CARTAGENA.- La Plataforma Pacto por el Mar Menor ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se sume a la campaña de recogida de firmas para dotar a la laguna de personalidad jurídica, ya que a primeros de octubre concluirá esta iniciativa y llevan recogidas unas 300.000 firmas.
Así lo ha manifestado hoy el portavoz de dicha plataforma, Ramón Pagán, que ha pedido a la sociedad “un esfuerzo en el ‘sprint’ final, ya que no podemos perder esta oportunidad, incluso debemos superar las 500.000 firmas”.
El objetivo, ha recordado, es que el Mar Menor “esté protegido y que cualquier entidad que ocasione daños a la laguna, que es patrimonio, sea responsable y vaya a los tribunales a dar cuenta del daño ocasionado, ya sea una empresa o un particular”.
Pagán, que tiene la esperanza de que van a conseguir este reto propuesto para que la ILP se pueda debatir en el Congreso, ha recordado las campañas que se están haciendo tanto a nivel regional como nacional, así como los puntos de recogida de firmas instalados en las capitales de provincia y en toda la Región de Murcia.
En concreto, hay puntos de recogida de firmas en varias CCAA y en más de una veintena de municipios de la Región. Se pueden consultar en el siguiente enlace: ‘pactoporelmarmenor.blogspot.com/p/puntos-de-firmas.h...’. Incluso fuera de la geografía nacional, en Tuebingen (Alemania) y en Helsinki (Finlandia).
Otra de las actividades que se van a organizar es un pasacalles este sábado por la ciudad de Murcia para “llamar a la participación ciudadana en esta recogida de firmas”.
También ha recordado que varias organizaciones, entre las que se encuentran Pacto por el Mar Menor, ANSE y Ecologistas y Grupo ILP Mar Menor, han convocado la manifestación en defensa por la laguna y para exigir soluciones “reales” el próximo 7 de octubre, a partir de las 20.00 horas, estando previsto salir desde la Consejería de Agricultura y concluir en San Esteban, sede del Ejecutivo murciano.
Las organizaciones quieren mostrar así su “desacuerdo” con la “mala” gestión llevada a cabo por la Consejería, con la mayoría de competencias, y por el Ejecutivo regional.
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