MADRID.- Murcia y California tienen en común que sus legisladores han implantado o, en el caso americano, quieren implantar, un pin parental. En EEUU, las clases de educación sexual se requieren "al menos en una ocasión" para los estudiantes de Secundaria. Los distritos escolares, por su parte, pueden enseñar educación sexual para estudiantes más jóvenes desde Infantil hasta sexto grado. No obstante, los padres pueden optar por excluir a sus hijos del plan de estudios de educación sexual y prevención del VIH en virtud de la Ley de Juventud Saludable de California, revela hoy elEconomista.
La polémica del pin parental llega a Estados Unidos con otro nombre,
pero con el mismo contenido. La semana pasada, los demócratas de
California bloquearon un proyecto de ley contencioso que habría
requerido que los padres firmasen permisos para que sus hijos asistan a
clases de educación sexual en la escuela.
El proyecto de ley, escrito
por el senador Mike Morrell, habría requerido que las agencias locales
de educación proporcionen materiales curriculares escritos y en audio
para que los padres los revisen, una disposición que generalmente fue
apoyada por los miembros del comité y la oposición como una forma de
aumentar la transparencia y la participación de los padres.
El proyecto de ley fue rechazado a principios de este mes. El comité
finalmente votó 5 a 2 en contra del proyecto. La comunidad educativa a
favor, defiende que incluir la educación sexual es algo positivo pues es
crucial para la educación futura, ya que ha reducido las tasas de ETS y
embarazo adolescente.
A pesar de la derrota, el senador Morrell prometió traer una
legislación similar en las próximas sesiones con la intención de "dar a
los padres más control sobre cómo se les enseña a sus hijos sobre la
educación sexual" en las escuelas públicas de California.
En
el caso español, la iniciativa pretende obligar a la dirección de los
centros educativos a informar a las familias de todas las actividades
complementarias organizadas dentro del horario lectivo,
así como de establecer el derecho de los progenitores a dar su
consentimiento o no a cada uno de estos talleres. Las cuestiones
principales a las que se refiere son aquellas que, según Vox "puedan
resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad de nuestros
hijos".
El origen de este término está relacionado con un concepto llevado al
campo tecnológico de protección, es decir, se trata de una clave que
ofrecen varias plataformas para bloquear en la televisión o el ordenador
determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados
para sus hijos.
No obstante, Vox ha querido trasladar a la educación
este término, en lugar de veto, con el objetivo de que se perciba como
una protección y no una censura en los contenidos como la educación
sexual y afectiva. Esta puesta en marcha surgió a consecuencia del
descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia, con la
participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en
actividades sobre la diversidad afectivo-sexual.
Actividades complementarias
En
el pasado mes de septiembre, la Conserjería de Educación de Murcia,
estableció que todos los centros educativos, desde infantil hasta
bachillerato, debían informar a las familias de las "actividades
complementarias".
No obstante, los alumnos tienen la obligación de
asistir a las actividades complementarias programadas por los centros
educativos, que además son evaluables, por lo que el veto por parte de
los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría
una "objección de conciencia encubierta" que podría aplicarse a
contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española.
El Gobierno central ha anunciado que combatirá con firmeza cualquier actuación
que vulnere los derechos de los menores y ha anunciado que recurrirá
por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido
tomen PP, Vox y Cs donde gobiernen.
Además, ha remitido a la Conserjería
de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a
la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a
principio de curso donde se permitía el "Pin parenta".
Intento en Cantabria
No
es la primera vez que el término "pin parental" intenta formar parte de
las aulas de otras comunidades autónomas. En un Pleno del Parlamento de
Cantabria que se llevó a cabo en diciembre, el diputado de Vox Armando
Blanco justificó la proposición afirmando el derecho de los padres a
elegir la educación de sus hijos y que éstos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Aseguraba que en los colegios "se adoctrina" y se busca "imponer" la
"ideología de género" o la libertad afectivo-sexual.
Sin embargo, todos los grupos de la Cámara regional, a excepción de
los diputados de Vox, han dicho "no" a esta petición. Se observó plena
conciencia en que lo que planteaba esta proposición no de ley (PNL)
"rompe" con la confianza y la alianza colaborativa entre padres, centros
educativos y profesores.
Madrid, en negociaciones
A
pesar de que en un principio esta medida se haya puesto en marcha
únicamente en Murcia, en la Comunidad de Madrid, Vox también ha puesto
el "pin parental" como condición para apoyar los presupuestos, algo que,
en un principio, rechazó en noviembre la presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, del PP.
Sin embargo, en la rueda de prensa, García-Egea
evitó responder a la pregunta de si la Comunidad de Madrid aceptará el
"pin parental" para obtener el apoyo de Vox a los presupuestos
autonómicos.
La portavoz de Unidas Podemos-IU Madrid en Pie en la Asamblea de
Madrid, Isa Serra, afirmó ayer que "no le cabe duda" de que la Comunidad
de Madrid tratará de asumir el "Pin parental", advirtiendo de que le
harán frente porque los niños tienen que recibir "una educación en
valores".
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