En
un escrito, el ministerio público es concluyente al señalar que no
procede adoptar esa medida porque no concurre ninguno de los motivos que
servirían para justificar la prisión provisional.
En concreto, señala el fiscal que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ya que toda la documentación proviene de otro procedimiento, el que se tramita en otro juzgado de instrucción contra una quincena de investigados, dentro del cual ya se practicaron entradas y registros y se han realizado diversos informes policiales.
Además, añade, el asunto ya fue objeto de comisiones parlamentarias y de apertura de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, "habiéndose aportado cuanta documentación se estimó pertinente".
Tampoco existe riesgo de comunicación con testigos o investigados, añade el escrito, "ya que casi todos los relacionados con los hechos objeto de la causa ya han prestado declaración en el juzgado de instrucción nº 5 de Murcia y, algunos más, ante las comisiones de investigación abiertas en la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia".
Afirma así mismo el fiscal que no cabe entender que exista riesgo de fuga, sobre todo, porque Valcárcel ha dejado su cargo de europarlamentario, "con las inmunidades y privilegios diplomáticos que implicaba", no existiendo tampoco riesgo de reiteración delictiva al no ejercer en la actualidad cargo público alguno.
En cuanto a la posibilidad de que el expresidente del gobierno regional pueda tener un patrimonio oculto, como sostiene la acusación popular, la fiscalía deja constancia de que "se carece de la más mínima prueba e indicio que justifique dicha hipótesis".
Finalmente, comenta que si todo ello fuera poco para justificar su oposición a la adopción de la medida reclamada por la acusación popular, podría añadirse que en la causa principal, pese a haberse apreciado indicios suficientes de criminalidad en los investigados en la misma, tampoco se aplicó contra ninguno de ellos.
Recientemente, la defensa de Ramón Luis Valcárcel presentó un escrito en el juzgado de instrucción que investiga los hechos, en el que se pedía que se exigiera al letrado de la acusación popular la entrega de una fianza de 600.000 euros si quería seguir personado en la causa, al considerar que actúa en la misma con temeridad y mala fe, no con la intención de colaborar con la justicia.
La Comunidad Autónoma quiere que el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los ex altos cargos del Ejecutivo regional que formaron parte del Ente Público del Agua y los directivos de las empresas de ACS que intervinieron en los contratos de la desaladora de Escombreras compensen los perjuicios económicos que la planta ha causado a las arcas regionales.
Los servicios jurídicos han reclamado indemnizaciones que suman casi 205 millones de euros a la treintena de acusados que participaron el proyecto de construcción de la planta y en los contratos de arrendamiento que obligan al Ejecutivo regional a poner más de 20 millones al año.
Así se recoge en el escrito entregado en el juzgado de instrucción de Murcia que investiga los hechos, en el que también figuran como investigados el exdirector general del Agua Miguel Ángel Ródenas, así como otros ex altos cargos de las consejerías de Agricultura, Presidencia y de Hacienda que formaron parte del consejo de administración del Ente Público del Agua, además de funcionarios, empresarios y responsables del grupo ACS.
En otro juzgado de Murcia se investiga también como una pieza separada la posible participación del expresidente Ramón Luis Valcárcel en la gestación de los contratos.
El letrado de la Comunidad pide al juzgado que, debido a «la elevadísima cuantía de las cantidades que se reclaman, se deben adoptar medidas cautelares para asegurar la responsabilidad pecuniaria que les puede ser exigida, lo que implicaría, caso de ser aceptada la solicitud, el embargo del patrimonio de los acusados».
De las sumas reclamadas, la de mayor cuantía es la relativa a las aportaciones presupuestarias hechas al Ente Público del Agua y a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), que suman casi 120 millones de euros.
Le siguen los 74,1 millones de euros en que se calculan los perjuicios futuros del contrato de arrendamiento de la planta.
Sobre ese contrato, suscrito con una de las empresas del grupo ACS y con 25 años de duración, se indica que la Comunidad se comprometía a pagar 600 millones de euros y que si se resolvía el mismo, tendría que afrontar el pago de dicha suma por adelantado.
El escrito comienza señalando que se adhiere a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en las que esta acusa por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, fraude de subvenciones y falsedad.
Y añade que los acusados «incurrieron en arbitrariedad, excediendo sus conductas de la mera irregularidad administrativa», para comentar también que los daños producidos a la Comunidad se originaron al ignorarse la normativa administrativa en el diseño, construcción y explotación de la planta desalinizadora.
Para el letrado de la Administración regional, «la gestión indirecta de aquella habría sido la opción más lógica, atendiendo a las características del negocio».
En cuanto a los convenios suscritos por el EPA con varios ayuntamientos para recibir agua de la desaladora, dice el escrito que «las necesidades hídricas que en ellos se manifestaban no se sustentaban en estudios de ningún tipo».
Sobre ese extremo, indica que según el acta de la reunión del consejo de administración del EPA celebrada en junio de 2007 el entonces gerente de este órgano, Amalio Garrido, señaló durante la misma que el estudio de la demanda por municipios «estaba en curso. Y ello pese a que era un aspecto clave para cumplir la anunciada condición de autofinanciable o sostenible del proyecto».
Se afirma también que «los órganos de control de la Comunidad, como los Servicios Jurídicos y la Intervención General, fueron, sistemáticamente, dejados al margen de este tipo de decisiones, informes, proyectos y borradores de contratos, comprometiendo, no obstante, caudales públicos, en un claro acto de malversación de los mismos».
Y añade que se acudió al asesoramiento de bufetes privados, hasta el punto de que, recalca, en 2007 se recibieron facturas de hasta tres despachos de abogados, "cuya suma alcanza la astronómica cifra de 267.730 euros".
Sobre ese asesoramiento externo, el letrado de la Comunidad critica que el director de uno de ellos, Andrés Santiago Arnaldos, uno de los investigados en esta causa, no se preocupara de que los fondos públicos fueran tratados adecuadamente, ya que era, además, dirigente de la EPA.
Para el representante de la Comunidad, que lo hace también en nombre de la empresa pública Desaladora de Escombreras, S.A.U., existen indicios que apuntan a que la parte pública y la privada pudieron actuar en connivencia para sacar adelante el proyecto, iniciado en enero de 2006 por dos empresas del grupo ACS con la constitución de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A.
En concreto, señala el fiscal que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ya que toda la documentación proviene de otro procedimiento, el que se tramita en otro juzgado de instrucción contra una quincena de investigados, dentro del cual ya se practicaron entradas y registros y se han realizado diversos informes policiales.
Además, añade, el asunto ya fue objeto de comisiones parlamentarias y de apertura de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, "habiéndose aportado cuanta documentación se estimó pertinente".
Tampoco existe riesgo de comunicación con testigos o investigados, añade el escrito, "ya que casi todos los relacionados con los hechos objeto de la causa ya han prestado declaración en el juzgado de instrucción nº 5 de Murcia y, algunos más, ante las comisiones de investigación abiertas en la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia".
Afirma así mismo el fiscal que no cabe entender que exista riesgo de fuga, sobre todo, porque Valcárcel ha dejado su cargo de europarlamentario, "con las inmunidades y privilegios diplomáticos que implicaba", no existiendo tampoco riesgo de reiteración delictiva al no ejercer en la actualidad cargo público alguno.
En cuanto a la posibilidad de que el expresidente del gobierno regional pueda tener un patrimonio oculto, como sostiene la acusación popular, la fiscalía deja constancia de que "se carece de la más mínima prueba e indicio que justifique dicha hipótesis".
Finalmente, comenta que si todo ello fuera poco para justificar su oposición a la adopción de la medida reclamada por la acusación popular, podría añadirse que en la causa principal, pese a haberse apreciado indicios suficientes de criminalidad en los investigados en la misma, tampoco se aplicó contra ninguno de ellos.
Recientemente, la defensa de Ramón Luis Valcárcel presentó un escrito en el juzgado de instrucción que investiga los hechos, en el que se pedía que se exigiera al letrado de la acusación popular la entrega de una fianza de 600.000 euros si quería seguir personado en la causa, al considerar que actúa en la misma con temeridad y mala fe, no con la intención de colaborar con la justicia.
La CARM exige 205 millones a Cerdá y a los demás imputados
La Comunidad Autónoma quiere que el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los ex altos cargos del Ejecutivo regional que formaron parte del Ente Público del Agua y los directivos de las empresas de ACS que intervinieron en los contratos de la desaladora de Escombreras compensen los perjuicios económicos que la planta ha causado a las arcas regionales.
Los servicios jurídicos han reclamado indemnizaciones que suman casi 205 millones de euros a la treintena de acusados que participaron el proyecto de construcción de la planta y en los contratos de arrendamiento que obligan al Ejecutivo regional a poner más de 20 millones al año.
Así se recoge en el escrito entregado en el juzgado de instrucción de Murcia que investiga los hechos, en el que también figuran como investigados el exdirector general del Agua Miguel Ángel Ródenas, así como otros ex altos cargos de las consejerías de Agricultura, Presidencia y de Hacienda que formaron parte del consejo de administración del Ente Público del Agua, además de funcionarios, empresarios y responsables del grupo ACS.
En otro juzgado de Murcia se investiga también como una pieza separada la posible participación del expresidente Ramón Luis Valcárcel en la gestación de los contratos.
El letrado de la Comunidad pide al juzgado que, debido a «la elevadísima cuantía de las cantidades que se reclaman, se deben adoptar medidas cautelares para asegurar la responsabilidad pecuniaria que les puede ser exigida, lo que implicaría, caso de ser aceptada la solicitud, el embargo del patrimonio de los acusados».
De las sumas reclamadas, la de mayor cuantía es la relativa a las aportaciones presupuestarias hechas al Ente Público del Agua y a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), que suman casi 120 millones de euros.
Le siguen los 74,1 millones de euros en que se calculan los perjuicios futuros del contrato de arrendamiento de la planta.
Sobre ese contrato, suscrito con una de las empresas del grupo ACS y con 25 años de duración, se indica que la Comunidad se comprometía a pagar 600 millones de euros y que si se resolvía el mismo, tendría que afrontar el pago de dicha suma por adelantado.
El escrito comienza señalando que se adhiere a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en las que esta acusa por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, fraude de subvenciones y falsedad.
Y añade que los acusados «incurrieron en arbitrariedad, excediendo sus conductas de la mera irregularidad administrativa», para comentar también que los daños producidos a la Comunidad se originaron al ignorarse la normativa administrativa en el diseño, construcción y explotación de la planta desalinizadora.
Para el letrado de la Administración regional, «la gestión indirecta de aquella habría sido la opción más lógica, atendiendo a las características del negocio».
En cuanto a los convenios suscritos por el EPA con varios ayuntamientos para recibir agua de la desaladora, dice el escrito que «las necesidades hídricas que en ellos se manifestaban no se sustentaban en estudios de ningún tipo».
Sobre ese extremo, indica que según el acta de la reunión del consejo de administración del EPA celebrada en junio de 2007 el entonces gerente de este órgano, Amalio Garrido, señaló durante la misma que el estudio de la demanda por municipios «estaba en curso. Y ello pese a que era un aspecto clave para cumplir la anunciada condición de autofinanciable o sostenible del proyecto».
Se afirma también que «los órganos de control de la Comunidad, como los Servicios Jurídicos y la Intervención General, fueron, sistemáticamente, dejados al margen de este tipo de decisiones, informes, proyectos y borradores de contratos, comprometiendo, no obstante, caudales públicos, en un claro acto de malversación de los mismos».
Y añade que se acudió al asesoramiento de bufetes privados, hasta el punto de que, recalca, en 2007 se recibieron facturas de hasta tres despachos de abogados, "cuya suma alcanza la astronómica cifra de 267.730 euros".
Sobre ese asesoramiento externo, el letrado de la Comunidad critica que el director de uno de ellos, Andrés Santiago Arnaldos, uno de los investigados en esta causa, no se preocupara de que los fondos públicos fueran tratados adecuadamente, ya que era, además, dirigente de la EPA.
Para el representante de la Comunidad, que lo hace también en nombre de la empresa pública Desaladora de Escombreras, S.A.U., existen indicios que apuntan a que la parte pública y la privada pudieron actuar en connivencia para sacar adelante el proyecto, iniciado en enero de 2006 por dos empresas del grupo ACS con la constitución de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A.
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