La enumeración de colectivos que ha expresado su oposición a la amnistía pactada con los catalanes de Junts es ingente, y crece por momentos. Podría decirse incluso que la lista es excepcional, porque hasta ha conseguido que colectivos que tradicionalmente han estado enfrentados, se hayan unido en esta ocasión contra Sánchez por las cesiones prometidas a los independentistas para conseguir los siete votos que le hacen falta de Junts para poder permanecer en La Moncloa otra legislatura más.
Al rechazo de la sociedad civil española a la opción de Pedro Sánchez para seguir en el poder, se suman los medios internacionales, como en el caso del Wall Street Journal. Este da por hecho que la preferencia de Sánchez, aliándose con los independentistas catalanes y vascos, a quienes ha tenido que hacer concesiones a las que siempre se había negado, supone un mayor riesgo que el que habría supuesto un gobierno del centro y la derecha española.
El listado opositor a Sánchez es muy numeroso. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han participado este viernes en una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para protestar por la Ley de Amnistía y apoyar a los 45 agentes investigados por las cargas para impedir el referéndum del 1-O, a todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas, o los sindicatos de ADIF que han anunciado huelgas.
Lo ha hecho también la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), para quien el pacto de investidura sellado por PSOE y Junts amenaza el principio de igualdad entre españoles y amenaza con generar “comunidades autónomas de primera y segunda”. O el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que traslada a la opinión pública su rechazo “frontal y absoluto” a los acuerdos entre Junts y el PSOE para la futura investidura de Pedro Sánchez, por lo que ellos consideran, supone “vulnerar” el principio de igualdad de la Constitución.
Según los inspectores de trabajo, el pacto pretende eliminar la obligación que encomienda el artículo 9.2 de la Constitución Española a los poderes públicos, para promover que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas y alertan de que “en definitiva” se trata de “un pacto que vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura del régimen constitucional actual”.
A su vez, 79 jueces decanos de toda España han firmado un documento en el que rechazan las referencias al Lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias en el acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Junts.
Así, los Decanos se adhieren al comunicado publicado este jueves día 9, por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), en el que criticaban esta idea.
Como se indica en el comunicado, "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
La patronal CEOE sube el tono de la crítica
También la patronal española, CEOE, que ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la amnistía, ha subido el tono de la crítica al conocer los detalles del acuerdo firmado entre los secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y ha convocado un Comité extraordinario ante la grave preocupación empresarial.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario el próximo lunes, según trasladaba la patronal española en un comunicado, en el que explica que lo hace “ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial” tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El comunicado de la CEOE llega después de haberse pronunciado en varias ocasiones en contra de la amnistía, contra la que también lo han hecho algunas de sus asociadas, como es el caso de la patronal madrileña, CEIM, que lo hizo el pasado miércoles.
Miembros de la patronal contactados por capitalmadrid.com aseguran que le han transmitido al presidente de la patronal que el mensaje a la sociedad española, en este caso, tiene que ser muy claro y rotundo contra la amnistía, advirtiéndole que no se puede hacer como hicieron con los indultos. En aquella ocasión inicialmente dijo: “si acaba en que las cosas se normalizan, bienvenidos sean”.
Aunque tras las críticas de muchos dirigentes empresariales trató de explicar que no había estado a favor de los mismos asegurando que “o no me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos”.
A todos estos colectivos se sumaban a última hora de la tarde del viernes decenas de abogados del Estado que rechazan el acuerdo de investidura. Más de un centenar de ellos rechazan el acuerdo porque supone “un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad y quiebran el Estado de Derecho”.
Rechazan “la concesión de la amnistía a personas condenadas con las máximas garantías procesales y jurídicas, tras una instrucción y un enjuiciamiento impecables”. Como también lo hacen contra el acuerdo para la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que suponen un “ataque inaceptable a la independencia del Poder Judicial y una injerencia contraria al principio de separación de poderes, y que buscan ampliaciones indefinidas del ámbito subjetivo de la prevista Ley de Amnistía”.
Preocupación en el mundo financiero internacional
Esta preocupación por parte de la sociedad civil se traslada también a los medios internacionales, como es el caso de uno de los más influyentes medios en el ámbito financiero internacional, el Wall Street Journal, que dedica un editorial a la situación que atraviesa España con el titular: “El primer ministro de España juega con el separatismo”.
El diario neoyorquino afirma en el primer párrafo, que, después del miedo que se generó en España ante la posibilidad de que Vox entrara en el Gobierno, ahora la alternativa podría ser peor. Así textualmente se pregunta: “¿Recuerdas el verano pasado cuando todos tenían miedo de que un partido de extrema derecha pudiera hacerlo bien en las elecciones españolas y poner en peligro a España y la Unión Europea?” para responderse: “Bueno, ahora parece que la alternativa era peor, después de que el jueves el primer ministro Pedro Sánchez cerrara un acuerdo con separatistas regionales para permanecer en el poder".
Interpreta el Wall Street Journal que España lleva sufriendo ya unos meses de incertidumbre política desde las elecciones de julio en las que “el Partido Popular de centro-derecha liderado por Alberto Núñez Feijóo fue el gran ganador, pero los partidos de derecha no lograron obtener suficientes escaños en total para formar un Gobierno de coalición. Esto se debió en parte a que los votantes rechazaron al partido Vox, más a la derecha del PP, en medio de una campaña mediática global advirtiendo de que el partido era reaccionario en política social y una amenaza para la posición de España en la UE”.
Las estimaciones del alcance que podría tener la ley de amnistía no son menores, según el diario estadounidense, para quien “los separatistas exigieron un alto precio por su apoyo. La cuestión central es una amnistía para todos los involucrados en el referéndum de independencia catalán ilegal en 2017. La amnistía también podría incluir a aquellos acusados de actividades separatistas ilegales antes y desde entonces, una lista que podría superar fácilmente las 1.000 personas”.
El acuerdo, escribe WSJ, “está creando malestar en España, con una larga historia de separatismo regional y donde la unidad nacional es un tema político poderoso”. El diario también recoge que está creando “problemas para la UE”. Y concluye el editorial diciendo que “el partido español Vox ha provocado ardor de estómago en toda Europa porque sus políticas conservadoras no están en sintonía con la cultura convencional liberal de Bruselas. Pero esos desacuerdos políticos no son una amenaza para la democracia. Lo que podría serlo, en España, es un partido de izquierdas dispuesto a negociar con el Estado de Derecho”.
No menos alarmante es la advertencia que lanza desde su primera página otra gran publicación como es la agencia Bloomberg, en su artículo titulado “El futuro de España depende de la capacidad de Sánchez para controlar a los nuevos socios catalanes. El presidente del Gobierno ha prometido amnistías para cientos de separatistas para conseguir un tercer mandato, lo que ha indignado a los conservadores españoles”.
En su análisis, el grupo de quien fuera el alcalde de Nueva York, advierte de que “el riesgo es que Sánchez sumerja a España en una crisis constitucional o algo peor”. El autor de la crónica da muestras de conocer muy bien a Pedro Sánchez, de quien dice en el primer párrafo de su análisis, que “ha pasado la mayor parte de su carrera política en la cuerda floja y se juega el futuro de España en su capacidad para hacer otro escandaloso ejercicio de equilibrismo”.
García-Page reitera que recurrirá las cesiones de Sánchez a Puigdemont y Lambán advierte de que el pacto "socava la autoridad moral del Estado y da alas al independentismo"
De nuevo este viernes se han vuelto a hacer notar las dos voces discrepantes entre los actuales dirigentes del PSOE, el castellano manchego, Emiliano García-Page y el aragonés Lambán.
El presidente de Castilla-La Mancha reiteraba que recurrirá las cesiones que el PSOE se ha comprometido a hacer a instancias de Carles Puigdemont a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez con referencias directas a los dos principales dirigentes de ambos partidos.
Page ha advertido de que “lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y la unidad de España. No lo vamos a permitir”.
El líder socialista castellano-manchego, ha recordado que él se sigue oponiendo a la amnistía a los implicados en el referéndum ilegal de independencia en Cataluña, porque “significa borrar un delito sin que se haya rendido cuentas”, pero ha advertido que el pacto que se ha rubricado en Bruselas es “algo peor”, porque es “un intento de reescribir lo que pasó”.
Y añade: “discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos, es falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada”.
En alusión directa a Sánchez y Puigdemont, García-Page ha dicho que “lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado, de gobernar y, por otro lado, de librarse de la cárcel, mucha necesidad y ninguna virtud”. Para concluir “si hay que ejercer recurso, lo haré; si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por que se haga una relectura de la Constitución española”.
Por su parte, Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón, expresidente de esta Comunidad y senador en la actualidad, ha expresado que el pacto con Junts “socava la autoridad política y moral del Estado y da alas al independentismo”. Ha recordado que siempre ha manifestado su posición sobre la amnistía, que “no es una buena solución y no hay una mayoría progresista, no es constitucional y no tiene encaje político”.
Para el actual senador socialista, dicho acuerdo no solo no resuelve el problema de Cataluña, sino que crea “uno nuevo en España” al abrir una etapa de inestabilidad política. En su opinión, los independentistas han dejado claro que quieren marcar la agenda del Gobierno y tienen los votos para ello.
Dudas sobre la legislatura
A pesar de todas las cesiones explícitas e implícitas de los acuerdos firmados por el PSOE con los independentistas, fuentes socialistas, admiten que no se puede saber cuánto va a durar la actual legislatura si finalmente es investido el próximo jueves Pedro Sánchez.
Calculan que la Ley de amnistía podría retrasarse en entrar en vigor hasta dos años y que el Partido Popular podrá retener su aprobación en el Senado hasta un año. Otro año más, como mínimo, tardaría el Constitucional en emitir su decisión.
En esos dos años la Justicia Europea puede haber dejado la puerta definitivamente abierta para que sea extraditado Puigdemont, lo que podría echar por tierra una parte de los acuerdos, abriendo la posibilidad de que el líder de Junts entrara en la cárcel, lo que ha pretendido evitar a toda costa en sus seis años de prófugo. La idea de la cárcel no le deja dormir.
¿Por cuánto tiempo podría permanecer en ese caso el apoyo de Puigdemont al Gobierno? El líder prófugo de la justicia española, residente en Waterloo, sabe que no tiene todavía garantizado que no se le pueda extraditar y, durante dos años, más vivirá en la intranquilidad permanente.
Compleja situación la que vive la política española, con el agravante de que la oposición española no ha dado muestras de tener ideas claras de cómo actuar en este caso. Feijóo venía para gobernar y no se ha hecho todavía al papel de líder de la oposición, pese a la gravedad del momento, situación que el Wall Street Journal califica de seria amenaza para la democracia española.
(*) Periodista
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