WASHINGTON.- Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos restableció este viernes un mandato de la administración de Biden para que las grandes empresas requieran vacunas anticovid a sus empleados, después de que la medida fue suspendida en la corte en noviembre.
El presidente Joe Biden había establecido como fecha límite el 4 de enero para que las empresas con más de 100 empleados garanticen la vacunación completa de sus trabajadores contra el covid-19, una norma que, según la administración, afectaría a más de dos tercios de la fuerza laboral del país.
El fallo del pasado viernes de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito elimina una suspensión anterior, lo que permite que la orden de vacunas avance, aunque es probable que el asunto se dirija a la Corte Suprema.
La jueza Jane Stranch no se pronunció sobre el mérito último de la orden, pero dictaminó que tenía el potencial de ser considerada válida para proteger a los trabajadores estadounidenses del coronavirus.
Por lo tanto, la orden judicial anterior no era legal, dijo Stranch.
El fallo contradice una decisión del mes pasado de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que criticó el mandato como “demasiado amplio”.
Los fallos opuestos entre los dos tribunales plantearon un posible desafío de apelación en la Corte Suprema de los peticionarios del caso, que incluyen cinco estados fuertemente republicanos, así como varias empresas privadas y grupos religiosos.
Los mandatos de vacunas tienen una larga historia en Estados Unidos, pero generalmente han sido establecidos por ciudades o estados.
La cuestión en este caso es la constitucionalidad de que un presidente de Estados Unidos inicie un mandato tan amplio a nivel nacional.
Los mandatos anunciados anteriormente por varios grandes empleadores han tenido resultados impresionantes.
La directriz de Biden también establece que, en caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deben someterse a pruebas de la covid-19 semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
Esta ha sido la medida más significativa aplicada hasta el momento en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca.
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