MURCIA.- Por primera vez en la historia de la negociación
colectiva en la Administración Pública regional, el consejero de
Presidencia y Hacienda convoca una comisión de seguimiento de un acuerdo
laboral, en concreto el de 12 de noviembre de 2019, dejando fuera a los
sindicatos mayoritarios que no firmaron dicho acuerdo, según denuncia CC OO.
¿Quién está reunido desde las 9 horas del día13 de diciembre?, se pregunta. Y se responde:
Sindicatos corporativos : el sindicato médico, el SATSE, el ANPE, el SPS, el FSES.
¿Qué
temas van a tratar si la comisión no tiene capacidad de negociar las
condiciones de trabajo que es función de la Mesa General de Negociación y
de las mesas sectoriales respectivas?.
¿De un
acuerdo que dejó sin carrera profesional a los interinos a pesar de las
advertencias de CCOO sobre la amplia jurisprudencia del TJUE sobre este
tema?, ¿de por qué la Administración y los Sindicatos Corporativos
despojaron a los empleados públicos de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios del primer tramo íntegro de la carrera
profesional para 2019 comprometido por Andrés Carrillo?, ¿del desprecio a
la negociación colectiva por parte de la Consejería negociando con el
Estado los fondos adicionales que debían ser negociados en las mesas de
negociación?.
¿O dirán que las 35 horas de jornada
laboral ordinaria semanal es imposible por culpa del Ministerio de
Hacienda y por la sempiterna infrafinanciación autonómica?, ¿o acordarán
que la subida del 2% salarial para 2020 que acordó el Gobierno del PP
con CCOO, UGT y CSIF en el Acuerdo de Mejora de Empleo Público de 9 de
marzo de 2018 es una conquista de los sindicatos corporativos?.
Grave lo que está ocurriendo, una ruptura del marco de negociación que existe en la Administración Regional desde al menos 1987.
CCOO
firmó dos acuerdos con el gobierno de Rajoy, el de 29 de marzo de 2017 y
el de 9 de marzo de 2018, que fueron mutilados en cuanto a su contenido
por el Acuerdo del Gobierno Regional con los sindicatos corporativos.
Ahora
se reúnen prescindiendo de los verdaderos artífices de las subidas
salariales de 2018, 2019 y 2020 y de la recuperación de una parte de los
derechos expropiados a partir de 2011.
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