CARTAGENA.- Este otoño es motivo de polémica el modo de gestionar por parte de la
Delegación del Gobierno la llegada a las costas de Cartagena de pateras
con inmigrantes. Al respecto de esta situación, esta mañana, el diario La Verdad
informa de la exigencia de explicaciones al Gobierno central por parte
de los abogados de la Comarca ante el hecho de que sólo 65 de los más de
500 inmigrantes llegados al municipio en las dos últimas embarcaciones
tuvieron asistencia de un letrado. Por ello, el Colegio de Abogados de
Cartagena estudia hacer llegar una protesta al delegado del Gobierno,
Francisco Jiménez (PSOE).
Asimismo, este colectivo llama la atención sobre el hecho de que
estas personas no fueron puestas a disposición judicial, requiriendo
conocer los motivos por los que no se dio esta situación como era norma
que se hiciera.
Sobre esta cuestión, el presidente de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha
señalado que "el uso político que Noelia Arroyo y el Delegado del
Gobierno han hecho de la última oleada de pateras no debe ocultar el
caos organizativo y la falta de garantías legales y de seguridad que por
su irresponsabilidad podemos seguir padeciendo en Cartagena".
En este sentido, ha reseñado que "el episodio puede pasar, pero lo
que queda es la evidencia de que Cartagena se ha mostrado ante las
mafias como un coladero, un lugar en el que Arroyo anuncia a mitad de un
Pleno municipal que está preparado para recibirlos, mientras el
Delegado del Gobierno no les garantiza un trato humano, pero tampoco la
legalidad y la seguridad".
Giménez ha puesto de manifiesto que "la garantía constitucional de
asistencia letrada y tutela judicial parece haber sido violada, según
los datos ofrecidos por el Colegio de Abogados de Cartagena, que
desconoce qué ha sucedido con más de 400 inmigrantes que podrían haber
sido liberados sin más trámite o notificados de expulsión sin un letrado
que los asista".
El dirigente cartagenerista ha denunciado lo que ha calificado como
"un procedimiento descontrolado, de república bananera, que nos podría
costar como Estado una sanción de la Unión Europea y que como
cartageneros nos alarma sobremanera".
Ante la pésima gestión de esta crisis, Giménez ha indicado que
"esperamos que el Delegado del Gobierno, si no dimite antes, nos cite lo
antes posible para ofrecernos las explicaciones y los detalles que le
hemos solicitado, porque como ya dijimos que Cartagena no puede ser un
puerto home de las sueltas de inmigración ilegal, pero tampoco un puerto
que no tenga las infraestructuras y la dotación de medios para atender
estas situaciones, algo que es responsabilidad del Gobierno de España y,
llegado el momento y en cuanto a los medios judiciales, del Tribunal
Superior de Justicia porque los abogados de oficio siempre estamos ahí".
Por último, Jesús Giménez ha lamentado que "es una lástima que la
coordinación y buen hacer que demostramos en la crisis de 2017 se haya
perdido en el 'juego de tronos' que vive Cartagena por los de 'la trinca'".
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