la propuesta del Gobierno, han justificado su voto en contra con los mismos argumentos que hace un mes.
Así, el Gobierno de Murcia ha reclamado la modificación del actual sistema de financiación que genera el 80 por ciento de la deuda regional y ha lamentado el "maltrato económico" que sufre la comunidad por parte del Ejecutivo central. También La Rioja ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo significa "más gasto, más deuda, más impuestos y empeora el crecimiento económico y la creación de empleo".
En Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha remitido un informe a la Secretaría del CPFF para que revise las entregas a cuenta de las comunidades y ha demandado 142 millones euros correspondientes al IVA. Canarias, que ha repetido el voto en contra, ha reiterado que rechaza la propuesta porque "castiga a las administraciones cumplidoras".
Mientras, comunidades gobernadas por socialistas, como Castilla-La Mancha, han considerado que el nuevo déficit es "un paso en la dirección correcta".
El vicepresidente primero castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que le hubieran gustado "más avances" pero ha valorado el "cambio de rumbo" que supone que se atiendan las demandas de las comunidades, y desde Extremadura, la vicepresidenta Pilar Blanco ha valorado que la nueva senda se ajuste mejor a las necesidades financieras de las regiones.
Desde Cantabria, la única comunidad no socialista que ha votado a favor, el consejero de Economía Juan José Sota ha considerado que la nueva senda de "flexibilidad" da mayor margen para afrontar los servicios esenciales.

Hacienda adelantará más de 2.000 millones a las comunidades autónomas para 2019 por el IVA

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Este último anunció que la titular le mostró su compromiso para tratar de que las regiones puedan recibir la liquidación de la última mensualidad del IVA de 2017, que reciben dos años después, en 2019, revela hoy Abc. 

El Sistema Inmediato de Información (SII) que empezó el año pasado postergó un mes los ingresos del IVA a efectos contables, lo que restaba a las regiones unos 2.500 millones de euros en 2019, que en el caso de Galicia eran 198.

La puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA a partir de julio de 2017 elevó en diez días el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones para las empresas acogidas a este nuevo régimen. 

El límite se estableció en los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual. Este cambio normativo aprobado por el Gobierno de Rajoy provocó, en términos de caja, una menor recaudación de IVA para el año 2017, que afecta a la liquidación que se producirá en 2019.

Si bien ayer fue Galicia, la plana mayor de las comunidades protestaron por este cambio en el último Consejo de Política Fiscal, ya que les restaba recursos para un año aunque se los daba para el siguiente. Hacienda trabajará en adelantar estos recursos para que las regiones finalmente cuenten con ellos para el próximo año, ejercicio electoral para trece de ellas.

La ministra Batet confirma que “difícilmente” habrá un nuevo modelo de financiación autonómica esta legislatura

MÉRIDA.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha indicado en Mérida que “difícilmente” podrá haber un nuevo modelo de financiación autonómica en la presente legislatura. Batet ha reconocido que el nuevo modelo de financiación es “muy necesario” tras más cuatro años de retraso, pero ha señalado que “con el margen de tiempo que da esta legislatura, difícilmente” habrá un nuevo modelo.

No obstante, ha recordado que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha constituido un grupo de trabajo para hablar de “suficiencia financiera” donde participan todas las comunidades autónomas y donde espera que se pueda “ir avanzando en puntos de acuerdo para que en un futuro no muy lejano, en la siguiente legislatura, acometer el modelo de financiación”.

La ministra ha realizado estas declaraciones en Mérida, acompañada por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, con quien ha dicho que hace semanas pudo verse para preparar la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre.

Un encuentro en el que también se hablará del ferrocarril extremeño, sobre el que ha señalado que el Gobierno es “muy consciente” sobre la situación que atraviesa, si bien ha indicado que “no es un problema de los dos últimos meses“, sino que se lleva “mucho tiempo arrastrando” deficiencias.

Al respecto, ha la ministra asegurado que ha estado siguiendo las incidencias ocurridas durante los últimos meses, con retrasos, averías, e incluso un tren ardiendo. Asimismo ha recordado el “compromiso firme” del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acerca de la sustitución de los convoyes por otros más modernos “y a partir de ahí seguir avanzando lo más rápido posible para que la infraestructura tenga esa calificación que tanto se desea y no se ha alcanzado, que es la dignidad”.

Noelia Arroyo: «En el CPFF vamos a exigir que se cumpla con lo que dicen los expertos»

MURCIA.- La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, espera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tenga en cuenta las opiniones de los expertos, porque el trabajo estaba «muy avanzado» y, en este sentido, «se deje el castigo del Gobierno a la Región, del no es no a los trasvases, al sistema de financiación autonómica y la llegada de la Alta Velocidad».

Lo importante, dijo Arroyo en rueda de prensa tras presentar la nueva sección del Portal de Transparencia de la Región de Murcia, es que «hablen los expertos y presenten conclusiones y que el Gobierno de la nación se ocupe de las necesidades urgentes que tiene Murcia».

Una materia fundamental, a su juicio, es «recibir los recursos que necesitamos para financiar la calidad que queremos». 

Por lo que Murcia «va a exigir que se cumpla con lo que dicen los expertos, hay temas que son de interés general y no de izquierdas ni de derechas».

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijará este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las comunidades autónomas durante los próximos tres años (2019-2021), según el orden del día que el Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos regionales.