MADRID.- En el último punto se escondía la trampa. El acuerdo entre el PP y Vox
en Murcia, que permitió a los populares y Ciudadanos hacerse con el
Ejecutivo autónomo, acaba con un compromiso en el que el bipartito PP-Cs
nunca creyó: cerrar el centro de menores extranjeros no acompañados de
Santa Cruz. Tras varios meses de quejas de la ultraderecha, el
incumplimiento planea sobre la aprobación de los Presupuestos. La
vicepresidenta, Isabel Franco (Cs), echa balones fuera: “Los acuerdos
están para cumplirlos, pero ahora mismo no hay alternativa”, recoge El País.
La llegada de menores inmigrantes no acompañados, que Franco califica
de “avalancha”, es el pretexto que usa el Gobierno autonómico para no
abordar el cierre de la residencia Rosa Peña, de la Fundación Antonio
Moreno, una de las dos financiadas por la Región. Los últimos tres meses
del año suelen ser los que registran un mayor número de desembarcos en
patera en Murcia, pero los números de 2019 reflejan una caída del 55% de las llegadas por mar en toda España. Las cifras de atención de menores tampoco respaldan la tesis de Franco: suponen apenas el 0,01% de la población de Murcia.
Los datos proporcionados por la propia vicepresidenta, responsable de
la cartera de Política Social, reflejan que Murcia atiende a 215
menores —70 de ellos en Santa Cruz—, mientras que en octubre de 2018 el
anterior Ejecutivo autonómico los cifraba en 207.
Es decir, solo son
ocho más que hace un año y, de acuerdo con Franco, no generan problemas
de convivencia: “Es un centro modélico y ejemplar, pero eso no implica
que nos planteemos no cumplir el acuerdo de investidura”, promete en
declaraciones a este diario. Y añade: “Lo haremos cuando podamos
asegurar una alternativa que garantice los derechos de los menores”.
Vox sigue esperando. El partido de ultraderecha, que ya consiguió
implantar el pin parental en las escuelas en contra de la opinión de Cs,
no ha dejado de reivindicar el cierre de Santa Cruz los primeros meses
de la legislatura. Ese es el único punto del acuerdo con el PP que el
bipartito ha eludido.
Los líderes de la formación de Santiago Abascal en
Murcia no han querido responder a El País si el cumplimiento es una
condición para su apoyo a las cuentas, que estos días se debaten en la
Región.
Los argumentos de Vox en Murcia son los mismos que repite la extrema
derecha en toda España sin datos que los respalden: el centro de menores
genera inseguridad y presta un servicio a los extranjeros mientras los
menores españoles presentan otras carencias básicas, como la falta de
centro de salud.
La performance también es idéntica: en
septiembre, varios líderes del partido, apoyados por un grupo de
vecinos, protestaron en Santa Cruz contra la residencia.
Para solucionar el supuesto problema, Vox defiende el cierre del centro y la expulsión de los niños.
Sin embargo, el Ejecutivo murciano ha ignorado la reclamaciones de la
extrema derecha desde el primer momento, y la acusa de mentir.
“Como no
está en el Gobierno, no tiene la obligación de decir la verdad”, remarca
Franco. Después de firmar la cláusula que estipula el cierre de Rosa
Peña, el bipartito llegó a ampliar el centro con una lavandería y un
comedor.
Mientras lidia con la presión de Vox, la vicepresidenta desvía los
reproches a Madrid. “Necesitamos que el Gobierno central se implique”,
reivindica. En plata: Murcia reclama financiación. Actualmente las
comunidades, responsables de la tutela, son las que asumen la carga
económica de la atención a los menores extranjeros no acompañados.
Murcia cifra el gasto en 80 euros al día por cada interno.
El Gobierno no planea financiar competencias regionales, pero Sanidad sí ultima junto a las autonomías un plan para reformar el sistema.
El nuevo protocolo implica que el Gobierno central asuma la primera
acogida de los menores para después distribuirlos por todo el
territorio.
Franco se reunió con el vicepresidente andaluz, Juan
Marín, y llamó al vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado —ambos de
Cs—, para estudiar esa iniciativa.
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