MADRID.- El Tribunal Constitucional
ha anulado la disposición adicional decimoséptima de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia para 2019 que permitió devolver a los 54.000 funcionarios de la Administración regional la paga extra suprimida en 2013
dentro de las medidas para reducir el gasto y contener el déficit. El
dinero fue abonado a los empleados de la Comunidad en febrero del pasado
año.
El fallo tampoco
permitirá a la Administración regional devolver los atrasos
correspondientes a la paga suprimida en 2014, que estaba previsto abonar
entre este año y el próximo.
El Gobierno central recurrió
la devolución del dinero pactada por la Consejería de Hacienda con los
sindicatos al considerar que el déficit, el incumplimiento de la regla
de gasto por parte de la Comunidad y la situación de las cuentas
regionales no lo permitían.
El
Consejo de Ministros argumentó en su recurso que sólo pueden devolver
las pagas suprimidas dentro de los planes de ajuste aplicados por las
comunidades autónomas aquellas administraciones que cumplan los
objetivos de déficit y la regla de gasto.
El
Pleno del Alto Tribunal ha estimado por unanimidad el recurso
presentado por el Gobierno central y ha declarado inconstitucional la
devolución de la extra suprimida para reducir el gasto regional con el
fin de amortiguar el déficit.
La
sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido
Tourón, explica que la disposición adicional recogida en las cuentas de
la Comunidad del pasado año ha vulnerado la Constitución.
Destaca
que la normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia que ha sido anulada
no respeta las medidas de contención del gasto público establecidas por
el Estado, «que responden con toda evidencia a las exigencias derivadas
del principio constitucional de estabilidad presupuestaria (artículo
135 Constitución Española) y a la necesaria coordinación de la autonomía
financiera de las comunidades autónomas con la Hacienda general de
Estado y la solidaridad entre todos los españoles».
El
Tribunal, apoyándose en su amplia doctrina constitucional, explica que
"es una competencia del Estado fijar la contención del gasto de personal
del sector público, que puede ser articulado mediante medidas de
diversa intensidad y naturaleza. Tales medidas pueden imponer
restricciones absolutas para el ejercicio presupuestario a que se
refieren o bien su aplicabilidad puede depender del previo cumplimiento o
incumplimiento por la entidad del sector público de determinados
parámetros económicos".
No se podrán abonar 42 millones
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán ha anunciado este jueves, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la devolución de la paga extraordinaria de los funcionarios de la comunidad en 2013, que este fallo impedirá abonar los 42 millones de euros pendientes a este colectivo.
La Comunidad ha aclarado que la sentencia no supone la devolución de las cantidades ya abonadas a los 54.000 funcionarios autonómicos en octubre de 2018 y febrero de 2019, pero sí imposibilita que se devuelvan los salarios correspondientes a la paga extraordinaria de 2014, que se iban a efectuar en 2020 y 2021.
Celdrán ha explicado que la devolución de los complementos de las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014 a los empleados públicos de la Comunidad era una medida tomada "para compensar y resarcir a los funcionarios el esfuerzo que hicieron en los años de la crisis".
El consejero ha criticado las "formas" del Ministerio de Hacienda, que cerró de manera "unilateral" una comisión bilateral en la que ambas administraciones estaban negociando una solución y, posteriormente, planteó un recurso de inconstitucionalidad.
Para Celdrán, este recurso estaba motivado por que la devolución de las cantidades que dejaron de cobrar los funcionarios "no respeta las medidas de contención del gasto público establecidas por el Estado".
En este sentido, el consejero de Presidencia y Hacienda ha denunciado que se trata de "una consecuencia más de la infrafinanciación estructural" de la Comunidad. Además, ha recordado que esta devolución ya se había llevado a cabo en el año 2018 sin que se presentase ningún recurso.
Finalmente, Celdrán ha manifestado que la "única razón" por la que la Región incumple los objetivos de déficit y la regla de gasto es por el "injusto" sistema de financiación autonómica, que, según sus cálculos, ha generado una deuda autonómica de más 7.500 millones de euros en 10 años.
No se podrán abonar 42 millones
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán ha anunciado este jueves, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la devolución de la paga extraordinaria de los funcionarios de la comunidad en 2013, que este fallo impedirá abonar los 42 millones de euros pendientes a este colectivo.
La Comunidad ha aclarado que la sentencia no supone la devolución de las cantidades ya abonadas a los 54.000 funcionarios autonómicos en octubre de 2018 y febrero de 2019, pero sí imposibilita que se devuelvan los salarios correspondientes a la paga extraordinaria de 2014, que se iban a efectuar en 2020 y 2021.
Celdrán ha explicado que la devolución de los complementos de las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014 a los empleados públicos de la Comunidad era una medida tomada "para compensar y resarcir a los funcionarios el esfuerzo que hicieron en los años de la crisis".
El consejero ha criticado las "formas" del Ministerio de Hacienda, que cerró de manera "unilateral" una comisión bilateral en la que ambas administraciones estaban negociando una solución y, posteriormente, planteó un recurso de inconstitucionalidad.
Para Celdrán, este recurso estaba motivado por que la devolución de las cantidades que dejaron de cobrar los funcionarios "no respeta las medidas de contención del gasto público establecidas por el Estado".
En este sentido, el consejero de Presidencia y Hacienda ha denunciado que se trata de "una consecuencia más de la infrafinanciación estructural" de la Comunidad. Además, ha recordado que esta devolución ya se había llevado a cabo en el año 2018 sin que se presentase ningún recurso.
Finalmente, Celdrán ha manifestado que la "única razón" por la que la Región incumple los objetivos de déficit y la regla de gasto es por el "injusto" sistema de financiación autonómica, que, según sus cálculos, ha generado una deuda autonómica de más 7.500 millones de euros en 10 años.
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