MURCIA.- La Consejería murciana de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para ejercer el derecho de retracto sobre los terrenos adquiridos a Solvia por parte de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse) en el parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.
Fuentes de la Consejería han concretado que, una vez conocido que Anse había comprado por 500.000 euros una superficie de 270 hectáreas,
estudió esta operación y el pasado 4 de mayo se solicitó al Registro de
la Propiedad de Águilas la información de la compraventa, enviando este
jueves un burofax a Solvia.
La decisión de la Comunidad Autónoma, que
supondría pasar a ser propietaria de los terrenos adquiridos por Anse
abonando la misma cantidad pactada entre Solvia y la asocición
ecologista, se basa en el artículo 40 de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Diversidad.
Este artículo faculta a la administración
regional a ejercer el tanteo o retracto respecto de los actos o negocios
jurídicos de "carácter oneroso y celebrados intervivos" que comporten
la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales
que recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior.
La Comunidad ha asegurado que mostró su "interés" por estos terrenos en el año 2018,
antes de la negociación entre Solvia, comercializadora de los terrenos,
y Anse, negociando su compra con la sociedad pública Sareb, propietaria
de las parcelas.
Las mismas fuentes han indicado que la Consejería llegó a ofrecer una cifra "notablemente superior" a la invertida por los ecologistas,
que no ha especificado, obteniendo una respuesta negativa por parte del
vendedor al considerarla "insuficiente". Esta negativa es la que, según
la Comunidad, ha obligado a la Consejería a acogerse al retracto.
Preguntado por la razón de destinar dinero público a la compra de un espacio ya protegido, la Comunidad ha indicado que esta zona cuenta ya con las máximas figuras de protección a nivel autonómico y europea,
es LIC y ZEPA "y eso no va a variar independientemente de quien sea su
propietario".
Sin embargo, ha aclarado que si este espacio protegido era
vendido, "debía pasar a formar parte del patrimonio de todos los
murcianos".
"Por eso se inició la compra en su momento y ahora, a tenor
de lo visto y en base a la ley, se avanza en este procedimiento", ha
apostillado.
Por otra parte, la Comunidad ha remarcado que, aunque esta compra conlleve que Anse no pueda integrarse en la Junta Rectora del parque regional de Cabo Cope, se puede invitar a este organismo a otras personas físicas o jurídicas al margen de los propietarios.
Respecto a la culminación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de
este espacio, que lleva varios años de retraso respecto a los plazos
marcados por la legislación, la consejería ha remarcado que no hay una
fecha concreta, pero sí hay un compromiso de acabar la tramitación de
los planes de gestión pendientes, como es el caso de Cabo Cope.
Desde Anse se ha indicado que la
compra que acordaron con Solvia para "proteger por parte de una ONG"
este espacio natural "no ha sentado nada bien" al Gobierno regional. "El mundo al revés", ha agregado.
Vox se arroga la decisión del Gobieno
Sobre
la compra de los terrenos presentó el 4 de mayo cuatro preguntas y
solicitudes en la Asamblea Regional Pascual Salvador, diputado de Vox, partido que firmó un acuerdo de investidura y de presupuestos en 2020 con el Gobierno regional, formado por PP y Ciudadanos.
Precisamente este partido se ha arrogado este viernes la decisión del Gobierno regional de ejecutar el derecho de retracto sobre
la compra realizada por la Asociación de Naturalistas del Sureste
(Anse) a unos terrenos de Solvia situados en el espacio protegido de
Cabo Cope.
En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, ha agradecido al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, la "rapidez" con la que ha reaccionado a la batería de propuestas presentada por su grupo
para que la comunidad ejerciera el derecho de retracto.
En su opinión,
"las distintas entidades que forman la sociedad civil deben participar
en la protección de la naturaleza", añadiendo que los espacios
protegidos son "un deber fundamental de todos los españoles".
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