Así lo han manifestado hoy los abogados Pedro López Graña y José Manuel Muñoz Ortín quienes, a pesar de estar personados en el procedimiento judicial abierto el 3 de octubre y que investiga 13 posibles homicidios imprudentes, no han tenido acceso todavía al sumario del caso.
Ante esa situación, López Graña, que representa a los familiares de dos de los fallecidos, ha formulado una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) por lo que considera un “retraso injustificado” en el acceso a la información judicial de los interesados, que están viendo sin embargo como los medios de comunicación están comenzando a filtrar datos de ese sumario.
El letrado ha explicado que las familias se sienten “maltratadas” ante estas circunstancias, que podrían constituir una “dilación indebida” del procedimiento por parte del juzgado instructor.
En su opinión, este retraso en el acceso al sumario “ni es ni habitual ni razonable”, dado que rompe con el “principio de igualdad” entre las partes personadas, lo que ha tachado de “indignante”.
López Graña ha especificado que sus representados se personaron por primera vez en el procedimiento el 4 de octubre, y volvieron a hacerlo los días 11 y 16 de octubre, mientras que el 3 de noviembre acreditaron los vínculos familiares con las víctimas, tal y como les había solicitado el juzgado, que ni siquiera notificó ese día el levantamiento del sumario, pese a que sí se informó del mismo a los medios de comunicación.
Tampoco Muñoz Ortín, que representa a los familiares de otros dos fallecidos en el incendio, ha tenido acceso al procedimiento judicial, según ha confirmado hoy y, en su opinión, ello se debe a la carencia de medios materiales del juzgado de instrucción, que debería haber recibido un refuerzo ante la asunción de una causa tan compleja como esta.
En otros casos de gran complejidad, ha lamentado, el TSJ sí ha autorizado ese tipo de refuerzos, por lo que el abogado está estudiando solicitarlo formalmente.
El abogado ha manifestado también sus discrepancias con la manera en que se está llevando a cabo la instrucción, ya que en su opinión, no se está investigando en profundidad las posibles responsabilidades de la administración local, que no ejecutó la orden de cese de actividad que tenían las discotecas siniestradas.
Por ello, Muñoz Ortín ha presentado una petición al juzgado de instrucción para que tome declaración como investigados al actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), y a su antecesor, Andrés Guerrero (PSOE), ya que ambos tuvieron esas competencias durante el tiempo en que se abrió un expediente contra una de las discotecas siniestradas, Teatre.
También solicita la declaración como investigados de los funcionarios municipales que han sido apartados de sus funciones por su posible responsabilidad en la tramitación de ese expediente, así como la del alcalde de Murcia, José Ballesta, en este caso, en calidad de testigo.
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