El TSJC sostiene que, "a pesar de la buena fe (...) que pueda presidir la adopción de esta medida", la decisión del Gobierno canario supone un riesgo de que "un número indeterminado de ciudadanos pueda quedar excluido del disfrute de la totalidad de las posibilidades que su libertad constitucionalmente proclamada le brinda" por "la mera decisión de no vacunarse, lícita, pues la vacunación contra la covid-19 es voluntaria"; por no hacerse una prueba diagnóstica, "cuya realización además supone una carga económica", o por no haber pasado la enfermedad.
La Sala de lo Contencioso Administrativo entiende que la medida puede chocar además con otro tipo de objeciones, como las relativas a la protección de datos personales, y no es "idónea", bajo su punto de vista, para lo que se pretende, que es frenar los contagios.
La Sala se reafirma en su decisión de suspender la exigencia del certificado covid de vacunación o de prueba diagnóstica, por "alberga serias dudas" sobre la "idoneidad" de esa medida para "evitar la propagación del virus".
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