WASHINGTON.- Las empresas de Estados Unidos con más de 100 empleados deben exigirle a sus trabajadores que estén completamente vacunados contra el coronavirus o se sometan a test semanales a partir del 4 de enero. La Casa Blanca ha anunciado este jueves que la medida más drástica adoptada hasta ahora por la Administración de Joe Biden afectará a 84 millones de trabajadores, según estima el diario El País, de Madrid.
Las compañías deben entregar tiempo libre remunerado a los empleados que vayan a vacunarse y licencia por enfermedad a quienes sufran efectos secundarios. Las que no cumplan la orden ejecutiva, arriesgan multas que dependerán de la frecuencia con la que la violen y si lo han hecho intencionalmente. Cada infracción grave roza los 14.000 dólares.
El nuevo plan de vacunación fue anunciado en septiembre, cuando el mandatario demócrata recurrió a sus poderes presidenciales para imponer la medida que, hasta ahora, no tenía fecha de implementación. Varias empresas decidieron establecer las reglas aunque no son obligatorias todavía, pero varias otras han decidio esperar que el Gobierno aclare quién pagará las pruebas de covid y si la normativa se aplica a los empleados que trabajan desde la casa.
Las nuevas medidas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) imponen a los trabajadores no vacunados a realizarse una prueba de covid con resultado negativo al menos una vez a la semana para poder acudir a la oficina y que lleven mascarilla.
Los cerca de 17 millones de trabajadores de la salud de hospitales e instituciones que reciben fondos de los seguros de salud Medicare y el Medicaid deberán vacunarse por obligación, sin la alternativa de someterse al test si no lo hacen. Los trabajadores podrán solicitar exenciones por motivos médicos o religiosos.
No está claro cómo el Gobierno va a fiscalizar que las medianas y grandes compañías cumplan con las nuevas exigencias, pero los altos cargos de la Administración dijeron que las medidas anunciadas están por sobre las leyes u órdenes estatales, incluidas las que prohíben a los empleadores exigir vacunas, pruebas de covid o el uso de mascarillas a sus trabajadores. La batalla legal en los territorios conservadores es inminente.
Más de dos docenas de fiscales generales estatales republicanos han
anunciado que planean interponer demandas en contra del nuevo
reglamento, argumentando que solo el Congreso puede promulgar sendos
requisitos bajo la autoridad de emergencia.
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