CARTAGENA.- Podemos ha registrado en la Asamblea Regional una proposición de ley
para reformar la ley del Mar Menor. A través de su proposición de ley
plantea blindar la moratoria urbanística, vetar las macroplantas
fotovoltaicas y crear un fondo de compensación para los agricultores y
ganaderos afectados por la ley del Mar Menor.
La diputada de
Podemos, María Marín, ha recordado que la ley del Mar Menor se aprobó en
el año 2020 y que esta "contaba con muchas carencias". Además, ha
indicado que aún no se ha aprobado el Plan de Ordenación Territorial de
la Cuenca Vertiente ni el Programa de Control y Mejora de las Redes
Pluviales, Saneamientos y EDAR.
"Tampoco se han hecho
públicos los estudios sobre la afección de los puertos deportivos a la
dinámica litoral, ni se ha aprobado el Programa de Actuación para el
control de la contaminación de nitratos que debía estar aprobado en tres
meses y los inspectores que deberían controlar el cumplimiento de las
medidas de ordenación agrícola y ganadera, las llamadas Entidades
Colaboradoras de la Administración Agraria, ni siquiera están
registrados a día de hoy", ha dicho.
En ese sentido, ha
apuntado que debido a esta situación "y a la amenaza de la ultraderecha
negacionista", en referencia a la reforma de la ley que ya anunció Vox,
han presentado ellos una proposición para reformar la ley.
En ese
sentido, esta proposición "refuerza, por una parte, las medidas de
protección del Mar Menor sin ningún tipo de concesiones y también
atiende a las circunstancias que atraviesa el campo y, en particular, el
campo de Cartagena".
En su proposición de ley incluyen una
prórroga indefinida de la moratoria urbanística, la restricción a la
implantación de plantas fotovoltaicas en las zonas 1 y 2, las más
cercanas al Mar Menor, permitiendo solo las instalaciones destinadas al
auto-consumo.
Además, según la parlamentaria, se crearía "un
fondo de compensación a los agricultores y ganaderos que tienen sus
explotaciones en las zonas 1 y 2, una medida histórica para un sector
que hasta ahora solo ha sufrido las restricciones a su actividad, sin
que el gobierno regional les haya ofrecido ningún incentivo".
Según ha dicho, la agricultura familiar y profesional debe ser "parte
de la solución". Igualmente han planteado que la Administración regional
"retire cualquier tipo de ayuda o financiación a estos lobbies y a los
medios de desinformación que trabajan para ellos".
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