Pedro Sánchez solicitará el miércoles de esta semana al Congreso de los Diputados la cuarta prórroga de otros quince días de estado de alarma.
Al presidente del gobierno le basta una mayoría simple de la Cámara, y
pese al enorme ruido existente por parte de los partidos de la
oposición, y de aquellos que aspiran a ser pareja de baile en esta
complicada situación, es muy difícil que la Cámara le tumbe la
iniciativa.
Basta recordar que la tercera prórroga, la solicitada el
pasado 22 de abril, salió adelante de una manera abrumadora: 269 votos a
favor, 60 en contra y 16 abstenciones.
Desde aquel día, sin embargo, han sucedido varias cosas: en primer
lugar, se ha hecho aún más evidente el uso despótico de una situación
excepcional para esquilmar de una manera inaceptable la más mínima
capacidad de autogobierno; y, en segundo término, la nula voluntad del ejecutivo socialista de acordar cualquier respuesta con las autonomías
o los partidos parlamentarios fuera del PSOE y de Podemos-comunes.
El
estado de alarma no ha sido un instrumento constitucional para luchar
contra la pandemia del coronavirus que ha azotado España, como otras
zonas del mundo, sino para centralizar y quitar competencias a las
autonomías.
No se trata de estar a favor o en contra del confinamiento, como
pretende hacer creer demagógicamente el presidente del gobierno, sino de
devolver lo antes posible la respuesta a la pandemia a las autonomías y
que estas coordinadamente con el Estado procedan a arbitrar de una
manera mucho más racional y con un conocimiento del territorio que no
tiene la administración central la desescalada que se ha de llevar a
cabo.
Este domingo en la reunión informativa que tiene Sánchez con los
presidentes autonómicos —encuentros que rozan casi la cortesía política
ya que los responsables de las comunidades son simplemente informados en
persona de lo que ha anunciado la víspera en televisión y sus
intervenciones son a título de inventario— además de Quim Torra e Iñigo Urkullu, se han pronunciado en contra del mantenimiento del estado de alarma el gallego Alberto Núñez Feijóo, la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Y de su uso desproporcionado, el andaluz Juan Manuel Moreno y el murciano Fernando López Miras. Entre los barones socialistas ha habido críticas de Francina Armengol (Baleares), Javier Lambán (Aragón) o Emiliano García-Page, entre otros.
Hay, por tanto, una oposición muy amplia que Sánchez
teme que acabe convergiendo antes del miércoles en un rechazo
parlamentario. Por eso, ha puesto en marcha, como en otras ocasiones,
una serie de caramelos en las puertas de los partidos políticos
esperando que unos u otros acaben quedando atrapados. Que si una promesa
de miles de millones por aquí, que si vamos a estudiar lo de las
provincias o más dinero (o promesas) de créditos ICO. Todo para ganar
tiempo y mantener el poder absoluto.
Y, mientras, la derecha está temerosa de que los independentistas
tengan un peso específico en la toma de decisiones y los
independentistas andan asustados por el crecimiento de la derecha. Este
juego Sánchez lo hace mejor que nadie mientras estrangula a todo aquel
que se pone a su alcance, asegura que no hay alternativa al estado de
alarma y al mando único, algo que, por otro lado, es rotundamente falso
ya que la vigente ley de salud pública tiene mecanismos más que
suficientes para abordar la situación actual.
Se recuperaría el marco
legislativo anterior a la crisis de la pandemia y se pondría punto final
al desmantelamiento autonómico.
Resumiendo, las alternativas al estado de alarma y el chantaje
empleado por Sánchez acabarán teniendo consecuencias para aquellos que
se presten al juego. Porque si algo no falla nunca es cómo el presidente acaba utilizando en su único beneficio los apoyos que recibe. Solo hace falta volver la vista atrás y hacer un listado de los que ha dejado en la estacada.
(*) Periodista y director de El Nacional
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