En la serie histórica que se inicia con las elecciones
generales de abril de 1979, nunca se había conseguido formar Gobierno
con menos de 156 escaños hasta que Mariano Rajoy rebajó la cifra a 137
en julio de 2016. El récord establecido por Mariano Rajoy, tras
"declinar" la invitación del rey después de las elecciones de diciembre
de 2015, en las que el PP obtuvo 123 escaños, ha sido batido por Pedro
Sánchez en todas las investiduras de las que ha sido protagonista.
Pedro
Sánchez ha llegado a ser presidente del Gobierno a través de una moción
de censura con 84 escaños y a través de una investidura con 120. Ha
fracasado en dos investiduras con 90 y 123 escaños respectivamente. Por
lo que indican todos los estudios de opinión, parece que de ahora en
adelante la nueva normalidad para la formación de Gobierno va a oscilar
en torno a los 120 escaños.
El número sería menor todavía, si no fuera porque nuestro
sistema electoral se definió preconstitucionalmente entre la Ley para
la Reforma Política de 1976 y el Real Decreto-ley de marzo de 1977 de
normas electorales, con una "desviación calculada" del principio de
igualdad en la composición del Congreso de los Diputados, con la
finalidad de promover un sistema bipartidista imperfecto, pero
bipartidista.
Nuestro sistema electoral materialmente
preconstitucional, que se ha mantenido incólume desde que la
Constitución en 1978 y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de
1985 lo hicieron constitucional, tiende de manera "natural" a favorecer a
los grandes partidos de ámbito estatal. Ello se traduce en una "prima"
electoral considerable en cuanto un partido supera el umbral del 30% del
sufragio e incluso cuando se aproxima a dicho porcentaje. Más todavía
cuando se aproximan ambos.
Así estuvo ocurriendo desde 1979 hasta 2008.
La "prima" electoral del PSOE y del PP ha sido considerable en esos
años.
En 2011 el PP cumplió su papel en el guion, pero no el PSOE, que
protagonizó un descenso enorme. Desde las elecciones de diciembre de
2015, en que el protagonista del descenso fue el PP, ni siquiera con
este sistema electoral hay forma de aproximarse al bipartidismo. El
bipartidismo "turnante" diseñado para asegurar la Segunda Restauración
de la Monarquía ha dejado de estar operativo.
La tendencia sigue todavía
operando. Ha perdido la funcionalidad que tuvo en el pasado y supone un
estorbo en el presente. Parece que va a ser así por tiempo indefinido.
Algo similar a lo que ocurrió en la Primera Restauración tras la crisis
del 98.
La quiebra del bipartidismo ha afectado por
igual a los dos grandes partidos de gobierno del Estado, el PSOE y el
PP, aunque de manera diferente a cada uno de ellos. Al partido de
gobierno de la derecha española lo ha dejado sin mayoría parlamentaria.
Desde las elecciones de diciembre de 2015, la derecha española carece de
mayoría parlamentaria, aunque "su" partido de gobierno gane con
claridad las elecciones. Se comprobó en las elecciones de julio de 2016,
en las que el PP ganó con claridad las elecciones, pero Mariano Rajoy
necesitó para la investidura la "abstención" del PSOE.
Fue una "falsa"
mayoría de investidura desvinculada de la mayoría de gobierno, como el
triunfo de la moción de censura en 2018 se encargaría de demostrar. En
las elecciones generales celebradas en 2019 esa carencia de mayoría
parlamentaria de la derecha española se ha vuelto a confirmar. La suma
de todos los escaños capaces de articularse en torno al PP queda lejos
de la mayoría absoluta.
Para el partido de gobierno de
la izquierda española, la situación es diferente. En el Congreso de los
Diputados, desde las elecciones generales de diciembre de 2015 ha
habido una mayoría parlamentaria para que el PSOE pudiera formar
Gobierno. Es una mayoría bastante estable. Siempre por encima de los 180
escaños y con tendencia a estar por encima de los 190.
Se
trata de una mayoría muy heterogénea, pero bastante sólida, en la
medida en que carece de alternativa. O mejor dicho, la posible
alternativa es la que le proporciona solidez. El miedo a la alternativa
de la derecha, acrecentado con la llegada de Vox, ha permitido la
formación de Gobierno al PSOE y lo protege frente a una posible censura.
El
problema para Pedro Sánchez es que "a la contra" no se puede gobernar.
Hay que gobernar en positivo, poniendo en práctica un programa de
Gobierno y, para ello, la heterogeneidad de la mayoría parlamentaria es
imprescindible, pero es una dificultad. La gobernabilidad hay que
ganarla "partido a partido".
Un cierto aprendizaje de
esta manera de gobernar lo tuvo Pedro Sánchez durante el año de gobierno
tras la moción de censura. Aprendizaje insuficiente, como evidenciaría
su reacción tras el resultado de las elecciones generales del 28 de
abril de 2019.
El "sueño" del bipartidismo y de la posibilidad de
conseguir un porcentaje de voto superior al 30% que le proporcionara una
"prima" en el número de escaños le condujo a la insensatez de la
repetición electoral, que ha estado a punto de costarle la investidura.
El resultado de las elecciones del 10 de noviembre puso fin de manera
inmediata a la ensoñación. Lo que era imposible antes del 10 de
noviembre, pasó a ser inevitable el 11. El resultado del 10 de noviembre
"vacunó" al PSOE frente al espejismo de la vuelta al bipartidismo.
Nada
permite indicar que el PSOE puede situarse muy por encima de los 120
escaños en el futuro en el que es posible hacer predicciones y, en
consecuencia, gobernar va a exigir sumar con otros partidos.
Ese
es el aprendizaje de esta legislatura. Con la convicción de que es así
para el futuro por tiempo indefinido. El pasado anterior a 2011 no va a
volver. La complejidad de la sociedad española y su expresión
institucional tiene que aprender a ser tratada de manera diferente a
como lo ha sido en el pasado. Si no se consigue, es el propio sistema
político ordenado a través de la Constitución de 1978 el que no va a
poder sobrevivir.
Tomemos como primera referencia la
renovación de los órganos constitucionales para los que se exige una
mayoría cualificada: magistrados del Tribunal Constitucional, miembros
del Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo.
El
mandato de los dos últimos ya ha caducado y el de un tercio de los
magistrados del primero caduca este año. La no renovación no es una
opción. En el caso de que no pudiera producirse la renovación, habría
que aprobar por el procedimiento de urgencia una reforma de las leyes
reguladoras del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder
Judicial, para evitar que se perpetúen el el ejercicio de las funciones
que dichos órganos tienen encomendadas mayorías que ahora no serían
simplemente antigubernamentales, sino, posiblemente, antidemocráticas.
La
fórmula bipartidista del pasado ya no sirve. El resultado carecería,
además, de la "legitimidad" que el ejercicio de tales funciones
constitucionales exige.
Tenemos que inventarnos una nueva forma de hacer política. No es una opción, sino una necesidad.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
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