viernes, 18 de diciembre de 2020

El MITECO ha iniciado 319 expedientes sancionadores en el Mar Menor pos uso privativo de aguas sin autorización


MURCIA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado desde 2018 un total de 319 expedientes sancionadores en el entorno del Mar Menor por el uso privativo de aguas sin autorización, esto es, regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o fuera del perímetro aprobado.

La Comunidad Autónoma ya ha comunicado que en 54 de esos 319 expedientes se inicia ya el proceso de restitución de cultivos, según el informe del MITECO sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para lograr la recuperación integral del Mar Menor, en el ámbito de sus competencias.

La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.724,62 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.231,18.

Asimismo, los agentes medioambientales continúan las inspecciones en la cota 120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena, que tienen en riego 1.000 hectáreas más de las 11.220 autorizadas. Ya se ha revisado una superficie superior a las 11.100 hectáreas, de las que el 85% dispone de sistema de riesgo, y el resto no.

Por otro lado, el plan de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para la inspección y control de aprovechamientos sin derecho aparente ha permitido ajustar a la baja las 9.500 hectáreas identificadas en el Campo de Cartagena inicialmente por teledetección y que no están inscritas en el registro.

Tras haber revisado un 75% de esa superficie, se calcula que son 8.460 hectáreas --el resultado de restar a las 9.500 hectáreas detectadas inicialmente las correspondientes a secanos y otros cultivos sin sistema de riego--. De ellas, los agentes medioambientales han emitido boletines de denuncia por 6.251 hectáreas.

Igualmente, el MITECO ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes, así como redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización.

En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual al Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 y hasta el momento se han iniciado 64 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor, al cierre del año 2019, se elevaron a un total de 93, lo que prácticamente duplicaba la cifra de 2018.

Hasta ahora se han precintado un total de 186 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 81 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado que 52 desalobradoras han sido retiradas/desmontadas.

La Hoja de Ruta del MITECO recoge, por otro lado, la declaración el pasado 16 de julio del acuífero del Campo de Cartagena "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico" por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua.

Además, el pasado 16 de octubre, la Junta de Gobierno de la CHS ratificó las medidas cautelares adoptadas en el mes de julio y acordó la ampliación del perímetro de la zona afectada desde el punto de vista cuantitativo por la declaración del acuífero del Campo de Cartagena "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico". La ampliación afecta a una superficie de 4.218 hectáreas.

Para valorar la eficacia que supone la aplicación de las medidas cautelares, se ha encargado a la Universidad Politécnica de Valencia la realización de los trabajos de asistencia técnica para la simulación de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena.

Asimismo, se ha licitado el servicio de asistencia técnica para la recopilación, análisis y efectos de las medidas de protección de la calidad de las aguas en la comarca del Campo de Cartagena, relacionadas con el uso agrario de regadío.

Asimismo, se recogen las conclusiones del informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), elaborado a solicitud de la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, que analiza el estado actual del Mar Menor, las causas de su deterioro y las posibles soluciones.

El informe apunta a los aportes de nutrientes y materia orgánica como principal motor de eutrofización, a lo que se unen otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar: la contaminación metálica (metales pesados y metaloides); la contaminación química orgánica; las respuestas y efectos biológicos asociados a la contaminación química; y las obras costeras, puertos, dragados y mantenimiento de playas.

En este sentido, el informe del IEO concluye que su recuperación pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna.

La Hoja de Ruta prioriza aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales.

Estas actuaciones consisten esencialmente en la vigilancia y labores de policía de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, y en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

Con este objetivo, se han incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Dichos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad para su conocimiento, y al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan también a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido a la Comunidad 168 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 138 corresponden al Mar Menor.

Asimismo, el documento recoge la aprobación en Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre de un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada 'El Lirio', por valor de cuatro millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es financiar los trabajos necesarios para la clausura de la instalación y la recuperación integral de la zona.

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