MURCIA.- El Consejo de Estado ha emitido un dictamen sobre el Real Decreto de
desarrollo de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el
reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor (MM) y su
cuenca, según han confirmado fuentes de este organismo.
El dictamen, de carácter no vinculante, aunque sí preceptivo, ha sido uno de los asuntos despachados este jueves por el supremo órgano consultivo del Ejecutivo de España.
Cabe recordar que el 3 de octubre de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, tras recibir el apoyo mayoritario de los grupos políticos representados en las Cortes Generales.
La norma reconoce al Mar Menor y su cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños, así como el derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente.
La ley es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recabó cerca de 640.000 firmas ciudadanas.
El texto parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia (UMU) y cuenta con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en la que participan Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción.
Para su elaboración, se basó en las experiencias de países de América y Oceanía en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, que pretende servir de herramienta para la protección "eficaz" de importantes ecosistemas de gran valor ecológico que "se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo".
El objetivo del texto es que el Mar Menor "tenga una carta de derechos que respete su ley ecológica y garantice sus legítimos derechos a vivir, a reparar el daño y a recuperarse". Además, servirá para "perseguir y sancionar a aquellas personas, empresas o entidades que agredan al ecosistema".
El dictamen, de carácter no vinculante, aunque sí preceptivo, ha sido uno de los asuntos despachados este jueves por el supremo órgano consultivo del Ejecutivo de España.
Cabe recordar que el 3 de octubre de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, tras recibir el apoyo mayoritario de los grupos políticos representados en las Cortes Generales.
La norma reconoce al Mar Menor y su cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños, así como el derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente.
La ley es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recabó cerca de 640.000 firmas ciudadanas.
El texto parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia (UMU) y cuenta con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en la que participan Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción.
Para su elaboración, se basó en las experiencias de países de América y Oceanía en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, que pretende servir de herramienta para la protección "eficaz" de importantes ecosistemas de gran valor ecológico que "se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo".
El objetivo del texto es que el Mar Menor "tenga una carta de derechos que respete su ley ecológica y garantice sus legítimos derechos a vivir, a reparar el daño y a recuperarse". Además, servirá para "perseguir y sancionar a aquellas personas, empresas o entidades que agredan al ecosistema".
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