El objetivo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras es renovar el puerto con la concesión a 30 años para su gestión privada, "ya que lleva en precario desde abril de 2023 y de esta manera seguimos abriendo los puertos a la ciudadanía para que los usuarios puedan seguir experimentando la mejora de los servicios", señaló el consejero, José Manuel Pancorbo.
Como canon inicial de ocupación o aprovechamiento, la empresa o el club que se quede con el puerto deberá pagar328.307 euros euros anuales que, tras la realización de las inversiones contempladas en el estudio de viabilidad, se reduciría a la cantidad anual de 213.399 euros.
En el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera también se informa de que se tendrá que abonar un canon de explotación por actividades comerciales y lucrativas, además, marca una previsión de que del total de la superficie de amarres (cerca de 63.136 metros cuadrados), un50 por ciento se destinara a cesión, mientras que el 50 por ciento restante es alquiler.
Con estas cifras, Fomento estima que los ingresos por la cesión de amarres ascenderán a la cantidad de casi 26 millones de euros y por alquiler de amarres de casi 90 millones.
Respecto a los gastos que contempla el informe, a los cánones que deberá pagar la empresa adjudicataria se le añaden los de personal, aproximadamente 1,35 millones al año, otros 270.000 euros en mantenimiento, reparación y conservación; 70.000 euros en segurosy 18 euros por metro cuadrado por amarre ocupado en energía eléctrica, agua, comunicaciones, recogida de basuras y otros gastos, siendo el desembolso el primer año de inicio de la nueva concesión por gastos adicionales de 200.000 euros.
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