MURCIA.- El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca
Planes, ha puesto en marcha en la Diócesis la Delegación episcopal para
la protección del menor y de los adultos vulnerables siguiendo las
indicaciones del papa Francisco, con el objetivo de "erradicar los
abusos sexuales a menores y adultos vulnerables que se pudieran cometer
en el seno de la Iglesia", según informaron fuentes del Obispado en un
comunicado.
Este jueves ha tenido lugar la presentación a los medios de
comunicación, en la que el obispo ha comunicado el nombramiento de Gil
Sáez Martínez, vicario Judicial, como delegado episcopal para este nuevo
departamento diocesano.
El obispo ha manifestado su preocupación por este tema, "es una
realidad muy dolorosa", indicando que la Iglesia "sale al paso para
ayudar y dar una atención cercana ante un acto criminal", a través de un
trabajo "multidisciplinar y complejo".
Lorca Planes ha explicado que con esta delegación se pretende
prestar ayuda, así como formar y concienciar sobre este problema. Ha
explicado, además, que a inicio de este curso pidió a los sacerdotes de
la Diócesis una "especial sensibilidad para salir al encuentro de las
víctimas".
La Delegación episcopal para la protección del menor y de los
adultos vulnerables se encargará de ofrecer a las víctimas de abusos la
posibilidad de ser escuchadas y acompañadas, para ello la Diócesis de
Cartagena, a través de dicha delegación, ofrecerá atención a estas
víctimas con acompañamiento personal, psicológico, espiritual y
jurídico.
La primera tarea de la delegación será la elaboración de un
protocolo de prevención, reparación, atención a las víctimas y su
resarcimiento ante los daños que hayan sufrido. Un protocolo que debe
ser integral y que establecerá el número de casos en los que se haya
dado abuso sexual por parte de sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos en la Diócesis de Cartagena desde 1950.
LLEVAR A JUICIO A LOS AGRESORES
Entre los objetivos principales está el de escuchar a las víctimas
y si no es posible llevar a juicio a sus agresores, en ninguna de las
dos jurisdicciones, establecer mecanismos de justicia restaurativa. Otra
de las tareas será implantar una línea de actuación para crear un
código de conducta que afectará a toda la Iglesia diocesana, para evitar
que los menores o los adultos vulnerables puedan ser atacados en su
dignidad física y sexual; para ello realizará una formación permanente,
tanto de los miembros de la delegación, como de sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos comprometidos.
La delegación se encargará también de establecer los mecanismos de
actuación para que cuando se presente una denuncia, ya sea reciente o
antigua, se actúe de forma eficiente; concretará los mecanismos de
reparación a las víctimas cuando se produzca la resolución canónica o
civil sobre los hechos denunciados; acompañará a los agresores;
realizará un informe anual sobre los casos atendidos por esta delegación
y otro económico de gastos e ingresos; así como una evaluación anual
para mejorar el funcionamiento de la delegación.
Junto a Gil Sáez, integrarán esta delegación diez personas más. La
acogida la realizarán Fuensanta Arnaldos Martínez y el sacerdote
Fernando Valera Sánchez, quien también realizará un acompañamiento
espiritual de la víctima durante el proceso.
El asesoramiento y acompañamiento psicológico correrá a cargo de
la psiquiatra Juliana Llorens Sáez y del equipo de psicólogos del Centro
de Atención Integral a la Familia. El sacerdote Daniel Pellicer
Monteagudo, defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico, y el
franciscano Miguel Ángel Escribano Arráez, juez del Tribunal
Eclesiástico, serán los encargados del asesoramiento canónico; mientras
que la abogada Remedios Martínez Lozano se encargará de asesorar a la
víctima a nivel jurídico y será la representante ante la jurisdicción
estatal.
El sacerdote Francisco Azorín ejercerá como documentalista y lo
relacionado con medios de comunicación correrá a cargo de la periodista
María de León Guerrero, delegada episcopal para esta materia.
El proceso que realizará la Delegación episcopal para la
protección del menor y de los adultos vulnerables se articulará en cinco
pasos: contacto; acogida y escucha; diálogo e información; derivación a
quien corresponda; y acompañamiento de la persona durante el
seguimiento del caso y, si lo necesita, después de finalizar el mismo.
En primer lugar, la víctima contactará con la delegación a través
de llamada telefónica o correo electrónico (se han habilitado dos
números y dos cuentas de correo que podrá encontrar en la web). La
víctima podrá elegir si quiere que su primer contacto con la delegación
sea a través de un hombre o una mujer.
Fuensanta Arnaldos y Fernando Valera serán las personas de
contacto y también quienes, acojan y escuchen a la víctima y establezcan
con ella un diálogo para recabar información sobre los hechos y saber
cómo se encuentra la víctima a nivel personal, psicológico, jurídico y
espiritual. Le preguntarán qué quiere de la Iglesia e informarán sobre
la ayuda que le puede proporcionar la Diócesis.
Las personas que acogen y escuchan a las víctimas, si ven que hay
indicios de delito, y respetando siempre el derecho a la presunción de
inocencia del presunto agresor, la derivarán a los profesionales de la
delegación que corresponda: miembros del Tribunal, abogada, psicólogos o
psiquiatra. Cada uno de estos profesionales estudiará la denuncia y
explicará a la víctima, con total transparencia, los pasos a seguir a la
hora de denunciar un caso de abusos sexuales.
Si comienza el proceso, un sacerdote y un psicólogo se ocuparán
del acompañamiento espiritual y emocional de la víctima. Dicho
acompañamiento podrá continuar en todo momento según la necesidad o a
petición de la persona agredida.
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