MURCIA.- La defensa del expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ha reclamado a la juez de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro, que investiga el conocido 'caso de la Desalinizadora de Escombreras', que exija a la acusación popular la prestación de una fianza de 600.000 euros si quiere seguir personada en la causa.
Esa propuesta, según fuentes cercanas a esta pieza separada
que se tramita contra Valcárcel, se contiene en el escrito en el que su
letrado defensor, Fernando Adame, califica de «temeridad procesal» la petición por parte de esa misma acusación particular de que se acordara el ingreso en prisión del investigado.
Para la defensa del exmandatario del Partido Popular
regional, la petición hecha por el letrado Diego de Ramón, que ejerce la
acusación popular, carece de soporte normativo y contraviene lo
dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y añade que De Ramón
actúa con la finalidad de perseguir objetivos ajenos al correcto
desarrollo del procedimiento, puesto que Valcárcel ya no forma parte del
Gobierno regional y, por tanto, difícilmente puede alterar algún
elemento de prueba.
Señala también que esa posibilidad no existe, además, porque
la causa principal, que se tramita en otro juzgado de Instrucción,
comenzó a ser investigada hace seis años y todas las pruebas existentes
obran ya en poder de la autoridad judicial.
Deja constancia asímismo en el escrito de que es el momento
oportuno para exigir la prestación de la citada fianza a la acusación
particular, que sería del 0,1% de los 600 millones de euros en que esa
misma parte tasa los presuntos perjuicios causados a las arcas
regionales con la adquisición de la desalinizadora.
Para la defensa de Valcárcel, la acusación popular no solo no
trata de colaborar con la Justicia, sino que solo alimenta lo que
denomina «trompetería mediática».
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