MURCIA/VALENCIA.- El
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el
Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante centrarán
sus alegaciones al nuevo ciclo del Plan de la Demarcación Hidrográfica
del Tajo en desacreditar el sustento técnico del aumento de los caudales
ecológicos, que conllevarían una reducción anual de 100 hm3 para el
regadío del sureste peninsular.
El plazo para presentar las objeciones finaliza el próximo miércoles y las tres partes, que han coincidido este lunes en Murcia en una reunión para analizar sus documentos, han considerado que incrementar el caudal ecológico en el Tajo de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez obedece a criterios políticos y no un análisis técnico.
El
presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha anunciado que los equipos
jurídicos y técnico del sindicato cerrarán esta tarde los flecos de sus
alegaciones, que tienen previsto presentar este martes en un documento
que, según ha afirmado, demuestra que ese incremento obedece a
"presiones políticas" de algunas comunidades autónomas, no están basados
en fundamentos técnicos y no concuerdan con "lo que pide" la
planificación hidrológica española.
Así,
Jiménez ha explicado que los estudios realizados por el Scrats son
"mucho más recientes, actualizados y adaptados a la realidad" y al
cambio climático que los de la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT), que asegura estar basados en datos anteriores a 2009.
Por
ello, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Miteco) de haber calculado mal las necesidades hídricas del
Alto Tajo, al tiempo que ha calificado de "increíble" que la CHT no
considere el trasvase una demanda de su demarcación. "No sé de dónde
será, si del Sena o del Guadalquivir", ha ironizado Jiménez.
El
presidente del Scrats ha afirmado que esa decisión del organismo de
cuenca "no cumple la legalidad" y sitúa al acueducto y sus usuarios en
el "limbo" de la planificación hidrológica, además de censurar que no se
haya realizado un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas del
aumento de los caudales ecológicos.
"El Miteco
no solo lo ha hecho mal, sino que se empecina en hacerlo mal, en contra
de la lógica, la técnica y los intereses generales de un país", ha
espetado Jiménez, quien cree que esta forma de actuar obedece a que el
Gobierno central "esconde una motivación política".
Sin
embargo, ha estimado que el Ministerio está "a tiempo de corregir"
incorporando las alegaciones del Scrats, que incorporan datos técnicos
barajados por técnicos de "relevancia internacional" y "de absoluta
confianza" del Miteco y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En
caso contrario, ha advertido Jiménez, se pondrá en peligro el futuro de
los regantes y, a medio plazo, de los usuarios de abastecimiento del
trasvase.
Por su parte, la vicepresidente y
diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, que
ha participado en la reunión de Murcia, ha lamentado "la ausencia de la
Generalitat" en este encuentro, al que había sido invitada, según un
comunicado de la corporación provincial alicantina.
"Desgraciadamente,
una vez más tenemos que lamentar que el president de la Generalitat,
Ximo Puig, o, en su defecto, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà,
hayan declinado la invitación a participar en una reunión sobre un tema
vital para el futuro de la Comunitat", según ha afirmado Serna, quien
ha añadido que "en política los gestos también son importantes".
Serna
ha defendido la necesidad de "unirnos todos para proteger los intereses
de los agricultores y regantes del levante español" y ha vuelto a
censurar el "rechazo" del Consell a participar en este "frente común",
al que también, según la nota de prensa de la Diputación de Alicate, "se
ha sumado la provincia de Almería".
"Es muy
importante hacer un frente común", ha insistido Serna, quien ha
mostrado, asimismo, su preocupación por el sentido de las alegaciones
que la Generalitat podría presentar contra la futura planificación
hidrológica del Tajo, cuyo plazo de exposición pública finaliza el
próximo 22 de diciembre, "porque mucho nos tememos que no van a dar
respuesta al problema, ya que ellos mismos lo han generado".
En
este punto, ha criticado que "Puig es igual al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,
en su postura ante el trasvase Tajo-Segura".
Serna
ha expuesto que el incremento de los caudales ecológicos carece de
justificación técnica y ha achacado el cambio a "una decisión política".
"Estamos ante un problema político y debe
solucionarse en el ámbito de la política, aunque nos tememos que no se
van a atender nuestras alegaciones" ha augurado Serna, quien ha acusado a
Puig "de seguir los dictados de la ministra Teresa Ribera".
A
su vez, el consejero murciano de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien ha excusado por motivos de agenda
la presencia de su homóloga andaluza, Carmen Crespo, ha aseverado que el
Gobierno central está tomando "decisiones políticas buscando
motivaciones ecológicas y técnicas que son falsas".
Al
respecto, Luengo ha apuntado que el aumento de los caudales ecológicos a
su paso por Aranjuez solo supondrían un aumento de la lámina del agua
de dos milímetros, lo que, en su opinión, no representa una mejora de la
diversidad y del paisaje y sí un perjuicio para el regadío del sureste,
que vería reducida la disponibilidad en un 50 por ciento.
A la cita en Murcia acudieron el consejero regional, Antonio Luengo, y la vicepresidenta y responsable de Ciclo Hídrico de la Diputación alicantina, Ana Serna. Excusó su presencia la consejera andaluza, Carmen Crespo,
pero el único gobierno que no compartió sus alegaciones fue el
valenciano. Y es que la consellera de Transición Ecológica, la
nacionalista Mireia Mollá, declinó la invitación a esta reunión.
El Consell actúa de manera independiente y siempre ha querido desmarcarse de lo que el presidente Puig llegó a denominar «aquelarre».
La Generalitat alegará por su cuenta
La Generalitat Valenciana presentará sus alegaciones en solitario. "Nos tememos que
no darán solución al problema" asegura la diputada Ana Serna sobre la reunión en Murcia.
La Comunidad Valenciana no participará en el frente que encabezan los regantes del trasvase Tajo-Segura contra el plan de cuenca presentado por el Ministerio de Transición Ecológica.
El gobierno de Ximo Puig se desmarca de las alegaciones que han hilvanado la Región de Murcia, Andalucía y la Diputación de Alicante con los usuarios del trasvase y que ponen en cuestión los «criterios técnicos» en los que el Ministerio de Transición Ecológica apoya el aumento de los caudales ecológicos del río. Se trata de una medida contra la que se rebelan los agricultores
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