MURCIA.- La Fiscalía
Superior de la Región de Murcia y el Ministerio de Transición Ecológica
han adoptado posturas idénticas con respecto a quién debe hacerse cargo
de la degradación del Mar Menor
amparándose en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental.
La
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
deberá incoar los expedientes administrativos que sean necesarios a los
causantes de los vertidos contaminantes al Mar Menor para que los mismos
asuman la reparación del daño y conseguir así que la laguna vuelva a su
estado anterior, según se recoge en el requerimiento hecho por la
Fiscalía Superior de la Región de Murcia.
El
acuerdo señala que esta actuación que ahora se emprende se basa en el
principio de que quien contamina paga y que la misma es independiente de
cualquier otro proceso civil, penal o contencioso-administrativo que se
encuentre abierto o pueda incoarse en el futuro por el mismo motivo.
El
fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, indica en el requerimiento
hecho a la Consejería que esta debe tener como personado al ministerio
público en los expedientes que se abran a las personas físicas o
jurídicas causantes de los vertidos y que deberá ser informado del
desarrollo de los mismos para que en cualquier momento pueda adoptar las
medidas que procedan.
Señala
así mismo que la administración regional deberá acudir a la ejecución
forzosa de las medidas que se determinen en los expedientes si sus
responsables no asumen la reparación del daño causado de manera
voluntaria.
La Fiscalía recoge
también en su acuerdo que el mismo se basa, entre otra normativa, en lo
dispuesto en la ley de 2007 que introdujo un procedimiento
administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e
ilimitado, basado en los principios de que quien contamina, paga.
El Ministerio de Transición Ecológica ya requirió el pasado 7 de febrero a la Consejería de Medio Ambiente
abrir un procedimiento de responsabilidad ambiental por el estado del
Mar Menor. El Gobierno central pidió entonces a Ejecutivo autonómico que
proceda a identificar qué actividades económicas o profesionales son
las causantes de los daños o riesgos medioambientales constatados por
los informes técnico-científicos a los que ha tenido acceso el
Ministerio. Hasta ese momento, según indicó Transición Ecológica, el
Gobierno regional no dio respuesta a este requerimiento.
La
Consejería por su parte defiende que sí hubo respuesta al Ministerio el
2 de marzo, señalando que este departamento estaba valorando y
analizando la aplicación de la ley de responsabilidad ambiental debido
"a la situación por la que atraviesa el Mar Menor". Esta respuesta se
emitía como contestación a los requerimientos del Ministerio realizados a
la Consejería el 7 de febrero y posteriormente el 20 de febrero.
La
contaminación del Mar Menor es objeto también de la causa penal que se
instruye en un juzgado de Murcia y en la que figuran ya más de un
centenar de investigados, entre personas físicas y jurídicas.
La
portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, señaló tras el
Consejo de Gobierno que la comunidad autónoma inició hace un mes, el
pasado 14 de abril, el expediente de responsabilidad medioambiental para
localizar a las empresas que podrían haber contaminado la laguna y
señaló a preguntas de esta redacción que ya tienen identificados desde
entonces a los «agentes económicos potencialmente contaminadores o que
se haya demostrado que son contaminantes».
En
cuanto a cuándo remitirán a la Fiscalía las resoluciones de los
expedientes administrativos incoados por contaminación a la laguna, la
portavoz señaló que «de forma inminente, en breves días o semanas se
hará llegar esa documentación» al instituto público.
Estas
actuaciones que dieron comienzo al expediente de Diligencias Previas de
Investigación en el ámbito del Mar Menor por parte de la Consejería se
iniciaron con el nombramiento de la instructora que va a llevar a cabo
los trabajos por parte del Servicio Jurídico.
En
el marco de estas actuaciones, el pasado 29 de abril, el consejero
Antonio Luengo solicitó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)
la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno con la
inclusión en el orden de día de un punto para dar cuenta del inicio del
expediente de Diligencias Previas de Investigación, ya que la CHS es
una de las «administraciones que han identificado operadores
responsables».
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