MADRID.- El Gobierno y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo este miércoles sobre los trabajadores de residencias que rechacen vacunarse. La dirección de estos centros podrá cambiarlos de puesto, a un lugar donde no tengan que estar en contacto con los mayores, mucho más vulnerables al impacto del coronavirus. Y en todo caso, deberán realizarse pruebas al menos dos veces a la semana.
Las patronales de las residencias llevan semanas alertando del rechazo de algunos trabajadores a ser inmunizados. Piden que la vacunación sea en su caso obligatoria, como
lo es, por ejemplo, en Francia. Las autonomías y el Ministerio de
Sanidad, reunidos como cada semana dentro del Consejo Interterritorial
de Salud, no han llegado tan lejos.
Resulta imposible saber cuántos de los empleados en las residencias están optando por no vacunarse en toda España. Sanidad carece de datos y solo algunos territorios los ofrecen, mostrando un escenario muy variable entre unos y otros. En Galicia y Extremadura, este colectivo no llega al 1% del total en cada autonomía. En Andalucía, el porcentaje asciende al 2,7%, menos que en Murcia (5,8%) y Catalunya (7,8%).
El departamento que dirige la ministra Carolina Darias ha explicado que aunque el número de casos y fallecimientos en los mayores residentes en centros sociosanitarios ha descendido de forma considerable desde el mes de marzo de 2021, en el que se les terminó de vacunar, "en situaciones de alta transmisión comunitaria hay riesgo de que aparezcan casos, si no se toman las debidas precauciones".
De este modo, Darias ha informado del documento de recomendaciones aprobado por los técnicos de la Ponencia de Alertas, que se irá revisando por los responsables de Salud Pública de cada comunidad autónoma y que marcará las líneas generales de actuación.
Los fallecidos por covid-19 en las residencias de mayores españolas han aumentado de 36 a 71 en la última semana, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), publicados el pasado 6 de agosto.
Por ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado la realización de un estudio inmunológico que pueda constatar el grado de inmunidad hacia la Covid-19 en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros.
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