A pocos días de que se conozcan las sentencias del Tribunal Supremo sobre los presos políticos catalanes
-la fecha más lejana que se baraja para que se hagan públicas es la del
lunes 14, la víspera del aniversario del fusilamiento de Lluís Companys
en el castillo de Montjuïc, en 1940- el Estado español empieza a
engrasar su maquinaria para dar respuesta a lo que será sin duda la
noticia del año.
Y que, en función de lo que acabe sucediendo, impactará
no solo sobre la vida política y su efecto se notará de una manera u
otra durante mucho tiempo.
Hay una calma tensa tanto en el Palau de la Generalitat como en el Parlament de Catalunya. Y una actividad frenética en algunos de los organismos oficiales de Madrid. Las elecciones españolas del 10-N Pedro Sánchez las ha hecho coincidir con la sentencia
y lo que quiso ser una jugada genial para subirse a lomos de una
actuación contundente del Estado español contra el independentismo
catalán puede acabar teniendo derivadas imprevistas que jueguen, quién
sabe, en contra de los socialistas.
Lo cierto es que el único
beneficiado, según las encuestas, del movimiento electoral de Sánchez es
el Partido Popular.
De ahí que el PSOE trate desesperadamente de presentarse ante ese
electorado de centro español desencantado de Ciudadanos como su
alternativa en vez del PP. Pero en este caladero Sánchez ha sido poco
fiable en la España profunda en todo el conflicto catalán. Necesita cada
día hacer nuevos gestos para hacerse creíble en ese electorado. Todos
los informativos abren a diario con iniciativas del Ejecutivo español en
contra de la mayoría política y social de Catalunya.
Este viernes hemos
conocido dos: un acuerdo del Consejo de Ministros contra diferentes resoluciones aprobadas por el Parlament de Catalunya
en defensa del derecho a la autodeterminación y de reprobación del rey
Felipe VI ante el Tribunal Constitucional.
Y, sobre todo, la petición
del Ejecutivo español al TC de que advierta al president del Parlament y la Mesa
sobre las consecuencias de ignorar este aviso y de eludirla en el
futuro directa o indirectamente.
La notificación al TC tiene por objeto
bloquear en la Cámara iniciativas que, en la práctica, no son otra cosa
que posicionamientos ideológicos de unas formaciones políticas y que se
sitúan en el ejercicio de la libertad de expresión. Es obvio que así no
lo entiende el TC, que quiere tener lo máximo de bien atado posible las
respuestas que puedan haber desde las instituciones catalanas.
La segunda iniciativa del gobierno Sánchez tiene que ver con una campaña internacional de España Global,
que se llevará a cabo a través de 215 embajadas, loando los valores
democráticos de España. Hará falta algo más que un vídeo de dos minutos
titulado La democracia se toca para que la imagen internacional de España
mejore y se saque de encima las acusaciones de recorte de libertades y
de persecución del independentismo catalán.
Un Estado que tiene
permanentemente que hablar de lo bien que funciona su democracia está,
cuando menos, en observación. Eso no lo acostumbran a hacer los
países de nuestro entorno, que dedican los recursos públicos a cosas de
mayor interés y no a la propaganda barata repleta de fake news para desacreditar al independentismo catalán.
(*) Periodista y director de El Nacional
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